Siete vocales del CGPJ lamentan no haber protegido bien la independencia de los jueces

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han lamentado hoy, en el último pleno de los actuales integrantes de este órgano antes de su renovación, que en su mandato no han defendido bien la independencia de los jueces, porque no han hecho valer su oposición a las reformas promovidas por el Gobierno.

El CGPJ aprobará hoy un balance de su labor durante los últimos cinco años y una vocal, Margarita Robles, ha planteado un texto alternativo a este balance que incluye críticas políticas.

Otros seis vocales han apoyado este texto y su crítica porque el órgano de gobierno de los jueces no haya sido capaz de haber hecho pesar su oposición a diferentes reformas promovidas por el Ejecutivo.

En concreto, se refiere a los cambios operados en la ley que regula el funcionamiento del CGPJ y señala que, al restarle capacidad, esta reforma “limita muy considerablemente su capacidad para velar por la independencia de los miembros del Poder Judicial”.

A este texto de Robles se han sumado Margarita Uría, Manuel Almenar, Carles Cruz, Félix Azón, Manuel Torres Vela y Ramón Camp, quienes consideran que, en todo caso, la crítica política que incluye no contradice el balance general que aprobará el pleno.

Robles ha centrado su crítica en “el escaso peso” que ha tenido este CGPJ para evitar reformas “muy negativas para la Administración de Justicia y los ciudadanos” como la Ley de Tasas, la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos o la reforma del propio órgano de gobierno de los jueces.

El duro texto votado por los citados vocales señala que “el silencio del pleno del CGPJ, una vez constatada la no aceptación por el Ejecutivo de las aportaciones realizadas en nuestro informe” referido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “es de difícil aceptación”.

“Nuestra obligación hubiera sido velar adecuadamente para que el órgano para el que en su día fuimos designados por las Cortes Generales” no hubiera sido objeto de una reforma que adolece de posible inconstitucionalidad y que va a limitar su independencia, señala el texto.

La crítica se refiere también a las tasas, de las que, dice, dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia, y a la falta de medios humanos en la Administración de Justicia: “no parece por tanto que hayamos cumplido suficientemente nuestra función de velar por una Justicia ágil, eficaz y cercana al ciudadano”.