El caso del tranvía de Parla se sigue en dos juzgados diferentes, pero no hay imputados

El primero de los casos, el del juzgado parleño, nace en abril de 2014 tras una denuncia presentada por la Fiscalía, y, según se ha reflejado en varios medios en los últimos días, la UDEF envió una diligencia en la que se solicitaba al juez que sigue la causa que elabore una lista en la que se reflejen las posibles relaciones actuales entre los concejales que aprobaron en Junta de Gobierno las obras del tranvía, para los que se pide la imputación, y los responsables de la empresa gestora de esta infraestructura.

Al respecto el PSM ya envió una respuesta al propio juzgado a través de sus servicios jurídicos en la que se pedía que rectificaran la solicitud de la UDEF por contener información “falsa y tendenciosa” y datos incorrectos.

En el caso del recurso contencioso-administrativo, éste fue presentado por el Partido Popular para investigar el presunto sobrecoste del tranvía, y fue admitido a trámite en noviembre de 2013, un caso en el que están personados también como defensa el Ayuntamiento, la empresa Tranvía de Parla S.A. y el fondo Sagasta, con sede en Luxemburgo y que se ha hecho con una parte de la deuda que mantiene el consistorio.

Precisamente este mismo fondo mantiene un recurso separado en el Contencioso Administrativo en el que pide medidas cautelares contra el Ayuntamiento para embargar bienes y que permita cobrar 29 millones de euros de esa deuda.

INAUGURADO EN 2007

El tranvía de Parla fue inaugurado en 2007 en un acto en el que estuvo presente el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para poner en marcha una red de transporte que sirve para conectar el municipio especialmente con el barrio de Parla Este, reciente desarrollo urbanístico con en torno a 30.000 habitantes.

Sin embargo, si el proyecto inicial de la obra del tranvía era de 95,5 millones de euros, la cantidad se triplicó hasta los 256 millones de euros por distintas obras adicionales aprobadas por la Junta de Gobierno, aunque el sobrecoste también sería achacable, según el PP, a los 42 millones de euros que adelantó el Ayuntamiento de sus beneficios urbanísticos en el desarrollo de Parla Este, pero que no se descontaron del coste total de 256 millones aprobado en 2013.

Desde entonces han ido surgiendo varias críticas al procedimiento de adjudicación de las obras, y de hecho el Tribunal de Cuentas llegó a emitir un informe en el que se consideran indicios de “infracciones penales” en las cuentas del Tranvía, por lo que pide que se remita la documentación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para su “persecución penal”.

A pesar de esto, el entonces alcalde José María Fraile, ahora imputado en la operación Púnica, explicó que este organismo había remitido por carta al Ayuntamiento su decisión de dejar de investigar dichas facturas por “no haber responsabilidad contable”.

DEUDA DE MÁS DE 250 MILLONES DE EUROS

El tranvía de Parla además ha generado una deuda en las arcas municipales, según aprobaba el 26 de julio de 2013 la Junta de Gobierno de Parla en un calendario de pagos a la empresa Tranvía de Parla, que ascendía a casi 256 millones de euros, correspondientes a 134 millones por la obra de la infraestructura y 122 millones de euros de intereses, que serán pagados periódicamente hasta el año 2037.

Además el pasado mes de enero el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Parla aprobó una moción en la que se declara “lesivo” el sobrecoste del tranvía estimado por la oposición en más de 100 millones de euros, al tiempo que se solicita al gobierno de la localidad que renegocie la deuda junto con la empresa concesionaria del servicio, Tranvía de Parla S.A., y el Consorcio Regional de Transportes.

La respuesta a la deuda del tranvía de Parla que ha dado a lo largo de los meses el gobierno de Parla ha sido solicitar al Consorcio Regional de Transportes que aumente la aportación económica que realiza al Tranvía de la localidad y la iguale a la que establece para el resto de metros ligeros de la región, tal y como además ha aprobado en varias ocasiones el Pleno Municipal.

En este sentido los concejales de gobierno han mantenido que mientras se aportan 20 céntimos por viajero al tranvía de Parla, en el caso de los Metros Ligeros de Pozuelo, Boadilla y Las Tablas se pagan 13 euros por viaje, por lo que sería necesario igualar las cantidades de compensación.

En los últimos meses también han surgido otras polémicas concernientes al tranvía de Parla después de que el pasado agosto de 2014 la sociedad gestora de Tranvía de Parla, empresa concesionaria del servicio, vendiera una deuda de 73 millones de euros correspondiente a facturas pendientes de pago por parte del Ayuntamiento de la localidad a la entidad Sagasta Corporate Finance S.a.r.l., un fondo de inversión radicado en Luxemburgo.

SOLICITUD DE IMPUTACIONES

Con respecto a la denuncia de la Fiscalía del Área Getafe-Leganés en el juzgado parleño, cabe destacar también que se solicitaba que llamase a declarar “en calidad de imputados” a todos los concejales de gobierno presentes en las Juntas de Gobierno de 22 de diciembre de 2006 y 29 de junio de 2009 que aprobaron esa ampliación del contrato de concesión del Tranvía de Parla.

Entre estas personas se encuentran socialistas como el vocal de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE federal, Wilfredo Jurado, la actual diputada regional del PSM y presidenta de la gestora del PSOE local, Rosa Alcalá, y el portavoz y próximo candidato socialista en Parla, Pablo Sánchez, además del ex alcalde José María Fraile, dimitido tras su detención e imputación por su presunta implicación en la trama de corrupción “Púnica”.

Sin embargo esa petición de imputación no iría contra Tomás Gómez, secretario general del PSM y alcalde de Parla en la primera de las Juntas de Gobierno investigadas, toda vez que se ausentó “por causas justificadas” según el acta firmada por la secretaria del Ayuntamiento de la localidad.