Cuando Ana Orantes fue asesinada en 1997, un escalofrío despertó la conciencia de la sociedad española. La habían visto días antes, en televisión, narrando el calvario que vivía desde hacía 40 años. Su muerte abrió los ojos a una ciudadanía que había hecho oídos sordos a un problema que siempre estuvo enterrado entre las cuatro paredes de casa. Las mujeres habían estado solas. Hasta entonces. El asesinato de Ana Orantes provocó una revolución legislativa que culminó en 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple una década con luces, pero con terribles sombras: en lo que va de año han sido asesinadas 42 mujeres; 12 de ellas habían denunciado previamente a su agresor.

La comparación, utilizada por algunos colectivos de víctimas, suele ayudar a visualizar cuál es la radiografía actual: ETA asesinó desde 1968 hasta 2010 (en 42 años) a 829 personas. El “terrorismo machista”, como lo definen ya estos colectivos, ha matado a 700 mujeres en una década. Una media de setenta homicidios cada año. El dato contabiliza a las mujeres asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a cifrar los crímenes con vistas a la aprobación de la ley –un año más tarde–, hasta 2013. En este negro balance no se incluían a las 45 asesinadas de este 2014, catorce de las cuales habían denunciado.

Durante la reunión de junio del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para estudiar la futura reforma de la Ley andaluza contra la Violencia de Género –con el fin de mejorarla–, la diputada socialista Soledad Pérez fue clara: “No queremos modificarla porque tenga déficit, pero estamos preocupadas por el poco pulso social que está teniendo la violencia de género”. “Las mujeres siguen sin confiar en el sistema, el sistema sigue sin funcionar porque continúan muriendo mujeres que nunca denunciaron”.

Pocas veces se ha vuelto a repetir aquel 'sí' unánime de los 320 diputados del Congreso a la Ley Integral contra Violencia de Género. Salvadas las reticencias iniciales planteadas por el Partido Popular, nadie pudo negarse, aquel 8 de octubre de 2004, a dar apoyo a una norma que estaba llamada a combatir esta grave lacra social. Esta ley pionera, esperada y al final aplaudida por la casi totalidad de la sociedad, fue la primera que aprobaba el recién aterrizado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Era la primera vez que la mujer víctima de la ancestral violencia machista se convertía en el eje de reformas sociales, sanitarias y, sobre todo, judiciales. Porque la ley no solo se comprometía a no dejarlas solas, a escucharlas, a acompañarlas… La norma incluía, además, el aumento de penas para los maltratadores y asesinos, creaba juzgados especiales y medidas de protección específicas para las víctimas. Pero llegó la crisis.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamaba hace unas semanas al Gobierno central que no recortara más en esta materia que ya había perdido, en los dos últimos años, “el 22%”. Pero eldiario.es publicaba en septiembre que los fondos para las políticas en favor de la mujer se habían estabilizado en sus mínimos de cara a los presupuestos de 2015, aunque en los últimos cuatro años el gasto en igualdad y contra la violencia machista había perdido 16,9 millones de euros.

La clave: prevenir y educar

La clave: prevenir y educarNadie duda ya de que esta ley fue un paso definitivo en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, para Carmen Monreal, psicóloga, pedagoga y profesora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), “aunque supuso un referente, fue una ley mucho más avanzada que las mentalidades, mucho más difíciles de cambiar”. Esta ley echó a andar por delante de una sociedad en la que en determinados ámbitos se “mantiene la creencia de que las mujeres son menos capaces”.

“Esta creencia existe y existe en la actualidad, y esto hace que se cree resistencia, porque se trata de ideas que están muy interiorizadas. Esta idea de desigualdad llevada al extremo es lo que produce violencia, y el hecho de que esté tan interiorizada en la sociedad hace que exista tolerancia hacia ella”, explica Monreal, que codirige el máster de Género e Igualdad de la UPO y estuvo al frente del Aula de Género de la universidad durante cinco años (2003-2008). “Se han producido importantes avances en esa no tolerancia, se va interiorizando poco a poco ese rechazo social, y ese sí que es un gran paso, porque el problema deja de ser privado para convertirse en un problema social”.

