Vox recupera la exigencia del veto parental para presionar a PP y Ciudadanos

Vox vuelve a tensionar las relaciones con los gobiernos de PP y Ciudadanos en aquellos territorios en los que la formación de extrema derecha es necesaria para sumar mayoría absoluta. Como si de un deja vú se tratase, el partido que lidera Santiago Abascal ha rescatado un año después de que lo plantease, con una pandemia mundial de por medio, su polémica medida del veto parental –llamado por ellos mismos 'pin parental'–, la posibilidad de que los padres prohíban para sus hijos algunas actividades programadas por los centros educativos. Vox exige su implantación en Andalucía y la Comunidad de Madrid en cuyos territorios amenaza con romper los acuerdos que dan apoyo a ambos ejecutivos.

La presión de la formación de Abascal al PP y Ciudadanos para imponer su agenda ultraconservadora llega dos semanas después de las elecciones catalanas, en las que Vox logró el sorpaso a ambas formaciones, y mientras el partido de Pablo Casado negocia con el PSOE acuerdos de Estado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales.

El primer aviso llegaba el pasado jueves al parlamento andaluz. Vox anunciaba que retiraba su apoyo al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía hasta que la Consejería de Educación implante el veto parental en las escuelas, comprometido en un acuerdo firmado por PP, Ciudadanos y la formación ultraderechista. Y este lunes, la formación de Abascal llevaba la polémica medida también a Madrid, donde la líder del partido en la región, Rocío Monasterio, exigía que se incorpore en el acuerdo de presupuestos a cambio de su apoyo a las cuentas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso formado también por PP y Ciudadanos, después de que Ayuso prorrogase por segundo año consecutivo las cuentas de 2019, las últimas de Ángel Garrido, hoy consejero regional en las filas de Ciudadanos.

La polémica renace ahora un año después de que el bloque de la derecha consagrara el veto parental en su acuerdo de Presupuestos en la Región de Murcia, lo que generó una enorme oposición de colectivos feministas, LGTBI y en defensa de la educación pública. Ya antes el partido de extrema derecha y grupos ultracatólicos que lo defienden, entre ellos HazteOir, habían intentado presionar para que fuera adoptado en otras comunidades, pero ninguna llegó tan lejos como la murciana. La medida en esa comunidad está suspendida cautelarmente por los tribunales.

Vox plantea de nuevo el debate sobre el veto parental tras las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, en las que la formación ultraderechista logró superar y sumar más que PP y Ciudadanos juntos. Era la primera vez que la formación de extrema derecha se presentaba a esos comicios y arrasó a sus competidores en el campo de la derecha. Acabó con 11 diputados, cinco más que Ciudadanos, que venía de ganar los comicios en 2017, y ocho más que el PP. El rescate de la medida se produce también mientras el PP negocia con el PSOE acuerdos de Estado como la renovación del GGPJ y tras pactar la presidencia de RTVE. En la formación de Abascal lo consideran una estrategia ganadora.

El partido recupera así una de sus promesas estrella, de las que usa para marcar perfil propio frente a esos dos competidores. Vox ya lo ha hecho con anterioridad con esta y otras iniciativas que incomodan a PP y Ciudadanos: si consiguen implantar la medida, es una victoria ante su electorado; si no, consiguen marcar perfil propio, agenda y no quedar excluidos del debate público.

Peligran las cuentas en Madrid

La exigencia de Vox en Madrid amenaza con dejar las cuentas de Ayuso de nuevo en un cajón. La presidenta madrileña decidió hace un año paralizar la aprobación de los que tenían que ser sus primeros presupuestos –los de 2020– precisamente por este tipo de medidas que Vox ya puso sobre la mesa. La dirigente del PP se veía incapaz de poner de acuerdo a su socio de coalición, Ciudadanos, con los ultraconservadores y decidió aparcarlos durante un año. Las cuentas siguen prorrogadas tras las dificultades entre los socios de coalición para cerrar un pacto, y ahora la formación de Abascal amenaza con alargar su aprobación.

La novedad en esta ocasión es que al igual que en el resto del país, la región atraviesa la peor crisis sanitaria en décadas que amenaza con otra larga crisis económica. Los de 2021 serán los presupuestos que opten a la financiación de los fondos europeos, y los planteamientos que pone Vox sobre la mesa abren una carrera de obstáculos que puede provocar que las cuentas no se aprueben hasta, como mínimo, verano, algo que desde el Gobierno regional consideran una “pésima” noticia por la necesidad de estos presupuestos. “Que se aprueben a mediados de año nos puede llevar a que no dé tiempo a su ejecución”, lamenta un consejero. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, descartaba que el Gobierno regional vaya a implantar la medida y pedía una “rectificación” a Monasterio. Hace un año, el Gobierno de Ayuso decidía ordenar a los centros educativos que publiquen todos los contenidos académicos para contentar a Vox, aunque fue en vano.

