Una fiscal de violencia de género afirma que “no hay espacios adecuados y habilitados para atender a las víctimas”

A juicio de la fiscal, hay problemas de recursos en los juzgados para atender a las mujeres, pero sostiene, en una entrevista en Cadena Ser, que esa no es la única dificultad que padecen.

Así, sobre la falta de infraestructuras, ha hecho hincapié en la necesidad de habilitar espacios para la toma de declaraciones tanto de ellas como de los menores: “No hay espacios adecuados y habilitados”, ha precisado, para luego indicar que este problema no será muy costoso económicamente.

A renglón seguido, ha explicado que en su ámbito es importante tener tiempo para atender, proteger y valorar la situación de las mujeres víctimas de la violencia machista.

Este objetivo, en su opinión, es más difícil en juzgados como el de Santiago, al no ser exclusivo. Esta disparidad de asuntos provoca, según Pilar Fernández, que haya menos tiempo para escuchar a las víctimas.

Asimismo, la fiscala, que ejerce en Compostela, entiende que la vía penal, la vía de la denuncia, no es la única solución para abordar este fenómenos social. A este respecto, ha precisado que varias de las seis mujeres que han fallecido este año en Galicia no había presentado denuncia.

ADELANTARSE

“Hay que buscar otras medidas que ayuden a las mujeres a detectar el riesgo adelantándonos”, ha defendido, para luego subrayar que “hace falta un enfoque más asistencial, ayuda de carácter psicológico que suponga empoderar a esas mujeres”.

También ha explicado que el estatuto de protección de las víctimas que ha entrado en vigor este año contempla que las comunidades autónomas pongan en marcha oficinas de asistencia a las víctimas para darles acompañamiento y asistencia jurídica y psicológica. De hecho, en su opinión, “es de enorme importancia su puesta en funcionamiento”.

Preguntada por si está aumentando el fenómeno de la violencia contra las mujeres, Pilar Fernández ha afirmado que lo que ha permitido la Ley integral contra la violencia de género es visibilizar un problema que antes era de orden privado.

En los juzgados, la ley ha facilitado dar prioridad absoluta a esos casos que exigen una solución primera en 72 horas.