“Pero esto es solo la punta del iceberg”, comenta Monreal, “porque hay hombres que siguen sin considerar que exista un problema y que, por tanto, asuman la igualdad en sus relaciones sociales, afectivas, laborales…”. “La única manera de combatir esto es la educación”, sentencia. Un aspecto, a juicio de expertos como Monreal, tratado en la ley, pero escasamente llevado a la práctica. “La prevención es la gran asignatura pendiente”, opina la profesora de la UPO.

Esta afirmación es ya una reivindicación ante los nuevos datos: los adolescentes imitan y reproducen los patrones machistas y ya se está produciendo un incremento de víctimas de violencia de género en menores de edad. “El machismo muta, cambia y se adapta”, afirma la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate. Hoy ese machismo ancestral encuentra en las redes sociales y el móvil un gran aliado, de ahí que la Administración autonómica se esté empleando a fondo en el desarrollo de programas que tienen como eje a las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías. “Las jóvenes han crecido pensando que ese problema ya no era suyo, pero en el momento en que tienen pareja, son madres o acceden al mercado laboral, sienten en su propia piel esa brecha”, afirma Oñate: “Es ese falso espejismo de la igualdad”.

La revolución sigue pendiente. La última encuesta del CIS sitúa a la violencia de género y a los problemas relacionados con las mujeres en los últimos puestos de la lista de preocupaciones de los españoles, por debajo de la “crisis de valores”.

Las víctimas mortales en la carretera se han reducido más del triple en la última década y más del doble los muertos en el trabajo, mientras que las asesinadas por sus parejas o exparejas se mantienen prácticamente sin cambios.

Varios expertos intentan ver las claves que han podido repercutir en los resultados de las políticas aplicadas en cada uno de estos problemas y cómo las campañas de sensibilización han logrado calar o no.

Las estadísticas ponen en evidencia que las políticas en materia de seguridad vial han sido de las que mejores resultados han dado en nuestro país. Entre 2003 y 2013 se han reducido más del triple las víctimas mortales en accidentes de tráfico en vías interurbanas (los datos relativos a las urbanas el pasado año todavía no están cerrados): pasando de 4.480 a 1.128, y con un parque de vehículos que no ha dejado de crecer. Si comparamos también la última década con las políticas de lucha contra la siniestrabilidad laboral encontramos igualmente resultados buenos: las víctimas mortales por accidente de trabajo han caído más del 100% (incluso aplicándole el índice de fallecidos por número de afiliados hay una mejora notable): de 1.020 en 432. Sin embargo, no ocurre con otro fenómeno desgraciadamente habitual en la prensa: la lucha contra la violencia de género. Entre 2003 y 2013 han muerto 712 mujeres, sin que se observe una tendencia a la baja año a año. ¿Por qué? Hemos hablado con algunos expertos para entender qué ha sido clave y qué falta para afrontar estos fenómenos que cada año dejan decenas de víctimas mortales.

Mercedes Castro Nuño, doctora en Economía por la Universidad de Sevilla, apunta que “la siniestralidad vial en un problema de salud pública con una naturaleza compleja, que exige la implementación de una estrategia global que tome en consideración todos los factores involucrados”. Opina que la clave de ese éxito reside en una mezcla de variables. “Estamos hablando de un periodo en el que, hasta la crisis, se ha producido un progreso económico. En la mayoría de los países industrializados, el crecimiento conlleva, en un primer momento, un aumento del número de vehículos y de la movilidad, y por tanto, una mayor exposición al riesgo. Sin embargo, a partir de cierto nivel de prosperidad, esa tendencia se invierte (aunque continúe creciendo el número de vehículos en circulación), como consecuencia de la mejora de las infraestructuras, la renovación del parque de vehículos y los avances en la asistencia sanitaria”, relata.

