UPyD pedirá la imputación de los reguladores nombrados por el PSOE que dejaron maniobrar a Rato
El informe de los peritos del Banco de España con el maquillaje de las cuentas de Bankia para salir a bolsa servirá para que la acusación popular, ejercida por UPyD, pida la imputación de los responsables de los organismos supervisores que permitieron a Rodrigo Rato y su equipo consumar el engaño. En su solicitud al juez, la formación magenta incluirá dos nombres: Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Julio Segura, los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), nombrados por el Gobierno socialista.
“Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración, o al menos la omisión, del Banco de España”, declaró hoy el abogado de UPyD y responsable de Regeneración Democrática en el partido, Andrés Herzog. El letrado valoró muy positivamente el contenido del informe, con una salvedad, la escasa responsabilidad que los dos peritos, nombrados por el Banco de España, atribuyen al organismo en el que trabajan.
Herzog dijo que la responsabilidad del Banco de España y la CNMV emana de la “politización” en la que el PP y el PSOE han sumido esos organismos. Por ejemplo, se preguntó por qué en tiempos de Zapatero no se valoró que Bankia saliera a bolsa con una ayuda del Estado, a través del FROB, y se optó por captar a pequeños inversores. Y él mismo contestó: “Era una estrategia incompatible con el discurso de Zapatero de que España tenía el sistema financiero más solvente y se prefirió engañar a miles de personas”, añadió.
De las afirmaciones recogidas en las 410 páginas de informe aparece otra responsabilidad clara, a juicio de UPyD: la auditora Deloitte, de cuyo socio responsable para Bankia, Francisco Celma, el partido pedirá que declare como imputado. La auditora avaló las cuentas de la entidad, que se han demostrado falseadas.
Además de las imputaciones de MAFO y Segura, la acusación popular quiere que vuelva a declarar Rodrigo Rato, quien pasó por el juzgado hace ya más de dos años. Preguntado acerca de las cartas del Banco de España que Rato ha dicho tener en su poder avalando su estrategia, Herzog preguntó “a qué está esperando” para ponerlas a disposición del juez Fernando Andreu, después de tanto tiempo de instrucción. “Lo tenía que haber aportado el primer día”, aseguró, para añadir que presentar un supuesto aval del supervisor es “muy pobre argumento” para intentar orillar su responsabilidad.
En cuanto a las tarjetas 'black’, UPyD cree que es el momento de imputar y citar a declarar a todos los usuarios de las tarjetas, una vez conocido el contenido del informe de los peritos.
La “responsabilidad política” de Goirigolzarri
Herzog también se refirió a las alusiones que el informe hace del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Considera que el reproche “no es comparable” al que se puede hacer a Rato, pero destacó que “encubrió, disimuló y dulcificó la gestión” de su predecesor, por lo que debería declarar, al menos, como testigo. “Le pusieron ahí las cajas de ahorro, pero le mantiene ahí el propio Estado a través del FROB”, dijo de Goirigolzarri. Durante su mandato, Bankia ha colaborado lo justo con la investigación, y solo a requerimiento del juez, se quejó. En principio, la de Goirigolzarri sería “responsabilidad política”, al igual que la tienen la exministra de Economía Elena Salgado y el actual titular de la cartera, Luis de Guindos. A pesar de ello, UPyD no descarta que, según avance la instrucción, esa responsabilidad política mute en otra de tipo penal.
La próxima cita en el juzgado tendrá lugar del 12 de enero. Esa y las cuatro jornadas siguientes, los dos peritos tendrán que defender su informe de los ataques que los abogados de los imputados realicen en forma de preguntas. Nuevas declaraciones de testigos –entre ellos, los administradores de las empresas financiadas por Bankia que compraron acciones– y diligencias varias podrían retrasar el juicio oral hasta la segunda mitad de 2015, según el cálculo del abogado de UPyD.
Desde ayer, dijo Herzog, “hay fundadas esperanzas de que los afectados recuperen su dinero”. “Ya no es una quimera, es realmente factible”, aseguró. El abogado prevé una “avalancha” de nuevos perjudicados que acudirán a los tribunales con el informe de los peritos en la mano, sin perjuicio de los que lo utilicen en la vía civil.
