Varsovia retrasa de nuevo su esperado y nuevo reto a los principios de la UE

Cracovia (Polonia), 15 jul (EFE).- Varsovia afronta un período tenso en su enfrentamiento con la Justicia europea tras un nuevo retraso del fallo de su Tribunal Constitucional (TC) sobre si prevalece el Derecho europeo o el polaco en caso de conflicto entre ambos.

Se esperaba una sentencia contraria a los principios básicos de la Unión Europea tras el fallo del miércoles de esa corte que declaró inconstitucionales medidas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la reforma de la Justicia en Polonia.

Además, la Comisión Europea anunciaba este jueves que abría un proceso contra Polonia por infringir derechos fundamentales en relación con la polémica declaración de “zonas libres de ideología LGBT” en el país.

Pero el TC aplazó al 3 de agosto, sin anuncio previo ni justificación alguna, su sentencia acerca de la preeminencia del Derecho polaco sobre el europeo, un procedimiento iniciado a instancias del primer ministro, Mateusz Morawiecki, que pidió una aclaración a esa corte.

La vista, que se inició el pasado día 13, fue suspendida por la presidenta del TC, Julia Przylebska, y tiene como objetivo dirimir sobre una petición elevada por Morawiecki acerca de “dudas constitucionales de gran alcance y justificadas, que no encuentran confirmación en el texto de los tratados” de la Unión Europea.

Según el juez retirado del TC polaco Stanislaw Bernat, “si el Tribunal dictamina que estas disposiciones son inconstitucionales (...), se trata, esencialmente, del fin de la obediencia a la legislación de la UE por parte de un Estado miembro, que tendrá que encontrar una respuesta de las instituciones de la UE”.

La expectación creada ante este fallo aumentó después de que ese tribunal declarase inconstitucionales las medidas cautelares de suspensión ordenadas por el TJUE sobre el funcionamiento y las acciones iniciadas por la Sala Disciplinaria Judicial polaca, un órgano de control del cuerpo judicial cuya legalidad cuestiona la Justicia europea.

Esa sala, que depende del Tribunal Supremo polaco, fue creada en 2017 por el Gobierno liderado por el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS), que le arrogó potestad para sancionar, trasladar de destino o suspender a los jueces de cualquier instancia del país, tanto por su comportamiento como por el contenido de sus sentencias.

Ya esa decisión del TC, que declara “incompatibles con la Constitución polaca” las medidas del TJUE, avala la desvinculación de facto entre la Justicia polaca y la europea.

EL PRIMER MINISTRO ALEGA SIMILITUDES EN ALEMANIA Y ESPAÑA

Este jueves, el primer ministro polaco defendió que su país no puede “ser tratado peor que otros” que tienen sistemas de elección de jueces “idénticos” al polaco, y aludió al caso español y al alemán.

Tras conocerse el fallo, el ministro de Justicia, fiscal general del Estado y vicepresidente del Gobierno polaco, Zbigniew Ziobro, dijo que recibía “con satisfacción la única sentencia posible” y que “la Constitución (polaca) y la legalidad prevalecen sobre los intentos de utilizar políticamente los organismos de la UE para interferir en los asuntos de Polonia”.

Al enfrentamiento ya abierto entre Bruselas y Varsovia se agregó este jueves el procedimiento de infracción de la normativa comunitaria por las “zonas libres de ideología LGBT”, polémicas iniciativas adoptadas por alrededor de cien gobiernos municipales en toda Polonia.

Desde 2019, esos municipios se han declarado así en una decisión sin valor ejecutivo pero que permitió, por ejemplo, la colocación de carteles con ese texto en los límites municipales de su territorio.

Como consecuencia de ello, ciudades como Krasnik (centro), de 36.000 habitantes, han perdido varios millones de euros en ayudas económicas internacionales por parte de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y países como Noruega, que han decidido dejar de ayudar a gobiernos que no respeten los derechos humanos.

El enfrentamiento entre Polonia y las instituciones comunitarias quedó claramente de manifiesto en 2015 a partir de diversas iniciativas propiciadas por el PiS que han sido cuestionadas por la Comisión Europea por poner en peligro la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Bruselas y algunos Estados miembros han invocado precisamente el respeto de esos principios como condición para la percepción de las multimillonarias ayudas del plan pospandemia de la UE, en un reto que, al menos de momento, tiene una nueva fecha clave en el próximo 3 de agosto.