En nuestro país, estas circunstancias, “se han visto potenciadas por el innegable impacto de las intervenciones realizadas desde la década anterior, destinadas a modificar la conducta de los usuarios en convergencia con la política europea de seguridad vial”. Cita la obligatoriedad de elementos de seguridad pasiva, la reducción de las tasas de alcoholemia permitidas, el cambio de cultura vial instaurado por el carné de conducir por puntos y el endurecimiento de los mensajes transmitidos en las campañas, entre otros.

Sobre estas últimas, recuerda que “la literatura especializada evidencia que una campaña es eficaz en la medida en que cumple los objetivos para los cuales fue diseñada”. De la misma manera que “todo apunta a que, se logra una mayor reducción del número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico, cuando el nivel de dureza utilizado en los mensajes se incrementa después de un periodo de varios años de publicidad más blanda”. Es decir, tras un “barbecho de publicidad agresiva”, evitando que la audiencia se inmunice ante el uso excesivo de una línea dura.

En cambio, reconoce que “a pesar del importante esfuerzo de difusión que se ha realizado en España en los últimos años en comunicación en materia de violencia de género, mediante una considerable inversión económica, parece que no se ha alcanzado el potencial mediático proyectado inicialmente y las políticas desarrolladas no han resultado eficaces”. Matiza que “estamos hablando de problemas de índole y causalidad muy diversa”. Pueden haberse utilizado técnicas y formatos similares (participación de personajes conocidos, mensajes realistas y con dureza visual…), “si bien se han alcanzado niveles de sensibilización social desiguales”. En su opinión “la experiencia recogida con este tipo de campañas en otros ámbitos, como el de la seguridad vial, parece manifestarse con mayor intensidad en el campo de la violencia de género”, en relación con la hipótesis de que, a partir de cierto nivel, la publicidad ya no penetra en la población objetivo y no resulta efectiva, dando lugar a lo que los expertos llaman efecto boomerang. “Es decir, que las campañas pueden llegar a tener efectos contrarios a los deseados, reforzando incluso las actitudes de aquellos individuos con mayor propensión a la violencia de género, como consecuencia de una insensibilidad, una inmunización y un efecto imitación”, precisa.

En este sentido, subraya que hoy en día, prácticamente toda la población está de acuerdo en desaprobar la conducción bajo los efectos del alcohol. Por el contrario, “desafortunadamente, todavía existen segmentos de población con cierta tolerancia a la violencia de género”. La lucha contra los accidentes de tráfico se afronta como una responsabilidad compartida “mientras que no se termina de interiorizar el mensaje transmitido en las campañas contra la violencia de género”. Todo ello, refleja “una sorprendente convergencia de la sociedad española con el entorno europeo en materia de seguridad vial, frente a una madurez insuficiente en violencia de género”, prosigue.

Cree que se encuentran “diferencias en la gestión de ambos problemas de salud pública: la lucha contra los accidentes de tráfico es una cuestión de ámbito nacional y europeo, mientras que las políticas contra la violencia de género, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel central, se encuentran básicamente transferidas a las comunidades autónomas, siendo necesario un esfuerzo de coordinación de medios y actuaciones”. Por ello, opina que “probablemente la erradicación de este problema exige poner aún más énfasis en la prevención a través de la educación, la igualdad de oportunidades y la eliminación de ciertas estructuras dominantes que aún perviven”.

Objetivos diferentes

En general, cree que “tal vez la clave esté en que las políticas de seguridad vial se han enfocado intentando concienciar al infractor de que las consecuencias de su actuación le convierten en víctima potencial, mientras que en las desarrolladas en el campo de la violencia de género, aún falta cierta contundencia en la visibilidad de las consecuencias legales y sociales para con los maltratadores”.

En esto coincide con María Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, quien matiza que mientras que en el tráfico y el mundo laboral se incide en la “autoprotección y la seguridad”, sí puede haber coincidencia entre la víctima y el infractor, mientras que en la violencia de género “las campañas se dirigen mayoritariamente a las víctimas, no hacia los agresores”. Tras recalcar que no piensa que sean fenómenos “equiparables”, intenta encontrar alguna explicación sobre los resultados desiguales.

