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Ejecutar lo juzgado

La primera sentencia en un juicio no es el final del camino. Además de que queda la vía del recurso, la fase de ejecución tiene intringulis suficiente como para dar todo el pescado por vendido.

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Una de las frases más repetidas estos últimos días, a raiz de la publicación de la sentencia del llamado “Caso Blanqueo” (la implicación de Isabel Pantoja, Julian Muñoz, Mayte Zaldivar y otros varios coimputados en una trama de corrupción en Marbella) ha sido la de que “ha sido condenada a dos años de prisión, por lo que no irá a la cárcel”.

Así, sin más matizaciones, la frase es demasiado categórica y contiene varias imprecisiones, que son muy comunes en los juicios de gran repercusión pública.

Cuando un juicio concluye y se dicta la sentencia definitiva, ello no implica que el procedimiento entero haya terminado. En la práctica, todas las sentencias penales dictadas en primera instancia son recurribles. Las dictadas por un juzgado unipersonal, en causas por delitos castigados con pena de hasta cinco años de prisión, son recurribles en apelación ante la respectiva Audiencia (Provincial o Nacional). Las dictadas en 1ª instancia por una Audiencia son recurribles en casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Este es el caso que nos ocupa, pues la sentencia de la Pantoja y compañía ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Málaga. Y ya desde el primer minuto, las defensas de varios de los condenados han anunciado que van a recurrir. Pero claro, no son las únicas partes del proceso. La Fiscalía y las demás acusaciones, caso de que las haya, también pueden presentar recurso.

Las resoluciones judiciales, para poder ser ejecutadas, han de ser “firmes”, es decir, no puede caber ya ningún recurso contra ellas. No cabrá recurso cuando se haya gastado esa posibilidad, sin éxito, o cuando se haya dejado transcurrir el plazo para interponer el recurso, sin presentarlo. Es decir, mientras el recurso está pendiente, no hay firmeza, no hay posibilidad de ejecución. Y hasta que no comienza la ejecución, no se cumple la condena.

Sin embargo, hay personas en prisión por sentencias que aún están pendientes de recurso, ¿cómo puede ser esto? Muy sencillo, esas personas no están cumpliendo condena, sino que se encuentran en situación de prisión provisional, como si aún no hubieran sido juzgadas. La diferencia es que una persona a la espera de juicio puede cumplir un máximo de dos años de prisión provisional, prorrogables una única vez. O sea, cuatro años de máximo. No obstante, para aquellas personas que ya han sido condenadas por un órgano judicial, aunque esté pendiente el recurso, el límite máximo aumentaría hasta la mitad del tiempo de condena inicialmente impuesta. Por ello, un preso como Miguel Carcaño, sentenciado a 21 años de prisión por la muerte de Marta del Castillo, puede llegar a cumplir más de diez años en prisión provisional.

Lo que tienen en común ambos tipos de presos preventivos, es que deben cumplirse ciertos criterios para que sean ingresados en prisión provisional, como el riesgo de fuga, o de destrucción de pruebas, o el de reincidencia. Debido a esa razón, personas condenadas a penas de prisión que están en los límites de la competencia del Supremo, como los seis años que le cayeron a Jaume Matas en su primera sentencia condenatoria, están en libertad provisional.

Evidentemente, en el caso de personas con el nivel de contactos políticos e influencia de este último ejemplo, la susceptibilidad de la opinión pública sobre las posibles razones ocultas de su libertad está a la orden del día. Pero la razón estrictamente técnica, por sí sola, da suficiente vergüenza del estado de nuestro sistema procesal penal, sin necesidad de pensar en oscuros motivos: los recursos de casación son tan lentos en tramitarse, que si Matas fuera finalmente absuelto por el Supremo, podría haber cumplido la práctica totalidad de la prisión provisional máxima antes de que se resolviera el recurso.

Pero dejemos los recursos y los inescrutables caminos del Tribunal Supremo. ¿Qué sucede cuando llega el momento de la firmeza de la sentencia? Pues que ahí se abre una fase distinta del procedimiento, llamada “fase de ejecución” o “ejecutoria”. Ahí es donde se hacen valer las distintas posibilidades que contempla la legislación penal. Por encima de dos años de condena, sólo se libran de ingresar en prisión aquellas personas que, habiendo cometido el delito a causa de su adicción a las drogas, estén sometidos a un tratamiento de deshabituación. Pero esta carta, como la que libra de la cárcel en el Monopoly, sólo la pueden jugar una vez.

Por debajo de los dos años de prisión, cabe la posibilidad de que la condena sea suspendida, y el reo permanezca en libertad, con la condición de no volver a delinquir durante un plazo que puede oscilar entre los dos y los cinco años. Si comete un nuevo delito, la suspensión se revocaría, y el penado tendría que ingresar en prisión.

Este es el caso de Isabel Pantoja: su condena no supera los dos años de prisión, es su primer antecedente penal, y no existe indemnización de responsabilidad civil pendiente de pago, tan sólo una multa. Por ello, parece razonable asumir que, si la sentencia resulta finalmente confirmada, será un caso más de suspensión ordinaria.

Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Cabe que la acusación recurra, y que el Tribunal Supremo agrave la sentencia. Un sólo día más de condena bastaría para que la tonadillera emprendiera el camino del centro penitenciario. O cabe que la propia Audiencia deniegue la suspensión, pues ésta no es automática y obligatoria: el Código dice “podrá suspender”, no “suspenderá”. Hay otras circunstancias que contemplar, y hay precedentes de condenados a menos de dos años a los que se les ha denegado ese beneficio. Así pues, como la semana pasada, nos encontramos con un problema de exceso de anticipación.

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