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Competitividad: el problema no son los salarios, sino los beneficios empresariales

España sigue apostando por un modelo de “economía acordeón”, cuyas ineficacias pagan los trabajadores (avance editorial)

Rosell dice que el dato del paro muestra una tendencia moderadamente positiva

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. Foto: EFE


La competitividad se ha convertido en el mantra predilecto de las autoridades económicas europeas y españolas. Según el discurso oficial, España tiene un problema de falta de competitividad, y la vía de mejora pasa por políticas de austeridad y la “devaluación interna”: abaratar los costes laborales, bajando salarios, para así competir en el mercado global. A desmentir esta falacia se dedica Qué hacemos con la competitividad, último título de la colección ‘Qué hacemos’. Una denuncia de las consecuencias fatales que el discurso de la competitividad está teniendo en Europa y especialmente en España, y una apuesta por un concepto diferente: la Competitividad Estructural. Adelantamos unas páginas del libro, dedicadas a uno de los principales lastres de la economía española: los beneficios empresariales, su poca reinversión, la falta de compromiso de los accionistas con las empresas. Frente a ello, el libro apuesta por fórmulas de reinversión de beneficios en cuyo control participen los trabajadores.



La competitividad en España

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La reducción de salarios no es una medida necesaria para mejorar la competitividad, sino que está orientada a mejorar la rentabilidad empresarial, los beneficios.

Una visión más amplia del concepto de competitividad, la mencionada Competitividad Estructural, considera que no se trata de reducir como sea los costes laborales para competir como sea, sino establecer las bases para un crecimiento sostenido de la productividad, que redunde en mejoras de la calidad de vida colectiva.

En primer lugar, porque el mero hecho de reducir los costes para ofrecer precios más atractivos no garantiza nada. Para vender hace falta también que alguien compre y la situación actual de la Unión Monetaria Europea se caracteriza por un estancamiento generalizado, derivado precisamente de la aplicación simultánea de políticas de restricción fiscal y devaluación salarial. Sorprendentemente, son las propias autoridades europeas las que están promoviendo esta “carrera hacia abajo” de los salarios en busca de mayor “competitividad”, sin comprender aparentemente que no todos los países de la eurozona pueden ser a la vez exportadores netos (¿quién comprará la producción?) o que una reducción generalizada de los costes salariales no modifica la situación competitiva relativa de cada país. La alocada carrera por los ajustes en la eurozona obvia este hecho, aplicando una vieja y errónea idea acuñada por el economista francés Jean Baptiste Say, según la cual la oferta creaba su propia demanda. Pero si todas las economías del área tratan de reducir salarios para ofertar precios más competitivos resultará que ninguno de sus principales socios los adquirirá, en la medida en que el poder adquisitivo del conjunto de sus trabajadores será cada vez menor.

Además, dadas nuestras actuales especializaciones productivas y la baja tasa de reinversión de beneficios, es bastante improbable lograr cambios significativos en la composición y el tamaño de nuestras exportaciones y mejorar la “competitividad estructural” incrementando las exportaciones de mayor productividad y contenido tecnológico, únicamente a través de bajadas en los salarios.

En tercer lugar, estas medidas y las de recorte presupuestario deprimen aún más la demanda interna (consumo e inversión de los hogares, empresas y administraciones públicas). Por tanto, no sólo sería necesario que las exportaciones crecieran a una tasa mayor como consecuencia de las medidas de devaluación interna, sino que lo hicieran a una tasa suficiente para compensar los efectos negativos sobre el crecimiento y el empleo que tiene la caída del consumo y la inversión. Algo imposible.

En la actualidad España se enfrenta al reto de afrontar un cambio de modelo productivo en el que se incrementen las actividades exportadoras basadas en la Competitividad Estructural y que sea capaz de financiarse básicamente mediante la reinversión de beneficios y la financiación exterior a largo plazo. Apostar por una “economía de alta productividad”, abandonando el modelo que podríamos denominar como “economía acordeón”: una economía que crece a tasas muy altas en épocas de crecimiento por la afluencia de capital exterior cortoplacista, y que se encoge, entrando en abruptas etapas recesivas, cuando el capital exterior desaparece.

Insistir en un modelo de “economía acordeón”, como EuroVegas en Madrid, o los nuevos planes urbanísticos expansivos de muchos ayuntamientos de Andalucía, al que se añade el impulso a las actividades exportadoras de baja productividad, supone tomar una dirección equivocada –y poco eficaz- para lograr la pronta recuperación de la economía española. Es ahondar en el mismo error del pasado, un error que pagarán varias generaciones futuras. Supone que en vez de tomar medidas para solventar las carencias tradicionales del empresariado español, relacionadas con la escasa reinversión de beneficios que impide incrementar sustancialmente la productividad, se decide que esas ineficacias las paguen los trabajadores, mediante una fuerte devaluación salarial y de las condiciones de trabajo, lo que hará mucho más lenta, y por tanto dolorosa, la salida de la crisis, como indica la caída del PIB del 1,4% en 2012 y las previsiones para 2013 de descenso del PIB en un 1,5%.

