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Rulo y el pederasta

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“Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio”. Habremos oído esta frase en más de cien películas. De hecho, cada vez que un policía norteamericano de ficción detiene al malo, le suelta la perorata completa, que comienza con esto: “Tiene derecho a guardar silencio, si renuncia a este derecho, todo cuanto diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal”.

El texto completo se conoce, en doctrina jurídica estadounidense, como “Miranda Warning”. El término hace referencia al caso Miranda vs. Arizona, un juicio de 1963, en la que el acusado, Ernesto Miranda, fue condenado por secuestro y violación. La única prueba fue su confesión ante la policía, que no le había advertido previamente de su derecho a no declarar y no confesarse culpable. Una vez asesorado por un abogado, recurrió la sentencia condenatoria, y en 1966, en un histórico fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se declaró nulo el juicio por ésta infracción procesal. 

Desde entonces, cada detención que se realiza en Estados Unidos, va acompañada del “aviso Miranda”, la lectura de derechos previa que deja advertido al detenido. A partir de ahí, está en su voluntad de hacer uso o no de estos derechos.

Tan omnipresente es este soniquete, que allá por el año 2000, una banda pop española se bautizó con ese nombre, “Miranda Warning”, y sacó un tema que llegó a la lista de éxitos. Se titulaba “Despierta”.

La verdad es que deberíamos hacer caso al título de la canción, más allá de que comulguemos o no con su estilo musical. Porque prácticamente ninguna de las advertencias de la “advertencia Miranda” son aplicables al derecho español. Efectivamente, el detenido tiene derecho a guardar silencio. Pero ya puede confesar hasta la muerte de Manolete en el momento de ser engrilletado, que tal declaración no valdrá un carajo. De hecho, ni siquiera la declaración prestada en comisaría, asistido por un letrado, tendrá validez si no es ratificada en juicio. Y para ello, previamente habrá tenido que declarar también en un juzgado de instrucción.

En cuanto al abogado, efectivamente, ninguna persona debe quedar sin defensa, por muy paupérrima que sea su situación económica. Pero eso no es un “abogado de oficio”. Eso es el llamado “beneficio de justicia gratuita”. Si el investigado no tiene unos ingresos superiores al doble del salario mínimo interprofesional (el cuadruple, si se dan especiales cargas familiares), el Estado debe correr con los gastos de su defensa. Ojo, dentro de estos ingresos se cuentan también la tenencia de una vivienda en propiedad y otros factores patrimoniales. Otra cosa es cómo se cuantifica esto, que da para capítulo aparte.

En uno de mis primeros artículos, les narraba la surrealista historia del jefe de máquinas del “Prestige”, un marino profesional con un sueldo astronómico, pero que al no tener bienes o ingresos localizables en España, tenía derecho a ser defendido a costa del erario público. 

Otra cosa es que, por muy nefando y escabroso que sea el crimen del que se acusa a una persona, éste tiene derecho a un abogado. Y si no conoce letrado alguno, o ninguno quiere verse vinculado a los terribles delitos de los que es acusado el susodicho, ahí interviene el turno de oficio: una bolsa de profesionales, voluntarios, que se prestan a defender a las personas que no tienen otro medio de conseguir un defensor. Pero si éstas disponen de medios económicos, deberán abonar la dolorosa, por supuesto.

El caso es que, hace unos días, estaba escuchando música en el ordenador mientras trabajaba en casa, cuando el algoritmo de recomendación de Spotify me llevó hasta un tema titulado “Noviembre”, de Rulo y la Contrabanda. Imagino que, sin intención alguna de ofender al colectivo de abogados, sino buscando meramente un efecto lírico y que rimara, una de las estrofas de la canción dice: “[…] si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio […]”

Y es que una de las leyendas negras del turno de oficio es que, al ser clientes no deseados, muchos de ellos malos pagadores, los abogados de este turno se comportan con ellos de forma menos profesional que con los clientes “fetén”, los que abonan la minuta sin problemas.

Bien, he de decir que es un mito completamente injustificado. Algunas de las defensas más férreas, encarnizadas y profesionales que he visto, han sido de abogados de oficio. Otra cosa es que tu cliente haya sido cazado haciendo eses con el coche, con 0’90 mililitros de alcohol por litro de aire espirado, con el etilómetro Dräger en perfecto estado y sus revisiones periódicas al día. En ese caso, ni Perry Manson pelearía lo más mínimo, porque la sentencia condenatoria es inevitable, y lo único que se puede hacer es control de daños.

También se dice que los jueces deben hablar a través de sus sentencias, y no en tertulias televisivas, y la Sala 2ª del Tribunal Supremo acaba de hacer buena la expresión, en la sentencia que confirma la condena de Antonio Ortiz, el “Pederasta de Ciudad Lineal”. Ya no es presunto. Su presunción de inocencia valió hasta el día en que se publicó la sentencia del Supremo, firme y contra la que no cabe recurso. Ahora que ya se han acallado los titulares sobre este canalla, lo que se puede decir con todas las letras es que presuntamente es un ser humano. 

Pues bien, en la sentencia, el Tribunal Supremo, en palabras del presidente de su Sala 2ª, ponente de la sentencia, hace un encendido elogio del extraordinario papel del abogado del acusado, que desarrolló su trabajo con la máxima profesionalidad, a pesar de que no consiguiera su objetivo de desacreditar las sólidas pruebas que había contra su cliente. Era un abogado de oficio.

Piénsenlo cuando lean ahora el reportaje de “El Español”, en el que se invade la privacidad de la abogada de oficio a la que le ha tocado lidiar el muy difícil morlaco de llevar la defensa de la persona investigada por el homicidio de Diana Quer. Porque, como recordarán, su abogado inicialmente designado, en un numerito vergonzoso para el resto de la profesión, abandonó la defensa de su cliente, arrojándole a los pies de los caballos de la prensa. Por cierto, no pienso enlazar dicho panfleto.

Bonus extra: maravillas de la Wikipedia, resulta que Ernesto Miranda fue nuevamente juzgado, tras la nulidad del proceso anterior, en base a nuevas pruebas y a testigos sólidos. Fue condenado a once años de prisión. Falleció en una pelea a navajazos, y a su asesino, al ser detenido, se le leyó la “advertencia Miranda”, acogiéndose a su derecho a no declarar. No me digan que no es justicia poética.

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