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Rule 39 o la importancia de saber inglés

Recientemente, un desahucio ordenado por un órgano judicial de Girona ha sido paralizado cautelarmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a intentar desentrañar cómo se ha producido este hito histórico, y qué significa, desde una perspectiva jurídica.

Los lectores habituales de “¡Protesto, señoría!” saben que soy más dado a la crítica que al halago. El mismo título de este blog hace referencia a que se trata de una llamada de atención sobre cosas que, desde mi humilde perspectiva de leguleyo, considero mal hechas. Sin embargo, nobleza obliga, hay que descubrirse ante los logros ajenos. Y en la causa que nos ocupa, sinceramente, el trabajo de los abogados de la defensa ha sido canela fina.

¿Que son las medidas cautelares? La Justicia es lenta. Todo el mundo lo sabe. En el caso español, los trámites procesales y la carencia de medios de la Administración de Justicia hacen que esa lentitud sea exasperante. En las charlas de café del trabajo, frecuentemente comentamos con estupor el llamado “Caso Madoff”, y es por dos aspectos: el sustantivo, que un estafador de altos vuelos fuera condenado a 150 años de prisión nos causa sorpresa, pues las penas que contempla la legislación penal española para los delitos económicos son, simplemente, de risa; desde el procesal, nos admira que un proceso de esa complejidad se sustanciara en, pásmense, seis meses.

En latín, hay una expresión que define lo que supone esta lentitud: periculum in mora, el peligro en la espera. Existe el riesgo de que la resolución judicial, cuando llegue, sea ineficaz, porque la realidad de las cosas se haya modificado de tal manera que el pronunciamiento del tribunal sea inútil. Por ejemplo, la sentencia que declare nula la demolición de una casa puede no servir para nada si, cuando se dicte, el edificio ya ha sido derribado.

Por ello, la mayoría de las legislaciones contemplan una figura llamada “medidas cautelares”: una decisión provisional, que se adelanta al juicio, y trata de asegurar sus efectos. Para ello, además del citado peligro en la espera, se necesita otro requisito, que también se designa con un latinajo: fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho. Que lo que se pide parezca justo, antes de entrar a analizarlo en profundidad. Ejemplos de medidas cautelares en el orden penal pueden ser el embargo preventivo, la orden de alejamiento o la prisión provisional.

Y en esas estamos cuando aparece el bautizado como Bloc Salt, el edificio propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria), aka “el banco malo”, que fue ocupado por personas sin hogar, que necesitaban urgentemente un techo. Mirándolo desde la letra estricta de la ley, la actuación de estas personas parece contraria a Derecho. Es decir, el inmueble tiene un dueño, y ese dueño tiene la potestad de hacer con su propiedad lo que estime oportuno, incluyendo la posibilidad de mantenerlo cerrado a la espera de mejor oportunidad. Quien entra en la propiedad ajena podría estar cometiendo un delito de usurpación de bien inmueble. Digo “podría” porque la jurisprudencia ha matizado bastante las cosas, estableciendo que la entrada, sin violencia ni intimidación, en un inmueble abandonado por su propietario, no supone infracción penal.

El asunto es que, en este caso, se presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Girona, y se pidió, como medida cautelar, el desalojo de los ocupantes. El juez consideró que no existía el requisito de periculum in mora, y además, consideró que era indispensable oír a los imputados, los ocupantes del edificio.

La Fiscalía y los abogados de la Sareb recurrieron la decisión, primero ante el propio juez, que desestimó el recurso, y después ante la Audiencia Provincial. Esta última dio la razón a los recurrentes, y ordenó el desahucio, decisión que el juez instructor se vio obligado a acatar.

Los abogados de la PAH intentaron agotar todas las vías disponibles para paralizar esta decisión, primero pidiendo la nulidad, y después acudiendo en amparo ante el Constitucional. No sabemos lo que hubiera ocurrido en este último caso, porque no esperaron a que el máximo intérprete de la Carta Magna se pronunciase. Agotadas las vías de derecho interno, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta Corte europea suele actuar a toro pasado, cuando se considera que una sentencia dictada por los tribunales de un país firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha vulnerado estos mismos derechos. No obstante, el reglamento interno del tribunal establece, en su artículo 39 (rule 39), la posibilidad de adoptar medidas cautelares en caso de urgencia. Se trata de un recurso a la desesperada, y que hasta hace no mucho no surtía demasiado efecto.

Todavía en 2001, el propio TEDH reconocía que su reglamento no vinculaba a los Estados con la misma fuerza que el Convenio. En román paladino, que las medidas cautelares ordenadas podían ser ignoradas por el Estado requerido. Sin embargo, en 2003, en un caso que afectaba a Turquía, la sentencia dictaminó que el artículo 34 del Convenio, que obliga a los países firmantes a no entorpecer la labor del tribunal, implica que las medidas cautelares del artículo 39 del reglamento deben ser vinculantes.

A esta posibilidad se agarraron los abogados de la PAH. Insisto en que se trataba de un acto desesperado, pues la aplicación del artículo 39 se había circunscrito, hasta la fecha, a casos de extradición, deportaciones y otros supuestos que pudieran poner en peligro la vida del reclamante. El propio manual que el Tribunal tiene publicado en su página web advierte de que estas medidas tienen carácter excepcional y que, de hecho, el 70% de las solicitudes son desestimadas.

Sin embargo, los abogados incidieron en que estaban en juego los derechos fundamentales a la vida familiar, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, así como a la defensa en juicio, implicando este último la necesidad de que el imputado sea oído por el órgano judicial competente antes de que se adopte una decisión. Y han convencido a los magistrados.

Creo que es demasiado pronto para descorchar el champán. Una vez conjurado el peligro inmediato del desahucio, cabe la posibilidad de que el tribunal considere que la normativa penal española respeta los estándares de derechos humanos. Que el delito de usurpación de inmueble existe, y que puede ser combatido con una orden de desalojo, incluso de carácter provisional. Pero como decía Michael Ende en “La historia interminable”, eso es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión.

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