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¡Audiencia pública! Va a ser que no

Miguel Angel Rodríguez, el día en que compareció en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

Reconozco que soy un poco plasta con el (mal) tratamiento que dan los medios a las interioridades del mundo de la Administración de Justicia. Pero me pasa como a Michael Corleone en “El Padrino III”, que cuando pensaba que estaba fuera, me vuelven a meter dentro. En esta ocasión se trata de la bitácora Etiqueta Roja, de la web de El País, que en un reciente artículo confunde oscurantismo y opacidad de los tribunales con su propio desconocimiento jurídico. Ello viene a raíz del tan traído y llevado procedimiento por delito contra la seguridad vial seguido contra el exportavoz del Gobierno Miguel Angel Rodríguez desde hace unas semanas, y lo que pasó, o dejó de pasar, con la asistencia de la prensa al juicio. O no juicio. Porque yo, de ser lego y tener que fiarme de su información, todavía no sabría lo que ha pasado.

La cosa tiene su miga, no se crean, y nos hace retroceder una década en el tiempo. Hasta 2002, cuando se reformó la legislación procesal para dar cabida a una nueva modalidad de procedimiento penal que intentaba desatascar las infartadas arterias de la Administración de Justicia, a saber, las “Diligencias Urgentes para el Enjuiciamiento Rápido de Determinados Delitos”. Ya les hablé de ello en otra ocasión. En estos casos, si se alcanza un acuerdo, no llega a haber juicio, y la sentencia la dicta el propio Juzgado de Instrucción, en la misma guardia en la que se produjeron los hechos. O sea, delito, acusación y sentencia en menos de 48 horas. ¿Se lo pueden creer? Bueno, pues no se preocupen, que el sistema tiene sus trampas.

Para poder realizar las citaciones a acusados y perjudicados desde el minuto 1, las competencias sobre agenda de juicios y calificación inicial de los hechos se atribuyeron a la policía. En su día, eso causo cierto revuelo, e incluso costó la cabeza de un fiscal jefe de Madrid particularmente contestatario, el que posteriormente fue ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien se quejaba de que los agentes de la autoridad no tienen ni la formación jurídica, ni el papel procesal necesario para decidir que lo que a ellos les parezca un caso de juicio rápido lo sea realmente. Y razón no le faltaba, ya que, a pesar de funcionar razonablemente bien para lo que es este país, a veces hay cosas que chirrían.

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Postureo judicial

¿Qué pasa con el fiscal? Esta ha sido la pregunta que flotaba en el ambiente en un par de causas de plena actualidad periodística esta última semana.

La primera ha sido el interrogatorio por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 a algunos de los empresarios citados a declarar como imputados en la investigación abierta a raíz de la aparición de los llamados “papeles de Bárcenas”. En dicho acto, el fiscal, para pasmo y sorpresa de algunos de los abogados presentes, no ha formulado una sola pregunta. Sorpresa y pasmo que, por usar el término de moda en Twitter, me parecen puro postureo.

La segunda ha sido la “comparecencia del 505” del caso Blesa, nombre técnico que recibe el acto procesal en el que las partes solicitan al juez instructor que adopte la medida cautelar de prisión provisional. Aquí, el postureo de los abogados roza lo calumnioso, ya que ha incluido una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Desconozco el grado de precisión técnica de la noticia que les enlazo, pero si es cierto que han “recusado” al fiscal, igual tienen que pasar por el Colegio de Abogados a devolver el título. Porque al fiscal no se le puede recusar.

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La trampa está en otra parte

En el fondo, no estoy del todo en desacuerdo con lo que cuenta Elisa Beni en su artículo. De hecho, los dos últimos párrafos los suscribo punto por punto, y coma por coma.

No obstante, creo que yerra el tiro en una cuestión de análisis jurídico. Porque lo omite directamente. Y lo reconoce. Con la fórmula del “esto ya lo han tratado otros, y es muy complicado”, que es parecida al “según estudios científicos” con el que nos venden desde la pulsera “Power Balance” a las flores de Bach. Pues a mí no me vale, que quieren que les diga.

