Los derechos de los muertos

AVISO IMPORTANTE: Este artículo contiene altas dosis de humor negro. Si el lector es especialmente sensible con el tema de la muerte, o acaba de vivir el desgraciado fallecimiento de un ser querido, recomendamos que no lea lo que sigue, ya que podría herir su sensibilidad. Si, a pesar de esta advertencia, decide igualmente leer el artículo, sus quejas concernientes a este punto serán consecuentemente ignoradas.

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En esta sociedad capitalista y falta de empatía, hay colectivos que sufren una vulneración sangrante de sus derechos.

Por ejemplo, los cadáveres.

No todos los ciudadanos tienen la suerte de estar vivos y poder así trabajar y ganarse un sueldo. Algunos, por cosas de la vida (nunca mejor dicho), se encuentran de repente en un estado de muerte y ya no son vistos con buenos ojos por el mercado laboral. En ese momento, el acceso a un puesto de trabajo se vuelve complicado y el muerto pasa a convertirse en un sujeto pasivo a los ojos del sistema nacional de seguridad social.

Lo ideal sería que, una vez que uno fallece, entre lo que él mismo ha aportado a las arcas estatales y la solidaridad de los que aún viven, mediante una sana redistribución de la riqueza, se le pudieran proporcionar unos ingresos que le permitan desempeñar una muerte digna y plena. Pero claro, en esta época de austeridad y pirámides poblacionales invertidas, la sostenibilidad de tal sistema no parece garantizada.

El pacto del cementerio de Toledo parece cada vez más frágil.

La situación es aún más complicada si uno muere antes de poder cotizar su buena cantidad de años, o incluso si uno nace muerto, cosa que también es posible. En ese caso, dado que no ha habido una aportación neta por parte del ciudadano, algunos cuestionan que tenga derecho a ayudas estatales.

A pesar de la buena voluntad de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero con el colectivo cadáver, la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de fallecimiento y a las familias”, frecuentemente abreviada “Ley de Fallecimiento”, fue redactada cuando le empezábamos a ver los dientes al lobo de la crisis y nunca se dotó de los recursos económicos necesarios para una implantación efectiva.

Independientemente de si la muerte es sobrevenida o innata, está claro que los muertos necesitan la ayuda de terceras personas para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana, como levantarse de la cama, lavarse los dientes, o salir a comprar verdura por el barrio. Contratar a un asistente personal con las ridículas subvenciones que otorga en estos momentos la Ley de Fallecimiento es sencillamente imposible.

También se ha cuestionado la necesidad de que existan tres Grados y dos Niveles de muerte dentro de cada Grado, pero no es mi intención entrar en los detalles de la Ley en este post.

El alto coste de un asistente personal y la escasez de las ayudas hace que sólo los fallecidos que tienen un nivel económico muy alto puedan liberar a sus familias de las indispensables tareas de asistencia. Los muertos pobres no tienen otra opción que vivir (ya me entienden) en el domicilio familiar toda la muerte, típicamente obligando a los padres o a los hijos (esto segundo es más habitual) a que abandonen sus trabajos para “cuidarlos”. Los muertos que, además de ser pobres, no tienen familia, son recluidos por el estado en cementerios. Huelga decir que los fallecidos encerrados en estas instituciones no están integrados en la sociedad y no tienen la posibilidad de ejercer su ciudadanía de un modo activo.

Siguiendo con los problemas a los que se enfrenta el colectivo cadáver, podemos mencionar la falta de accesibilidad del entorno. Por citar sólo algunos ejemplos, no se permite a los muertos entrar a muchos establecimientos, no se les deja subir al transporte público, y lo tienen muy complicado para volar. En el avión, así como en algunos trenes y en ciertos viajes por carretera, los fallecidos son obligados a viajar en incómodas cajas de madera, sin baño, sin posibilidad de contemplar el paisaje, y sin acceso a la cafetería.

En definitiva, a pesar de la redacción por parte de la ONU de la Declaración de Derechos de las Personas Muertas en 2006 (ratificada por el Reino de España en 2008), la situación del colectivo cadáver dista aún muchísimo de ser aceptable.

