Un pulso de veinte días entre Moncloa y Madrid que zanjó el estado de alarma

Madrid, 10 oct (EFE).- El estado de alarma en la capital y ocho municipios madrileños es el resultado de una suma de desencuentros entre Moncloa y el Gobierno de Madrid pero también el fracaso del Grupo Covid-19, creado por ambas administraciones hace 20 días con el objetivo -no cumplido- de un plan de consenso ante la segunda ola de contagios.

Con la declaración, este viernes, del estado de alarma por 15 días y en el arranque del puente del Pilar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto fin a las desavenencias con el Gobierno madrileño, que se avivaron en las últimas 24 horas a raíz del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba las medidas que limitaban la movilidad, impuestas por Sanidad.

Esta es la cronología de una serie de encuentros y desencuentros entre Sánchez y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a partir del 21 de septiembre, cuando ambos mandatarios protagonizaron un vistoso acto de entendimiento en la lucha contra la pandemia, que resultó ser fugaz.

LA FOTO DE LA TREGUA

El 21 de septiembre y tras semanas de reproches cruzados, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso escenificaban en la Real Casa de Correos, rodeados por 24 banderas, la foto de la cooperación porque esta, decía entonces Sánchez, es una “batalla epidemiológica, no ideológica”.

La reunión se saldó con un único anuncio: la creación del Grupo Covid-19 para mantener un contacto eficaz entre las dos administraciones.

Esa misma semana, Díaz Ayuso anunciaba que pensaba ampliar las restricciones a otras áreas de Madrid. “No sería coherente hacer otra cosa”.

Hasta ese momento, las restricciones de movilidad afectaban solo a áreas sanitarias situadas al sur, con una incidencia de 1.000 contagios por 100.000 habitantes. La decisión de cerrar el sur fue interpretada como discriminación hacia los barrios más humildes.

Aunque el diálogo del Grupo Covid-19 continuó esa semana, el 24 de septiembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, subió el tono, advirtió de que venían “semanas muy duras” y pidió a Díaz Ayuso “determinación” para tomar el control de la pandemia.

Ese día, el Grupo Covid-19, creado como “Espacio de cooperación entre los gobiernos de España y Madrid”, acordó nombrar portavoz a Emilio Bouza, experto en enfermedades infecciosas y fundador de la Sociedad Española de Microbiología.

Las restricciones de Díaz Ayuso reciben el espaldarazo de la Fiscalía que avala los confinamientos de Madrid sin necesidad de estado de alarma y reclama al Tribunal Superior de Justicia que confirme la orden de la Comunidad de confinar 37 zonas sanitarias.

El 25 de septiembre se hace visible la fractura entre ambos gobiernos. Mientras Díaz Ayuso amplía las medidas a nuevas áreas periféricas, Illa pide cerrar Madrid y aplicar medidas restrictivas en los municipios con incidencia superior a 500 contagios por cien mil habitantes.

LA DIMISIÓN DE BOUZA Y EL FANTASMA DEL 155

El 26 de septiembre y a las 48 horas de ser nombrado, Emilio Bouza presenta su dimisión como portavoz del Grupo Covid. “He podido comprender que este no es mi puesto en las actuales circunstancias”, dice en la carta de renuncia.

Illa exige a Madrid que revise su plan de confinamiento mientras que el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusa al ministro de Sanidad de “enredar” y confundir a los madrileños “invocando el 155. Es avivar el fuego”.

Los siguientes días crece el fantasma de la “intervención” y en la Comunidad de Madrid se visibilizan las diferencias dentro del Gobierno.

EL ACUERDO DEL INTERTERRITORIAL DE SALUD

El 30 de septiembre, el Consejo Interterritorial de Salud aprueba por mayoría restricciones en los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia de más de 500 casos en 14 días.

El acuerdo contempla otros dos requisitos: un porcentaje de positividad en las pruebas superior al 10 %, y una ocupación en las UCI por pacientes covid superior al 35 %. Solo Madrid y sus municipios entran en estos parámetros.

Díaz Ayuso asegura que “jurídicamente” la decisión no es válida.

El 1 de octubre Sanidad publica en el BOE el acuerdo para cerrar Madrid, de “obligado cumplimiento”.

La resolución -que no orden ministerial- fija un plazo máximo de 48 horas para adoptar las medidas. Díaz Ayuso acata la orden pero avisa que recurrirá.

“Esta Comunidad no está en rebeldía, cumpliremos todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas”, dijo la jefa del Ejecutivo regional madrileño antes de presentar recurso ante la Audiencia Nacional.

El 2 de octubre, la Comunidad de Madrid publica en su Boletín Oficial (el BOCM) las limitaciones que entraron en vigor esa noche. Una vez que las medidas se publican, la Comunidad envía solicitud de ratificación al TSJ de Madrid, que fallará sobre el mismo tras recibir el informe de la Fiscalía.

El 4 de octubre, Illa avisa de que si las medidas no dan resultado habrá que incrementarlas y recuerda que la capital ya supera los 700 positivos por 100.000 habitantes.

El 5 de octubre, la Comunidad notifica descensos de casos pero Sanidad resta valor y asegura que se trata de retrasos en los registros.

La Comunidad insiste en que el plan implantando en 46 áreas de salud funciona y pide a Illa que retire la orden que restringe la movilidad en diez municipios.

La polémica de los datos se agrava y aumentan las suspicacias no solo entre el Gobierno central y el de Madrid, también dentro de éste.

EL TSJ DE MADRID TUMBA EL CONFINAMIENTO

El varapalo definitivo llega el 8 de octubre cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid tumba el confinamiento perimetral de la capital y nueve municipios.

Los jueces sostienen que la orden supone una injerencia de los poderes públicos en los derechos de los ciudadanos y no ha sido autorizada por las Cortes.

Quedan sin embargo vigentes el resto de medidas que limitan aforos y horarios.

Tras el auto del TSJM, Pedro Sánchez deja abierta la puerta al estado de alarma pero ofrece a Díaz Ayuso tres escenarios: que la Comunidad de Madrid dicte una orden con medidas especiales; que solicite al Gobierno la declaración de estado de alarma; o que sea éste quien tome la decisión.

Se prodigan, sin éxito, una cadena de mensajes de ida y vuelta. Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario y decreta el estado alarma. Díaz Ayuso se pone en contacto con Sánchez y pide tiempo (la última vez que contactan es durante el Consejo). El presidente del Gobierno le comunica que la decisión está tomada.

Illa informa del decreto ante los medios con palabras muy duras hacia el Gobierno de Madrid: “La presidenta ha decidido no hacer nada, no podemos cruzarnos de brazos”, “la paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver”.

Begoña Fernández