Un sistema educativo fallido, tras delincuencia y violencia machista juvenil

Un sistema educativo fallido es, para la Fiscalía General del Estado, la principal causa de la delincuencia juvenil, la violencia machista entre los adolescentes, el acoso escolar y las agresiones en el seno familiar, por lo que insta a revisar la educación, tanto en la escuela como en la familia.

En su memoria de 2016, la Fiscalía alerta del “ascenso paulatino” de la violencia machista perpetrada por menores y asegura que la sociedad está fallando en “la transmisión de los valores de igualdad y no discriminación”.

Detecta que se ha adelantado “de forma importante” la edad a la que los jóvenes inician su primera relación de pareja y que entre ellos, al igual que entre adultos, se producen “situaciones de dominio, control, humillación y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer”.

La violencia machista afecta a adolescentes cada vez más jóvenes que, además, restan importancia a estos hechos y disculpan al menor maltratador, advierte la Fiscalía, que también llama la atención sobre el “silencio” y la “despreocupación” de los familiares de las víctimas.

Pese a que la violencia de género dentro de la delincuencia juvenil “se puede seguir tildando de moderada”, lo más preocupante es, subraya la Fiscalía, “que las víctimas adolescentes resten importancia a estos hechos y disculpen al menor maltratador, teniendo que ser terceros los que denuncien.

Y, “más preocupante aún”, la corta edad de algunas víctimas (entre 12-14 años) y la falta de implicación de sus familiares, situación que obliga a intervenir desde el ámbito de la protección.

Como ejemplo, la Fiscalía expone un caso de Las Palmas en el que una menor con múltiples contusiones intentó, días después de ratificar en Fiscalía la denuncia policial, retirarla, acompañada de su propia madre y de la del menor agresor.

“Es preciso continuar con la labor de concienciación de la víctima, sus familiares y personas de su entorno para que denuncien, e insistir en la obligación de denunciar de los profesionales”, ha pedido.

En 2016, 179 menores fueron enjuiciados por delitos contra la mujer, un 10,5 % más que el año anterior. En un 90,62 % de los casos se impusieron medidas.

En cuanto a las víctimas, 878 chicas menores solicitaron órdenes de protección y otras medidas en los juzgados.

El Ministerio Público también detecta un “notable incremento de la violencia de género digital”, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

“Las redes sociales constituyen el principal medio de comunicación entre ellos y a la vez facilitan el control, la vigilancia y la presión sobre la pareja, aprovechando además el anonimato y la gran repercusión que la red tiene”, sostiene.

Según el Ministerio Público, la delincuencia juvenil “se mantuvo estable” en 2016, en línea con los tres años anteriores.

Advierte, no obstante, de que tanto en los casos de violencia de género como en los de violencia doméstica subyace un modelo educativo fallido.

Como novedad “relativamente esperanzadora” apunta el descenso de la violencia doméstica de los jóvenes hacia ascendientes y hermanos, especialmente la de los hijos hacia sus padres, con 4.355 casos, la cifra más baja en lo que va de década.

Sin embargo, cada vez hay más agresiones a progenitores cometidos por menores de menos de 14 años y, en muchas ocasiones, se cometen tras el consumo de drogas o por trastornos graves de comportamiento.

Ante esta situación, desde la Fiscalía se insta a establecer terapias preventivas que eviten la vía judicial y que se estudie si la medida de convivencia en grupo educativo es efectiva en estos casos.

La Fiscalía es tajante a la hora de analizar la violencia doméstica ejercida por adolescentes y dice que “las raíces últimas de este problema” son “derivadas de un modelo educativo parental fracasado, que no puede pretender resolverse exclusivamente mediante sanciones judiciales, sino a partir de la educación desde la más temprana infancia y de la prevención”.

En su memoria explica la dificultad de comparar la cifras de 2016 con las de ejercicios anteriores dado que tras la reforma del Código Penal ahora se registran como delitos leves los que antes eran faltas o como graves los que antes eran leves.

Resultado de esta modificación y de elevarse de 13 a 16 años la edad para tener relaciones sexuales consentidas, puede ser el incremento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por jóvenes, tanto las agresiones sexuales como los abusos sexuales que, con 1.271 casos, es la cifra más alta de está década.

En cuanto al acoso escolar la Fiscalía remite, una vez más, a la necesidad de un abordaje educativo y de prevención, al igual que para atajar el que se produce en las redes sociales.