Nuestro actual sistema de instrucción penal es un sinsentido. Lo voy a explicar en dos proposiciones muy sencillas: el juez garantiza los derechos del imputado; el juez investiga al imputado. Una de las dos no se sostiene, no se puede ser a la vez la espada que golpea y el escudo que protege. El juez instructor, realmente, no actúa como arbitro neutral cuando impulsa y ordena diligencias de investigación, entradas y registros en domicilio o intervención de telecomunicaciones, sino que tiene interés en que la investigación avance. Y sin embargo, cuando las defensas le discuten esas decisiones a través del recurso de reforma, él mismo debe despojarse de la capa de instructor, quedarse con el sombrero de juez, y de forma desapasionada someter a reconsideración su propia decisión. Es absurdo.

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Obediencia y legitimidad

Imaginen el siguiente panorama:

Un matrimonio compuesto por nacional y extranjero, con hijos menores de edad, termina en divorcio. Acuden a los tribunales, y se determina el régimen de custodia de las criaturas. Habida cuenta del origen foráneo de uno de los progenitores, que implica riesgo de sustracción, el juez determina que los menores no pueden abandonar territorio nacional sin autorización judicial. Sin embargo, y aprovechando uno de los periodos de estancia con él, el progenitor extranjero coge a los críos, los mete en un avión y se va a su país de origen. El nacional del país acude a la Justicia, denuncia la situación, y obtiene una resolución judicial que ordena el retorno inmediato de los niños al país.

¿Les resulta familiar la situación? Hace algunos años se vivieron situaciones como esta, en la que padres y madres, indistintamente, denunciaban que sus hijos habían sido raptados por el otro miembro de la pareja, que se los había llevado al país de origen. Lugares como Pakistán, Guinea o Nigeria, que producen escalofríos al pensar en sus condiciones socioeconómicas. Una ola de solidaridad acompañó a esos padres y madres privados de la compañía de sus hijos. El Gobierno modificó la legislación, tanto la civil, como la penal, endureciendo así las condiciones para evitar estas situaciones, cuanto las sanciones en caso de incumplimiento.

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Retrato de imputados con infanta al fondo

Esta semana pasada se ha conocido el auto de la Audiencia Provincial de Mallorca que estima parcialmente el recurso interpuesto por el fiscal del caso Nóos contra otro auto, el del juez Castro citando a declarar a la infanta doña Cristina, en calidad de imputada por varios delitos. Se trata de una resolución judicial atípica, en una causa que se está caracterizando por romper moldes.

Como ya les he contado en alguna ocasión, la imputación es algo que todo el mundo asume como una etiqueta que el juez le coloca a una persona por el hecho de ser sospechoso de haber cometido un delito. Así, el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de que, en la primera comparecencia, el juez informará al imputado de los hechos que se le imputan. Por lo tanto, si el juez cita a alguien a declarar en el curso de una investigación judicial, le está imputando un delito, ¿verdad?

No es tan sencillo. El artículo 118, al hablar del derecho de defensa, dice que el imputado podrá ejercer este derecho, actuando en el procedimiento, desde que se le comunique su existencia, sea detenido... un momento, ¿detenido?. Efectivamente. Si alguien roba un bolso a punta de navaja, sale corriendo, y la policía lo encuentra a los diez minutos, con el arma y el botín todavía en la mano, los agentes lo detendrán y lo llevarán a comisaría. Desde este momento, el tipo ya tiene derecho a estar asistido por un abogado, porque del atestado policial y de la denuncia de la víctima está surgiendo una imputación, y ello antes de que juez alguno haya intervenido.

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Parafraseando al Tenorio

Esta semana me he topado con dos noticias que creo definen bastante bien las fronteras de la sensación de hastío y derrota que los profesionales de la Justicia sienten de un tiempo a esta parte, sobre todo los que están en el barro de la trinchera diaria. Y ambas tienen que ver con cosas de las que les llevo hablando desde que empecé a dar la matraca en este rincón de la web.

La primera me retrotrae a la mordaza que la Transición quiso imponer a los jueces, pero también a la postura de éstos sobre la modalidad de protesta ciudadana bautizada como escrache. Como saben, su máxima autoridad institucional es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esta persona reúne dos cargos en uno, pues además de dirigir el llamado “gobierno de los jueces” (el que decide sobre ascensos, destinos, régimen disciplinario y demás), preside el Tribunal Supremo, la cabeza del organigrama judicial español. Es decir, aunque no pertenezca a la carrera judicial, pasa a ser juez.

