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Talidomida, o la crueldad del Derecho

Aprendí ese nombre de muy pequeñito, cuando todavía las series de televisión de éxito eran cosas como "Dallas". Concretamente, recuerdo que Patrick Duffy, el actor que interpretaba a Bobby Ewing, protagonizó una miniserie titulada “Strong Medicine”, que tocaba el tema allá por 1986.

Por ello, comprenderán mi sorpresa cuando, hace unos años, todos los medios de comunicación nos contaban que una asociación de afectados por esta sustancia habían interpuesto una demanda contra la farmacéutica que lo había patentado y utilizado.

La historia se arrastra desde comienzos de los sesenta, cuando se puso a la venta la medicación llamada "Contergan", indicada para mujeres gestantes, pues se suponía que combatía las nauseas y otros efectos de las primeras semanas de embarazo. Sin embargo, pronto se comprobaron los terribles efectos de la Talidomida, su principio activo, al nacer bebés con malformaciones congénitas, y se retiró del mercado en pocos años. Como muy tarde, se estima 1965 como fecha límite para la aparición de casos relacionados, al menos en España. En Alemania y otros países se había contraindicado ya desde 1962.

El caso reviste todas las características para atraer la solidaridad del público, y por ende, la atención de los medios: un pequeño grupo de personas con terribles secuelas físicas, enfrentado al poder de una multinacional farmacéutica. Es curioso, tratándose de empresas que se dedican a la creación de algo, en principio, tan beneficioso como los medicamentos, cómo las farmacéuticas se han posicionado en el imaginario popular como el perfecto villano, depredador financiero dispuesto a alimentarse del dolor de los pobres enfermos.

El caso es que, en casi todos los países en los que se comercializó este preparado de Talidomida, la empresa se ha tenido que enfrentar a diversos procedimientos judiciales, alguno de ellos de naturaleza penal. España, en cambio, parecía ser la excepción. Quizás tenga algo que ver el dato de las fechas: en tiempos de un franquismo rampante, tocarle las palmas a la filial española de la empresa matriz, o a cualquiera de los laboratorios españoles que sacaron sus propias formulas (imagino que pasándose los derechos de patente germanos por el forro), suponía hacerle cosquillas de rebote a la administración pública de la cosa. Sobre todo, por esos tres años de retraso en avisar a los consumidores españoles, desde que los alemanes reaccionaron. Y nadie quiere cabrear a un ministro, en un país en el que la gente desaparece misteriosamente en las cunetas, ¿verdad? Aunque la verdad es que la llegada de la democracia tampoco cambió mucho las cosas, para ser sinceros.

Total, que tuvo que llegar el año 2010, para que el gobierno del pérfido Zapatero (atención: ironía) sacase adelante un Real Decreto, y se reconociese la condición de víctimas de la Talidomida a un grupo de personas con malformaciones teratogénicas (el palabro lo he aprendido esta semana, leyéndome las sentencias del caso, no se crean), a las que se reconoció el derecho a determinadas prestaciones económicas. Se les daba de plazo hasta el 30 de septiembre de 2010 para presentar las solicitudes, y en un plazo de seis meses debía resolverse su reconocimiento como afectados. 

Quédense con la fecha, porque es importante. Apenas unos años antes, en 2003, se había constituido la asociación de víctimas de la Talidomida en España (AVITE), y en febrero de 2012, dicha asociación planteó una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa que comercializó el dichoso medicamento en España. El caso revestía una complejidad bastante importante, porque la identificación y prueba de la condición de afectados, transcurrido medio siglo, unido a las vicisitudes de una demandada persona jurídica que evoluciona, se fusiona, es absorbida o se escinde en otras, tiene miga para atragantar. Sin embargo, el eje sobre el que giraba todo el caso era, evidentemente, la prescripción.

Como les he contado alguna vez por aquí, aun siendo algo esencialmente injusto desde un punto de vista material, razones de seguridad jurídica exigen que, tarde o temprano, toda acción jurídica tenga un final. Tan solo recientemente se ha admitido que, en Derecho Penal, haya delitos respecto de los que no prescribe la acción para su persecución, como los delitos de lesa humanidad o el genocidio.

Sin embargo, en Derecho Civil todo tiene un final, y este era el caso que se planteaba. Con el añadido de que la acción por daño extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el 1968, prescribe en UN año. Y ojo, esto es algo que nadie ha discutido en el procedimiento, ni siquiera la defensa de los afectados, porque la ley es clara en este sentido.

Sin embargo, la clave aquí no era el plazo, sino cuándo y cómo comienza a computarse. Ya saben, como decía Will Smith en "El príncipe de Bel-Air", lo importante no es que la corbata lleve nudo Windsor, sino dónde lo lleva. Así que lo planteado por los demandantes era una doble cuestión: en primer lugar, que los daños sufridos eran los que se conoce como "continuados", es decir, que evolucionan a lo largo del tiempo, apareciendo dolencias nuevas, por lo que quedan fijados en un momento posterior al de la mayoría de edad. Efectivamente, las acciones civiles sólo empiezan a prescribir desde que pudieron ser ejercitadas, y en el caso de malformaciones congénitas, está claro que un bebé de pecho no va a acudir a los tribunales. Y se considera injusto que la posible inactividad de sus representantes le pueda perjudicar, así que la ley retrasa el dies a quo hasta la mayoría de edad. Pero en el caso de los daños continuados, este momento inicial de computo puede ser posterior, en función de cuándo quede fijado el alcance de los mismos.