“En el caso de la siniestrabilidad laboral y el tráfico, hablamos de infracciones administrativas y en ocasiones de posibilidad de delito, pero en la violencia de género, sobre todo si hay víctima mortal, hablamos de una cuestión claramente delictiva”, puntualiza. Entiende también que el punto débil puede estar en el proceso penal “en lo que conocemos como retirada de la denuncia, que no es tal, porque no se quitan, sino que la mujer desiste de seguir adelante y declarar ante un juez lo que ha dicho ante la policía”. Pero ello -continúa- no exime de la labor que tiene que hacer el fiscal y el juez para llegar hasta el fondo. “No existe retirada de denuncia, sino la negativa a declarar, y ahí está el problema porque se pierde la principal carga probatoria, que es el testimonio de la víctima”, subraya. Finalmente, se pregunta si después de 10 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo equipo participó como asesora, “no es hora de hacer un balance de cómo se ha aplicado y para qué ha servido”.

Por su parte, Cristina Blasco, profesora de Derecho del Trabajo, subraya en relación a la siniestrabilidad laboral que “hay que tener en cuenta el valor de las normas existentes en nuestro país en materia de prevención”. Existe una Ley de 1995, un “importante conjunto de normas de desarrollo” y un “ingente número” de otras técnicas por las que se establecen medidas concretas dirigidas precisamente a evitar los accidentes en los centros de trabajo. Existe también una infraestructura organizativa importante y compleja, así como una serie de órganos (servicios y delegados de prevención, por ejemplo) “que ejercen distintos tipos de funciones encaminadas a evitar los riesgos laborales”. También se establece un amplio cuadro de infracciones por las que se sanciona cualquier incumplimiento de las normas. “E incluso, se tipifica en el Código Penal un par de delitos cuando se dan los incumplimientos más graves de las normas. Tiene una clara finalidad preventiva. Quiero decir que es posible que estas medidas hayan conseguido realmente esa finalidad disuasoria”, recalca.

Manolito entró en la clase con las rodillas llenas de sangre. Se había caído en el recreo. “¿Qué te ha pasado Manolito?”, le preguntó la profesora a su alumno de sólo cinco años. “No te preocupes seño, soy valiente… y los niños no lloran”. “¿Por qué los niños no pueden llorar si les duele? ¿Es que ellos, vosotros, no os ponéis tristes como vuestras compañeras?”, pregunta Ana, aquella profesora, la misma hoy, al medio de centenar de niños y niñas que la miran con sorpresa. “¿Por qué no pueden llorar los niños y sí las niñas?”, insiste. El auditorio reflexiona en silencio. Ana les concede unos segundos antes de continuar: “Al hacernos caso de estas cosas aprendidas culturalmente, tenemos dificultad para transmitir a los demás nuestra personalidad, porque desde que nacemos nos asignan un papel distinto a mujeres y hombres”. “¿Cómo hemos llegado a ser diferentes?”, pregunta al alumnado, que no tiene más de 11 años. “¿Estáis de acuerdo en que desde pequeños nos dicen que a las niñas les gusta el rosa, las muñecas y que son sensibles y miedicas? ¿Y que a los niños les gusta el azul, son brutos y muy valientes?”. Y un rotundo “siiiiiiiiiiiiiiii” rompe con el silencio en la Casa de la Cultura de Santiponce, en Sevilla.

Hace una mañana gris y lluviosa. Aún así escolares de varios centros de la localidad se han acercado, junto a sus profesores, hasta este auditorio para participar en el programa 'La Violencia No es un Juego', que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, ha puesto en marcha para tratar de derribar estereotipos y fomentar la cultura de la igualdad entre los más pequeños. Más de 295.000 niños y niñas participarán en alguno de estos talleres en Andalucía.

