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¿Justicia como género de ficción?

Quien lea noticias sobre tribunales, debe ver la Justicia en España como una película de ciencia-ficción distópica. Un desastre de proporciones apocalípticas, que debería empezar, de acuerdo con los cánones del género, con un scroll de texto que nos ponga en antecedentes. Cojan palomitas y pónganse cómodos.

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La Audiencia Provincial de Madrid, sección 30ª, acaba de echar abajo todo el edificio procesal que constituía la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. El escándalo está servido. Los comentarios que se pueden leer en algunas de las piezas periodísticas dedicadas a la noticia en Internet son absolutamente incendiarios. La ciudadanía está indignada, al ver que un poderoso financiero escapa de las redes de la Justicia por la puerta falsa, y las sospechas de parcialidad y connivencia con intereses inconfesables se plasman en frases cargadas de ira.

¿Ha errado la Audiencia? ¿Están ellos y la Fiscalía al servicio de los poderosos en contra del pueblo? Para contestar a esas preguntas, primero hay que responder a otra: ¿ha sido la instrucción de este procedimiento un despropósito de cabo a rabo, un engendro inviable que el tribunal de apelación se ha visto obligado a terminar por la vía rápida antes de que la cosa empeore? Si la contestación es afirmativa, quizás no tengamos un Poder Judicial tan corrupto y vendido como la gente parece empeñada en creer, sino que el problema sea otro.

Comencemos por el principio, con un relato cronológico de cómo ha ido la cosa, y quizá podamos sacar alguna conclusión en claro. Flashback.

El 28 de diciembre de 2009, el denominado Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos “Manos Limpias” presentó una denuncia en los Juzgados de Madrid, que recayó en el Juzgado de Instrucción nº 9. Se denunciaba un hecho muy concreto, la concesión fraudulenta de un crédito a Gerardo Díaz-Ferrán, cabeza visible de un conglomerado empresarial coronado por Viajes Marsans, y presidente de la CEOE, por Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid. La posición empresarial del entonces presidente de la patronal había sido ofrecida como garantía de la operación, cual piso que se pone como garantía al pedir una hipoteca. Sin embargo, el negocio estaría arruinado, por lo que la garantía del crédito sería inexistente, ocasionando un agujero todavía más profundo a la propia empresa, además de perjudicar a la entidad crediticia, Caja Madrid, que no podría cobrar el crédito una vez vencido. Veintitantos millones de euros, la broma.

Dicho así, los hechos parecen bastante graves. El problema que tienen los juicios es que no se basan en bonitos relatos, sino que hay que fundarlos en evidencias, documentos, algo sólido, en definitiva. Así que la primera decisión del juez de Instrucción nº 9 fue citar al denunciante, el representante del sindicato, para que, como testigo, ratificase esa denuncia; también, para ofrecerle la posibilidad de actuar en el procedimiento como querellante, y sobre todo, para exigirle documentación que respaldase sus graves imputaciones.

La respuesta del denunciante fue que sí, que tenía los documentos, y que ya si eso, los presentaba en unos días. Pasaron esos días, el denunciante no presentó los documentos, y el juez archivó la denuncia. Sí, lo han leído bien: el juez sobreseyó la causa, porque no tenía una sola prueba con la que continuar. Fecha del cuaderno de bitácora: 9 de febrero de 2010.

Hasta aquí, la cosa fue de manual. Todos los días se presentan las denuncias más peregrinas en los juzgados de toda España, y todos los días, los jueces archivan las que no se sustentan en la más mínima prueba. Perfecto. Transcurrió el tiempo establecido, cinco días hábiles, y el archivo se hizo firme. Cosa juzgada. Se acabó.

Sin embargo, en otro lugar de la galaxia...

