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Historia de una grabación

No hay cosa que incite más a hacer algo que prohibirlo. Y eso ha pasado con la grabación de la declaración de la infanta Cristina.

Ya les hablé, a comienzos de año, de mi loco deseo de que el legislador arreglase el desmán normativo que existe a la hora de intervenir evidencias digitales en causas criminales.

Una de las últimas manifestaciones del descontrol con el que tienen que lidiar nuestros jueces, a la hora de hacerse con pruebas electrónicas, lo hemos visto al hilo de una cuestión relativamente secundaria. Me refiero, por supuesto, a la tan traída y llevada grabación clandestina de la declaración de la infanta doña Cristina de Borbón, en las diligencias sobre la fundación sinónimo de lucro conocida como Instituto Nóos y sus mariachis.

Ya tuvimos un episodio de desbarre informático en este caso, a cuenta del perito informático forense Matías Bevilacqua, el artista antes conocido como “el hacker del CNI”.

En esta ocasión, lo que tenemos es lo que se llama “infracción incidental”. Es decir, la que se origina al margen de la causa principal, cometiéndose durante la tramitación de la misma.

Comencemos por los antecedentes. A la vista de lo extraordinario, por inusual, de que un miembro de la Casa Real tenga que prestar declaración en concepto de imputada por hechos supuestamente constitutivos de delito, se adoptaron especiales cautelas para evitar un más que previsible circo mediático. Con antecedentes como el serial por capítulos del crimen de la niña de Santiago de Compostela, no había mucho lugar para el optimismo.

Ojo, no me pronuncio aquí sobre la excepción al principio de igualdad de todos los ciudadanos, que consagra nuestra Constitución en su artículo 14. Si acaso, me permitiré la frivolidad de citar al cómico estadounidense Jay Leno, cuando hablaba de la necesidad de dotar de un texto constitucional al renacido Estado de Irak. En un sarcasmo absolutamente brillante, que englobaba Guantánamo, Abu Ghraib y la USA PATRIOT Act, el rey (guiño-guiño, codazo-codazo) del late night, propuso prestarles la estadounidense: “Total, nosotros no la estamos usando...”

Pero hablábamos de la infanta de España y su visita voluntaria [mode ironic: on] al juez.

En una providencia, el juez Castro prohibió la grabación de señal de vídeo de la declaración. De nuevo, esa resolución menor destinada a cuestiones de trámite, usada indebidamente para cuestiones que afectan a derechos fundamentales, qué vicio tienen nuestros magistrados. Curiosamente, los que han llegado a la trinchera de los juzgados de instrucción de capital de provincia desde las cómodas alturas de una Audiencia Provincial. Y para más bemoles, la providencia no contiene motivación alguna sobre la razón de dicha decisión. Menos todavía de por qué establece que ni siquiera el fiscal tendrá acceso a la grabación, sólo a su transcripción escrita. A mí que me registren, pero llevo ya tiempo diciendo que en este caso se está reescribiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal a cada capítulo. Porque, que yo sepa, ni el secreto de sumario afecta al Ministerio Público.

A efectos prácticos, no es que suponga un problema, sino todo lo contrario. No hay nada más horroroso para un fiscal, créanme, caballeros, que tener que hacer el extracto de una causa teniendo que repasar una y otra vez una grabación audiovisual, en lugar de consignar referencias a folios concretos.

Pero hablábamos de los motivos no expresados en la resolución. Posiblemente, el juez tenía en mente a los chicos de “El Intermedio”, y sus letales vídeos editados. Para evitar fanfootages, se prescribió que ningún asistente a la declaración podría introducir en la sala ningún tipo de dispositivo de grabación audiovisual.

El problema es que no hay cosa que más incite a hacer algo que prohibirlo. Eso, y que nuestra Administración de Justicia adolece de las más elementales herramientas de seguridad de la información, que resultarían casi obvias en un país civilizado. Me refiero, por supuesto, a un barrido electrónico en condiciones, que revelara la presencia de esos dispositivos prohibidos. Porque lo de pasar los bolsos y maletines por el escáner de metales es muy bonito y muy aparente, pero no sirve ni como broma. Y si no, que lo pregunten en los juzgados del País Vasco, y las imaginativas formas de colar “regalitos” en un Palacio de Justicia que se han visto. Como meter un artefacto explosivo dentro de un coche fúnebre que llevaba un cadáver al forense.

