Vox, de fijar la entrada en gobiernos como línea roja a aceptar acuerdos programáticos sin sentarse con Ciudadanos

La primera experiencia institucional de Vox fue en las elecciones autonómicas de Andalucía en diciembre del año pasado. De forma sorpresiva incluso para el partido, logró entrar en el Parlamento con doce diputados y ser llave para la investidura del 'popular' Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta.

Entonces, la fórmula del acuerdo pasó por pactos del PP por separado con Vox y Ciudadanos, partido que además entró a formar parte del ejecutivo regional. Sin embargo, poco después el partido de Santiago Abascal empezó a denunciar que este modelo no era eficaz porque sus exigencias no estaban siendo cumplidas.

Esto llevó al partido a avisar la misma noche del 26 de mayo de que en el resto de instituciones irían un paso más allá y exigirían una negociación 'de igual a igual' en la que Ciudadanos les reconociera como interlocutores, ya sabiendo además que sus votos serían claves en plazas como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Ante los simpatizantes congregados en su sede, Abascal dijo que no aceptarían “cordones sanitarios” ni “insultos” en las negociaciones y harían “valer” sus votos. “Quienes quieran contar con nuestro apoyo para mayorías alternativas tendrán que ser respetuosos y flexibles”, advirtió.

Las siguientes semanas empezaron las conversaciones, públicas y privadas, y durante todo el proceso Ciudadanos aseguró que no aceptaría a Vox como socio de gobierno ni firmaría acuerdos con el partido de Abascal.

Estas posturas tan alejadas hicieron peligrar el pacto hasta pocas horas antes de la primera fecha clave, el 15 de junio, día en el que debían constituirse todos los ayuntamientos de España. Dirigentes del partido cuentan que el acuerdo con el PP, que hizo posible entre otras la investidura de José Martínez Almeida como alcalde de Madrid, llegó ya de madrugada con “el conocimiento y la aquiescencia de Ciudadanos”. Y para ello hizo falta una conversación directa entre los líderes de ambos partidos, Pablo Casado y Santiago Abascal.

La literalidad de ese pacto se mantuvo en secreto porque así se estipulaba en el mismo, pero desde el día siguiente de la investidura Vox empezó a exigir públicamente su entrada en los gobiernos municipales porque aseguraba que así lo había acordado con los 'populares'.

El PP por su parte pedía tiempo para cumplir con la negociación --se habían dado 20 días de plazo-- y empezó a defender la idea de que las responsabilidades de gobierno municipales son muy amplias y no solo concejalías, incluyendo por ejemplo juntas de distrito.

Esta idea no satisfacía a Vox, que insistía en que el acuerdo dejaba claro que ocuparía concejalías de gobierno, e incluso su portavoz en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, anunció la ruptura de negociaciones con el PP por los incumplimientos en el Ayuntamiento.

AMENAZA DE MOCIONES DE CENSURA

Pero además, este debate no se limitaba al Ayuntamiento de la capital y también se daba en otras provincias en las que Vox había prestado sus votos para la investidura de alcaldes del PP o de Ciudadanos. Es el caso de Granada, donde la diputada de Vox por la provincia y secretaria general de la formación en el Congreso, Macarena Olona, también exigía la presencia de su partido.

“Luis Salvador (alcalde de la ciudad), esta semana tendrás que conformar el Ayuntamiento. Vox debe entrar en el gobierno en proporción a su representación. El incumplimiento de este acuerdo supondrá que promovamos una moción de censura de inmediato”, llegó a amenazar Olona apuntando que recuperaría la Alcaldía el socialista Francisco Cuenca.

En medio de este proceso, PP y Ciudadanos presentaron en Andalucía un proyecto de Presupuestos que Vox amenazó con tumbar por entender que no incluía ninguna de sus propuestas. Finalmente logró un pacto en el que además constaba la firma de los tres partidos, lo que llevó a los de Abascal a pensar que este modelo quizá no era tan malo si podían forzar que se aceptaran algunas de sus exigencias en votaciones clave como los presupuestos.

Pese a todo, la situación de las negociaciones en el resto de instituciones se mantuvo estancada hasta que esta semana Vox decidió hacer público el documento firmado con el PP para demostrar que incluía de forma explícita su entrada en concejalías de gobierno en proporción a sus resultados electorales.

El partido dio este paso anunciando que suponía una ruptura del acuerdo con los 'populares' y que “renunciaba” a formar parte de los equipos de gobierno, pasando a la oposición en los ayuntamientos; pero sin plantear ya la opción de participar en mociones de censura.

PRIORIDAD AL PROGRAMA EN MADRID Y MURCIA

En cuanto a las conversaciones en las autonomías de Madrid y Murcia, Vox dijo que pondrá el foco en la negociación de su programa. Para el acuerdo ni siquiera hará falta una mesa 'a tres' con PP y Ciudadanos, aunque el pacto final sí que deberá contar con la firma de las tres formaciones, según aceptó Monasterio.

Al día siguiente, la líder de partido en Madrid presentó un documento en el que constaban sus principales demandas para la negociación, como bajada de impuestos, eliminación de “chiringuitos” o la supresión de ciertos artículos de las leyes de identidad de género y LGTBi.

También en Murcia Vox presentó un papel con sus propuestas, aunque en este caso se suma el hecho de que PP y Ciudadanos ya habían anunciado un acuerdo de gobernabilidad en el que se repartían los cargos de gobierno.