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Llega otra conferencia de presidentes: mucha pelea, poca decisión

Dolores de Cospedal y el presidente valenciano, Alberto Fabra. Foto: Efe.

Luz Sanchis

Las conferencias de presidentes autonómicos se inventaron en teoría para que la España plural se pusiera de acuerdo en el Senado sobre las cuestiones importantes. En la práctica, las cuatro que se han celebrado desde 2004 han tenido mucho de pelea política y de discursos interminables, y poco de decisiones fundamentales.

Mariano Rajoy se enfrenta a la primera como presidente del Gobierno. Como el dinero escasea, el plan es limitarse a analizar el sistema de financiación. Donde de verdad se habla de cifras con la calculadora en la mano es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, desde el Ejecutivo, y María Dolores de Cospedal, como mando del PP, ya lo han dejado claro. Cuando toca modificarlo es en 2013, así que el intento de vender como un avance la disposición a hablar de ello tras la entrevista entre Rajoy y Artur Mas no convenció a nadie.

La primera vez que se reunió este órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno y las CCAA fue el 28 de octubre del 2004 a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces se acordó que se repetiría cada año y se habló de financiación sanitaria. No hubo más decisión que la de institucionalizar la cita.

La solución llegó un año después. El 10 de septiembre de 2005, el Gobierno pactó con las autonomías aportar 3.042 millones de euros en 2006 y otros 3.124 en 2007 para corregir el déficit de la atención sanitaria. Eso no impidió que los presidentes autonómicos del PP salieran insatisfechos y acusaran al Gobierno de imponer el consenso.

La tercera, la de enero de 2007, sirvió para hablar de I+D+I y para que se crearan otras conferencias sectoriales sobre agua e inmigración. Otra consecuencia fundamental fue acordar un reglamento para decidir cómo serían las siguientes.

Pedro Sanz grabó a Zapatero a escondidas

Más que de Investigación, Desarrollo e Innovación, se habló entonces del bochornoso episodio protagonizado por Pedro Sanz y su grabadora. Como la discusión era a puerta cerrada, el presidente de La Rioja sintió la imperiosa necesidad de hacérsela llegar a los periodistas antes que nadie. Cuando se le afeó el gesto, su primera reacción fue decir “que les den por ahí” aunque luego pidió disculpas por las formas. En plena bronca entre el PP y el Gobierno del PSOE sobre la política antiterrorista, el fin le parecía importante: filtrar un discurso en el que Zapatero metía la pata y calificaba de “accidente” el atentado de ETA en la T-4 de Barajas.

La última se celebró el 14 de diciembre de 2009. Se aprobó el reglamento y se redactó una declaración contra la violencia machista. La última línea del resumen que incluye la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es desoladora: “Se debatió también sobre empleo, economía sostenible, agricultura, ganadería, pesca y agua. Sin alcanzar acuerdos”.

El orden del día de la cita del próximo martes se limita a la situación económica y al futuro de la Unión Europea. Los asistentes saben que donde pone “situación económica” hay que leer “sistema de financiación”. El empeño por cambiarlo no es solo de Mas. La intención de barones del PP como el valenciano Alberto Fabra o el de Baleares, José Ramón Bauzá, era pedir criterios que beneficien a los territorios que gobiernan. Tanto la vicepresidenta como la secretaria general del PP dijeron que no. La diferencia estuvo en el tono áspero de la segunda: “Se hablará pero no se abrirá en canal el sistema. Así de claro lo digo”.

Fabra captó el mensaje y tuvo que hacer equilibrios en su discurso del Debate de Política General en Les Corts para no contravenir las órdenes. Bauzá, que un día antes aseguraba que exigiría una reforma del sistema, pasó a defender que una Conferencia de Presidentes no es el lugar para proponerla. Los papeles de portavoz han recaído en la propia Cospedal y Alberto Núñez Feijóo, que repite en el puesto y aprovechará el trampolín en plena campaña electoral. Su papel es convencer a todos en general y al president Mas en particular de que el Estado autonómico “no es el problema sino la solución”.

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