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Estimado James

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Fuengirola arranca su verano más musical con el recital de James Rhodes en el castillo Sohail

Fuengirola arranca su verano más musical con el recital de James Rhodes en el castillo Sohail

El pasado tres de agosto, se publicó en la sección de opinión de El País un artículo del pianista James Rhodes. Como muchos de ustedes saben, Rhodes ha sido el descubrimiento del año en Twitter. Al menos, en España. Un país en el que estamos acostumbrados a quejarnos de todo, sobre todo comparándonos con países de nuestro entorno, ha resultado ser el hogar de acogida de un músico célebre, que alaba todas aquellas cosas que nosotros damos por sentado. La merienda. La siesta. Las croquetas. 

Un hombre que respira alegría de vivir, sobre todo cuando arrastra las tremendas secuelas físicas y psicológicas de los terribles abusos que padeció en la infancia, o quizás precisamente debido a eso.

Debo decirles que soy seguidor enfervorecido de James Rhodes. Y precisamente por eso, me ha dolido su meada fuera del tiesto con este artículo. Obviamente, tiene una coartada emocional incontestable, pero la necesidad de aprobación mediática de nuestra clase política le ha hecho merecedor de una atención incomprensible. En 48 horas, fue recibido por el Presidente del Gobierno y la Ministra de Justicia, nada más y nada menos. Vamos, como si un servidor pone a escurrir las sonatas de Bach y es recibido por el Ministro de Cultura.

Déjenme explicarles por qué creo erróneos los planteamientos del bueno de James, e injustas sus conclusiones. Cuando habla de su propia experiencia personal, suelta una frase que me hizo acudir a San Google en búsqueda de datos exactos que corroborasen algo que yo ya sabía. Y es que dice que los años ochenta fueron una gran época para los pederastas en Gran Bretaña. Nos ha jodido. Como que hasta 1986 no hubo en la Pérfida Albión cosa parecida a una Fiscalía General del Estado, ni fiscales de plantilla. Hasta ese año, en la persecución judicial de los delitos, la propia policía contrataba abogados que ejercieran la acusación. Evidentemente, no se trataba de funcionarios independientes ni inamovibles, sino que eran profesionales que se debían a los intereses de su cliente: sostener la acusación. A toda costa. Si recuerdan excelentes películas como En el nombre del padre, eso no siempre contribuyó a una justicia precisamente modélica. Pero es que, al no existir una Fiscalía equiparable a la española, tampoco existían fiscales que desplegasen sus funciones en defensa y protección de los menores, incluso en asuntos de índole meramente civil. 

Respecto a los servicios médicos, no puedo hablar con conocimiento de causa, pues no me dedico a ese oficio. Lo que les puedo decir, es que en España hay un rígido protocolo contra los abusos sexuales, en virtud del cual, a la mínima sospecha de que un menor ha sido víctima, pone en marcha todos los mecanismos protectores y sancionadores. Recuerdo perfectamente un caso que pudo terminar en drama. Un niño prepúber, respecto del cual un médico detecta lesiones compatibles con el VPH (Virus del Papiloma Humano), una enfermedad de transmisión sexual que podría indicar abusos por parte de su padre. Éste fue detenido y puesto a disposición judicial. El médico declaró como testigo cualificado, insistiendo en su diagnóstico. Curiosamente, al poco rato llegaron los resultados de la analítica realizada al menor: se trataba de una patología que presenta lesiones similares al VPH, pero que ni era ese virus, ni se contagia por vía sexual, sino que puede deberse a una incorrecta higiene del progenitor a la hora del baño, del cambio de pañales, etc. Incluso podría habérselo contagiado la madre. 

Con los malos tratos físicos tenemos tres cuartas partes de lo mismo. Es sobradamente conocido el caso de un niño que falleció al caer de un columpio, pero que inicialmente se clasificó como posible homicidio en un contexto de violencia doméstica. El padre no sólo fue señalado como investigado, sino que el diario ABC arrastró por el fango el nombre de esta persona, y de paso, su propio prestigio como periódico, publicando en portada la foto del pobre desgraciado, con el siguiente texto: “La mirada del asesino”. 

