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Fuera de Twitter, nadie sabe que eres una víctima

Hace unas semanas, escribí sobre el caso de Loba Roja y su condena por conformidad. Muchas de las reacciones a ese artículo me pedían una explicación a la razón de que conductas similares, o mucho más graves, en el lado opuesto del espectro ideológico, estuvieran quedando impunes. O directamente no preguntaban, sino que directamente insinuaban que las Fuerzas de Seguridad hacen la vista gorda con la extrema derecha porque, en el fondo, son de los suyos. Siento pinchar el globo, pero no es tan simple. 

La primera cuestión que debemos plantearnos es la de la facilidad del caso. Imaginen: por un lado tenemos alguien que rompe un escaparate con las manos desnudas, se corta con el cristal y deja sangre (o sea, ADN) por todas partes, aparecen sus huellas en la caja registradora, y encima queda grabado por la cámara de seguridad. Por otro lado, tenemos a un profesional que corta el cristal de otro escaparate con una sierra de diamante, entra con guantes y pasamontañas, ciega la cámara con un spray de pintura y no deja un puñetero rastro. ¿A quién creen que cogerá primero la policía? 

Por otro lado, tenemos el tipo delictivo, que en cuestiones de Internet puede tener mucha relevancia. Ya saben que si el delito es grave, se pueden recabar datos relativos a direcciones IP, mientras que si es menos grave, pues no. Pero además, si incurres en un delito de los relacionados con el terrorismo, las autoridades estadounidenses y las empresas vinculadas al programa PRISM van a colaborar a caño abierto. Mientras que si se trata de una cuestión doméstica, unas amenazas, unas coacciones, una apología del nazismo, pues igual se lo toman con más calma. 

Pero no es eso lo peor. Hay delitos en los que el sujeto protegido es toda la sociedad, como el delito de conducir borracho, o el que transporta drogas para venderlas, que no necesitan contar con una víctima concreta para que el delincuente pague por sus actos. Pero otros son intensamente personales. Como los de violencia sobre la mujer. Creo que ya he comentado en otras ocasiones que hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 416, realmente abyecto para estas cuestiones, ya que permite a la mujer víctima de malos tratos negarse a declarar contra su agresor. Y muchas víctimas, tras una fase de instrucción judicial demasiado larga, cambian de idea el día del juicio, o se reconcilian con su agresor, o se tragan la mierda esa de “es que ha cambiado”, y no declaran. Y con su testimonio como única prueba yéndose por el desagüe, el criminal queda impune. Hasta la próxima vez. Que puede ser demasiado tarde.

Pues con las amenazas en Internet sucede un poco lo mismo. Hay tuiteros y blogueros que se parapetan tras un seudónimo, como quien firma estas líneas. Las razones son múltiples: evitar problemas laborales, deslindar opiniones estrictamente personales de las profesionales, o simple y llanamente, porque les da la gana. Los tuits, como los blogs, en tanto en cuanto creaciones del intelecto, se rigen por la ley de propiedad intelectual, que reconoce implícitamente el derecho a crear y publicar bajo seudónimo o signo. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando una de estas personas sufre amenazas, coacciones u otro tipo de delito a través de Twitter, en comentarios de su blog, en Facebook o similares?

Interrogados al respecto, la cuenta de Twitter del Cuerpo Nacional de Policía, @policia, dio una explicación que no sólo convenció a poca gente, sino que indignó bastante a muchos. Hombre, tampoco hay que sacar las cosas de quicio, sería como si yo me pronuncio sobre qué calibre tiene más poder de parada, si el 41 Action Express o el 10 mm. Auto. Recuerden: los juristas no llevamos armas, los agentes de policía no imparten doctrina jurídica.

La respuesta en cuestión, por resumir, venía a ser que, sin una denuncia, ellos no podían hacer nada. Ante esto, mucha gente se indignó, recordando que las amenazas graves son un delito público, perseguible de oficio. Y sin embargo, tanto unos como otros tienen razón. ¿Cómo es posible? Porque están hablando de cosas distintas.

Es cierto, las amenazas graves, como las que ha sufrido mi compañera de este medio, @Barbijaputa, son un delito público perseguible de oficio. Pero recordemos que para abrir una causa por delito, tiene que haber unos mínimos indicios de la comisión de dicho delito. En el caso de las amenazas, el delito requiere que una persona (el autor) anuncie a otra (el amenazado) que le va a causar un mal. Por lo tanto, para tener una constancia del delito, tenemos que tener una víctima identificada. Ello requiere que, en la causa judicial que se abra, conste la víctima con su nombre y apellido. Reales. No vale el nick.

El problema es doble: por un lado, eso es precisamente lo que puede querer el autor de los hechos, desenmascarar la identidad de su víctima; por otro, en un procedimiento que se rige por el principio de contradicción y defensa, semejante exposición aumenta el riesgo, porque cuando el culpable sea identificado e imputado, su defensa tendrá acceso a las actuaciones, incluyendo nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección del denunciante.

De este problema han estado hablando esta semana en el Congreso de los Diputados, en la Subcomisión de Estudio de las Redes Sociales, varios abogados especializados en tecnologías de la información, y aquí pueden encontrar un resumen de una de las comparecencias, la del letrado Jorge Campanillas (@jcampanillas). 

Mientras tanto, siempre nos queda la Fiscalía. Las diligencias de investigación que puede abrir el Ministerio Público no tienen el carácter de procedimiento contradictorio. Es decir, el denunciado no tiene acceso a las mismas, ya que no tiene la consideración de “parte procesal”. Y para ese momento, para cuando el asunto ya se judicialice, se puede solicitar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección a Testigos. No se imaginen películas, no estamos hablando de llevarnos a nadie a que viva en una apacible comunidad rural de Wisconsin. Simplemente, que sus datos personales no consten en el expediente judicial, de tal manera que el autor de los hechos no pueda salirse con la suya.

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