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Faltan las faltas

En el día a día de la Justicia, antes se decía que el Gobierno reformaba el Código Penal a golpe de telediario. Eran otros tiempos. Hoy, tras veintitantas reformas en 18 años, solemos bromear con la "Reforma Espejo Público" y la "Reforma Ana Rosa". Unos cuantos reportajes sobre carteristas en el metro pueden hacer milagros.

Llevan unas semanas resonando por Internet, y también por los medios tradicionales, preocupantes noticias sobre la redacción del proyecto de ley de reforma del Código Penal que el Gobierno ha presentado para ser debatido en el Congreso de los Diputados. Bonito circunloquio éste que, trasladado al mundo real, significa que será aprobado por aplicación del rodillo de la mayoría absoluta.

Y no, hoy no vengo a decirles que las noticias que han leído son alarmistas o exageradas.

Me voy a centrar en algo que ha pasado un poco de puntillas, porque no es cosa que dé para grandes titulares. No hablamos de crímenes capitales como el homicidio, la violación o descargarse películas de Internet (modo irónico activado), sino de un pequeño apartado del Código Penal. Se llamaba “Libro Tercero” y hablaba de las faltas.

Las faltas son la versión baja en calorías del delito. Castigan conductas que son consideradas leves y tienen penas también leves. Suelen ser multas económicas, trabajos en beneficio de la comunidad, o en algún caso, localización permanente, una especie de arresto domiciliario, en neolengua. No conllevan antecedentes penales, por lo que la reforma de Aznar que castigaba la comisión de cuatro faltas en un año como delito quedó en agua de borrajas, precisamente por eso: no había forma de saber quién había cometido cuatro y quién una.

Esto último tiene su importancia. Negativa. Porque a los multirreincidentes, una condena de este tipo les supone exactamente lo mismo que para el primerizo. Así que uno puede dedicarse, de forma profesional, a la sustracción de carteras en el metro sin apenas riesgos legales. Salvo que se lleve una con más de 400 euros, lo que no resulta muy habitual a menos que uno “trabaje” en la estación de Alonso Martínez o en la de Colón (guiño-guiño, codazo-codazo), no hay riesgo de que lo detengan. Efectivamente, otra de las peculiaridades de las faltas es que la Policía no puede detener al infractor, a menos que carezca de domicilio conocido.

¿Y qué pasa con las faltas? Que nunca han funcionado, en ninguna de las cuatro finalidades que les otorga la parte general del Derecho Penal, por falta de efectividad de sus penas. Ni suponen un castigo suficiente del ilícito cometido, ni causan una advertencia clara al infractor, ni a la sociedad, y mucho menos conducen a la reinserción. Porque la sensación que tiene el culpable, después de condenado, cuando la pena no termina de cumplirse, es de absoluta impunidad.

¿Cómo reacciona la reforma del Código ante esto? ¿Lo arregla de alguna manera? No. Las suprime. Se acabó. Finito. No más faltas. Algunas quedan fuera del Código Penal, como la desobediencia leve y falta de respeto a los agentes de la autoridad. Qué bien, ¿no? Pues no. Que salgan del Código Penal significa que ese tipo de infracciones pasarán a castigarse por vía administrativa. Es decir, el agente de policía que considera que has cometido esa infracción, te pone una denuncia (aunque ellos digan que es una multa, no lo es todavía) que sigue un procedimiento sancionador en vía gubernativa. La Administración, que hace de juez y parte, le da la razón al agente en el 99,999% de las ocasiones. Entre otras cosas, porque los agentes de la autoridad gozan de presunción de veracidad, privilegio del que no gozaban en la jurisdicción penal. Es decir, que se considera que ellos dicen la verdad, y es el ciudadano el que tiene que demostrar lo contrario. No hay presunción de inocencia, sino de culpabilidad.

Pero no se apuren, la Administración no tiene la última palabra. El ciudadano puede acudir a los tribunales ordinarios, a los de la jurisdicción contencioso-administrativa, que, a diferencia de la penal, no está exenta del tasazo. Así que tendrán que abonar las tasas judiciales. Y el abogado. Y el procurador. Por lo que, para evitar una sanción de 100 euros, tendrán que abonar unos 1.000 euros, que no van a recuperar. No quiera el MEV que, encima, pierdan el caso y tengan que abonar costas por el abogado del Estado. Que cobra costas, a diferencia del fiscal. Por cierto, la sanción administrativa, a diferencia de la multa penal, no se calcula en proporción a las posibilidades económicas del sancionado, por lo que será mucho más dura para quien menos tenga. Y no se anda con los melindres de la legislación penal a la hora de cobrar: embargo directo, bloqueo de cuentas y reclamaciones al maestro armero.

Menudo panorama. ¿Y qué pasa con las faltas que no salen del Código Penal? Que se convierten en “delitos leves”. Bueno, pues es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Casi. Hay algunas sutiles diferencias, como que los delitos leves sí que generan antecedentes penales. Pero lo mejor viene a la hora del procedimiento. Se establece que los delitos leves serán instruidos y enjuiciados como si fueran faltas, por... ¡los juzgados de instrucción!

Espere un momento, Teniente Kaffee, usted lleva dándonos la brasa desde hace tiempo con que el juzgado de instrucción investiga y el juzgado de lo penal juzga, que es algo esencial para la imparcialidad del órgano de enjuiciamiento, y que se llama “principio de bipartición procesal”. ¿Nos estaba engañando?

No, queridos lectores. Las faltas han sido toda la vida competencia de los juzgados de instrucción, sin problemas, porque el procedimiento para su enjuiciamiento es tan sencillo que carece de fase de instrucción, así que no hay nada que separar. En el caso de los delitos, no está tan claro. De hecho, ya se intentó algo parecido en 1980, y el resultado fue una de las palabras más largas que la Real Academia Española registra en idioma castellano: I-N-C-O-N-S-T-I-T-U-C-I-O-N-A-L-I-D-A-D. Pero no es ese el único problema.

Porque una de las bondades con las que se nos ha querido vender la reforma es que descongestionará los juzgados y aligerará la carga de trabajo de los fiscales. Eso, simple y llanamente, es una mentira como el sombrero de un picador. Las faltas apenas generaban papel, ni tramitación, y se resolvían sobre la marcha. Pero en muchos de los nuevos delitos leves va a haber un detenido, y al detenido hay que ponerlo a disposición judicial, y se le tiene que tomar declaración, asistido de letrado. También habrá perjudicados, a los que habrá que oír para ver si sus circunstancias convierten el delito leve en menos grave, como sucede en los hurtos con el nuevo artículo 234 del Código.

En suma, va a haber una instrucción, que no sólo producirá trámites que ralenticen el procedimiento, sino que contaminará al juez. Exactamente igual que la situación que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 145/1988, de 12 de julio, que declaró fuera de la Carta Magna la reforma de 1980 que antes les comentaba. Así que lo del retorno al pasado está empezando a ser un chiste recurrente en cuanto a las últimas reformas legislativas, salvo que no hace ninguna gracia.

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