Al hilo de la famosa carta de nuestro protagonista, un fiscal de Málaga publicó en Twitter cómo se actúa en caso de sospechas de abusos sobre un menor: éste es examinado por un psicólogo especializado, en una sala aislada, mientras el juez, el fiscal, el investigado y su defensa asisten a través de una mampara de cristal que no permite que el menor les vea. 

 

Por supuesto, hay sitios donde dicha exploración no puede realizarse en esas condiciones, por falta de medios. Pero eso no es un problema de legislación, James, sino de pasta. Así que, antes que recomendar modificaciones sobre una legislación de la que entiende tanto como yo de partituras para piano, pídale al Gobierno que insufle dinero a la Administración de Justicia. Porque no es que seamos el pariente pobre, es que somos la Cenicienta, condenada a trabajos forzosos en el desván, mientras sus hermanastras, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, son las que se llevan lo gordo de los presupuestos. ¿Por qué? Porque son máquinas de generar ingresos para las arcas públicas, y nosotros no.

Entiendo que se ha visto alarmado por sentencias que se han publicado en los medios, y que se han publicado en los medios, y de las que le han explicado poco, tirando a nada. 

Por ejemplo, la archiconocida sentencia de 'la manada', que todavía no es firme, ya que cabe recurso contra ella. Es decir, que no puede ejecutarse aún. Mientras tanto, los acusados, condenados en primera instancia, siguen en libertad provisional, con ciertas obligaciones. ¿Es un problema de la ley? En absoluto. Nuestra legislación contempla la posibilidad de que hubieran permanecido en prisión provisional durante un tiempo que alcanza a la mitad de la condena inicialmente impuesta. Pero son los jueces los que han tomado la decisión de dejarles en libertad. Ellos sabrán por qué, ya que el juicio se celebró a puerta cerrada, y ni leyendo la sentencia se puede saber mucho más de lo que allí aconteció.

También se ha publicado otra sentencia, que debe de haberle escandalizado mucho, sobre unos abusos sexuales a un menor, que se han saldado con una condena ridícula, unos dos años. Lo que no le han contado es que el tipo de abusos contempla una amplísima gama de comportamientos ilícitos, desde meros tocamientos al acceso carnal (la penetración por vía anal, vaginal o bucal), sin violencia o intimidación. Y en consecuencia, las penas van de unos pocos años a más de una década de prisión. La cuestión es que, si el abuso fue de menor entidad, y además las acusaciones (incluyendo la particular, o sea, la que representa directamente a la víctima) llegan a un acuerdo con la defensa, esas penas pueden verse reducidas notablemente. Sobre todo, cuando media indemnización de por medio. Y eso no es un invento español, James, se lo copiamos a los anglosajones, que lo conocen desde hace mucho tiempo como “plea bargaining”. 

Lo que me aterra de sus sugerencias, que tanto el Presidente como la Ministra parecen haber acogido con buenos ojos, son cosas como la “presunción de veracidad” del menor a la hora de declarar. Eso no es otra cosa, ni más ni menos, que invertir la carga de la prueba, cargarse la presunción de inocencia y derribar uno de los pilares básicos de lo que se entiende como Estado de Derecho. El menor puede ser manipulado por alguna de las partes, o puede mentir por rencor. Yo mismo he visto, con estos ojitos, cómo una adolescente que había acusado de abusos a su padrastro, terminó reconociendo en la exploración que lo había hecho porque quería forzar a su madre a dejarle vivir con su padre biológico, cosa que al final había conseguido. Así que, presunciones, las justas.

El menor es un testigo, y como tal, tiene que declarar en el juicio. Obviamente, para alguien que ha sufrido terribles abusos, eso puede suponer la tortura de revivir su pesadilla una y otra vez, lo que conocemos como “victimización secundaria”. Por ello, nuestra ley ya admite la posibilidad de que la declaración del menor, en esa sala aislada, con un psicólogo especializado, sea considerada “prueba anticipada” y no haya que repetirla el día del juicio, siempre que se haga con todas las garantías.

Así que, hágame un favor, yo no me dedicaré a tocar el piano, y usted deje la persecución penal de los agresores sexuales en manos de los profesionales, ¿OK? Pues nada, un placer. Disfrute de las croquetas.

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