eldiario.es

9

La querella y el pescado

Hace unos días, mi compañera en este diario, Ruth Toledano, escribió uno de esos artículos que ponen muy nerviosos a los responsables de casi cualquier medio de comunicación. Porque uno puede ser muy, muy crítico con la gestión de un político, y sobre todo cuando ocupa un cargo absurdo (representante del Gobierno central... en la sede del Gobierno central), pero de ahí a poner su nombre junto al término “delincuente”, media un paso muy grande. Aunque en medio vaya un “presunto” entre paréntesis.

La cuestión es que se ha presentado una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, por hechos que, según los querellantes, suponen delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, con abuso de sus funciones. El juzgado de instrucción ha admitido a trámite la querella, y mi compañera Ruth se felicita por ello. Eso está bien, la alegría es importante, aunque lanzar vivas por el cumplimiento de trámites formales resulta, al ojo del jurista entrenado, más o menos como alegrarse de que funcione la ley de la gravedad.

El complejo sistema legal del que nos hemos dotado en este país, notablemente agravado en su dificultad por 17 entes legislativos que tienen que justificar su existencia, pone las cosas difíciles a cualquier lego en Derecho. Así que voy a intentar arrojar un poco de luz, aunque también sea un jarro de agua fría sobre legítimas expectativas.

Cuando un particular presenta un escrito en los juzgados, se lleva a Decanato, que le asigna un número de entrada para el registro, y a continuación, lo turna a reparto. Es decir, los funcionarios buscan, en las normas internas de ese partido judicial, el juzgado concreto al que le toca lidiar con el asunto. Un criterio puede ser, por ejemplo, qué juzgado de instrucción estaba de guardia en la fecha de los hechos.

Una vez se toma la decisión, y el juzgado de instrucción recibe el escrito, pasa al secretario del juzgado, que dicta una resolución llamada “diligencia de ordenación”, para decidir qué hacen con el escrito. Y las opciones son dos, o se admite a trámite, o no se admite. La decisión no depende de lo bien redactado que esté el escrito, de lo fundamentados de sus argumentos, o de las sólidas pruebas que presente, sino de que se cumplan los requisitos formales. Exclusivamente.

La cosa puede variar. Si lo que se presenta es un recurso contra una previa resolución judicial, hay que comprobar si esa resolución es recurrible según la ley (puede que ya se hayan agotado todos los recursos, o que sea una resolución directamente no sometida a recurso), y si el escrito se ha presentado dentro de plazo.

En cambio, cuando se presenta una querella, los requisitos son mucho más laxos. El principal, que se presente con firma de abogado y por un procurador con poder bastante. No, no estoy hablando de que pueda trepar por las paredes, o lanzar rayos por los ojos, sino que el querellante haya ido al notario, y haya firmado una autorización para que el procurador lleve sus asuntos.

Pero, ¿qué es una querella? A diferencia de una denuncia, que es el acto de notificar a un órgano competente la existencia de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, la querella representa un paso más: el querellante se acoge al derecho previsto en el artículo 125 de la Constitución, de ejercer la acción popular, y presentarse en un procedimiento judicial como parte interesada, pidiendo la condena del querellado. Es decir, mientras el denunciante hace la de Gila, el querellante se implica más, le pone nombre y apellidos al delito, y solicita una pena.

Siempre hay casos excepcionales, por supuesto. Cabe que aparezca un iluminado que acuse a alguien de hechos que son delito según el Código de la Federación Interplanetaria, o que se afirme la futura comisión de un delito en el año 2024. Estos supuestos absurdos son, claramente, carne de inadmisión. Para todo lo demás, la admisión a trámite es prácticamente automática.

Entonces, ¿no hay ningún filtro? Por supuesto que sí, pero posterior. Una vez admitida a trámite la querella, el juez examina el asunto y dicta otra resolución, ésta llamada “auto”, en el que acuerda incoar diligencias previas. Y en ese auto de incoación, tomará algunas decisiones.

La primera puede ser citar a declarar al querellado, como imputado, y también al querellante, para que se ratifique en su querella. Esto es importante, porque el hecho de atribuir unos hechos delictivos a una persona puede ser una arma de doble filo, pudiendo resultar que, si los hechos son falsos, el querellante haya cometido, a su vez, un delito contra la Administración de Justicia. En el caso que nos ocupa no parece que exista ese peligro, porque los hechos parecen suficientemente acreditados (incluso cabría decir que son notorios, pues incluso han aparecido en prensa), y la cuestión va a ser si encajan o no dentro de un artículo concreto del Código Penal.

En caso de que los hechos no estén acreditados, o que no conste la participación del querellado en los mismos, o que, directamente, no constituyan delito alguno, la decisión del juez será dar carpetazo al asunto, mediante la figura del “sobreseimiento”.

Y aún cabría una tercera opción: resulta que el delegado del Gobierno es una figura peculiar, equiparable en rango jerárquico a la del subsecretario del Gobierno. Por lo tanto, no está del todo claro si un Juzgado de Instrucción ordinario es competente, o si debe mandar la causa al Tribunal Supremo, cuya Sala 2ª es la única competente para enjuiciar a los miembros del Gobierno, mediante algo llamado “inhibición”.

Así pues, tirar cohetes por la admisión a trámite de una querella es como alegrarse porque has cogido número en la pescadería, y cuando ha llegado el tuyo, el pescadero te ha preguntado a ver qué deseas. Es lo lógico, lo normal. Cuestión distinta será que, cuando pidas lo que quieres, el pescadero te diga si tiene género o no, y cuando te lo sirva, si tienes dinero para pagar la factura o no. Es decir, que no podemos dar, precisamente, el pescado por vendido.

Bonus track: las querellas criminales son como las personas humanas; una redundancia. La querella sólo existe en la jurisdicción penal. Cualquier otra acción, de cualquier otra naturaleza, en cualquier otro tipo de juzgado, lleva otro nombre, como “demanda”, “solicitud”, o el que sea. 

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha