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Excusatio non petita

Resultaría completamente falaz comparar la peripecia de Josef K, el inmortal personaje de Kafka, con la tesitura de algunos ilustres próceres andaluces recientemente mencionados en un auto judicial. Lo que está claro es que ninguno de ellos se va a presentar voluntario a una audición para ese papel.

Mucho se ha hablado, y mucho más se hablará, sobre la figura del aforamiento de determinadas personas, entendido como esa especialidad procesal consistente en que sólo puedan ser enjuiciadas por determinados tribunales.

Últimamente he leído muchas opiniones contrarias a esta figura. Unos la consideran un privilegio injustificado, incompatible con el principio constitucional de igualdad. Otros entienden que lleva a embarullar y complicar en exceso causas que, ya de por sí, son suficientemente complejas. También hay quien sospecha de que pueda usarse la presencia de un aforado para apartar una causa de un juez instructor especialmente pejiguero.

Yo, como siempre, prefiero limitarme a tratar de explicarles de donde viene esto, y para que sirve. Que luego la cosa haya degenerado bastante es harina de otro costal. Vamos con ello...

Cuando se configura el Estado moderno, con arreglo a los principios de separación de poderes, imperio de la Ley y demás, surge la necesidad de garantizar todo este andamiaje con instrumentos efectivos. De nada sirve que haya una teórica oposición política en el Parlamento, si por cualquier infracción, real o imaginaria, puede “empapelarse” a un diputado a las primeras de cambio. Por otro lado, la posibilidad real de que un gobernante cometa un delito no queda bien resuelta con su enjuiciamiento a través de un órgano judicial ordinario, pequeño, de medios limitados, sometido a todas las presiones del mundo, pero que también puede tener la tentación de cambiar el curso de la Historia del país. Estas dos prevenciones son igualmente aplicables al tercer poder, el judicial: si no se introdujese ninguna modulación al sistema ordinario, el juez denunciado sería objeto de escrutinio por sus propios compañeros, que pueden tenerle tremenda ojeriza, o por el contrario, querer protegerle en aras de un compañerismo mal entendido.

Por estas razones, principalmente, se arbitró un sistema mediante el cual fueran los órganos judiciales de mayor nivel jerárquico los que tramitasen este tipo de procedimientos judiciales “delicados”. En el caso de autoridades de ámbito estatal, está la Sala 2ª del Tribunal Supremo, y para los de ámbito autonómico, se instituyeron salas de lo civil y lo penal en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

Este privilegio tiene su reverso oscuro, por supuesto. Para los aforados ante el Supremo, como bien recordaba el otro día el magistrado Javier Gómez Bermúdez en La Sexta, no existe posibilidad de recurso en 2ª instancia. No hay apelación ni casación posible. Las sentencias que condenaron a ministros como Barrionuevo, o a jueces de la Audiencia Nacional como Gómez de Liaño y Garzón, fueron firmes en 1ª instancia.

Por otro lado, los nombramientos en el Supremo y los TSJ no se proveen por puro escalafón, ni siquiera por un estricto concurso de méritos, sino que son decididos por el Consejo General del Poder Judicial, órgano cuya politización es tan patente que resulta redundante hablar de ello. Por lo tanto, la teórica superior garantía que otorga un tribunal del más alto nivel, se ve un tanto emborronada por un posible sesgo político de sus miembros. Aunque como también recordaba Gómez Bermúdez, en un tribunal colegiado es bien difícil que esa circunstancia llegue a tener un peso determinante. Otra cosa, por supuesto, es el papel de uno de esos magistrados como instructor de una causa especial contra un aforado.

Ahora bien, en mi humilde y completamente subjetiva opinión, el principal problema que esos tribunales tienen es el de vivir en una dimensión paralela, en la que no están muy acostumbrados al contacto con la ruda realidad. Como consecuencia, los instructores de las causas con aforado suelen andar un tanto oxidados, ya que hace décadas que no se chupan una guardia. Y eso, cuando alguna vez lo han hecho, porque no conviene olvidar el origen de muchos de esos magistrados en el mundo académico, donde se pasa mucho más tiempo preguntándose por el olor de las nubes, que tomando declaración a detenidos.

