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Así no, gracias

Uno de los planes estrella del Ministerio de Justicia es poner la instrucción penal en manos de los fiscales. Antes de sacar conclusiones, vamos a entender cómo funcionan las estructuras de la Administración de Justicia

Hace algunas semanas que no se habla de uno de los planes estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura: poner la instrucción penal en manos de los fiscales. Evidentemente, con la que está cayendo, no está el horno para bollos. Raro ha sido el día de las dos últimas semanas en el que no hemos amanecido con un sobresalto sobre la situación en determinadas fiscalías que llevan casos especialmente peliagudos. Particularmente en Anticorrupción.

Así las cosas, cualquier insinuación sobre el tema sería una maniobra suicida, invocar las iras del averno sobre quien plantee la cuestión. Incluso los medios de comunicación más proclives al Gobierno se hacen eco de lo que parecen ser intromisiones del Ejecutivo en la labor de los fiscales, y los propios miembros de la carrera fiscal están en “shock”. La frase del presidente de la Unión Progresista de Fiscales en este artículo es para enmarcar:

Hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses y recuperarla va a costar mucho tiempo más.

El problema es que no podemos mezclar churras con merinas, y confundir cuestiones de enfoque procesal con otro problema muy distinto, de organización interna y contrapesos al exceso de poder. De esto hablé ya, largo y tendido, hace más de un año, así que no volveré a repetirme sobre la misma postura: desde el punto de vista jurídico, la figura del juez instructor, tal y como está planteada en España, es un sinsentido anacrónico. Si existen reticencias a que sea el fiscal quien dirija la investigación, es por las dudas que suscita su modelo organizativo. Pero eso es una cuestión completamente diferente, y debe solucionarse por sus propios cauces, que son los de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Lo que me molesta especialmente es que se haga leña del árbol caído y, aprovechando el foco mediático, se dispare contra una institución básica en el Estado de Derecho. Y me irrita sobremanera que los francotiradores sean, precisamente, algunos miembros de la que siempre se ha considerado “la carrera hermana”. Me refiero, por supuesto, a jueces como Eloy Velasco y Mercedes Alaya.

El primero, en una entrevista cuya oportunidad resulta, cuando menos, cuestionable, aprovechó para descargar su conocida animadversión hacia la figura del fiscal instructor. Él se considera más independiente. Él no tiene superior jerárquico. Bueno, como dirían en el juzgado de Patrice Lessner, eso será “en su opinión”.

Porque el problema que tiene la Justicia en este país, obviamente, no se circunscribe al Ministerio Público, como bien explicaba Elisa Beni  hace dos días. ¿Recuerdan las esclarecedoras palabras de Ignacio González en una de las grabaciones que se han filtrado? Ya saben, eso de mandar al juez "a tomar por culo a Onteniente". Pues les cuento de qué va la historia, porque evidencia hasta que punto se cumple eso de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

En la Audiencia Nacional, a día de hoy, existen seis juzgados centrales de instrucción, los únicos que existen de su categoría. Llegar a uno de ellos debería ser una cuestión de mérito y capacidad, en un procedimiento estrictamente reglado, y deberían estar servidos por titulares con plaza fija, verdaderamente independientes e inamovibles. Debería, bonito tiempo verbal. Profundicemos un poco en el pifostio que nos empezó a esbozar la citada Elisa Beni, y hagámoslo con el juzgado de Eloy Velasco. ¿Es realmente el suyo?

En realidad, el juzgado central nº 6 tiene como titular a Manuel García-Castellón y García-Lomas, quien lleva diecisiete años sin pisar su despacho. ¿Como dice?

Recapitulemos. El 11 de agosto de 1993, se publicaba que el pizpireto juez decano de Valladolid, Manuel García-Castellón, iba como juez interino a la Audiencia Nacional. Su función era suplir la vacante dejada por Baltasar Garzón, quien había sido elegido diputado en las anteriores elecciones generales, y nombrado Secretario de Estado por Felipe González. En ese momento, sólo existían cinco juzgados centrales de instrucción.

