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Weber, Tueller y las Islas Filipinas

La proporcionalidad en la legítima defensa es una cosa increíblemente difícil de graduar

La adrenalina fluye a borbotones, el riesgo es real y apenas hay décimas de segundo para reaccionar

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Investigan si el asaltante de Cornellà buscó su "suicidio a manos de la policía"

Traslado del cuerpo del asaltante de Cornellà, abatido por los Mossos EFE

Cantaban Los Nikis en su inmortal El imperio contraataca, que con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Más allá de una rima bastante más sofisticada que la de muchos músicos contemporáneos, refleja que los estadounidenses, por medio de la manipulación mediática, y con la explosión del Maine de por medio, forzaron una guerra contra el Reino de España durante la que se adueñaron de las penúltimas provincias de ultramar: Cuba y Filipinas. 

No obstante, las codiciadas piezas no les salieron baratas a los yanquis, y en la toma de Filipinas se dieron cuenta de algo que los españoles habían experimentado en carne propia durante siglos: que los indígenas eran gente dura de narices, y que solían acometer con sus machetes a cuerpo descubierto, causando enormes bajas entre tropas muchísimo mejor armadas. De hecho, en la batalla de Mindanao, quedó registrado el fallecimiento por decapitación de un soldado estadounidense, después de haber vaciado sobre su oponente el tambor de su revolver de ordenanza (seis balas), un Colt del calibre 38, sin conseguir detenerle.

Este asunto, lo de que pierdan pistolas frente a cuchillos, llevó a las autoridades norteamericanas a desarrollar un nuevo calibre, el 45 ACP (Automatic Colt Pistol), y un arma específica, la pistola semiautomática M1911, para sustituir los revólveres del 38.

Para que se hagan una idea, el sistema métrico de los calibres anglosajones se basa en las centésimas de pulgada, por lo que un 38 es algo parecido a unos 9 mm. En cambio, el 45 equivale a casi 11 milímetros de diámetro de proyectil. Como la energía cinética que transmite un cuerpo en movimiento se calcula multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado, al meter una bala mucho más grande y pesada, se obtenía un mayor “poder de parada”. O sea, la posibilidad de frenar literalmente en el aire a un asaltante, al margen de las heridas infligidas.

Luego, durante la Ley Seca, y con el auge de las bandas de gangsters que usaban vehículos a motor de gran tamaño y peso, el problema pasó a ser de capacidad de penetración. Por eso, los calibres 38 y 45 experimentaron reducciones de diámetro y longitud, a cambio de albergar el doble de pólvora, que incrementaba drásticamente la velocidad de salida, posibilitando atravesar la gruesa chapa, e incluso el bloque del motor de uno de aquellos automóviles. Así nacieron los Magnum 357 y 44, éste último conocido por ser el arma de Harry “El Sucio” Callaghan, uno de los pensadores que más suelo citar en las discusiones jurídicas, cuando termino con su inmortal réplica: “Las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una”.

En cualquier caso, el 45 ACP continuó siendo el arma reglamentaria de las fuerzas armadas y buena parte de los cuerpos policiales estadounidenses, hasta que entre los años ochenta y noventa, tras una gran polémica, se adoptó la Beretta 92 como arma, y el calibre 9 mm. Parabellum como calibre. Para concienciar a la opinión pública sobre las bondades de la elección, se hizo una concienzuda campaña de propaganda encubierta, gracias a la cual pueden verla en manos de todos los héroes de acción de aquella época: desde el desequilibrado Martin Riggs de Lethal Weapon (Arma Letal), al ubermacho John McLaine de Die Hard (La Jungla de Cristal).

¿A que viene toda esta parrafada sobre armas de fuego, municiones y sus calibres? Muy sencillo. Haciendo mía una frase de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, los jueces no deben estar aislados de la realidad social a la hora de enjuiciar los hechos. Pero, desgraciadamente, en materia de legítima defensa, la mayoría de los jueces patinan bastante. Sobre todo, porque tratándose de personas estudiosas del Derecho, de las que se presupone que pacíficas y sobre todo, con una hoja limpia de antecedentes penales antes de acceder a la carrera, es raro que se hayan visto envueltos en una situación de violencia real. Así que es frecuente que tiendan a teorizar sobre el sexo de los ángeles y la cuadratura del círculo cuando se enfrentan a una situación en la que alguien es acusado simplemente por repeler una agresión previa. El artículo 20, apartado 4º, del Código Penal es claro y razonable en sus postulados: para que quepa la legítima defensa debe existir una agresión ilegítima previa, el medio utilizado para la defensa debe ser proporcional y no ha debido existir previa provocación.El primero y el tercero suelen ser sencillos de apreciar, pues basta y sobra con un estudio de los hechos, aunque en la típica pelea de bar todos los involucrados suelan negar haber sido los primeros que acudieron a la violencia.

