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La Huelga

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Manifestantes en la huelga feminista del 8M en Madrid.

Manifestantes en la huelga feminista del 8M en Madrid. OLMO CALVO

Creo que no descubro ningún secreto si les cuento que el día 8 de marzo ha habido una huelga feminista. Es más, en determinados momentos he sufrido intoxicación informativa, ya que no veía otra cosa en los medios. Ni la victoria del Mundial de 2010 tuvo tal cobertura, por mencionar un tópico muy común. Y me alegro, de verdad. Creo firmemente en el feminismo como una manera de superar la desigualdad que todavía pervive.

Puede que a algunos les choque esta afirmación, pues algunos de mis artículos han ido contra ciertos mitos y medias verdades que pululan en las redes sobre esta cuestión. Es únicamente porque considero que una causa justa no puede ampararse en sandeces, y hay que contarlo todo, lo bueno y lo menos bueno.

Por eso, me chirrían ciertos titulares, como éste, ["Sí, hay huelga general el 8 de marzo y es legal"]que me llegó a través de mi buen Stephane M. Grueso ( @fanetin). ¿Legal? ¿Qué entendemos por “legal”? En mi retorcida visión jurídica de la realidad, es algo contemplado por una ley. Y ahí es donde quiebra el discurso.

Verán, la Constitución de 1978 recoge el de huelga como uno de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. De los de verdad, los que están en la sección primera, capítulo segundo, título primero. El matiz es importante, porque en el capítulo tercero se regulan una cosa llamada “Principios rectores de la política económica y social”, que no son más que declaraciones de buenas intenciones, pero que no tienen fuerza directa ante un tribunal. En ese capítulo tercero están, por ejemplo, el tantas veces mencionado derecho a la vivienda, al medio ambiente y tantos otros. Sin embargo, los que están en los artículos 15 a 30, además del 14, no sólo son exigibles ante los tribunales, y protegidos por el recurso de amparo ante el Constitucional, sino que deben ser desarrollados por Ley Orgánica. Insisto. Deben. El Gobierno y las Cortes Generales tienen la obligación de desarrollar esos derechos, y no hacerlo puede llevarnos a condenas ante tribunales internacionales, como por ejemplo, la nula regulación del derecho al secreto de las telecomunicaciones salvo resolución judicial, artículo 18, que tantas collejas nos ha valido por parte del TEDH, hasta 2006 (Sentencia Coban vs. Reino de España), y lo que te rondaré, morena. 

¿Y que se ha hecho con el artículo 28, que regula el derecho fundamental a la huelga, como una de las medidas para hacer valer los derechos de los trabajadores? Nada. Cero patatero. Ni en los gobiernos del partido antes conocido como de izquierda, el PSOE, ni por supuesto, bajo mandato del PP. 

Si me apuran, fue la UCD de Adolfo Suarez la única que hizo algo. Eran tiempos anteriores a la Constitución, año 1977, y el Gobierno se sacó de la manga un Real Decreto-Ley, el nº 17 de aquel año, promulgado el 4 de marzo. Se llamaba, eufemísticamente, “sobre relaciones de trabajo”, pero su primer capítulo iba directo al grano: la huelga. 

Claro, luego vino la Constitución de 1978, con su exigencia de que los Derechos Fundamentales estén regulados por Ley Orgánica, y la prohibición de que el Gobierno dicte Decretos-Ley que afecten a dichas materias. Por ello, en 1980, cincuenta y dos diputados del PSOE, encabezados por el entonces dirigente sindical y diputado Nicolás Redondo, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto. Eran otros tiempos.

El recurso fue parcialmente estimado, y determinados párrafos, e incluso palabras aisladas del decreto, fueron eliminados del ordenamiento jurídico por la sentencia, dictada en 1981. Palabras tan importantes como “directamente”, en el artículo 11, apartado b), que prohibe las huelgas de solidaridad o apoyo, salvo que afecten directamente al interés profesional. Párrafos como el que atribuía al empresario la facultad exclusiva de determinar qué trabajadores desempeñarían los servicios mínimos.

¿Desde entonces? Pues el gobierno de Felipe González, con sus tres mayorías absolutas consecutivas, no movió un dedo. Entre otras cosas, porque suponía meter el pie en un jardín como el de los servicios mínimos, o el de poner coto a los desmanes de ciertos piquetes, que le hubieran granjeado un frente de guerra con los sindicatos. ¿Y el PP de Aznar? No me hagan reír, por favor, que se me saltan los puntos. ¿Y Zapatero? Ejem. Un PSOE en minoría, apoyado por dos partidos de la burguesía periférica, más conservadores que la derecha centralista en cuestiones económicas, se van a meter en una ley orgánica de ese tipo. Vamos, anda.

Bueno, pues ahí andamos. Por eso, cuando alguien está a favor de una huelga, o de cuestiones relacionadas con la misma, dice que es legal, y cuando está en contra, le achaca que se apoya en una regulación preconstitucional. Y ambas respuestas son parcialmente correctas, y parcialmente falsas. No es legal, porque no lo regula una norma con el rango debido, ley orgánica. Y no es estrictamente preconstitucional, porque el TC abordó la cuestión tres años después de la entrada en vigor de la Carta Magna.

¿Y qué conseguimos con esta desidia legislativa? Lo que los informáticos llaman FUD: Fear, Uncertainty & Doubt (Miedo, Incertidumbre y Duda). Una situación de inseguridad jurídica que es río revuelto, ya saben, ganancia para pescadores.

Así que, sí, la huelga feminista, como huelga de apoyo o solidaridad, era conforme a Derecho, pues afectaba a las condiciones laborales del colectivo convocante, las mujeres (brecha salarial, techo de cristal y demás).

Y ahora es cuando les vengo a hablar de mi libro. Así como la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado prohibe, expresamente, a sus miembros ejercer el derecho a huelga, nada dicen la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sobre los trabajadores de la Justicia.

Ante eso, hay quien dice que jueces y fiscales no pueden hacer huelga, porque no tienen expresamente reconocido ese derecho, ni el de sindicación, siendo los sindicatos los que deberían convocarla. Otros dicen que las asociaciones profesionales suplen esa carencia, y que lo no prohibido está tácitamente permitido. 

El caso es que, como la situación es límite en el mundo de la Justicia, para el día 22 está convocada una huelga. Y también hay quien dice que los jueces no pueden secundarla, porque son un poder del Estado. Ejem. Jueces y fiscales son personal asalariado, en régimen funcionarial. Sobre sus permisos, licencias, ascensos y situación disciplinaria deciden instancias que están por encima de ellos, y que además, son quienes les pagan el sueldo. El Consejo General del Poder Judicial en un caso, el Ministerio de Justicia en el otro. Así pues, esos son el patrón. Y ya saben, obrero informado, patrón desubicado.

Eso sí, las huelgas generan perjuicios e incomodidades, los servicios mínimos no pueden suplir el normal funcionamiento. Así que, si los trabajadores del Metro de Madrid pueden paralizar la ciudad en el ejercicio de su legítimo derecho, pues eso. Las quejas, al maestro armero.

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