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La clave de la Competitividad Estructural es la productividad

La incapacidad política de los gobiernos de actuar eficazmente sobre el sector financiero y energético ha hecho que finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes laborales, lo que tiene consecuencias demoledoras sobre la competitividad estructural, ya que reduce el tamaño de la demanda nacional y su sofisticación (se reduce la demanda productos de alta elasticidad renta, de alto contenido tecnológico). La competitividad estructural de una economía depende de su grado de capitalización, en términos de infraestructuras y accesibilidad, capital humano, e innovación tecnológica.

El resultado del escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock de capital productivo, excluidas las viviendas, en los últimos 15 años creciera a una tasa tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%. La inversión en maquinaria y bienes de equipo, que viene descendiendo en términos absolutos desde 2008, durante la última década tan sólo ha representado como media un 26% de la formación bruta de capital, porcentaje muy inferior tanto a la inversión en vivienda (un 39,2%) como a la inversión en otros edificios y construcciones, (un 34,4%). La tasa de inversión en bienes de equipo llegó a suponer el 8% del PIB en 2007, pero en los nueve primeros meses de 2012 tan sólo significó el 6%, habiendo descendido en un 6,4% respecto al mismo periodo de 2011.

Hay que revertir la falta de compromiso de los accionistas con sus empresas, y desacoplarlo de actividades especulativas a corto plazo, como la inmobiliaria

El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas, entre cuyas causas también está la financiación exterior cortoplacista, es un elemento muy preocupante en una economía como la española, ya que el stock de capital en 2009 representaba tan sólo un 161% del PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. El stock de capital productivo privado por empleado en 2009 apenas representó un 75,6% de la media del área euro, el mismo porcentaje que en 1995. La tradicional escasez de capital productivo es un elemento básico a la hora de explicar la baja productividad de las empresas españolas, sobre todo de las pequeñas y hay que recordar que la estructura empresarial de nuestro país se caracteriza por su atomización.

Para avanzar hacía una “economía de mayor productividad”, que mejore su competitividad estructural, hay que impulsar el esfuerzo inversor privado, para que incremente volumen de capital físico y de innovación tecnológica, revirtiendo la falta de compromiso de los accionistas con sus empresas, a la vez que debe ser desacoplado de actividades especulativas a corto plazo, como la inmobiliaria.

I.-Impulsar fiscalmente Fondos de Reinversión de Beneficios en cuyo control participen los representantes de los trabajadores.

Como hemos visto, intentar establecer una estrecha relación entre la evolución de los salarios y la competitividad tiene un fuerte sesgo ideológico, ya que los datos muestran que no han sido los salarios el factor que ha generado tensiones inflacionistas. El origen de nuestro diferencial de inflación respecto la UE (y de parte de la burbuja de activos inmobiliarios) está en el  incremento de los beneficios empresariales distribuidos a los accionistas y de los intereses financieros pagados por los prestamos solicitados, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no incrementa su productividad. El porcentaje que representan ambos conceptos sobre el beneficio total pasó del 39% en 1995 al 60% en 2008. Esto muestra un menguante compromiso de los accionistas con sus empresas, que fue favorecido por la mejora en el tratamiento fiscal de los gastos financieros en el Impuesto de Sociedades, impulsado por el PP en los años noventa, ya que en términos fiscales era más rentable pedir créditos (incluso a los accionistas) para afrontar las necesidades de inversión de una empresa que aumentar su capital.

Por ello resulta imprescindible incentivar la reinversión productiva de los beneficios de las empresas. La reducción del porcentaje de beneficios distribuidos a los accionistas (los que han generado inflación de precios y activos inmobiliarios) no reduce su riqueza, aunque sí su renta disponible. La reinversión de beneficios incrementa su patrimonio a largo plazo, el valor de las acciones (si la empresa cotiza en bolsa) o el valor de sus activos. 

Una mayor participación de los representantes de los trabajadores en el destino de estos fondos puede tener indudables efectos positivos en la productividad. Ya que la implicación de los trabajadores puede ser determinante para obtener mejoras en la posición de poder de mercado, e incluso de monopolio, a la que pueden acceder las grandes empresas en, al menos, tres aspectos: 1)el acceso a la tecnología, 2)los conocimientos de gestión en equipo, y 3)la mejora de ideas de comercialización. Como reconoce la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo en su proyecto EPOC: “las propias empresas reconocen que la participación de los trabajadores es un elemento determinante en la generación de riqueza”.

Las experiencias desarrolladas en Alemania a través de los Consejo de Vigilancia, donde hay más de 800 empresas que disponen de ese órgano, o en Suecia, donde se desarrollaron los Fondos de Asalariados, ponen de manifiesto el papel que juega la participación de los trabajadores en la alta competitividad y productividad de las empresas de esos países. “La cogestión lleva a que el personal se identifique más con su empresa y los conflictos puedan ser solucionados en un marco de diálogo” (Angela Merkel dixit).


Qué hacemos con la competitividad es una obra colectiva escrita por Bruno Estrada, María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó. Más información en la web de la colección.


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