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De palacetes, embargos y compradores rusos

Una mansión propiedad de un imputado aparece en un portal inmobiliario. Mientras unos se dedican a la crónica social y husmean por las fotos del 'casoplón', otros se preocupan por la posibilidad de que un activo patrimonial importantísimo quede fuera del embargo judicial.

Piscina del 'palacete de Pedralbes' / barcelonarent.info

Piscina del 'palacete de Pedralbes' / barcelonarent.info

Una de las noticias de esta semana pasada ha sido la aparición del famoso “palacete de Pedralbes”, finca titularidad de los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, en un portal de compraventa inmobiliaria.

El lado cotilla-morboso del asunto ha sido el repaso al reportaje fotográfico con el que la mansión se oferta al posible comprador ruso, aspecto en el que se ha quedado buena parte de nuestra prensa.

No obstante, numerosos juristas han enarcado una ceja, yendo al trasfondo económico-jurídico del asunto. Como todo el mundo sabe, Iñaki Urdangarin está implicado en una célebre causa penal, en la que se le imputan numerosos delitos, con elevadas responsabilidades pecuniarias, unos 8,2 millones de euros. Ello ha conducido a que, en su momento, el juez estableciese una elevada fianza, que posteriormente fue parcialmente reducida, al restar la Audiencia la parte correspondiente al IVA ingresado en las arcas de la Hacienda Pública.

Ante la ausencia de prestación efectiva de dicha cantidad, se decretó el embargo de bienes de la pareja para asegurar esta fianza. Y aquí viene la sorpresa, por cuanto un embargo supone un obstáculo a la realización de actos de disposición sobre los bienes embargados, por lo que, en caso de estar sujeto a dicha traba, el tan traído y llevado palacete no debería poder ser puesto a la venta. Al menos, sin incurrir en nuevas responsabilidades penales, en este caso por un delito de alzamiento de bienes.

Ahora bien, parece que el embargo no ha sido anotado en el Registro correspondiente, aunque no he conseguido encontrar un enlace que documente este particular. En cualquier caso, permitir esta operación podría suponer una torpeza supina por parte del juzgado. ¿O no?

Montemos en la máquina del tiempo y viajemos hasta un futuro alternativo, en una de las posibles líneas temporales en las que el duque de Palma fuera condenado por todos los delitos de los que resulta acusado. Este viaje es necesario porque, entre otras cosas, el embargo preventivo de cualesquiera bienes ordenado por el juez instructor no se hará efectivo hasta que una sentencia ejecutiva ordene la satisfacción de las responsabilidades civiles. En ese momento nace la obligación para el condenado. Hasta ese momento, el embargo sólo funciona para “asegurar” una obligación todavía no nacida.

Bien, ya nos encontramos en esa lejana fecha en la que, tras una eventual sentencia condenatoria en 1ª instancia, y un seguro recurso de casación ante el Supremo, nos encontramos en fase de ejecución. En ese momento, se pasa a la fase de apremio, en la que se procede a la venta de los bienes embargados en pública subasta.

Vamos a la subasta. Si preguntan a cualquier “subastero”, uno de los profesionales de la adquisición de inmuebles en estas ventas al mejor postor, les dirá que nadie pujará por esta vivienda a su precio real de mercado. Manejando la normativa vigente, un buen subastero podrá obtener un precio de entre el 70 y el 50 por ciento del valor de salida. Con ello, tenemos que la satisfacción de las responsabilidades civiles va a quedar notablemente disminuida.

Ahora bien, en este momento, aparece el invitado inesperado. El banco. Sí, queridos lectores, porque está de sobra documentado que la compra de este inmueble se hizo mediante una hipoteca, como todo hijo de vecino. Y según el artículo 1923 del Código Civil, los créditos hipotecarios son preferentes a los preventivamente anotados mediante embargo. Por lo tanto, al anunciar la subasta, según el artículo 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habría que hacer públicas las cargas que pesan sobre el inmueble, lo que incluye la hipoteca. Y esa carga puede hundir todavía más el precio del palacete. A niveles subterráneos, en realidad, porque el comprador tendría que hacer frente a la misma. Así que magro beneficio iban a obtener los acreedores de la responsabilidad civil con semejante venta.

Así que volvamos al presente, a la vista de los escasos réditos obtenidos con nuestra expedición temporal. A día de hoy, si el palacete de Pedralbes se vende a un potentado ruso a su precio de mercado, 9,8 millones de euros según la prensa, creo que los perjudicados por los delitos que se imputan en el caso Nóos saldrían notablemente beneficiados. Porque el embargo, en la fórmula habitual, suele incluir los saldos bancarios del embargado. Así que, una vez pagado el precio, satisfecha y cancelada la hipoteca, todo lo que quede en el banco, que tiene pinta de ser un buen pellizco, quedaría automáticamente incluido en el embargo.

Si alguien está preocupado por la posibilidad de que la compra se haga en dinero negro, a través de sociedades opacas, paraísos fiscales u oscuras maniobras similares, puede tranquilizarse. El palacete es parte del patrimonio del imputado a día de hoy. Por lo tanto, en el momento de ejecutar una hipotética sentencia condenatoria, el palacete sería parte del lote. Si al ir a echarle mano, resulta que ha cambiado de dueños, y no se conoce el destino final del precio pagado, la acusación por delito de insolvencia punible sería de las que se tramitan en dos semanas, porque no tendría defensa posible. Y la cosa se puede ir a los cuatro años de prisión, adicionales a la condena inicial.

En resumidas cuentas, creo que tampoco es tan mal negocio. Al fin y al cabo, un principio del Derecho Penal, a la hora de aplicar reducciones de pena a quien colabora con la Justicia, dice que “a enemigo que huye, puente de plata”. Creo que, en este caso, habría que añadir un corolario: “A enemigo que paga, puente de oro”. 

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