César Brito, @CesarBritoGlez, es periodista en paro y tiene una discapacidad del 60%. Sus intentos de encontrar trabajo han chocado con la picaresca de los empresarios@CesarBritoGlez
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Que por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas ¿Se acuerdan de la tonadilla infantil? Pues hoy les hablaré de otras mentiras igual de “simpáticas”. Voy a hablar de integración de discapacitados en el mercado laboral, del “respeto a la Ley” y demás entelequias que suceden a nuestro alrededor.
Hace unas semanas, el servicio de empleo me envió una carta postal para darme aviso de una oferta de trabajo como redactor de prensa. La oferta no me emocionaba porque conocía la empresa, había trabajado con anterioridad para ellos y no las tenía todas conmigo. De todas formas, tengo la mala costumbre de comer y necesito los ingresos. Además, si no respondía a la oferta el servicio de empleo podría penalizarme, por lo que no me quedaba otra.
Al día siguiente me llamaron de la empresa en cuestión. Como me conocen perfectamente, no me pidieron más datos; querían saber si podían contar conmigo para el proceso de selección. “Llamo a otros cuatro o cinco candidatos y te digo algo”. Hasta hoy.
Por amigos a quienes animé a apuntarse, supe que el candidato debía contar con un mínimo de 33% de discapacidad reconocida, criterio que cumplo holgadamente. Sé que tanto en Salamanca como en Castilla y León no hay muchas personas que cumplan con los requisitos exigidos. Si se presentaba la oportunidad, me llamarían.
Hace pocos días, otra amiga me alertó sobre una oferta similar, en la oficina virtual del servicio de empleo. No daban tantos detalles como en la ocasión anterior. Esa misma mañana, otro amigo me insistió sobre la plaza disponible y, aunque el código de la oferta me sonaba, llamé a la oficina de empleo, para constatar que no se trataba de la misma oferta en la que ya estaba apuntado. Lo que el funcionario me contó no tiene desperdicio.
Efectivamente, se trataba de la misma oferta en la que estaba ya apuntado. Y, efectivamente, se trataba de la misma empresa con la que ya había estado en contacto. Según este funcionario, las empresas de más de cincuenta trabajadores -como es el caso-están obligadas por la Ley 13/1982 de 7 de Abril (LISMI o Ley de Integración Social de Minusválidos), a reservar un mínimo del 2% de sus plazas de trabajo para personas con una discapacidad del 33% o mayor. En este caso, la empresa está solicitando aspirantes con discapacidad para cumplir la legislación vigente. Pero la trampa es bien sencilla: los criterios de selección son tan estrictos que ningún candidato “responde al perfil”.
Cuando la empresa haga dos o tres intentonas sin obtener resultados (a sabiendas), podrá saltarse la ley y decirle al Gobierno, o a los hipotéticos inspectores de Trabajo, que no ha contratado a nadie, pero no por falta de ganas, que son muy buenos empresarios y muy concienciados y tal y cual. No hay sanción, no hay problema. Es que no hay discapacitados tan “especiales”.
Usando las palabras del funcionario: están “mareando la perdiz y aprovechando los huecos de una ley que está mal hecha”. Es importante aclarar que lo que me ha dicho este funcionario anónimo está pasando y es tan real como el aire que respiran. No tengo pruebas fehacientes de que esto sea así, pero ya saben: España, charanga, pandereta y picaresca.
El caso es que, más allá de la Ley de Dependencia y otras patrañas gubernamentales semejantes, a los discapacitados no nos quieren contratar. Y las leyes que “obligan” a dar una oportunidad a gente preparada con discapacidad son una mentira tan gorda como las liebres o las sardinas del principio. Quizás me equivoque, pero apuesto a que los cinco aspirantes de mi Comunidad Autónoma continuaremos esperando una oportunidad para que nos “integren” en la sociedad y nos consideren “normales”.
