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Los sindicatos cifran en un 90% el seguimiento de la huelga de los funcionarios de prisiones

Funcionarios de prisiones se concentran ante la prisión madrileña de Soto del Real.

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Los sindicatos ACAIP, CSIF, CCOO, UGT y CIG, organizadores de las seis jornadas de huelga a la que están llamados 27.000 funcionarios de prisiones, coinciden en que el seguimiento de la jornada de paro está siendo prácticamente total, con porcentajes en torno al 90%. Instituciones Penitenciarias rebaja la incidencia al 50,43% y asegura que los 79 centros penitenciarios que dependen de la Administración General del Estado están funcionando “con normalidad”. 

Nacho Gutiérrez, portavoz de ACAIP, señala que su organización está “muy satisfecha” con la respuesta de los funcionarios a pesar de los servicios mínimos “abusivos”, que cifra en “casi el 95%”, y asegura que sólo ha habido un “pequeño conato” de incidente a las puertas del centro penitenciario de Archidona (Málaga).

En Instituciones Penitenciarias dicen que la media de servicios mínimos está en el 45,19%, aunque admiten que ese porcentaje es mucho más elevado en el caso de los funcionarios que tienen a su cargo internos en patios o galerías. Además, coinciden en que la jornada se está desarrollando “sin incidentes” y destacan que los únicos “problemas” han tenido lugar a primera hora de la mañana en algunas carreteras de acceso a los centros por la concentración de trabajadores y que la principal consecuencia han sido el retraso en la incorporación del turno de mañana. 

Gutiérrez explica que uno de los objetivos de la seis jornadas de huelga convocadas es que se recupere la propuesta de incremento retributivo de 123 millones euros a lo largo del periodo 2019-2021 que Instituciones Penitenciarias presentó el pasado 25 de septiembre y que retiró sólo tres días después “bajo el argumento de restricción presupuestaria”. 

Instituciones Penitenciarias, sin embargo, niega que se tratara de una oferta salarial y mantiene que lo que se presentó a los sindicatos fue un estudio técnico para adoptar una nueva reclasificación de las cárceles. La idea era pasar de nueve a tres clasificaciones entre las distintas prisiones, una ordenación que condiciona los salarios en los centros.

Igualmente, los sindicatos esgrimen la falta de personal y reclaman 3.400 plazas más, mientras que desde Interior se sitúa en 2.000 trabajadores los que se necesitan. En Instituciones Penitenciarias reconocen las “carencias” existentes en materia de personal, pero ponen de manifiesto que el pasado año se cubrieron 700 plazas y para el año que viene se prevé la incorporación de 900 trabajadores, informa Europa Press. 

Con respecto al incremento de las agresiones a trabajadores de prisiones, la Administración niega que se esté registrando un aumento, como denuncia el gremio, y apunta a un “descenso continuado” desde 2010 de la violencia contra trabajadores. Aquel año se registraron más de 400 agresiones, mientras que en 2017 se cifraron en 300, según datos de la inspección de Instituciones Penitenciarias. La Secretaría General señala que hasta septiembre de este año se han constatado 176 agresiones, rechazando que se haya producido una escalada.

CSIF denuncia el “abandono” del colectivo 

Por su parte, el portavoz de CSIF, Juan José Andrés, ha denunciado en declaraciones a Europa Press Televisión el “abandono” que han padecido los funcionarios de prisiones tanto por el actual Gobierno como por todos los anteriores. “Nos han marginado con respecto al resto de cuerpos de Fuerza y Seguridad del Estado”, ha afirmado.

“Marlaska en su primera comparecencia en el Congreso se refirió a los trabajadores penitenciarios como los grandes olvidados del Gobierno anterior. Sin embargo la nueva administración retiró de forma unilateral las partidas presupuestarias que había preparadas”, ha indicado el portavoz en las inmediaciones de la cárcel de Soto del Real (Madrid) donde se han concentrado los trabajadores.

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