El 6 de mayo de 1994, Garzón salió tarifando del Gobierno, y poco después renunció a su acta de diputado, reincorporándose a su plaza y desalojando a quien la había cubierto hasta entonces de forma interina. ¿Qué pasó con el desalojado? Devolverlo a su plaza de origen hubiera provocado un efecto dominó de ceses y nuevos nombramientos en cadena, empezando por quien ocupó su plaza de Valladolid. Quedó entonces a la espera de que surgiera una vacante, estando desde el 17 de mayo de 1994 “a disposición del Presidente de la Audiencia Nacional”.

¿Significa eso que se quedó de brazos cruzados? No necesariamente. Según la prensa (he sido incapaz de encontrar el BOE en cuestión), se lo llevaron al entonces conocido como “Juzgado de Delitos Monetarios”, que llevaba Manuel Moreira, y que acumulaba un atasco considerable.

Apenas dos años después de su aterrizaje, en 1995, se dieron las condiciones propicias, al crearse el sexto juzgado central. Como era costumbre, para cubrir la nueva plaza se procedió a “consolidar” a un juez que estuviera esperando plaza fija. Si se fijan bien, el real decreto de nombramiento no incluye ninguna mención a concurso previo, como suelen hacer este tipo de disposiciones. Se nombró directamente a García-Castellón.

No estuvo mucho tiempo en ese destino. El 26 de mayo de 2000, ya con el Partido Popular en el Gobierno y, por Real Decreto 958/2000, fue nombrado magistrado de enlace con las autoridades francesas, un destino ideal para deshacerse de jueces incómodos, como ya se ha glosado por aquí. En principio, ese cargo no tiene fecha de caducidad. De hecho, en diciembre de 2006, una modificación legislativa cambió los criterios para ser magistrado de enlace, por lo que García-Castellón tuvo que acreditar que también los cumplía. Hecho esto, lo cesaron y volvieron a nombrar el mismo día, en dos reales decretos de numeración consecutiva, en el mismo número del BOE, en la misma página.

¿Y que pasó con su juzgado? Pues como se trata de una plaza con una vacancia sin fecha de caducidad, no se puede poner un sustituto temporal, como lo fue Pablo Ruz, más que por unos meses. Así que la plaza sale a concurso, aunque quien lo gane sólo mantendrá la plaza mientras el verdadero titular no regrese, una especie de titular sui generis. Así sucedió con Juan del Olmo, quien estuvo ocho años en el juzgado y, tras comerse la instrucción del 11-M y soportar el inclemente bombardeo mediático de la caverna y su “teoría de la conspiración”, buscó otro destino en 2008. Entonces llegó Eloy Velasco, con la vitola de haber sido director general de Justicia en la comunidad valenciana entre 1995 y 2003. ¿Independiente e inamovible? Depende de cómo lo mires.

En marzo de 2012, García-Castellón fue cesado como magistrado de enlace en París, y todo hacía prever que volvería a su plaza de la Audiencia Nacional. Como han oído en la transcripción de las famosas grabaciones, se le seguía considerando un juez "rogelio" (o sea, rojo, a pesar de haber sido tesorero de APM, la asociación conservadora de jueces). Pero imagino, y esto son puras especulaciones, que alguien prefirió no arriesgarse a que volviera con ganas de dar guerra, y teniendo a Eloy Velasco, antiguo alto cargo nombrado por el PP, ¿para qué jugársela? Así que el Gobierno le buscó al titular del juzgado nº 6 otro destino similar al que acababa de perder, en esta ocasión en Roma.

Por supuesto, estábamos en 2012, y todavía no había estallado la “Operación Púnica”. Si se hubiera planteado esa disyuntiva en las presentes circunstancias, me pregunto si la decisión del Ministerio hubiera sido la misma. Solo por elucubrar, si el Gobierno hubiera obligado a García-Castellón a volver a Madrid, a su plaza, Velasco habría tenido que hacer el petate y buscar acomodo en otro sitio. Dudo mucho que alguien de su valía hubiera acabado “escarbando cebollinos”, como le auguraba Ignacio González. Pero desde luego que hubiera sido apartado de casos como la Operación Púnica y la Operación Lezo. Y sin montar ningún escándalo, de forma completamente transparente. 

