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Oveja negra

La canción que da título al artículo marca, en mi humilde opinión, el principio del ocaso de Barricada como grupo de rock

Resulta curioso que su letra, con una visión vitriólicamente sarcástica de lo que percibían de la policía, se vea reflejado en los chats de WhatsApp que hemos conocido hace poco

WhatsApp sufre una caída a nivel mundial y se recupera una hora después

EFE

Creo que a estas alturas, ya han podido leer todos los mensajes que intercambiaban un grupo de agentes de la Policía Local de Madrid, a cual peor. Reproducirlos en este texto no daría más que para proporcionar más resultados de búsqueda en Google, así que no tiene mucho sentido. Desde lemas legionarios de dudosa sinceridad, a propuestas de razzias contra la población de origen extranjero, encontramos un rosario de los peores fogonazos que pueden pasar por el encéfalo de un homínido con uniforme y arma reglamentaria.

Y sin embargo, me tengo que ir a lo que podría ser el extremo opuesto del espectro musical español, a “Castillos en el aire”, una canción de Jaime Urrutia, antiguo frontman de Gabinete Caligari, para encontrar esta estrofa: “El pensamiento no delinque jamás”.

No es una simple licencia poética, sino que plasma una máxima del derecho romano: Cogitationes nemo patitur, es decir, nadie puede ser penado por sus pensamientos.

En definitiva, que esas ideas pueden parecernos repugnantes, peligrosas e indignas de quien ha prometido su cargo sobre un ejemplar de la Constitución Española. El Estado detenta el monopolio del uso de la fuerza, ese es uno de los pilares de la convivencia desde tiempos de Hobbes (el filósofo, no el tigre de peluche), pero sus representantes deben observar escrupulosamente los principios y leyes que rigen en el mismo.

Ahora bien, ¿suponen algún tipo de ilícito merecedor de sanción? Eso es harina de otro costal.

Recordemos, esas tremendas frases se han plasmado en un grupo de WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea, un canal de comunicación cerrado entre personas concretas. Como una llamada telefónica o un mensaje por correo electrónico. La peculiaridad es que este programa permite añadir a una pluralidad de personas a una misma conversación. No obstante, la admisión como miembro es algo que requiere invitación previa por parte de quien administra el grupo, que puede expulsar a quien estime oportuno y que, por supuesto, está amparada por el principio jurídico de expectativa razonable de privacidad: algo que creó la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, a raíz de la sentencia Katz vs. USA, de 1967. O sea que todos aquellos que tras horrorizarse por el contenido de estos mensajes, añaden que es irrelevante su carácter privado, sin duda son graduados de la muy prestigiosa Facultad de Derecho de Hogwards

Pero entremos en materia. ¿Es injurioso que algunos de los participantes se refieran a su máxima autoridad, la alcaldesa de Madrid, en términos como los que hemos leído? Pues yo creo que no. Porque la injuria es una expresión que atenta contra el honor y la propia estimación del injuriado, pero éste debe llegar a conocer el contenido de la especie injuriosa por actos voluntarios del ofensor, no porque se filtre el contenido de una conversación privada. Por ejemplo, si lo proclama a los cuatro vientos en una red social abierta como Twitter o Instagram. Ese es un matiz relevante.

Otra cuestión que me dio mucho repelús cuando lo oí ayer en “La Sexta Noche”, son las supuestas “amenazas” hacia los trabajadores de la cadena televisiva. Recordemos, la amenaza es la promesa de un mal antijurídico, contra la persona y bienes de un sujeto concreto, o de sus allegados, proferido con la intención de intimidar al receptor. Una frase como “ojalá explote la cadena con el Coletas (refiriéndose al diputado Pablo Iglesias) dentro”, carece de varios elementos para constituir una amenaza. 

En primer lugar, no promete causar un mal, sino que expresa el deseo de que suceda, por hecho fortuito o causado por persona ajena a quien lo dice. Tratar de dar relevancia jurídica a ese deseo, es como si yo deseo que me toque la lotería, y Hacienda pretende gravarme con un impuesto sobre el importe que deseo en mis sueños.

Por otro lado, no se comunica la amenaza al sujeto del mal que se desea, sino que se expresa en un grupo cerrado, del que el mismo no forma parte. Exactamente igual que cuando el mencionado Pablo Iglesias, en conversación con uno de sus correligionarios, a través de otra aplicación de mensajería instantánea, Telegram, que al parecer no es heteropatriarcal ni opresora, por no ser estadounidense, expresaron el deseo de que cierta presentadora de televisión fuera, cito literalmente, “azotada hasta sangrar”. 

Créanme, algunos de mis contertulios en Twitter han expresado ideas parecidas respecto a personajes públicos, como “se fusila poco”, “habría que fustigarle con la goma del butano” o “habría que darle una paliza y luego cobrársela”. Y son gente perfectamente pacífica, incapaz de hacerle daño a una mosca, que se limita a desahogos verbales para dar rienda suelta a su indignación.

Pero claro, los protagonistas de nuestra historia no son tuiteros indefensos. Son agentes de policía armados, gente que va por ahí con una pistola. Y por supuesto, deben ser angelicales, justos y benéficos, incluso cuando vacían esfínteres por escrito. Vamos, anda. Cualquiera que haya leído un poco de jurisprudencia sobre el trato que reciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de hacer uso de sus armas reglamentarias, incluso en caso de situaciones de riesgo para su vida, se echa las manos a la cabeza ante semejante bobada. Les enlazo sólo una sentencia: a un policía que dispara a un sospechoso que, al volante de un coche robado, y tras tratar de atropellarle, intenta darse a la fuga, lo condenan a seis meses de prisión por lesiones imprudentes. Y les aseguro que las he visto bastante más severas.  Ningún policía se va a convertir en una versión cutre de Harry el Sucio, por mucho que se le caliente la boca en WhatsApp, porque saben lo que les espera.

Lo único que saco en claro de toda esta historia es lo siguiente: 

Que el ingreso en un cuerpo armado, sea Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas o locales, debería conllevar exámenes psicológicos que permitieran descartar a individuos con factores de personalidad como los que llevan a escribir semejantes barbaridades. Esos controles, en la actualidad, son tan poco efectivos que en las academias de opositores enseñan como pasarlos sin que salten las alarmas. Mal vamos por ese camino.

Que lo que sí se ha producido, al margen de todo el revuelo mediático, con esos lemas legionarios de PlayStation, son graves amenazas (y estas sí que son de las contempladas en el Código Penal) contra la persona que, formando parte de este grupo de conversación, y alarmado por su contenido, reveló las mismas. Esas amenazas deben contar con la sanción penal adecuada. Y si tirando del hilo de los mensajes resulta que se acaban desvelando otras infracciones, pues adelante con los faroles.

Pero que, en todo lo que se refiere al núcleo del morbo noticioso, el contenido escandaloso de los mensajes, veo que a este paso vamos, poquito a poco, a lo que George Orwell definió como “crimental”. Allá ustedes. 

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