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¿Elecciones a qué...?

Si a la mayoría de los ciudadanos que siguen las noticias en prensa le hablan del Consejo General del Poder Judicial, se ubicarán rápidamente. Cosa bien distinta si lo que les mencionan es el Consejo Fiscal.

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El próximo 6 de febrero se celebran elecciones internas en el seno del Ministerio Fiscal. Será algo que no obtenga muchas portadas en los medios de comunicación, ya que esta institución es uno de los grandes desconocidos del organigrama del Estado en general, y de la Administración de Justicia en particular.

¿De qué va esto?

El Consejo Fiscal es un órgano consultivo que asiste al fiscal general del Estado. Es decir, a diferencia del consejo de la llamada “carrera hermana”, éste no tiene verdadero poder decisorio. Pero, a diferencia del órgano de gobierno de los jueces, éste sí tiene un fuerte componente de democracia interna: salvo el propio FGE, el teniente fiscal del Supremo (aka, el 2º de a bordo) y el jefe de la Inspección, los restantes nueve miembros son elegidos cada cuatro años, por votación de todos los integrantes de la carrera.

El principal problema es el de toda democracia representativa: el aparato triunfa sobre las individualidades. Prácticamente no existen candidatos independientes, y el último que intentó la aventura en solitario se quedó a 56 votos de obtener premio. No parecen muchos, pero hay que entender que el electorado se reduce a unos 2.400 votantes. Además, esos electores están dispersos por todo el mapa, islas incluidas, por lo que una mínima infraestructura asociativa se hace indispensable para que alguien te conozca, ergo te pueda votar.

El sistema, a priori, parece propicio para los versos sueltos, ya que las votaciones son en listas abiertas, en un colegio electoral único, en las que cada elector puede votar a seis candidatos, para un consejo de nueve. Es decir, ni siquiera el voto en masa de una sola asociación podría copar todos los puestos. Esa era la idea cuando se diseñó el sistema, ya que sólo había UNA asociación profesional. Hoy en día, con hasta tres conjuntos de siglas en liza, en la práctica basta con dos para repartirse los votos. Al menos, hasta ahora.

¿Por qué hasta ahora? Porque, en algún momento, las tecnologías de la información podrían introducir algún factor discordante.

Resulta que existe un foro interno de fiscales en Internet. No está en los servidores de la Fiscalía General del Estado, ni en la intranet de fiscal.es. Y no será porque no se intentó. El problema es que la petición de semejante adelanto de nuestros días, un lugar virtual de intercambio de ideas, conocimientos y opiniones, coincidió en el tiempo con la primera huelga de jueces, organizada a través de la lista de correo del CGPJ. En el Ministerio de Justicia, a alguien le entró el canguelo, y se desterró cualquier atisbo de aprobar esta iniciativa.

Sin embargo, como ya les he dicho en alguna ocasión, en cuestiones tecnológicas, la vida tiende a abrirse camino. Así que, al final, a un fiscal de las últimas promociones se le ocurrió abrir un grupo privado en Facebook, al que sólo se puede entrar tras acreditar la condición profesional. Y pasito a pasito, ya se han apuntado más de 600. Desde recién incorporados hasta miembros de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Estamos hablando del 25% del censo, más que suficientes para forzar un vuelco en los comicios.

Pero no será en esta ocasión. Un chiste interno del oficio dice que “fiscal”, en idioma swahili, se dice “m'opongo”. Así que no ha surgido ningún consenso interno en dicho foro, ni ninguna candidatura auspiciada por la fuerza ese grupo, que supera con creces la afiliación de cualquiera de las tres asociaciones tradicionales.

¿Por qué debería interesarles a ustedes todo esto? Al fin y al cabo, como ya dije más arriba, no se trata de un órgano con poder efectivo, sus dictámenes no son vinculantes, no tiene la capacidad de doblar la mano del fiscal general del Estado. Pero podría serlo.

Al fin y al cabo, está muy bien eso de criticar todo lo que nos parece mal, pero si algo queremos conseguir en el mundo de la Justicia, quizás nos haga falta algo más. Como lo que leí el otro día a través del twitter del editor de otro blog de este mismo medio, Contrapoder:

 

Pues bien, toda marea necesita propuestas constructivas. Siempre se critica la dependencia del fiscal general del Estado de quien lo nombra, que no es otro que la mayoría política de turno. El mismo texto de la Constitución consagra este sistema, haciéndolo bastante inamovible. Sin embargo, quizás no habría que obcecarse con esta cuestión, y habría que plantearse lo que está en la esencia del juego democrático: establecer contrapesos al poder omnímodo de esta jefatura unipersonal.

Y ahí, el Consejo Fiscal se erige en pieza clave, pues sus competencias actuales lo convierten en el sujeto idóneo para ejercer de freno al FGE: el Consejo informa sobre ascensos, sobre los nombramientos para cargos de responsabilidad, como los de jefes provinciales, autonómicos, o miembros de órganos clave como la Secretaría Técnica (el think tank del FGE, su laboratorio de ideas); también se pronuncia sobre proyectos de ley, a través de informes que suelen tener una gran relevancia doctrinal; tiene competencias en materia disciplinaria, y sobre todo, asesora y sirve de cámara de resonancia para reivindicaciones de la carrera.

Es decir, bastaría con que la ley cambiase el valor real del voto del Consejo en todas estas cuestiones, bien otorgándole naturaleza vinculante, o bien obligando a que una decisión del fiscal general en contra del criterio mayoritario deba ser motivada, lo que la haría vulnerable a un recurso contencioso-administrativo.

Está claro que el actual titular de la cartera de Justicia no va a hacer algo así. Sólo hay que contemplar su obra con la Ley Orgánica del Poder Judicial, para adivinar sus intenciones. Pero el Consejo que saldrá elegido el próximo 6 de febrero tiene un mandato de cuatro años. Es decir, va más allá de esta legislatura. Así que, si el pueblo soberano así lo estima oportuno, quizás este consejo se las vea con otro ministro y con otro Gobierno.

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