Un total de 26 imputados, muchos del PNV, en el caso de corrupción alavés

El juez Roberto Ramos ha culminado hoy la instrucción del llamado caso De Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones en torno a cargos del Partido Nacionalista Vasco en Álava, y ha mantenido la imputación para 26 personas, entre ellas nueve exdirigentes del PNV, además de varios familiares y otros afines a esta formación.

En un auto de 180 folios hecho público hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria considera que existen indicios suficientes para acusar al que fuera número dos del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local Alfredo de Miguel, principal acusado en este caso, que acumula 21.000 folios de diligencias de investigación.

El juez concluye que los hechos investigados son presuntamente constitutivos de once delitos, de los que acusa a los 26 acusados.

Se trata de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

El juez aclara que aunque no todos los acusados son funcionarios públicos, pudieron contribuir a que alguien que sí lo era cometiese estos delitos que, en principio, se atribuyen a los empleados de la Administración.

Además de Alfredo de Miguel, Ramos mantiene la acusación contra Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Álava; así como contra dos responsables del Gobierno de Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan).

Todos ellos, junto a María Justina Angulo eran dirigentes del PNV, ocupaban cargos o estaban directamente relacionados con este partido.

A ellos se suman la mujer y la hermana de Alfredo de Miguel (Ainhoa Bilbao y Aintzane De Miguel) y las esposas de Tellería y Ochandiano (Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu Urrutia, respectivamente).

Para el juez, tras cinco años de investigación “ha quedado indiciariamente acreditada” la existencia de “una trama organizada” en torno a Alfredo de Miguel, quien lideró “un entramado societario” con la ayuda de los otros imputados.

El objetivo de esta trama era “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, ya fuera para su propia empresa Kataia Consulting o para terceras personas o empresas” (Errexal y Ortzi Muga).

El juez considera que todas estas compañías estaban “íntimamente ligadas” porque intervenían las mismas personas, tenían la misma sede social o la contabilidad la hacía la misma persona, y cobraron “por trabajos que nunca fueron realmente efectuados”.

Otro de los objetivos era obtener el pago de comisiones por parte de las personas o empresas que obtenían las adjudicaciones.

Además de percibir dinero por contratos simulados, esta trama tuvo una derivada en el Ayuntamiento alavés de Zambrana donde los imputados trataron de conseguir la recalificación de terrenos de suelo rústico para levantar un polígono industrial cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PNV.

Según el auto, en este entramado los imputados actuaron “de común acuerdo” y crearon diversas empresas que, “en la mayoría de los casos, carecían de actividad”.

Junto a los 26 encausados, el juez dirige la acción civil contra cinco empresas: Kataia Consulting, Errexal Serbitzuak, Ortzu Muga, Sidepur y Zerulur.

Sin embargo, archiva la causa contra Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV, Xabier Arzalluz, que como presidente de la Asociación Mendibile Jauregia contrató a una de las empresas de la trama, Errexal, pero no se puede considerar que cometiera un delito de fraude, al ser ésta una asociación de derecho privado sin ánimo de lucro.

También dicta el sobreseimiento de la causa contra Pablo Jesús Larrabide, director de Ipar Kutxa, porque sólo existe la “sospecha” de que iba a percibir una parte de los 100.000 euros que querían cobrar a la abogada Ainhoa Alberdi por un contrato, que fue la que destapó el caso en diciembre de 2009.

En este auto, que puede ser recurrido, el juez pide a la Fiscalía y demás partes en el procedimiento que formulen escritos de acusación o sobreseimiento de la causa.