En cuanto a Mercedes Alaya, hace unos días dio una conferencia en la que se quedó a gusto, por hablar coloquialmente. A la fiscalía, como es costumbre en ella, la puso a escurrir, pero lo curioso es que se presentó a sí misma como víctima de movimientos políticos. La cuestión es que algunas de sus afirmaciones son, como poco, cuestionables. Hablando de mover jueces, dijo que la habían “apartado” del caso de los ERE’s, por una votación unánime del CGPJ y también del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sinceramente, o el periodista tenía la grabadora estropeada, o esta señora está intentando colocar al respetable una ración extra de filostros y forlayos.

El viaje administrativo de Mercedes Alaya ha sido el siguiente: estando destinada en el juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, el que llevaba el famoso caso de los ERE, del que ya hablamos por aquí, solicitó una plaza en la Audiencia Provincial, que le fue concedida por el CGPJ. La maniobra profesional es comprensible, al igual que en el caso de Velasco, quien también ha solicitado algo parecido: dejas de hacer guardias, cobras algo más y te dedicas a poner sentencias, algo que, además de otorgar mayor prestigio de cara a un futuro ascenso a un tribunal superior de justicia, o incluso al Supremo, es aquello para lo que se supone que se entra en la carrera judicial. El problema es que nuestra magistrada quería estar en misa y repicando. Es decir, quería seguir metiendo baza en sus antiguas “causas estrella”, pero desde su nueva plaza.

Sin embargo, un juez que concursa y cesa en su destino, es inmediatamente reemplazado por otro. Así que el juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla ya tiene otra juez titular al frente, Mª Ángeles Núñez Bolaños.

Pero eso no supuso un obstáculo para la intención de Mercedes Alaya de estar a setas y a Rolex a la vez, porque solicitó una comisión de servicio temporal en su antiguo juzgado, algo completamente inusual. El TSJ de Andalucía, dubitativo, comenzó cediendo a sus pretensiones, y se la concedió. Sin embargo, han terminado revocándola. ¿Por los enfrentamientos que provocaba con la nueva titular, como reza la versión oficial, o porque resulta molesta para el poder, como dice ella? Pues lo desconozco, pero una cosa sí que les puedo asegurar: nadie habría podido moverle la silla de su antiguo juzgado si ella misma no hubiera optado a otro puesto. Si Alaya ha terminado en la sección séptima de la Audiencia Provincial, ha sido por una decisión completamente voluntaria, porque echó la instancia y pidió la plaza. 

En fin, ¿a que viene entresacar estos dos casos extremos, de entre los miles de jueces de instrucción que trabajan en el juzgado que les corresponde, sin injerencia alguna? Pues en realidad, a lo mismo que lo de los fiscales anticorrupción: el 99% de los jueces y fiscales llevan sus causas con profesionalidad, y no han recibido presiones ni llamadas sospechosas en su vida. Pero el sistema está diseñado para que, cuando se trata de causas que afectan al poder político, queden fisuras por las que se puedan colar los tentáculos del mangoneo y la manipulación, pero también deja hueco al afán de protagonismo que ha llevado a acuñar la expresión de "juez-estrella". Y estas fisuras hacen mella en lo que deberían ser unos sólidos cimientos, los que sustentan la estructura de la Administración de Justicia.

En resumidas cuentas, lo que necesitamos es una tabula rasa. Rehacer la organización de las carreras judicial y fiscal, sin resquicio alguno para maniobras judiciales en la oscuridad, como suele llamarlas Ignacio Escolar. Limitando al máximo las injerencias externas, tanto en nombramientos como en el propio funcionamiento de los órganos e instituciones afectados. Una vez hecho esto, cae por su propio peso que la instrucción penal moderna es una tarea que tiene que desempeñar la fiscalía, con la indispensable figura de un juez de garantías. Pero mientras no se den esas condiciones innegociables, me parece un despropósito retomar la cuestión.

Bola extra: mientras escribía estas líneas, parece que mis reflexiones eran correctas, y que el proyecto queda varado temporalmente.

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