El archivo provisional es una de las pocas resoluciones firmes que puede ser revocada. Para ello, sólo se necesita que aparezcan nuevas pruebas, que alguna de las partes mueva ficha, presente algún documento. Por ejemplo, que las huellas dactilares anónimas de un robo sean identificadas en otro procedimiento, el AFIS haga saltar la alarma, y la Policía informe al juez correspondiente de que ese sujeto desconocido acaba de recibir nombre y apellidos.

Nada de eso sucedió. Durante dos años y medio, la causa durmió el sueño de los justos en los archivos de Plaza Castilla. Hasta que el titular del juzgado nº 9 se enteró, no se sabe muy bien cómo, de que había un asunto similar coleando por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, que este se había inhibido en los Juzgados Centrales de Instrucción (sí, la Audiencia Nacional), y que el Central nº 4 estaba instruyendo dicha causa, sobre la quiebra de Bankia, el artista antes conocido como Caja Madrid. Cuando digo “no se sabe muy bien cómo” es que no se había practicado una sola diligencia nueva hasta ese momento. Estamos a 7 de junio de 2012. Entre ambas fechas, el colapso del “mejor sistema financiero del mundo” era un hecho, y la crisis de deuda de la eurozona asfixiaba a nuestro país.

Entonces, el juez montó en su DeLorean y viajó al 18 de junio de 2012, momento en que tomó declaración nuevamente al representante de Manos Limpias. En esa declaración, el testigo informó de que había presentado la querella del Juzgado nº 21, que esa querella había terminado en la Audiencia Nacional, y que según su opinión, los hechos de ambas causas estaban relacionados. El juez volvió a activar el Condensador de Fluzo, retornó al 7 de junio, y dicto resolución en la que reabría la causa.

La broma sobre el viaje en el tiempo no es gratuita, créanme. Un principio de Derecho Procesal absolutamente sagrado, que cualquier estudiante conoce, es el de quod non est in actis, non est in mundo: si no ha entrado en el procedimiento y no está en el expediente, NO EXISTE. Y a 7 de junio de 2012, el juez no tenía nada. Lo poco que tendría, vendría del futuro, de esa declaración testifical que todavía no había practicado. Por eso, entre otras cosas, la Audiencia Provincial habla de las “facultades adivinatorias”, frase que tanta polvareda ha levantado.

A continuación, el juez usó el comodín de “mándalo a la Audiencia Nacional”, y volvió a archivar la causa. Como todo el mundo sabe, si el asunto ocupa titulares suficientes, es competencia de la Audiencia Nacional. Perdón, he vuelto a ser sarcástico. Por lo menos, yo me lo he tomado con humor, cosa que no hizo el juez del Juzgado Central de Instrucción nº 4, que devolvió a causa por donde había venido, y le dijo a nuestro protagonista que le explicara de dónde narices sacaba que: a) esa denuncia tenía algo que ver con las competencias tasadas de la Audiencia Nacional, y b) esos hechos tenían la más remota conexión con la quiebra de Bankia.

Después de semejante rapapolvo, uno esperaría que la cosa quedase ahí. Pero no, el 15 de octubre de 2012, Manos Limpias pidió la reapertura, cosa que se concedió por el juez el 16 de noviembre. A continuación, dictó el 7 de diciembre de 2012 una providencia. Las providencias son el tipo de resolución más elemental que puede dictar un juez, y se usan para resolver cosas de poca monta, porque no requieren motivación. Por ejemplo, citar a un testigo para que declare en una fecha concreta. No se adoptan decisiones de calado mediante providencia. Y menos todavía, cuando dichas decisiones suponen diligencias de investigación que pueden afectar a derechos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones, o la inviolabilidad del domicilio. Uno no aprueba las oposiciones a juez sin tener eso grabado a fuego en la memoria.

Pues bien, la providencia de 7 de diciembre de 2012 ordena una cantidad de diligencias impresionante, requiriendo a todo el mundo, salvo quizás al Papa de Roma, para que le aporte información sobre todos los delitos del Código Penal que se hubieran podido cometer en la administración de Caja Madrid, entre 2002 y 2010.