El temor a que la violencia de género eche raíces entre los jóvenes ha alertado a las administraciones. Sobre todo desde que se conocieran los datos del informe ‘Andalucía Detecta’ en 2011. Aquel estudio, elaborado por el IAM, arrojaba ya entonces datos preocupantes: un 24% de los jóvenes andaluces consideraba que el lugar de una mujer estaba en su casa, con su familia, y el 10%, que el hombre es quien debe tomar las decisiones “importantes” en la pareja. El informe evaluaba el grado en que los adolescentes andaluces de 3º y 4º de la ESO tenían interiorizado el sexismo, referido a roles e ideas relacionadas con la legitimidad del dominio del varón sobre las relaciones de pareja y sobre su capacidad de identificar el abuso o el maltrato. El 86,4% de las chicas y el 77,4 de los chicos asumían como verdadera la idea de que “sólo puede hablarse de maltrato a la mujer cuando el hombre le pega”.

Con los datos en la mano y teniendo como referencia el incremento de los casos de violencia de género entre chicas menores de 18 años, la Junta de Andalucía puso en marcha iniciativas que tenían a la educación como eje en la lucha contra las desigualdades y la violencia machista.

En Santiponce, los alumnos que participan en el taller son continuamente interpelados por Ana sobre sus gustos, sobre lo que quieren ser de mayores, sobre su manera de enfrentarse a los conflictos. “A mí me gusta el fútbol y a veces se meten conmigo”, reconoce una de las niñas. “¿A quién le gusta Cenicienta?”, pregunta esta vez Ana: “¡A miii!!”, un grupo de niñas ha levantado la mano. “Chicas, pensadlo bien. Cenicienta es una chica que está siempre encerrada en un castillo limpiando para los demás. ¿Eso os gusta?”. “Nooooooooo”. “¿Habéis visto alguna vez a Spiderman con escoba?” “Noooo”, y al auditorio vuelven las voces y las risas. “¡Yo también quiero salvar al mundo, ¿pueden las princesas salvar el mundo?”, les pregunta Ana esta vez. Los niños y niñas vuelven al silencio reflexivo.

Adolescencia machista y redes sociales

Programas similares se repiten también en los institutos, adaptados al leguaje adolescente. Porque, actualmente, los jóvenes empiezan a imitar conductas machistas pero, ahora sobre todo, haciendo uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. “Si me quieres, dame las claves del twitter”. “Como no lo hagas, subo a internet tus fotos sin sujetador”. “¿Con quién estás? Mándame una foto por whatsapp”. Estas frases, reales, son sólo un ejemplo del control y del abuso que los jóvenes empiezan a ejercer sobre sus parejas a través de las nuevas tecnologías. Los expertos alertan ya sobre un nuevo tipo de violencia, que denominan la “ciberdelincuencia de género”, que afecta principalmente a los adolescentes.

“La violencia de género ha mutado; es un fenómeno muy grave al que no podemos enfrentarnos como antes”, afirmaba Amparo Díaz, abogada experta en la materia, en uno de los talleres de los Foros ASOCIA, destinados a ofrecer a los adultos las claves necesarias para detectar y prevenir posibles casos. “Las nuevas tecnologías han entrado en nuestras vidas y no estábamos preparados, nadie nos alertó de los peligros: el futuro nos ha atropellado”, sentenciaba el psicólogo Juan Ignacio Paz, responsable del programa de atención psicológica a víctimas de violencia de género menores de edad, impulsado por el IAM. “No es exagerado decir que la juventud siente, comunica y vive sus relaciones en las redes sociales, y los adultos tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de relación que no es la nuestra”. “Hay que educar a nuestros jóvenes para que entiendan que lo que hagan en el mundo virtual sí influye en el mundo real”.

Si todos los agresores han pasado por las aulas ¿qué ha hecho la escuela para detenerles? ¿Puede realmente hacer algo la escuela contra los malos tratos? Este ha sido el punto de partida de las Jornadas Educativas para Prevenir la Violencia Machista celebradas en Córdoba con la participación de profesores de todos los niveles educativos y expertas en la lucha contra la violencia de género, que han puesto la lupa en el papel de la escuela para aportar soluciones contra el maltrato desde este ámbito.

