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La ley de vigilancia de comunicaciones en internet, a referéndum en Holanda

HOLANDA GOBIERNO

EFE

La Haya —

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Holanda celebrará este miércoles el que será su último referéndum consultivo, presentado como una elección entre privacidad y seguridad y que pondrá a prueba la popularidad de una nueva ley que permitirá a los servicios de inteligencia la vigilancia de las comunicaciones en la red.

La ministra holandesa de Interior, Kajsa Ollongren, aseguró hoy que esta normativa “es muy compleja de explicar”, lo que puede que no haya “convencido a la gente”, y se comprometió a “revisar la ley”, pero solo “dos años después de que entre en vigor”, si es rechazada en el plebiscito consultivo.

Para Ollongren, esta ley “es importante” porque “la tecnología ha cambiado mucho” con los teléfonos inteligentes y puntos de acceso a wifi y las normas actuales son “previas a internet, cuando nos comunicábamos por la línea fija de teléfono”.

La nueva ley, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, permite al Servicio de Inteligencia Militar (MIVD) y al Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) acceder a los cables de fibra óptica; es decir, interceptar llamadas por internet, correos electrónicos, aplicaciones e incluso mensajes privados en las redes sociales.

Además, contempla la posibilidad de compartir los datos interceptados de las comunicaciones en internet con otros países, sin haber sido analizados previamente.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, defendió esta ley como “realmente necesaria” y afirmó que “las condiciones (para usar la información interceptada) son muy estrictas y habrá una supervisión adicional para garantizar que se cumplen los estándares”.

Como Rutte y Ollongren, los defensores de esta legislación la presentan como “una actualización” de la Ley de Servicios de Información y Seguridad, de 2002, y no un “Gran Hermano”, como prefieren tildarla los más críticos.

Sin embargo, un grupo de más de 30 investigadores y expertos en informática y ciberseguridad advirtió en una carta abierta de que la nueva ley, que permite recopilar datos de las personas a gran escala, “pone en riesgo la privacidad del ciudadano” y aumenta las posibilidades de “filtración de información sensible” privada.

Amnistía Internacional alertó de que las comunicaciones virtuales de un barrio completo podrán ser “vigiladas de forma masiva”, si los servicios de inteligencia consideran que allí vive una persona que debe ser investigada.

En su carta, los especialistas destacan el riesgo de que los datos de los ciudadanos acaben compartiéndose, por ejemplo, con los servicios de seguridad de Estados Unidos o del Reino Unido, “países con una rica historia de filtraciones de datos” en sus gobiernos.

Sin embargo, un portavoz del AIVD consideró “una interpretación errónea” pensar que esta agencia de inteligencia almacenará datos a gran escala de los ciudadanos y precisó que “solo se guardará” la información sobre personas sospechosas, el resto “se destruye”.

En declaraciones al diario “De Telegraaf”, el portavoz explicó “el 98% de la información recopilada desaparecerá de inmediato” y solo se “violará la privacidad de los ciudadanos que son un peligro para la seguridad” nacional.

Además, recordó que hay suficientes garantías en la ley para evitar interceptaciones innecesarias, así como un comité judicial de revisión para supervisar los límites de los servicios de inteligencia.

Las labores de espionaje, que solo necesitarán de permiso judicial para vigilar a abogados y periodistas, serán autorizadas por el ministerio correspondiente -Defensa en el caso del MIVD e Interior en el de AIVD- y solo estarán justificadas para objetivos claros, personas que constituyen un peligro para la seguridad nacional.

La información podrá conservarse un máximo de dos años.

Si no hay sorpresas en el Senado, este será el último referéndum consultivo que celebrará Holanda, ya que el Parlamento votó a favor de abolir la ley de referendos debido a las tensiones políticas que generan los resultados, como ocurrió con el rechazo reflejado en el plebiscito de 2016 a un acuerdo comercial entre Ucrania y la Unión Europea (UE).

Por Imane Rachidi

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