Inciso: la Ley española consagra el principio “un hecho, un procedimiento”. Este principio tiene como excepción los llamados delitos conexos, los que tienen relación entre sí, por una serie de motivos enumerados de forma estricta en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Salirse de estos estrechos límites y pretender investigar todos los posibles delitos cometidos en unas circunstancias temporales más o menos concretas, tengan o no relación entre sí, es algo llamado “causa general”. Las causas generales son algo absolutamente prohibido, vetado, propio de la Inquisición, o de las dictaduras de uno y otro signo.

Además de todas esas diligencias, para encasquetar a los imputados hasta la muerte de Manolete, la providencia ordenaba la intervención de direcciones de correo electrónico, y que le remitieran el contenido de todos los mensajes. Por providencia. Porque yo lo valgo.

Fruto de las pruebas recabadas por esta providencia, por ejemplo, surge la pieza separada relativa a la adquisición del Banco de Florida, en la que se termina dictando el auto que ordena la prisión provisional de Miguel Blesa.

Llegados a este punto, aunque los imputados no fueran gente con pasta suficiente como para pagar a las mejores defensas, aunque se tratara del letrado de oficio más humilde y con menos experiencia de todo el Colegio de Abogados de Madrid, el arsenal de recursos, recusaciones, nulidades y todo tipo de armas jurídicas contra este procedimiento parecería propio de una escena del Coyote a punto de disparar sobre el Correcaminos. Sólo que, en esta ocasión, da igual que las herramientas jurídicas sean marca “Acme”, o de primer nivel. Porque la Fiscalía está obligada a pedir el fin de esta aberración de procedimiento. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le obliga a velar por la corrección del procedimiento, combatiendo aquellos actos procesales que puedan ser nulos. El fiscal que no reaccione agresivamente ante una irregularidad que pueda resultar en nulidad, se puede meter en un lío cojonudo, como comprobaron en sus carnes los fiscales de los casos Gürtel y Emperador.

Así que la Fiscalía ha apoyado los recursos interpuestos, primero contra el auto de reapertura de 7 de junio de 2012, y después contra la providencia de 7 de diciembre. Mientras tanto, la defensa ha recusado al juez, es decir, le ha reprochado no ser imparcial, por enemistad manifiesta hacia el imputado. Ante esto, el juez ha de apartarse de la causa mientras se resuelve la recusación.

Ambosrecursos han sido estimados, declarando la nulidad de todo lo hecho después del 9 de febrero de 2010. Se borra del mapa, desaparece como si nunca hubiera existido. Incluyendo, aunque no se haya mencionado expresamente, la pieza separada del Banco de Florida, ya que su apertura deriva de la providencia anulada.

Sin embargo, quedaba un “pequeño detalle” por solucionar: que había una persona en prisión provisional. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que es el juez competente para dictar el mandamiento de prisión, el que ha de dictar el mandamiento de libertad. La Audiencia, constreñida al objeto de las resoluciones recurridas, que se dictaron antes de abrir esa pieza y ordenar la prisión provisional, no es competente para ordenarlo. El titular del Juzgado de Instrucción nº 9, escudándose en que está apartado temporalmente del asunto por la recusación, tampoco lo ha querido acordar de oficio. Por ello, la propia Fiscalía ha tenido que solicitarlo, para evitar una privación de libertad que sería completamente ilegal, y que podría acabar con querellas, como los casos antes mencionados. El juez, a regañadientes, y discutiendo todavía a quien le acaba de dejar completamente en evidencia, ha tenido que ordenarlo. Manos Limpias, por su parte, anuncia que llegará hasta el Supremo. Es muy sencillo, es un edificio grande, en la plaza Villa de París. Si a lo que se refieren es a esta causa, creo que han estudiado procesal en una facultad distinta a la mía. Hogwarts, probablemente.

El mejor resumen de todo esto lo leí el otro día en Twitter: “Esto confirma el dicho de que la mejor defensa es una mala instrucción”. Fundido a negro.

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