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El sentido de un indulto

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Habrán leído estas semanas, sin duda, acerca de la odisea de una mujer maltratada, a punto de ingresar en prisión por no haber entregado a sus hijos en una visita de fin de semana con su exmarido maltratador.

Finalmente, parece que hay una puerta abierta a la esperanza de que esta mujer no llegue a pisar un centro penitenciario, merced a un indulto parcial que ha concedido el Gobierno en funciones. 

No obstante, la aparente injusticia sangrante que revela la noticia, superficialmente tratada, esconde mucho más si se rasca en su contenido jurídico, ese que casi siempre nos hurtan los medios de comunicación.

¿Por qué ha sido exactamente condenada esta persona? El tipo penal se conocía, hasta la reciente reforma del Código, que entró en vigor el 1 de julio, como desobediencia activa grave, y es una especie de cajón de sastre en el que caben un montón de conductas.

Se aplicaba, por ejemplo, a aquellos detenidos que se resisten a la detención con movimientos violentos, y acaban lesionando a los agentes que tratan de engrilletarlos. No llegaba a constituir atentado, porque no hay acometimiento, pero sí una conducta de resistencia agresiva contra una actuación legítima de agentes de la autoridad. 

También era el artículo que se aplicó, por ejemplo, contra Juan María Atutxa, a la sazón presidente del Parlamento Vasco, cuando desobedeció una orden directa del Tribunal Supremo, que exigía la ejecución de la sentencia que ilegalizaba Batasuna, y por lo tanto, la disolución de su grupo parlamentario. Y es uno de los delitos por los que viene estando investigado Artur Mas, por el follón del proceso independentista en Cataluña.

En resumen, lo que se castigaba es no acatar una orden legítima, de una autoridad que puede emitirla. Así, en algunos casos en los que se acusaba a manifestantes por resistirse a la detención, ha habido sobreseimiento de la causa, o incluso absolución, porque las pruebas determinaron que los agentes se habían extralimitado en sus funciones, por lo que dejaban de estar bajo el paraguas del imperium del Estado.

En el caso de la protagonista de nuestra historia, la orden era del juzgado que había resuelto sobre las medidas relativas a los hijos. Y dirán, ¿como es posible que un maltratador siga teniendo derecho a ver a sus hijos, cuando debe estar alejado de la madre?

Pues verán, el derecho no es del padre, ni de la madre. El derecho a comunicarse con los progenitores es uno de los derechos que tienen los menores, y cuyo cumplimiento pueden exigir padres y madres en beneficio de aquellos.

Por otro lado, no todo delito de violencia de género se enmarca en una situación como las que solemos ver en las noticias, de un agresor machista que machaca sistemáticamente a su pareja, incluso llegando a acabar con su vida. Una de las consecuencias nunca suficientemente ponderadas de la Ley de Protección Integral para Víctimas de Violencia de Género es que cualquier conducta mínimamente agresiva ha pasado a constituir delito. Un empujón. Una expresión amenazante, aunque sea hecha sin el menor ánimo de cumplir la amenaza. Hasta llamar demasiado por teléfono a la expareja, como delito de coacciones leves.

Sin embargo, es perfectamente posible que, al margen de esas conductas completamente reprochables, el maltratador condenado nunca haya tenido un mal gesto o una mala palabra hacia sus hijos. Incluso cabe que sea un padre no demasiado desastroso. Sí, no se asusten. Cabe esa posibilidad. Los delitos de violencia de género tienen un subtipo agravado cuando se cometen en presencia de menores, o dentro del hogar conyugal, pero el tipo básico no contempla esas circunstancias. He visto casos de discusiones de pareja, al calor de un par de copas mal tomadas, que han acabado en una agresión física puntual, no repetida, que ha terminado con condena para el agresor. Y el tipo seguía siendo un padre relativamente bueno para los hijos comunes.

Así pues, a la hora de fallar sobre la custodia de los hijos, así como el régimen de visitas y vacaciones, el juez debe tener en cuenta todo eso, y decidir fría y desapasionadamente sobre la cuestión.

Por ello, es relativamente frecuente que una sentencia de divorcio basada en una previa condena por violencia de género, contemple visitas quincenales y periodos de vacaciones con el progenitor no custodio, el condenado por maltrato.

Esta parecía ser la cuestión. Pero la mujer maltratada decidió que sus hijos no estuvieran con su padre, incumpliendo el tenor de la resolución. Ella dice que eran sus vástagos los que habían tomado la decisión. De ser así, podría haber hecho valer esta decisión, si los menores tienen edad y madurez suficientes para que su criterio se tenga en cuenta en un procedimiento de modificación de medidas. Y la mujer tenía que saberlo.

Porque para que haya un procedimiento penal por desobediencia, previamente tiene que haber un requerimiento firme, con todas las advertencias necesarias, del órgano judicial que falló sobre la situación familiar. Así que, en algún momento, alguien tuvo que advertirle a esta señora que tenía medios legales para variar la situación respecto a sus hijos. 

Pero ella incumplió esas órdenes de atenerse a lo resuelto en sede judicial. Y no una, ni dos, que la pena por desobediencia es de un máximo de un año de prisión, y con eso, en este país prácticamente nadie va a la cárcel. Para ello existe la suspensión condicional de la pena si no hay antecedentes. Y aunque los haya, se puede sustituir la prisión por una multa, o por trabajos en beneficio de la comunidad, que prácticamente no se deniegan a menos que el culpable sea reo habitual: tres antecedentes consecutivos, por delitos de la misma naturaleza, en menos de cinco años.

Pues bien, la protagonista de la historia no incumplió una, ni dos, ni tres veces. Hasta cuatro condenas por desobediencia cayeron, una detrás de la otra.

En esas condiciones, lo siento mucho, pero ni el más generoso de los jueces la podía librar del auto de ingreso en prisión.

Obviamente, puestos a comparar, en términos de justicia material, clama al cielo que el maltratador no haya pisado la cárcel, y que la víctima sea la que acabe entre rejas. Por eso es lógico que exista una institución como el indulto. El artículo 4.3 de nuestro Código Penal faculta a solicitarlo “cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.

El indulto está previsto para solucionar cuestiones que, formalmente, y con la ley en la mano, terminen en sentencias condenatorias estrictamente conformes a Derecho, pero que puedan dar lugar a injusticias. Para lo que no está es para librar de la cárcel a kamikazes que van en dirección contraria por la autopista, y luego acuden a sus amiguitos con influencias. Así que igual sí que necesitamos que alguien le dé una vuelta a la muy decimonónica ley de la gracia del indulto.

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