Unidad opositora pide al G20 ejercer las “acciones necesarias” por Nicaragua

La alianza opositora nicaragüense Unidad Nacional Azul y Blanco pidió hoy a los líderes del G20 ejercer las “acciones necesarias” a favor de Nicaragua, con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de muertos.

“Solicitamos, como líderes mundiales, ejerzan las acciones necesarias y pertinentes sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ayude a que las aspiraciones del pueblo nicaragüense se hagan realidad”, exhortó esa Unidad Nacional en una declaración, dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno del G20.

Buenos Aires acoge la cumbre de líderes del G20, con la presencia de mandatarios como el de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping.

Los líderes de las veinte principales economías desarrolladas y emergentes del mundo debaten sobre los temas más relevantes de la agenda global, en un momento de fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos y potencias como China y la Unión Europea.

En su declaración, la Unidad Nacional denunció que “Nicaragua está siendo oprimida por la dictadura más cruel de su historia”.

Según su recuento, las protestas contra el Gobierno del presidente Ortega han dejado más de 500 muertos, 4.000 heridos, 600 desaparecidos y más de 500 procesados “mediante farsas judiciales”.

A eso, agregó ese grupo opositor, “se ha sumado la supresión total de los derechos humanos, mientras se vive una feroz represión y acoso hacia los opositores”.

La Unidad Nacional sostuvo, sin embargo, que “el pueblo de Nicaragua está determinado a conquistar la democracia por métodos cívicos y pacíficos”.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.