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Trump acusa de “corrupta” a la CPI y autoriza sanciones contra funcionarios

US President Donald J. Trump makes remarks as he is surrounded by African-American supporters in the Cabinet Room of the White House, in Washington, DC, USA, 10 June 2020.

EFE

Washington —

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El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló este jueves sus ataques a la Corte Penal Internacional (CPI) al calificarla de “corrupta” y autorizar sanciones económicas a los funcionarios que investiguen a tropas de EE.UU. o a aliados, en una nueva muestra de desprecio a los organismos internacionales.

“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Como consecuencia, agregó la nota, “el Presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de EE.UU. sin el consentimiento de EE.UU.”.

Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a EEUU.

Asimismo, señaló tener “fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).

INVESTIGACIÓN DE TROPAS DE EEUU EN AFGANISTÁN

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses.

Según la solicitud entregada el 20 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Fatou Bensouda, existen “bases razonables para creer” que talibanes, autoridades afganas y tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.

En una comparecencia en el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, junto con el secretario de Defensa, Mark Esper, y el fiscal general, William Barr, cargaron contra el tribunal internacional, al que acusaron de estar politizado.

A juicio de Barr, la CPI se ha convertido “en poco más que una herramienta política empleada por elites internacionales no responsables” para “manipular y minar las políticas exteriores de naciones soberanas democráticamente responsables”.

Por el momento, EE.UU. no ha ofrecido pruebas ni evidencias que sustenten las acusaciones contra el tribunal internacional.

“Estén tranquilos que los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de EE.UU. no comparecerán nunca ante la CPI”, subrayó por su parte Esper, el jefe del Pentágono.

Pompeo remarcó que estas restricciones y sanciones serán consideradas caso por caso.

Pese a la revocación de visados anunciada el pasado año, la fiscal jefe de la Corte, la abogada gambiana Fatou Bensouda, compareció en septiembre pasado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

OTRO GOLPE AL MULTILATERISMO

Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998.

Sin embargo, hasta el momento se había limitado a ignorar el tribunal.

Por lo que, con su actual actitud beligerante, la Administración Trump da así un paso para sancionar explícitamente a funcionarios de un organismo internacional dedicado a perseguir crímenes contra los derechos humanos.

Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, el mandatario ha impulsado una agenda exterior de marcado nacionalismo y aislacionismo, así como un rechazo explícito al sistema multilateral.

Al poco de asumir la Presidencia, Trump anunció la retirada de EE.UU. del Acuerdo del Clima de París, y ha criticado a numerosos organismos internacionales, entre ellos a las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El pasado mes de mayo, asimismo, anunció la salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras duros ataques a su gestión de la pandemia del coronavirus.

En su discurso ante la ONU en 2018, el presidente Trump ya rechazó la “legitimidad y autoridad” de la corte, por considerar que se extralimita en sus decisiones y vulnera la soberanía del país.

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