Zouhier tratará de pedir la suspensión cautelar de su expulsión con lo que lograría dilatar el proceso

El condenado por el 11M, el marroquí Rafa Zouhier, tratará de pedir la suspensión cautelar de su expulsión con lo que podría dilatar en el tiempo el proceso de entrega a Marruecos, según ha informado a Europa Press fuentes de su entorno. Zouhier abandonará este domingo la cárcel de Puerto de Santa María I en la que ha terminado de cumplir sus diez años de condena por haber

Tanto las víctimas como el Ministerio del Interior ya han manifestado su deseo de que sea expulsado a Marruecos en el mismo momento en el que recupere su libertad. Pero en caso de que el juez aceptase esa medida cautelar, su entrega podría enmarañarse en un proceso burocrático, según advierten abogados expertos en Extranjería consultados por Europa Press.

En condiciones normales, Zouhier hubiese sido expulsado en virtud del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería según el cual “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”.

No obstante, según las mismas fuentes, el hecho de que Zouhier se haya casado el pasado septiembre con una española durante su estancia en prisión le convierte en ciudadano comunitario. Esto no evita su expulsión, pero obliga a tramitar un nuevo expediente porque ya no se le puede aplicar la Ley de Extranjería, sino el Convenio Comunitario ante el que hay que alegar motivos diferentes como, por ejemplo, el riesgo de alteración del orden público.

SE PUEDE APELAR AL ORDEN PÚBLICO

El nuevo expediente se rige por el Real Decreto 204/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En concreto es el artículo 15 el que contempla la expulsión del territorio “cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública”.

Atendiendo a estos principios, la Policía debe emitir un informe informando a favor o en contra de la expulsión de Zouhier, así como la Abogacía del Estado, que también participa en este proceso, siempre según los expertos consultados. Finalmente es la Delegación de Gobierno la que, con todo este material, toma una decisión.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz a quien compete este fallo han informado a Europa Press de que adoptarán una postura entre este jueves y mañana viernes, pero han declinado posicionarse acerca del fondo de su decisión y se han limitado a afirmar que cumplirán la Ley.

Pero en el caso de que fallase a favor de la expulsión, Zouhier aún tendría la opción de solicitar como medida cautelar la suspensión de esa decisión ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano competente para estudiar los recursos contra resoluciones adoptadas por la Administración. Así se estipula en el artículo 135 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El abogado de Zouhier ya ha anunciado que agotará este recurso si se lo notifican con el margen suficiente para acudir a un juez antes de que su cliente sea expulsado. En caso de que así fuese y el juez aceptase, se iniciaría un proceso que derivaría en un juicio. Las fuentes consultadas avisan de que hay juzgados en los que ese juicio puede demorarse entre uno y dos años, según los casos y el grado de saturación del Juzgado ante el que se recurra.

Estas mismas fuentes relatan que en ocasiones la Policía trata de agilizar tanto los trámites de expulsión que se han dado casos en los que ha sido necesario bajar a personas del avión en el que iban a ser expulsados a su país de origen al haber recibido 'in extremis' la suspensión cautelar por parte del juez. “La clave en estos casos es ser más rápido que la Policía”, dice uno de los expertos consultados.