Cerrado el paréntesis de “mis dos centavos”, con los políticos la cosa se complica todavía más, ya que las Cortes Generales conservan una prerrogativa, esta sí, bastante absurda, conocida como “suplicatorio”. El así llamado es el escrito que el órgano judicial dirige a la cámara legislativa, vía Ministerio de Justicia, solicitando autorización para investigar a un parlamentario de la misma. La cámara vota al respecto, y si el suplicatorio es rechazado, el juez no puede siquiera tomar declaración al aforado. Se genera una peligrosa impunidad que es mucho más probable en periodos de mayorías absolutas, cuando el sospechoso asienta sus reales en la bancada azul.

El problema de a pie, el de los juzgados de tropa, cuando aparece un aforado en una causa penal, es el de la pérdida de competencia. Sobre todo, el momento exacto de la pérdida de competencia.

Cuando el aforado aparece implicado en los hechos investigados por el juez, pero no se ha concretado su participación con todo grado de detalle, o no se han reunido suficientes indicios de la misma, la inhibición al Supremo o al TSJ de turno puede ser prematura. Y en ese sentido, ya se ha pronunciado hasta el Tribunal Supremo, como bien recuerda este artículo de Jot Down Magazine, que reproduce fragmentos de un auto de la Sala 2ª de 15 de febrero de 2013. El artículo se refiere al último auto de la juez Mercedes Alaya, en la causa que la susodicha magistrada tiene abierta por el archiconocido escándalo de los ERE's en Andalucía, y que se encuentra en un curioso impasse: no hay indicios suficientes para concretar una imputación contra los aforados, pero en cuanto los haya, el juzgado podría perder la competencia en favor de los tribunales antes mencionados.

De este último caso se han criticado no pocos aspectos, entre otros, el peculiar timing de las resoluciones dictadas, que tienen la mala costumbre de coincidir con el punto álgido de campañas electorales y otros episodios de la vida política. El último ha visto la luz el mismo día que tomaban posesión los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía. ¿Casualidad, serendipia?

Lo cierto es que las resoluciones, en ese y en todos los juzgados, se dictan cuando el titular del mismo entiende oportuno, pero esa “oportunidad” puede no obedecer a razones muy éticas. Por ejemplo, es frecuente que, en caso de cese del titular por traslado, y ante la obligación de presentar el llamado “alarde”, o relación de procedimientos en trámite, un montón de causas peliagudas acaben en Fiscalía para los trámites más diversos. También pueden usarse ese comodín con los tochos más problemáticos en vísperas de las vacaciones, o ante la inminencia de una inspección del CGPJ. Así, el "remitido a Fiscalía" pasa a ser el equivalente judicial a "el perro se comió mis deberes".

Si me preguntan por este auto en concreto, poco les puedo contar, porque no he entendido un carajo. Me lo he leído, de cabo a rabo, dos veces, y todavía no sé de que va la película. Reconozco que no he seguido el caso concienzudamente, pero uno debería de poder enterarse de cuales son los concretos hechos que se imputan a cada uno de los aforados a los que se está invitando a que se personen en la causa, sin necesidad de conocer la causa completa. La primera mitad del auto es una especie de “en anteriores capítulos de...”, que resume actuaciones del juzgado anteriores a esa fecha, y contiene una especie de somera sinopsis de la trama argumental de todo el caso. Somera como resumir “El Señor de los Anillos” en dos folios, quiero decir. Pero si se supone que ese auto debe provocar que los aludidos corran a contratar un abogado para intervenir en el procedimiento, entiendo que la Fiscalía diga que puede generar indefensión. Si a cualquier persona se la menciona en un auto, diciendo que pesan indicios de criminalidad sobre ella, pero no se especifica ni por asomo en qué consisten los hechos delictivos, cualquier explicación que quiera dar el implicado va a resultar en una especie de autoinculpación. Como aquel acusado de incendio que, al ser hallado por la policía, oculto entre unos coches, arrojó lejos de sí un mechero, y antes de que nadie le preguntara nada, señaló hacia el lugar del fuego y exclamó: “Yo no tengo nada que ver con eso”.


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