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Tres años después: crónica de un desastre judicial anunciado

El próximo día de la Constitución, para escarnio del artículo 24, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, un porrón de diligencias pendientes quedarán fuera de plazo y no se podrán pedir

Ello abocará, ante la falta de pruebas, al sobreseimiento o absolución de otros tantos procedimientos penales que podían haber terminado con una condena suficientemente fundamentada

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El Tribunal Supremo EFE

Fue una de las reivindicaciones de la pasada huelga de jueces y fiscales del 19 de noviembre. Particularmente, por parte de los fiscales, ya que mayoritariamente sufren mucho más sus efectos, al tratarse de un cuerpo especializado fundamentalmente en el campo penal. De los jueces, sólo los de ese orden sufren sus efectos, y de entre ellos, únicamente los de instrucción, por lo que el porcentaje de afectados directamente disminuye.

Estamos hablando, como pueden imaginar, del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según su redacción introducida por Ley 41/2015, de 5 de octubre. Sin duda, una de las muestras más palpables del nefasto legado que dejó El Pacificador al frente de la cartera de Justicia.

Entró en vigor un ominoso 6 de diciembre de 2015, día de la Constitución, para mayor oprobio. No sólo por la efeméride, sino porque, al caer en un puente festivo, suponía de entrada varios días menos de plazo.

Recordemos: al igual que el ayuntamiento que prohibió morirse a sus habitantes, por falta de espacio en el cementerio municipal, el Ministerio de Justicia cayó del guindo y se dio cuenta, oh sorpresa, de que las causas penales tardan en instruirse.

Cualquier responsable ministerial que hubiera pasado más de dos semanas trabajando en un órgano judicial, como es el caso de la actual titular, sabría las causas, y que las soluciones son difíciles de implementar. Pero claro, estamos hablando de un ministro cuyo bagaje curricular es una oposición de acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es decir, un logro encomiable, pero que implica cero experiencia en materia judicial. Lo cual no obsta para que la generosidad del régimen de incompatibilidades de diputados y senadores le haya permitido fichar por un prestigioso bufete de abogados, lo que no deja de ser un patrón repetitivo, a la vista de sus antecesores.

¿Y cuál fue la revolucionaria decisión que se implementó a través de esta reforma legislativa? Pues que las causas en instrucción tuvieran un plazo limitado, de seis meses, concretamente. Ojo, tal y como disponía la ley de reforma, sin ningún tipo de asignación presupuestaria en materia de personal o medios. O sea, comitre al frente, se incrementa el ritmo de latigazos y que los galeotes de la Administración de Justicia remen más rápido. Como si eso bastase. Cuando tienes un sistema de exhortos tan antediluviano que hace perder varios meses sólo para localizar, citar y tomar declaración a un investigado o testigo que viva fuera del partido judicial, se puede trabajar hasta la extenuación, que la cosa va a ir igual. De mal.

Pero eso importaba bien poco en el Ministerio. De hecho, un subalterno del Señor de las Apuestas llegó a reclamar que algún fiscal tuviera los bemoles de decirle que el sistema funcionaba mal. Por supuesto, ante los cientos de brazos que se alzaron, prestos a explicarle al susodicho las razones del sinsentido, éste miró hacia otro lado y dijo: “¿Ven? nadie”.

Pero, ¿por qué traemos a colación este asunto otra vez? Pues verán, el texto del artículo 324, bien consciente de que las causas más nimias pueden llevar a un retraso considerable, contemplaba la figura de las “causas complejas”. Para estas, se establecía un plazo de dieciocho meses, en lugar de los seis iniciales. De hecho, una causa simple podía ser transformada en “compleja” por causas sobrevenidas, siempre que se solicitase antes del transcurso de los seis primeros meses. 

¿Y qué pasa cuando se agotan los dieciocho meses de complejidad? Pues que se podía pedir una única prórroga, por el mismo periodo de tiempo. Es decir, treinta y seis meses, tres años de instrucción. Conocen de sobra el tiempo que llevó la instrucción de la causa Gürtel, o el caso Nóos, o cualquiera de las interminables causas de corrupción urbanística que campan por los juzgados de España. Con eso no da para casi ni para empezar con las comisiones rogatorias a Suiza.

En cualquier caso, esos treinta y seis meses, aplicables con retroactividad a todas las causas abiertas a 6 de diciembre de 2015, terminan indefectiblemente el próximo y cercano 6 de diciembre de 2018. El próximo día de la Constitución, para escarnio del artículo 24, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, un porrón de diligencias pendientes quedarán fuera de plazo y no se podrán pedir. Ello abocará, ante la falta de pruebas, al sobreseimiento o absolución de otros tantos procedimientos penales que podían haber terminado con una condena suficientemente fundamentada. Es decir, a la impunidad.

O no, porque la técnica legislativa es tan desastrosa que hay jueces que entienden que, tras el primer plazo, cabe la fijación de un periodo máximo superior. Y otros que consideran esos plazos del 324 como “impropios”. No confundamos términos jurídicos con coloquiales, desde luego que es impropio de cualquier Estado de Derecho que se pueda llegar a la impunidad de un delito porque no hay tiempo ni medios para investigar en condiciones. Pero la diferencia, en términos jurídicos, entre plazo “propio” e “impropio” es otra: los plazos propios son aquellos que se consideran preclusivos, es decir, que cierran el paso a una actuación posterior. Por ejemplo, el plazo para presentar un recurso es preclusivo, y si se presenta una vez transcurrido éste, no se admite a trámite. En cambio, el plazo para presentar escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal es impropio, porque la Fiscalía es una parte necesaria del proceso penal, y no puede ser expulsada por un simple retraso de tramitación.

Pero bajemos del pedestal jurisprudencial a la triste realidad de la política. Tras el cambio de Gobierno propiciado por la moción de censura, una de las promesas del Ejecutivo entrante fue dejar sin efecto el dichoso artículo. No obstante, y en un ejercicio vergonzoso de filibusterismo parlamentario, Ciudadanos y Partido Popular llevan cincuenta y cuatro solicitudes de ampliación de plazo para introducir enmiendas al texto legislativo.

Así que espero que la técnica de Real Decreto Ley, tan denostada en otras ocasiones, se aplique de forma plenamente justificada en esta ocasión. Porque existe una urgente necesidad de acabar con este sinsentido.

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