En Andalucía, la amenaza de Vox de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno de Moreno Bonilla desde la medianoche del pasado jueves, en vísperas del día de Andalucía, fue recibida con una mezcla de cautela y preocupación por parte de PP y Ciudadanos. El presidente ha ordenado al consejero de Educación, Javier Imbroda, que se siente de inmediato a renegociar con sus aliados de extrema derecha. La Consejería está dispuesta a mejorar la información previa que tienen los padres sobre las distintas actividades, pero descarta entregar a las familias la potestad de vetar contenidos y condicionar el currículum diseñado por los profesores y los colegios, porque sería “una injerencia en la autonomía pedagógica del centro y en la libertad de cátedra del docente”. El consejero asegura que en este asunto, PP y Ciudadanos “están alineados”.

Ataque a los colectivos LGTBI

En la práctica, el veto parental –llamado por Vox 'pin parental'– es un documento dirigido a los progenitores para permitirles vetar las actividades externas en los colegios que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. Se trata de un papel con el que podrían excluir a sus hijos o hijas de esta formación complementaria y está fundamentalmente dirigido contra los talleres y charlas que según el partido de extrema derecha fomentan “la ideología de género” y el “adoctrinamiento”: la lucha contra la violencia machista, la educación afectivo-sexual o la igualdad de género y LGTBI.

De hecho, y aunque puede afectar a cualquier temática, es una de las patas de la ofensiva desplegada por Vox contra este tipo de contenidos, para la que han utilizado de forma reiterada desinformación, bulos y exageraciones. Rocío Monasterio llegó incluso a comparar los talleres LGTBI, dirigidos a la prevención del acoso LGTBIfóbico o el respeto a la diversidad, con la “parafilia” y la “zoofilia” y Santiago Abascal llegó a acusar a algunos centros escolares de enseñar “juegos eróticos” que “están cerca de la corrupción de menores”. Entre sus argumentos siempre se encuentra la supuesta protección de la infancia y la adolescencia y obvian los efectos positivos que estas actividades tienen sobre el alumnado.

Los intentos de Vox por cercenar estos contenidos han generado una enorme oposición de los colectivos LGTBI, feministas y en defensa de la educación pública. Precisamente la semana pasada, los colectivos LGTBI reclamaron al Ministerio de Educación que, en caso de que terminara implantándose en Andalucía, presentara un recurso contencioso-administrativo, como hizo en Murcia. “La infancia tiene derecho a saber y a recibir formación en valores y en diversidad”, señaló la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil.

Suspensión cautelar en Murcia

Tras su puesta en marcha en Murcia por el gobierno de PP y Ciudadanos, la medida llegó a ser recurrida en los tribunales por el Ministerio de Educación al entender que incurría en una “ilegalidad”, que vulneraba “los derechos de los alumnos y alumnas” y excedía las competencias que tienen atribuidos los centros educativos. Una especie de “objeción de conciencia encubierta que va contra la legislación española en vigor”, dijo entonces la ministra Isabel Celáa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo suspendió cautelarmente pocos días antes de la declaración del estado de alarma de marzo, pero lo hizo sin entrar en el fondo del asunto. Lo que sí consideró es que mantenerlo hasta que se dictara sentencia podía causar un perjuicio al alumnado y, unos meses después, archivó el recurso al finalizar el curso escolar.

La medida nunca ha sido una demanda mayoritaria y hasta la llegada de Vox a las instituciones nunca se había discutido en los debates de política educativa ni en las Conferencias Sectoriales de Educación, el Consejo Escolar o la inspección. De hecho, las familias conocen al inicio de cada curso los contenidos que van a tratar los centros, y en todo caso, según recordó el TSJ murciano, tienen a su disposición mecanismos para “expresar su no conformidad”. Además, pueden formular sus quejas “si entienden que impartir una concreta actividad vulnera algún derecho del alumno” y tienen derecho a la participación en el proyecto educativo mediante diferentes órganos como las Asociaciones de Padres y Madres y el Consejo Escolar. 

Tampoco en Madrid ha sido una demanda de los padres. Según los datos facilitados hace un año por el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, de los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo hubo una queja oficial por escrito por una actividad. La polémica no está, por tanto, avalada por una necesidad expresada por los progenitores, pero sirve a Vox para marcar agenda y perfil propio frente a PP y Ciudadanos.