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Dos secretarios del Gobierno tuvieron que inhibirse al tratar asuntos de empresas a las que estuvieron vinculados

Dos secretarios del Gobierno tuvieron que inhibirse al tratar asuntos de empresas a las que estuvieron vinculados

EUROPA PRESS

MADRID —

El Gobierno ha confirmado que dos de sus secretarios generales han tenido que inhibirse al tratar asuntos relativos a empresas a las que estuvieron vinculados, pero ha subrayado que no ha habido conflicto de intereses

Así lo ha desvelado el Gobierno ante la batería de preguntas que registró el diputado Miguel Cortizo para saber si los altos cargos que forman parte del Gobierno de Mariano Rajoy mantienen algún tipo de vínculo con la empresa privada y, por tanto, si cumplen con la ley que regula los conflictos de intereses sus miembros.

En concreto, el diputado del PSOE se interesaba por los subsecretarios de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales; de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo, y de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, así como los secretarios generales del Tesoro y Política Financiera, Íñigo Fernández de Mesa Vargas; de Infraestructuras, Gonzalo Jorge Ferre Moltó; de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Luis Valero Artola, y de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina. También pregunta sobre el presidente del ICO, Román Escolano Olivares.

Cortizo pedía saber las veces en las que estos altos cargos se han inhibido del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.

TODOS HAN PRESENTADO DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

“Todos los cargos mencionados respetan y cumplen con los mecanismos de control de dedicación establecidos en la Ley de regulación de los conflictos de intereses”, ha contestado el Gobierno, recordando que sus declaraciones de actividades son públicas.

Por lo que se refiere a la inhibición en asuntos que interesen a empresas o sociedades a las que hubieran estado vinculados directa o indirectamente en los dos años anteriores, el Gobierno cita sólo dos de los ocho casos por los que se preguntaba.

Se trata de Gonzalo Ferré Moltó, secretario general de Infraestructuras, que se abstuvo en la renegociación del convenio de la AP-7 con ACESA por razón de su anterior vinculación con la empresa matriz ABERTIS, e Iñigo Fernández de Mesa Vargas, secretario general del Tesoro y Política Financiera que se abstuvo en una sesión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con un procedimiento sancionador que afectaba a Barclays.

EL CASO DEL SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

El diputado gallegos del PSOE dedicaba un apartado especial al subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, del que pretende que el Gobierno se pronuncie sobre el hecho de que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 9 de febrero de 2012 diera cuenta de su reelección como consejero de Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A, pese a llevar varias semanas en Moncloa.

El Gobierno replica que aquella publicación se refería a un nombramiento mercantil efectuado con anterioridad a 30 de diciembre de 2011 y, en consecuencia, a un periodo no coincidente con el del nombramiento del Pérez Renovales como subsecretario.

Según explica, en la Oficina de Conflictos de Intereses está depositado un documento del secretario del Consejo de Administración de Santander Seguros y Reaseguros, expedido el 10 de abril del pasado año, en el que se certifica que, “en la sesión de la Junta General de Accionistas de 7 de marzo de 2012 se aceptó la renuncia del Pérez Renovales al Consejo de esa entidad mercantil, renuncia que fue enviada, y así consta en el Registro de Actividades, el 30 de diciembre de 2011”.

En consecuencia, el Gobierno entiende que “no hay ninguna actuación que realizar por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses dado que no hay ninguna irregularidad detectada” en relación con el subsecretario de la ministra Soraya Sáenz de Santamaría.

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