La sanidad concentra en Madrid la mayor parte de las quejas al Defensor del Pueblo

La sanidad concentró buena parte de las quejas reflejadas en el Informe Anual del Defensor del Pueblo para el año 2014, que refleja que la mayoría de ellas relacionadas con las administraciones sanitarias autonómicas se dieron en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

En el caso de Madrid, el Defensor emitió una recomendación en relación a las listas de espera por demoras de 18 meses en la implantación de bombas de insulina en el Hospital La Paz a pacientes no adscritos al área de influencia del hospital.

También emitió otra por demoras superiores a cuatro y cinco meses en procesos calificados como preferentes en los servicios de Radiodiagnóstico y Traumatología, respectivamente, del hospital Doce de Octubre de Madrid.

El Informe refiere quejas por tardanzas superiores a cinco meses en el servicio de Dermatología del centro de especialidades Pedro González Bueno de Madrid; y a un año para la información sobre el resultado de pruebas diagnósticas en el servicio de Neurología del centro de especialidades Aguacate de Madrid.

En cuanto a las dotaciones de personal y servicios de los centros sanitarios, cita la queja por supresión de “cursos de preparación al parto” en el centro de salud de Torrelodones; otra por insuficiente dotación de médicos de familia del centro de salud Las Rejas, de Madrid.

El Defensor del Pueblo cita una resolución satisfactoria de los casos de queja por derivación al Hospital Ramón y Cajal y en relación a episodios de saturación de los servicios de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés.

También cabe señalar la formalización de un nuevo protocolo para la derivación a la consulta de obstetricia del hospital Gregorio Marañón de mujeres embarazadas y con riesgo de cromosomopatías.

Igualmente refiere el Informe una recomendación aceptada por la Consejería de Sanidad sobre la facturación de la atención en accidentes de tráfico.

En este caso, se trata de una recomendación formulada en marzo a la secretaría general técnica de la Consejería de Sanidad que pretendía que la administración sanitaria dejara de emitir factura a los asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en los casos de accidentes de tráfico o circulación.

En esos casos, los obligados al pago serían las compañías aseguradoras o el consorcio de compensación de seguros.

En concreto, se recomendaba dictar instrucciones para suprimir la emisión de facturas a personas aseguradas o beneficiarias del Sistema Nacional de Salud con ocasión de la atención sanitaria derivada de accidentes de tráfico.

En paralelo, se hizo una sugerencia sobre un caso concreto, con el fin de que se anulara la factura emitida por el Hospital de Fuenlabrada.