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El abuso y la perspectiva de género

El Supremo, ese órgano al que se pinta como reducto de carcundia machista, acoge en una de sus últimas sentencias todos los postulados del Convenio de Estambul

Considera que la agravante machista introducida en el Código Penal español en julio de 2015 es independiente de que víctima y agresor tengan una relación afectiva

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Sede del Consejo General del Poder Judicial de Madrid

Sede del Consejo General del Poder Judicial de Madrid Wikipedia

A veces, cuando leo las opiniones sobre determinadas resoluciones judiciales, me dan ganas de contestar lo primero que me viene a las teclas. Luego, se me pasa el calentón, y procuro no meterme en más jardines.

No obstante, hay conflictos entre el lenguaje legal y el coloquial, que llevan a profundos desencuentros entre la Administración de Justicia y la ciudadanía. Conflictos que, muchas veces, son aprovechados por el o la  demagogo/a de turno para arrimar el ascua a su sardina, inconsciente del fuego que está avivando. El de la muchedumbre que acaba asando vivos a dos hombres inocentes por un bulo en WhatsApp, por ejemplo.

El abuso sexual es uno de esos casos. Como delito contra la libertad e indemnidad sexual, se considera el tipo básico. Eso significa que es el estándar, el que abarca la conducta desprovista de agravantes o atenuantes adicionales. Como tal, es un auténtico cajón de sastre en el que cabe un espectro de conductas inmenso.

De hecho, el artículo inicial ya lo expresa con su amplísimo concepto: se castiga al que “atente contra la libertad sexual de otra persona”. ¿Qué implica eso? Pues desde tocarle el culo a alguien con intención lasciva, a mantener una relación sexual con penetración. Todo eso, sin consentimiento de la otra persona, o siendo ésta menor de dieciséis años, edad por debajo de la cual se considera irrelevante el consentimiento del menor, salvo la “cláusula Romeo y Julieta” (una disposición que tiene en cuenta la proximidad en madurez y edad de las dos personas que consienten, cuando una es menor de dieciséis y la otra no, como en la tragedia de Shakespeare).

Pero, entonces, ¿se castiga igual tocar el culo que mantener sexo con otra persona contra su voluntad? Pues obviamente, NO. Las conductas más leves pueden saldarse con una multa, o con prisión de uno a tres años. Es una pena considerable.

Sé que ahora mismo, a cualquier delincuente sexual, muchos le desearían como mínimo la castración con un objeto romo y oxidado. Pero hay una cosa que se llama principio de proporcionalidad, y que no es un capricho del legislador, sino que tiene unas implicaciones prácticas: si castigas tocar el culo con la misma pena que un homicidio, al final, al que toca el culo le sale a cuenta matar a la víctima, para evitar que pueda testificar contra él.

Sin embargo, si el ataque contra la libertad sexual va a mayores, y termina con el eufemismo que usa el Código, “acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal”, teniendo la misma etiqueta formal de “abuso”, la pena pasa de ser de cuatro a diez años de prisión. O sea, hasta diez años. La pena básica del homicidio es de diez a quince años. ¿Ven por dónde voy? El abuso agravado se castiga casi como matar. A los condenados por el incidente de los Sanfermines de 2016, la autodenominada “Manada”, les han caído nueve años. Nueve. Casi una década entre rejas.

Así que oscilo entre la ternura y la indignación cuando escucho la dichosa consigna de “no es abuso, es violación”. Vamos a ver, estábamos hablando de abuso sexual como tipo básico. ¿Cuando se convierte en agresión sexual? Pues cuando, además de la falta de consentimiento, media violencia física activa, o intimidación. O sea, cuando hay golpes, amenazas expresas, uso de armas para vencer la resistencia de la víctima. Esas cosas.

Por eso, cuando leí la noticia sobre la sentencia de Lleida, la que condena por abuso y no por violación, no vi nada que me chirriara, salvo una pena excesivamente baja, cercana al mínimo que contempla el Código Penal. Pero no se trata de una cuestión de machismo, sino de que a ciertos jueces de lo penal les cuesta recorrer todo el arco de una pena, aunque las circunstancias lo aconsejen, ya se trate de robo con violencia o de abuso sexual. Es más, hay una tesis que recomienda imponer la pena mínima, a no ser que haya circunstancias especiales que recomienden su elevación. A mí, personalmente, esa doctrina me repugna, pues supone concederle a un culpable una atenuante por el morro, sin tener que demostrar nada. Además, como consejo para los jueces penales que se quejan de un exceso de carga de trabajo (que es real), deberían considerar que esa doctrina es miccionar contra el viento: ningún abogado penalista mínimamente experimentado va a aceptar una conformidad con la Fiscalía, en un tribunal del que sepa que comulga con esa tesis, pues ya tiene la pena mínima asegurada, y si juega bien sus cartas en el juicio, incluso puede conseguir la absolución.

Entonces, ¿cuándo es agresión sexual? Cuando la conducta va acompañada de esa mencionada violencia física o intimidación. De hecho, la base del recurso de las acusaciones contra la sentencia de la Manada se basa precisamente en eso, en que la presencia de cinco tipos fornidos, rodeando a una chica desorientada y ebria, supone en sí mismo algo suficientemente amenazante como para ser considerado intimidación. No se discute ni una sola coma del relato de hechos de la sentencia, porque éste da plena credibilidad a la víctima. Déjenme que se lo repita: los jueces dicen “yo también te creo”, salvo el voto discrepante, que no cuenta.

Pero es que esa violencia también abarca las conductas menos graves que hemos enumerado al principio. Es decir, si a una chica la agarra un tipo y, tras amenazarla de viva voz, procede a sobarla, sin pasar de ahí, es considerado como reo de agresión sexual. Su pena será de uno a cinco años de prisión. Si hay “acceso carnal”, es cuando las penas se disparan de seis a doce años, y es el único caso en el que se le aplica a este delito la vieja etiqueta de “violación”. Si se fijan, las penas apenas superan entre uno y dos años a las del abuso agravado. Es decir, una “violación” en sentido estricto podría ser condenada con menos pena (siete años, por ejemplo) que lo que les ha caído a los de la Manada.

Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “perspectiva de género” para jueces y fiscales? Quizás de esto: el Tribunal Supremo, ese órgano al que se pinta como reducto de carcundia machista, acoge en una de sus últimas sentencias todos los postulados del Convenio de Estambul, y considera que la agravante machista introducida en el Código Penal español en julio de 2015 es independiente de que víctima y agresor tengan una relación afectiva, lo que, en su caso, podrá constituir una agravante adicional. 

Pero eso no lo van a leer en los medios ni en Twitter, porque desmonta toda esta mascarada contra el Poder Judicial. Y convierte toda esta andanada de necesidades de reforma del Código Penal y de “formación” (adoctrinamiento, más bien) en lo que es: una burda cortina de humo.

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