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Papelón judicial

La primera vez que leí la expresión "papelón" fue en un comic de Mafalda. Es curioso que, a la hora de usarla en un artículo, se deba a la situación en la que se encuentra la Justicia española por la decisión de una juez argentina. La orden de detención internacional que ha emitido un órgano judicial de la República Argentina contra varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas, que estaban en activo durante la dictadura franquista, suscita varios problemas jurídicos.

Una de las noticias relevantes de los últimos días es la orden de detención internacional que ha emitido un órgano judicial de la República Argentina, respecto de varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas, que estaban en activo durante la dictadura franquista. La acusación que pesa contra ellos es por haber cometido torturas contra disidentes políticos en tiempos de la ominosa Brigada Político Social. La finalidad última de la orden de detención sería poder solicitar su extradición a Argentina para ser juzgados.

Lo que me llama la atención es cómo pueden complicarse extraordinariamente las cosas en Derecho, máxime en una rama corta en textos normativos como el Penal, que siempre ha soportado el desdén de especialistas en disciplinas de mucho más nivel, Maribel, que la tienen más grande. La normativa, digo. Léase aquí Derecho Administrativo, inabarcable disciplina del llorado García Enterría, con unas dimensiones que desafían la capacidad de la borgiana biblioteca de Babel.

En esta ocasión, volviendo al tema que nos ocupa, son varios los problemas que se suscitan, y no pequeños precisamente. Para empezar, tenemos la extradición. La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, regula aquellos casos en los que es España el país que recibe una petición de extradición por parte de autoridades extranjeras. En su primer artículo, esta ley excluye de su aplicación aquellos casos en los que haya un tratado internacional de por medio. Y éste es el supuesto, pues la República Argentina suscribió un tratado de extradición con el Reino de España en 1987. Ese tratado, a pesar de la existencia de convenios multilaterales posteriores, como el de Argentina, España, Brasil y Portugal, de 3 de noviembre de 2010, sigue en vigor. Y en el mismo se establece que cada uno de los dos países puede extraditar a sus propios nacionales, lo que supone una excepción a lo previsto en la ley española, que no permite habitualmente la extradición de españoles. Prevalece el tratado sobre la ley, como hemos dicho.

Ahora bien, el mismo tratado establece, en su artículo noveno, aquellos casos en los que no cabe la extradición, ni de españoles, ni de argentinos, ni de nadie. Y empiezan los obstáculos. Porque se deniega la posibilidad de extradición en caso de que los acusados hayan sido juzgados o condenados en el país requerido para extraditar por los mismos hechos. O sea, en nuestro caso, en España. Y según la información de que disponemos, los cuatro extraditables han pasado alguna vez por el banquillo de los acusados por este tipo de hechos, aunque han salido muy bien librados. O se archivó la causa o quedó reducida a faltas de maltrato y menudencias por el estilo. Por ello, ninguna de estas cuatro personas ha pisado una cárcel en su vida por desmanes de este tipo.

¿Y qué pasa con los delitos que nunca fueron juzgados, por miedo de las víctimas o por otras razones?

Pues tenemos varios impedimentos nuevamente. El principal, paradójicamente, la misma ley que se creó para erradicar las consecuencias jurídicas de la persecución política de la que habían sido objeto los opositores a la dictadura, la Ley de Amnistía. Efectivamente, esta norma contiene un artículo, el segundo, en el que incluye en los efectos de la amnistía a todos los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por los delitos que hubieran podido cometer al perseguir delitos políticos, así como los cometidos "contra el ejercicio de los derechos de las personas". Es decir, la clase de actuación de la que se acusa a estos cuatro, y alguna más bestia.

Por ejemplo, la orden de disparar contra los manifestantes en Vitoria en 1976. La amnistía, a diferencia del indulto, no supone un mero perdón de la pena, sino del mismo delito: supone la extinción de la acción penal. Y ese supuesto, el de extinción de la acción penal, es otro de los que contempla el artículo noveno del convenio de extradición con Argentina, como uno de los que impiden la extradición.

He leído por ahí que la solución sería la derogación de dicha ley, lo mismo que Argentina derogó las de Punto Final y Obediencia Debida. No creo que sea tan sencillo. En primer lugar, por la distinta naturaleza de ambos casos. Las citadas leyes argentinas trampearon con instituciones jurídicas como la prescripción (que en el caso de la Ley de Punto Final se redujo a extremos impensables) o la eximente de obediencia a las órdenes de un superior (que para la Ley de Obediencia Debida se configuró como presunción que no admitía prueba en contra), y aunque en la práctica causaron la impunidad de los crímenes, no eran una amnistía en sentido estricto. Nuestra ley de 1977 sí que supuso una amnistía con todas las letras, con todos sus efectos, y dudo mucho que éstos puedan deshacerse, con arreglo a la Constitución de 1978.