El segundo punto en el que se apoyaba la demanda, para eludir la prescripción, era que el momento de determinación de la condición de afectados viene por el famoso Real Decreto de 2010, una vez presentadas las solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2010 y resuelta su admisión, para lo que, recordemos, había seis meses de plazo, o sea, hasta marzo de 2011. Es decir, que planteada la demanda en febrero de 2012, no habría transcurrido el plazo de prescripción de un año.

El juzgado de 1ª Instancia que vio el caso, en principio, compró ambos argumentos y dio la razón a los demandantes. Para ello, entre otras cosas, se apoyaba en un informe del mismo año 2012, de una clínica alemana que estudia las secuelas de los afectados, y que contemplaba la aparición de nuevas dolencias con el paso de los años, posteriores a las primeras secuelas ya conocidas. Sí, además de la falta de extremidades, hubo unas primeras consecuencias derivadas, pues el cuerpo intenta compensar esa ausencia, y acaba provocando dolencias de todo tipo, al sobrecargarse los huesos y músculos que son forzados involuntariamente a suplir lo que no está. Pero este estudio hablaba de nuevos sufrimientos, relacionados con deficiencias en el sistema circulatorio y deterioro de la masa muscular no relacionados con lo anterior.

Sin embargo, parafraseando al conocido pensador Jesús Janeiro (aka Jesulín de Ubrique), esto de los procesos judiciales es como un toro, que hasta el rabo todo es ídem: si existe una vía de recurso contra una resolución desfavorable, los abogados de una multinacional la van a emplear, sí o sí. Y ese fue el caso, mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal, a diferencia del juzgado inicial, no fue tan sensible al drama humano, y se centró en los datos estrictamente jurídicos.

La solución de la Audiencia, aun siendo descorazonadora, no deja de ser correcta jurídicamente: los daños sufridos por los afectados por la Talidomida no son continuados, sino permanentes, es decir, de los que quedan fijados prácticamente desde el momento del nacimiento. Y es completamente cierto, las malformaciones causadas por el fármaco eran claramente visibles y evaluables desde que los niños nacieron, por lo que desde la mayoría de edad comenzó a correr el plazo de prescripción. La aparición de secuelas posteriores también tendría una fecha temprana de fijación, y respecto de éstas, también habría transcurrido el plazo de prescripción. En cuanto a las nuevas secuelas mencionadas por el informe de la clínica alemana en 2012, estas no son seguras, sólo posibles, no quedaron acreditadas en el procedimiento, y en cualquier caso, sólo permitirían una reclamación individualizada respecto del sufrimiento adicional causado por estas, no arrastrando todo lo demás. Además, el Real Decreto de 2010 tuvo, para los magistrados de la Audiencia, una significación distinta que para los demandantes y el juez inicial: sería una normativa de carácter social, solidario, que viene a intentar paliar el injusto sufrimiento de un grupo de ciudadanos, pero no es de carácter sanitario, las resoluciones administrativas dictadas en virtud del mismo ni fijan ni reconocen el alcance concreto de las dolencias de los afectados, sólo les da carta de naturaleza como tales. En consecuencia, no vale como dies a quo para fijar un plazo de prescripción, éste habría comenzado mucho antes y ya se habría extinguido.

Y ésta, según se deduce de la nota de prensa que adelanta el fallo del Supremo, ha sido la tesis del Alto Tribunal, frente al recurso de casación presentado por la asociación de afectados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

Si les cuento todo esto, es porque he visto, leído y oído opiniones en medios de comunicación de todos los colores, generalmente poniendo a escurrir a los magistrados de Audiencia y Supremo, tachándoles de inhumanos e insensibles. Esto, cuando lo hace un tertuliano de Ana Rosa, pues tiene un peso limitado, a pesar de su gran repercusión social. Pero cuando el propio ministro de sanidad coge la antorcha, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, pues la cosa ya clama al cielo.

Porque desde el punto de vista humano, moral y ético, es indudable que los afectados por la Talidomida son víctimas de una gravísima negligencia farmacológica, y que deberían tener una compensación económica que, por lo menos, les facilitara la vida en lo sucesivo. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico civil, las sentencias de la Audiencia y el Supremo podrán resultar discutibles (todo, en Derecho, puede discutirse), pero no son resoluciones inhumanas ni antijurídicas.

Entiendo la frustración de los afectados, y sus declaraciones en prensa, pero las comprendo en la misma medida que las maldiciones de los familiares de las víctimas de ETA, contra la sentencia del TEDH que echó por tierra los argumentos del Supremo en el caso de la llamada “doctrina Parot”. El dolor de las víctimas debe ser atendido desde una perspectiva humana, pero no puede inclinar la balanza de un tribunal, dejando de lado pruebas y argumentos estrictamente jurídicos.

Todavía es posible que el Constitucional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le peguen un revolcón a estas sentencias, y si es así, aplaudiré como el primero. Pero será por argumentaciones de tipo muy distinto a las que pueden manejar una Audiencia Provincial, o el Supremo, al ver recursos en procedimientos ordinarios. 

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