El más resbaladizo suele ser el segundo de los requisitos, la necesidad racional del medio empleado para la defensa. Sobre todo, cuando se trata de un policía agredido que hace uso de su equipo reglamentario. Aquí es donde nos encontramos con Weber y su teoría del monopolio estatal de la fuerza, piedra angular de todo Estado de Derecho: a priori, sólo el Estado está legitimado para usar la fuerza a la hora de dirimir conflictos. Por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de distintos tipos de armas para el cumplimiento de su deber. En este sentido, es célebre la queja de la Guardia Civil, que carece de bastón de defensa (la “porra” de toda la vida) salvo en la Agrupación de Tráfico y en las unidades antidisturbios. ¿Resultado? Un número de la Benemérita sólo dispone de dos alternativas a la hora de hacer aplicar la Ley en caso de enfrentamiento: o sus manos desnudas, o una pistola semiautomática del calibre 9 mm. Parabellum. Otros cuerpos de seguridad, sobre todo las policías locales, disponen de una panoplia mucho más variada, desde sprays de pimienta a porras extensibles o los polémicos “taser”, o pistolas eléctricas. 

Son polémicas porque, en algún caso han provocado infartos al objetivo a neutralizar. Pero pensemos fríamente, ¿que es mejor, un arma letal (pistola) u otra que en ciertas circunstancias puede ser potencialmente peligrosa (el taser)? Esto mismo debió de pensar un policía nacional, hace algo más de diez años, cuando el coche de un ladrón a la fuga trató de embestir a su compañero de patrulla. Tras darle caza en solitario, finalmente consiguió acorralarle. El sujeto empuñó un serrucho, que posteriormente fue hallado en el coche robado, y se fue a por el agente. Éste, sin taser con el que poder limitar la respuesta armada, sacó su pistola reglamentaria y trató de neutralizar al sujeto. Tuvo la sangre fría de apuntar al brazo, pero el tiro le salió desviado y alcanzó al tipo en el torso, causándole heridas de las que sanó rápidamente, hasta el punto de que, tras el alta, fue detenido otras 33 veces en poco tiempo.

No obstante, su familia se querelló contra el agente de policía, al igual que la llorosa viuda del sujeto que entró en una comisaría de los mossos, hace unas semanas, cuchillo en mano, gritando “Allahu Akbar”. En aquella ocasión, al policía la cosa le salió mal. Muy mal. Condenado por tentativa de homicidio, la cosa llegó hasta el Supremo, donde consideraron que la legítima defensa sólo concurría en grado de atenuante, no de eximente. En consecuencia, no cabía eximirle de culpa, sólo reducirla hasta que no supusiera su ingreso en prisión. Eso sí, implicaba expulsión del Cuerpo. 

Como saben, las resoluciones judiciales hay que acatarlas, y máxime si provienen de nuestro más Alto Tribunal. Pero estoy seguro de que al ponente de aquella sentencia le pasaba lo mismo que al Comandante en Jefe de la Flota del Atlántico que citaba Jack Nicholson interpretando al Coronel Jesseps.

Vamos, que en su vida se había visto en semejante situación. Así que, definitivamente sí, Doña Manuela tiene razón, y algunas veces los jueces viven aislados de cierta parte de la realidad social. La proporcionalidad en la legítima defensa es una cosa increíblemente difícil de graduar. La adrenalina fluye a borbotones, el riesgo es real y apenas hay décimas de segundo para reaccionar. Y ni todo el entrenamiento policial del mundo puede garantizar que un disparo alcance exactamente el punto no vital necesario para desarmar al sujeto sin matarlo. Máxime cuando uno está a una distancia inferior a siete metros, como reza la regla de Tueller, de la que habrán oído hablar estos días: se tarda más en desenfundar el arma, montarla y apuntar que en ver cómo el portador del cuchillo te saca las tripas. Y contra eso, no hay sentencia de apelación que te libre.

Nota: la sentencia condenatoria del policía es de la Audiencia Provincial de Madrid, de 20 de mayo de 2009, y la pueden encontrar en el CENDOJ: IdCendoj 28079370262009100033. La resolución del Supremo no llegó ni a sala, el recurso fue inadmitido a trámite por auto de 18 de febrero de 2010, y la pueden hallar en el mismo sitio, con la Id 28079120012010200476

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