En cualquier caso, contradiciendo al diputado Alberto Garzón y a la parlamentaria autonómica Esther López Barceló, no es la interpretación del Tribunal Supremo la que impide la persecución de los crímenes del franquismo, pues no cabe otra. Un principio básico seguido por los órganos judiciales es el de in claris non fit interpretatio. Es decir, donde la dicción de la Ley es suficientemente clara, no hay interpretación posible más que la literal. Así pues, la responsabilidad última no es de los jueces, sino de los políticos que la redactaron y votaron en esos términos tan lapidarios. Gente que se sentaba, por cierto, en los mismos escaños que ahora ellos ocupan, ya que el PCE votó a favor.

Así pues, ni los casos juzgados, ni los archivados por la amnistía del 77, permiten la extradición. ¿Qué nos queda? Aquellos delitos que se cometieran con posterioridad y los delitos comunes, los que no tuvieran como fin la persecución de un delito político. ¿Ejemplos? La llamada “guerra sucia” contra ETA. Desde la instauración de la democracia, y la nueva tipificación de los delitos cometidos por bandas armadas y grupos terroristas, estos no se consideran “delitos políticos”, así que los delitos cometidos contra sus miembros estarían dentro del campo del convenio de extradición.

Pero no se crean que ya hemos despejado todos los problemas. Estamos en 2013 y nuestro Código Penal establece un plazo máximo de 20 años para la prescripción de los delitos, incluso los más graves. Ya me extendí en otra ocasión sobre el concepto de la prescripción y sus peligros, así que baste recordar que todo lo sucedido con anterioridad a 1993 caería dentró de esa posibilidad. Existen salvedades muy concretas. La investigación de algunos atentados terroristas o la muerte de simpatizantes de la izquierda abertzale han visto paralizada su prescripción por la petición de medidas concretas de investigación, que reactivaron el procedimiento, interrumpiendo el plazo.

Otro ejemplo, éste por mandato legal, sería el de los crímenes de lesa humanidad y los delitos de terrorismo, que no prescriben nunca. No me refiero a los delitos de genocidio, supuesto clásico de imprescriptibilidad, porque el concepto de genocidio que contempla nuestro Código Penal (crimenes cometidos por motivos de pertenencia a grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes) deja fuera la actuación de los cuatro que nos ocupan.

En cambio, el crimen de lesa humanidad incluye el cometido por las ideas políticas de la víctima, lo que encaja como un guante. El obstáculo va a ser de retroactividad: la regulación en España de los crímenes de lesa humanidad es parte de la tan traída y llevada “herencia de Zapatero”, es decir, producto de una reforma de 2010, pues hasta esa fecha no existían en nuestro Código Penal.

Como saben, está completamente prohibida la retroactividad de normas sancionadoras desfavorables. La ampliación de los supuestos de imprescriptibilidad y la mera definición de un delito que no existía en nuestra legislación hasta ese momento encarnan la mismísima definición de "norma sancionadora desfavorable", así que la aplicación retroactiva de este tipo penal no es posible. He leído alguna opinión de prestigiosos especialistas en Derecho Internacional, que sostienen una interpretación contraria, conforme a convenios internacionales vigentes desde antes de 1936. Esa tesis podría prosperar en la Corte Penal Internacional, pero, por desgracia, no le auguro mucho futuro en un órgano judicial sometido a la legislación penal española. Que ello suponga la condena de España en foros y organizaciones internacionales es otro cantar.

Quedan, por último, los delitos de detención ilegal, cuando el detenido se haya esfumado de la faz de la Tierra y no se haya vuelto a saber de él, pues se considera que el delito es de efectos permanentes, y continúa cometiéndose mientras no aparezca el ausente, por lo que no prescribe. Cuestión distinta será que estos delitos no queden bajo el paraguas de la Ley de Amnistía.

Como ven, muy estrecho es el margen por el que la orden de detención de la juez argentina podría triunfar, consiguiendo la extradición.

En resumen, y como conclusión, no vayan a pensar ni por asomo que me alegro de que la situación esté tan complicada. Todo lo contrario. La impunidad de los crímenes de cualquier signo me pone de los nervios. Y los cometidos por quienes juraron proteger a sus conciudadanos me producen auténticas náuseas. Así que deseo la mejor de las suertes a la investigación judicial en curso en Argentina. Pero quiero evitar que la gente de la calle se haga expectativas infundadas sobre lo que puede pasar aquí, porque la amargura posterior puede ser todavía peor. La cosa está muy difícil.

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