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Lo de Otegi

Otegi no podrá ser votado en elecciones municipales, autonómicas, generales o europeas hasta el 28 de febrero de 2021

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Estas semanas, anda revolucionada la prensa con la cuestión de la salida de prisión de Arnaldo Otegi: que si fotos, que si homenajes, que si el tuit de un diputado que quiere ser algo más que eso, como cantaba Camilo Sesto.

En el plano estrictamente jurídico, y al margen de las interpretaciones en clave política, lo que tiene en un sinvivir a los medios es la posibilidad de que Otegi pueda presentarse a las elecciones autonómicas. Para estar a favor o en contra, da igual. Tenemos suspense entre manos, con uno de los añadidos favoritos de la prensa de tribunales: el “tecnicismo”. No saben cómo me revienta la palabreja. Casi tanto como oír en sala aquello de “con el debido respeto” y “en estrictos términos de defensa”, preludio de que, a continuación, el abogado que lo dice te va a llamar de todo menos guapo.

Les cuento, no sea que la intriga me los desasosiegue. Es historia conocida que a Arnaldo Otegi le cayó una condena por la reorganización de Batasuna, y que esa sentencia conllevaba pena de prisión, razón por la que ha estado en el Centro Penitenciario de Logroño hasta su puesta en libertad el pasado 1 de marzo.

Es igualmente sabido que esa sentencia también imponía penas de inhabilitación, aunque está menos tratado el desarrollo de las mismas.

Verán, el Código Penal establece que el cumplimiento de las penas será sucesivo para aquellas que no puedan cumplirse simultáneamente. Es decir, se puede cumplir a la vez una pena de prisión y una de inhabilitación, pero no se pueden extinguir al mismo tiempo dos penas de prisión. En consecuencia, para ordenar y decidir cómo y cuándo se cumplen las distintas penas que impone una sentencia, una vez firme ésta se abre lo que se conoce como “pieza ejecutoria”, en la que se van solventando estas y otras cuestiones.

En el caso de Otegi, las inhabilitaciones comenzaron a cumplirse el 14 de septiembre de 2014, y quedarán finalizadas el 28 de febrero de 2021. ¿Por qué esa fecha de comienzo, si llevaba en prisión desde mucho antes? Pues muy sencillo, porque tenía otra pena de inhabilitación, ésta de carácter absoluto, derivada de la ejecutoria 130/2007 de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional. Ahora mismo no caigo, pero creo que fue por alguna barbaridad que soltó en un funeral. La inhabilitación absoluta no puede cumplirse de forma simultánea con ninguna otra pena de ese tipo, porque lo abarca todo.

En cambio, como les digo, la prensa anda devanándose los sesos con la posibilidad de que la condena actualmente en ejecución no evite que Otegi se presente como candidato a las próximas elecciones. El precedente inmediato es el caso de Iker Casanova, quien fue elegido parlamentario autonómico, pese a que estaba cumpliendo una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que durará hasta noviembre de 2016. 

¿Dónde está el truco? En el carácter de “especial” o “absoluta” de la inhabilitación. La segunda prohíbe que el penado acceda a cualesquiera “honores, empleos o cargos públicos”, o que continúe en los mismos, si ya estuviera. En cambio, para la primera hay que señalar el cargo o empleo público para el que específicamente va a quedar vetado el penado. 

Ni la condena de Iker Casanova ni la de Arnaldo Otegi señalaban el alcance de la inhabilitación especial, así que, en la práctica, no pueden llegar a cumplirse. Atenta a esta circunstancia, la defensa de Otegi presentó un recurso contra una providencia, una resolución de mero trámite, del 23 de noviembre del año pasado. En ese recurso, los abogados pretendían que la Sala declarase expresamente, poco más o menos, lo que les acabo de contar: que la inhabilitación es imposible de aplicar, así que, ¿para qué vamos a seguir con esta mascarada?

El auto que resuelve la cuestión, lejos de dar la razón a la defensa recurrente, dice que el anterior auto, el que fijó las fechas de cumplimiento, es firme (se dictó en 2013), y que aquí no hay más cera que la que arde.

Ahora, todos ustedes se preguntarán de qué sirve tanto fuego de artificio jurídico, si al final Otegi va a presentarse a las elecciones. El propio diario El Mundo lo da por hecho en este artículo y en este otro

Pues resulta que hay que leerse las resoluciones completas, y no saltarse palabras, porque la miga suele estar donde menos se lo espera uno. De lo contrario, esta profesión no sería tan entretenida. Ni tan difícil, por mucho que en Twitter impartan cursos completos de cuñadismo jurídico en cómodos fascículos.

Resulta que la sentencia del Rollo Penal Ordinario 95/2009, de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dice más cosas. Y el citado y enlazado auto de 18 de enero de 2016, de la pieza ejecutoria 21/2012, también. 

Por ejemplo, dice que las penas que se extinguirán el 28 de febrero de 2021 son dos. La primera, la tan traída y llevada de inhabilitación especial. La segunda, de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. ¿Lo qué? Sufragio. El derecho relativo al voto. Derecho de sufragio activo es el de votar en unas elecciones. El de sufragio pasivo es el de ser votado. Otegi no podrá ser votado en elecciones municipales, autonómicas, generales o europeas hasta el 28 de febrero de 2021.

Así que, o la Troika le considera un tecnócrata idóneo para dirigir el Gobierno Vasco sin necesidad de pasar por unas elecciones, como hicieron con Mario Monti en Italia o, si se cumple el tenor literal de las resoluciones citadas, creo que lo tiene un poco crudo para llegar a lehendakari. O a concejal de Elgoibar.

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