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Loba Roja

Ha sido noticia, recientemente, la condena a una usuaria de Twitter en la Audiencia Nacional, por algunos mensajes publicados en su cuenta @albacorazonegro. Vamos a intentar hacer luz entre la niebla de desinformación que envuelve el caso.

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El asunto ocupó titulares de medios digitales hace algo más de un año, y fue trending topic en el propio Twitter: la Guardia Civil se llevaba al cuartelillo a una tuitera, por unas citas de Mario Benedetti. La cosa parecía demencial, y lo hubiera sido, de ser rigurosamente cierta. Es decir, se falta a la verdad cuando se dice una completa mentira, pero también cuando se altera la verdad con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes. No es que lo diga yo, lo dice el artículo 460 del Código Penal.

Y la Benemérita no se personó en casa de Loba Roja, tal es el nick con el que se identifica la usuaria de la cuenta, por citar a un intelectual de izquierdas. A no ser que incluyamos en tal categoría a Txeroki. Lo hizo por esto:

"Que vuelvan los GRAPO... Necesitamos una limpieza de fachas urgente"

"Prometo tatuarme la cara de quien le pegue un tiro en la nuca a Rajoy y a De Guindos"

"Lo alto que voló Carrero no es nada en comparación a cómo va a acabar Rajoy en cuanto estalle la Revolución".

Y hablando de ETA: "Ya que habéis dejado las armas nos las podríais dar, que las necesitamos".

Es cierto que mucha gente dice burradas en Twitter, que insulta e incluso amenaza, así que a la gente le extraña que esta chiquilla tenga que ser enjuiciada ¡en la Audiencia Nacional!, mientras otros elementos acaban impunes. ¿O no es así?

Empecemos desde el principio: por lo que sabemos, y por lo que no sabemos. Lo que no sabemos el texto de la sentencia, ya que, probablemente, no se ha redactado todavía. Efectivamente, la noticia refleja el mismo día del juicio, cuando abogado defensor y fiscal llegaron a un acuerdo de conformidad, y el magistrado presidente del tribunal adelantó el fallo in voce, oralmente. La sentencia por escrito viene después. El caso es que no tengo (o al menos, no he encontrado) un PDF al que les pueda poner un enlace, así que tendremos que fiarnos de lo que se va publicando.

Y la noticia de agencias dice que la acusación fue por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Ese tipo delictivo está contemplado en el artículo 578 del Código Penal, dentro del capítulo dedicado a los delitos de terrorismo. ¿Que es “enaltecer” el terrorismo? Parece un concepto bastante difuso, y tienen un análisis bastante más completo del que yo podría hacer aquí, en un artículo de Isabel Elbal (@isaelbal). Como mucho, les puedo aportar el contexto histórico en el que se gestó este artículo: el de los pueblos de Euskadi, en los que aquellas personas que vieron a sus familiares reventados por una bomba, o con la cabeza destrozada por un tiro en la nuca, tenían que aguantar, día sí, día también, la exhibición de carteles en plena calle, con las fotografías de sus asesinos, a modo de “orla de la promoción”, glorificados como héroes.

En cualquier caso, esto explica que la competencia fuera de la Audiencia Nacional, y no de un órgano provincial ordinario, como hubiera sucedido en caso de que la acusada no hubiera mentado la bicha. O no hubiera utilizado como “decoración” de su cuenta de Twitter un logotipo del GRAPO. O no hubiera colgado una foto de cuarenta y tantos presos de esa organización, a la manera de las herriko tabernas, que les acabo de citar.

¿Tenía realmente la acusada la finalidad de enaltecer o justificar los crímenes de estos grupos? Eso, como diría el Chapulín Colorado, nunca lo sabremos. Porque para llegar a una conclusión clara sobre la realidad de los hechos y el alcance antijurídico de los mismos, resulta esencial la celebración del juicio, con la práctica de la prueba.

Y créanme, habría mucho que discutir. Para empezar, la titularidad de la cuenta de Twitter. Porque la mayoría de delitos cometidos a través de Internet se investigan a partir de la dirección IP desde la que se conectó el autor, y a partir de ahí, se tira del hilo. Generalmente, con una entrada y registro en el domicilio, que permita incautar el equipo informático, someterlo a un análisis forense y encontrar evidencias. Esto se ve notablemente dificultado en aquellos hechos cometidos a través de mensajes en Twitter. La empresa, de nacionalidad norteamericana, responde con un silencio absoluto a las peticiones de información de autoridades extranjeras, por lo que esa vía de indagación suele quedar cegada.