Como tal, un juez no puede emitir prácticamente opinión alguna con relevancia política, pues al menor desliz puede incurrir en responsabilidad disciplinaria. Pero ello sólo ocurre cuando esa opinión se expresa enarbolando dicha condición de juez. Cuando se quita ese sombrero y se pone otro, como puede ser el de representante de una asociación profesional de jueces, la cosa cambia. El presidente del Supremo, por esta doble condición intrínseca a su cargo, es de los que puede hablar con mayor libertad, ya que ejerce la representación unipersonal de toda la carrera judicial.

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Chistes fáciles sobre aves de caza

Es a lo que se presta un caso que arranca de un chivatazo policial al dueño de un establecimiento llamado “Faisán”, la verdad. Las circunstancias del caso han sido profusamente glosadas por los profesionales de la prensa de uno y otro signo, así que tampoco hace falta extenderse en preliminares.

Uno de los Juzgados Centrales de Instrucción ha instruido una causa contra varios policías de alto rango, a los que se imputa haber avisado a un sospechoso de que iba a ser detenido. En circunstancias normales, el asunto no debería caer en la órbita de la Audiencia Nacional, pues los delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de su cargo, a priori, no son de su competencia.

Pero aquí hay un matiz fundamental, el sospechoso lo era por formar parte del tinglado de financiación de ETA, a través del mal llamado “impuesto revolucionario”, y el chivatazo policial estropeó temporalmente una operación contra dicho aparato de extorsión. Así que el juez de instrucción que abrió las diligencias, en un alarde de creatividad, decidió que los hechos eran calificables como un delito de colaboración con banda armada. Esta decisión mantuvo la causa en la Audiencia Nacional, en lugar de haber acabado en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Irún al que le hubiera caído por turno de reparto, que hubiera sido el competente en otras circunstancias.

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Ejecutar lo juzgado

Una de las frases más repetidas estos últimos días, a raiz de la publicación de la sentencia del llamado “Caso Blanqueo” (la implicación de Isabel Pantoja, Julian Muñoz, Mayte Zaldivar y otros varios coimputados en una trama de corrupción en Marbella) ha sido la de que “ha sido condenada a dos años de prisión, por lo que no irá a la cárcel”.

Así, sin más matizaciones, la frase es demasiado categórica y contiene varias imprecisiones, que son muy comunes en los juicios de gran repercusión pública.

Cuando un juicio concluye y se dicta la sentencia definitiva, ello no implica que el procedimiento entero haya terminado. En la práctica, todas las sentencias penales dictadas en primera instancia son recurribles. Las dictadas por un juzgado unipersonal, en causas por delitos castigados con pena de hasta cinco años de prisión, son recurribles en apelación ante la respectiva Audiencia (Provincial o Nacional). Las dictadas en 1ª instancia por una Audiencia son recurribles en casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

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Titulares demasiado anticipatorios

Si hay algo que me saca de mis casillas son las informaciones judiciales erróneas, con un titular que predispone en favor o en contra de determinada cuestión, según la tesis del periodista, y que se derrumban al mínimo análisis.

Y eso ha sucedido con un artículo de mi, por otro lado, admirado Fernando Garea, sobre la posibilidad de que Fiscalía General se pronuncie sobre la significación jurídica de los escraches.

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¡Suelte ese escrache!

Ha sido la noticia perfecta para hacer olvidar al público el drama de las ejecuciones hipotecarias, y el bloqueo parlamentario a una Iniciativa Legislativa Popular que intenta mitigar esa sangría. El colectivo antidesahucios quería señalarnos la Luna, y nosotros nos hemos quedado mirando el dedo.

Porque la idea que sustenta el escrache es señalar, apuntar. Evitar que el cómodo refugio entre la masa de parlamentarios desconocidos cubra a todos aquellos que, sin dar la cara en una pantalla de televisión, hacen bulto en los escaños del congreso, jalean las decisiones gubernamentales, pulsan el botón del voto, y después se van tranquilamente a su casa. La teoría del escrache, su protocolo pulcramente plasmado por escrito, es plantarse delante de la casa de un diputado de los del montón, y a la que asome la jeta, gritar a los cuatro vientos: “Ese de ahí, es el culpable de que mis hijos duerman en la calle”.

No existe ningún artículo del Código Penal que sancione esta conducta como delito, ni como falta. Es algo incómodo, desagradable para el que lo sufre. Por supuesto, esa es la idea. Exactamente la misma que mueve empresas como “El cobrador del frac”, sin que sus fundadores o empleados hayan sido encausados penalmente por esta razón.

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