El caso es que no hace falta ser tan dramático para realizar una simple grabación subrepticia. Tampoco hace falta visitar “La tienda del espía” para hacerse con adminículos como éste. Además, un abogado esgrimiendo un llavero de coche en dirección al estrado cantaría “La Traviata”, por muy ingenuos que seamos en los juzgados y tribunales de este país.

Basta con pasarse con una tienda de electrónica de consumo, y agenciarse un bonito smartwatch como el Samsung Galaxy Gear.

Esta es mi apuesta personal como candidato a ser el dispositivo responsable de la grabación. No sólo por la deficiente calidad de la imagen, que casa con la minúscula cámara que incorpora el reloj inteligente de los coreanos. Es por el ángulo de grabación. Ese plano inclinado me casa perfectamente con la postura de un abogado en postura contemplativa, con las manos cruzadas bajo la barbilla, cual escritor de bestseller en foto promocional de contraportada. La cámara integrada en la correa del reloj grabaría en un plano muy similar al que se ha difundido.

Pero son especulaciones mías y no tienen la menor importancia. El meollo del asunto es: una vez contravenida la prohibición, ¿de qué estamos hablando? Ya hay análisis jurídicos sobre el tipo de ilícito cometido. Parece que no habría delito de revelación de secreto sumarial, ya que hace falta una resolución judicial que establezca este secreto. Porque no es lo mismo que las diligencias judiciales en fase de instrucción sean reservadas que el secreto de actuaciones comme il faut. Lo primero implica que sólo las partes pueden tener conocimiento de lo actuado. Es decir, la información está limitada, pero no absolutamente. Ello sucede cuando el juez de instrucción, en resolución motivada, adopta el conocido como “secreto de sumario”. En este caso, el contenido de la causa pasa a quedar fuera de la vista de todo el mundo, salvo el juez y el fiscal. No se da el caso, porque no se ha prohibido el acceso de los abogados a la declaración, sino el uso de dispositivos electrónicos para grabarla. Y sin resolución de secreto sumarial, no hay delito de ese tipo.

La otra posibilidad sería la que se intentó para cerrar la boca a este mismo medio, con los correos de Blesa, el delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal. El problema, como les conté en su día, es que se trata de un delito “de propia mano”, que sólo puede cometer una autoridad o funcionario público. Como los abogados y procuradores no tienen tal condición, faltaría una condición indispensable para la tipicidad de los hechos.

Y queda la última figura, el cajón de sastre del delito de desobediencia grave a la autoridad, que contempla el artículo 556 del Código Penal. Sin mencionar las dificultades de interpretación de la “gravedad” de la desobediencia, vamos a quedarnos con un aspecto procesal de sumo interés:

El juez encargado de investigar esta filtración ha requerido a la empresa Wouzee, a través de la cual se difundió el vídeo, para que aporte las direcciones IP desde las que se conectó la máquina que transmitió el vídeo. Evidentemente, si el autor ha sido mínimamente precavido, y ha empleado una conexión anonimizada mediante TOR, o bien un proxy, ya puede despedirse su señoría de obtener una IP que esté asignada a un operador de telecomunicaciones español. Es decir, de cualquier posibilidad de rastrear el origen de la conexión, requiriendo a la “teleco” para que le de el nombre del abonado titular de la línea que tenía asignada la IP.

Pero aunque cante bingo, y el responsable de la cámara oculta fuera tan inepto como para transmitirlo desde su ordenador particular, tenemos un problema ya recurrente en esta página: la Ley 25/2007, de conservación de datos procedentes de comunicaciones electrónicas, establece que sólo los delitos graves previstos en el Código Penal son susceptibles de la cesión de datos que permitiría la identificación del abonado.

Y recordemos que, según el artículo 33 del Código, son delitos graves aquellos que conllevan pena de prisión superior a cinco años. La desobediencia del artículo 556 tiene una pena máxima de un año de prisión. Ni con la interpretación más teleológica, integradora o conforme a Derecho Comunitario Europeo puede quedar este delito incluido bajo esta categoría. Así que, en puridad, el juez nunca llegará a obtener la resolución de la IP.

Así que, si en las alturas produce algún tipo de frustración este resultado, ya saben lo que les toca.

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