No obstante, las fuerzas policiales han hecho los deberes en estos casos, y acuden a un concepto conocido como OSINT (Open SourceIntelligence – Inteligencia de Fuentes Abiertas). Esto no es otra cosa que recopilar información accesible públicamente, como esa foto de perfil en tu cuenta de Facebook, y que es la misma que usas en tu avatar de Twitter, celosamente protegido por un seudónimo, anónimo luchador. En el caso que nos ocupa, ni siquiera hubo que hacer búsqueda de fotos: la cuenta de Twitter enlaza directamente a su página de Facebook. Y Facebook sí que entrega datos de direcciones IP a las autoridades extranjeras.

En cualquier caso, esta información no son más que indicios, que por sí solos no bastan para enervar la presunción de inocencia, como bien tiene dicho el Tribunal Supremo.

Sin embargo, y esto es lo fundamental del caso, la acusada llegó a un acuerdo con la Fiscalía, reconoció los hechos, la antijuridicidad de los mismos, y se conformó con una pena inferior a la inicialmente solicitada por el fiscal.

¿Por que hizo tal cosa? Como les decía, en ausencia del texto de una sentencia, o de una copia del escrito de acusación del fiscal, no podemos más que elucubrar. También podemos ir a las entrevistas que la interesada ha concedido a algún medio, como ésta de La Marea, aunque poco vamos a sacar en claro, a la vista de una serie de afirmaciones más que cuestionables. Para empezar, dice que la pena es desproporcionada. No sé a qué se refiere exactamente, ya que un año de prisión, la pena que aceptó, es la pena mínima que contempla el Código para ese tipo de delitos. Más no se podía bajar. Muy parecida, por cierto, a la contemplada para las amenazas más corrientes (de seis meses a dos años, artículo 169, apartado 2º), o las calumnias (artículo 206).

A este respecto, mucha gente se escandaliza de que otros tuiteros de similar belicosidad, pero de signo político contrario, no hayan pasado por el banquillo, como es el caso del usuario de la cuenta @enestadodguerra. Esto tiene bastante que ver con el modo de iniciación de los procedimientos penales en nuestro sistema penal, como ya les contaba hace tiempo. Por ejemplo, mi compañera de fatigas en este medio, la genial @Barbijaputa, fue víctima de una campaña de acoso e intimidación por parte de este sujeto, con perlas como estas:

"Te merece la pena seguir por este camino sabiendo que serás la primera en ser abono de cuneta si esto estalla?"

Pero ella misma decidió no interponer denuncia, ya que eso hubiera supuesto tener que rasgar el velo del anonimato que ella ha elegido libremente, y revelar su verdadero nombre y apellidos en un procedimiento legal. Sin esa denuncia, poco se puede hacer.

En el caso de la parlamentaria autonómica Tania Sánchez Melero, que también sufrió las iras del personaje, sí que hubo denuncia, y el procedimiento penal sigue en curso, a la espera de tener evidencias sólidas como las que antes les he referido. Porque éste no se muestra a cara descubierta en fotografías en una cuenta de Facebook, y el dominio de su blog, apunta a un servidor en Los Angeles (EE.UU.), lo cual da más trabajo a los investigadores.

Volviendo a la entrevista, nuestra lenguaraz tuitera dice que tuvo miedo de una condena mucho mayor, y que por eso se plegó a la negociación con la Fiscalía. Con la información que tenemos a día de hoy, eso no encaja. El delito de enaltecimiento del terrorismo está castigado con una pena máxima de dos años de prisión, o sea, dentro de los mismos límites de la suspensión de condena de la que se ha beneficiado. Y no se engañen, el hecho de haber negociado con el fiscal no tiene nada que ver en que haya obtenido esa suspensión: los requisitos legales indispensables son ausencia de antecedentes penales, responsabilidad civil abonada (en este caso, no existe, así que no hay problema) y pena no superior a dos años. Los cumple todos.

Es decir, todas esas excusas que desgrana en su entrevista, tales como que los tuits más virulentos fueron “fruto del calentón”, o que los referidos a los presos eran “simplemente por solidaridad”, pudo hacerlos valer en el juicio. Pudo haber luchado por una sentencia absolutoria, incluso aunque hubiera perdido en primera instancia. Podría haber recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, o haber llegado incluso hasta el Constitucional. Sin riesgo de ir a prisión, con la pena suspendida desde el primer minuto.

Si después de publicar este artículo, aparece una versión escrita de la sentencia que contradice las informaciones en las que me he basado para este artículo, estaré encantado de rectificar mis palabras. Pero hasta ese momento, no hay más cera que la que arde.


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