El discurso político imperante nos transmite que no hay dinero para ocuparse de estas cosas. Mientras se promueven olimpiadas, se construyen infraestructuras inútiles y se permite que los grandes capitales evadan impuestos mediante artificios legales, globalización de los mercados y amnistías cuando todo esto falla. Cualquiera que tenga dos dedos de frente percibe que esta actitud significa que nuestros gobernantes piensan sencillamente que los derechos de los muertos no son una prioridad.

Existen voces que sostienen que las causas de esta situación es la visión negativa que gran parte de la sociedad tiene de las personas fallecidas.

Se argumenta, por ejemplo, que los anuncios de la Dirección General de Tráfico, en los que sistemáticamente se representa a la muerte como una posible consecuencia indeseable de un accidente de coche, denota un modo de ver al colectivo cadáver para nada compatible con la realidad. Muchos muertos afirman ser mucho más felices después de su muerte y critican que se piense que alguien tiene que deprimirse automáticamente por el hecho de perder la vida.

Asimismo, estas voces suelen insistir mucho en el uso de un lenguaje “no discriminatorio” como posible estrategia de cambio social. Por ejemplo, desde el Foro de Muerte Independiente (FMI... vaya, qué casualidad), se defiende el uso de la denominación “Persona con Diversidad Vital” (PDV), o incluso “Persona Discriminada por su Diversidad Vital” (PDDV), argumentando que todos estamos en un estado vital diferente, ninguno a priori peor que otro, pero algunos de nosotros somos sin embargo discriminados por nuestro estado vital concreto. En este caso, por estar muertos.

En una de las últimas campañas del FMI se insistía mucho en que se cambie la fórmula ritual de los casamientos religiosos, “hasta que la muerte los separe”, por “hasta que la diversidad vital los separe”. Luego se dieron cuenta de que, en realidad, la diversidad vital no debería ser contemplada como una causa de ruptura de un matrimonio, así que pasaron a exigir tanto la eliminación de la frase como la abolición legal de la viudedad. El FMI considera ahora que un viudo que se vuelve a casar es en realidad un adúltero.

Como los debates en torno a este asunto se suelen poner un poco escabrosos y es obvio que no hay nada más lejos de la intención del autor de este post que herir sensibilidades, vamos a dejarlo aquí.

Me limito a mencionar, antes de concluir y si el lector me lo permite, que, aunque considero que aún hay puntos que mejorar en la visión que la sociedad tiene de los muertos, mi impresión es que, en general, la gente los mira con simpatía. El reciente lanzamiento de la película Warm Bodies, en la que se representa a los muertos como personas normales, que trabajan y hasta aman, es un ejemplo claro de esta tendencia.

En cualquier caso, no pienso que la insistencia en un cambio de lenguaje sea una buena estrategia para cambiar la mirada de la gente hacia los muertos. Por un lado, no está demostrado que funcione. Por otro lado, es una potencial fuente de división en el colectivo cadáver. Es un hecho que existen muertos que no ven nada malo en los vocablos “muerto” o “fallecido”, mientras que consideran el término “persona con diversidad vital” blando y paternalista. Incluso hay muertos que, apelando al humor y con la intención de restar importancia al lenguaje, se llaman a sí mismos “zombies” o “huesitos”. Recomiendo a los lectores visitar por ejemplo un blog en esta línea llamado “De fiambres y de hombres”.

Ya concluyendo, y olvidando los pequeños detalles que nos separan para construir un movimiento en torno a los grandes objetivos que nos unen, no podemos perder de vista que los muertos españoles sufren una discriminación económica brutal y que sus necesidades especiales son muy poco tenidas en cuenta por el sector privado y por el gobierno. Aún estamos muy lejos de que los fallecidos puedan integrarse en la sociedad con plenitud y dignidad. Y, por eso, hay que seguir luchando.

Hay quien ha sugerido que los muertos deberían unir fuerzas con los discapacitados, debido a las similitudes que existen (según los que defienden la idea) entre las demandas de unos y de otros.

De todas las opiniones absurdas con las que se ha encontrado el autor, ésta es la más ridícula de todas. Cualquiera que haya leído con atención este artículo es capaz de darse cuenta que las dos situaciones no tienen nada que ver.