Cuando la realidad de las estadísticas avala que se ha producido un incremento en los casos de violencia de género entre los más jóvenes, son los propios maestros, profesores y colectivos de mujeres que luchan contra la violencia de género los que han puesto sobre la mesa las carencias del sistema educativo para actuar como freno al desarrollo de conductas de maltrato.

“Nuestro sistema educativo carece de los medios y herramientas necesarios para poder hacer realidad la tarea encomendada por la Ley Integral contra la Violencia de Género”, señalan en sus conclusiones los participantes en este debate, que reflexionan sobre el tipo de escuela que puede prevenir la violencia o si los profesionales de la enseñanza pueden hacer algo para prevenir este tipo de actuaciones.

“El sexismo está instalado en toda la sociedad” -argumenta la profesora de Secundaria Fina Vega-, “pero es obligatorio que la escuela haga algo para formar parte de la socialización de las personas contra actitudes machistas y la violencia de género”. Esta profesora, que en estos días ha hecho participar a sus alumnos en un taller Por los buenos tratos, desgrana cómo “el sexismo marca los distintos grados de violencia que viven algunas adolescentes cuando ante ataques, discriminaciones, humillaciones o imposiciones orientan la violencia contra ellas mismas y su respuesta es aguantar, callar, perder la autoestima, supeditarse a deseos ajenos y mantener una actitud de víctima que le impide reaccionar ante los ataques recibidos”.

Y advierte que, en la actualidad, en los centros de enseñanza “no hay tiempos ni espacios ni programación adecuada para tratar la igualdad y eso es la base de donde nace luego la violencia”. “Todo lo que ahora mismo se hace es con el voluntarismo de los profesores”, señala para explicar que “se podría hacer mucho si la administración introdujera en el currículo académico asignaturas obligatorias y a profesores formados”.

Formación a profesores, padres y madres

En ese ámbito, el de la formación del profesorado, los propios profesores proponen una “formación inicial obligatoria sobre coeducación, igualdad de género y violencia de género” para profesores de todos los niveles educativos, bien sea en la carrera de Magisterio o bien en el Máster de Educación necesario para impartir clases. Luego, herramientas como la formación continuada en estos aspectos, la inclusión en el temario de oposiciones y la formación adecuada en igualdad para asumir la tarea de responsable de coeducación de los centros, son otras de las propuestas que hacen los propios profesionales.

A esa conclusión llegan también profesores de Universidad como Mercedes Osuna o de Primaria como Elisa Hidalgo, directora además del Centro del Profesorado Luisa Revuelta de Córdoba. En ella se aúna los perfiles de maestra, de colega que escucha a otros profesores que piden herramientas para trabajar contra la desigualdad, pero también el de madre que en su entorno familiar ha vivido de cerca el maltrato de un chico a su pareja. Y ahí, en la coeducación familiar, advierten que hay que hacer especial hincapié.

“La violencia de género puede darse en cualquier familia, donde no se haya producido antes nada de eso y se haya educado a los hijos sin condicionamientos sexistas. Pero en la educación, dentro y fuera de la escuela, ningún gesto, ninguna palabra, carece de importancia”, afirma desde su experiencia. De ahí que se proponga formar también a padres y madres “para prevenir, detectar y afrontar la violencia de género”, además de fortalecer en las AMPAS la concienciación de su papel en el ámbito de la educación en igualdad.

Junto a ello, “implicar a los propios chicos en la batalla por la igualdad” es también la base de estas propuestas que pretenden que los menores se conciencien contra los valores y roles machistas. Y ahí, opinan los profesionales de la educación- es vital también desarrollar propuestas que tienen que ver con los contenidos curriculares. “Habría que crear una asignatura con carácter obligatorio y para todos los niveles educativos”, proponen tanto profesores como mujeres activistas en la lucha contra la violencia de género.

“Hay que trabajar la coeducación emocional y afectiva en todas las etapas educativas”, añaden y, además, proporcionar “materiales, textos, libros donde se muestren otros modelos de hombre y mujer rompiendo con los estereotipos y roles de género”.

Porque, como concluyen, “la educación es la herramienta fundamental que lleva a perpetuar la desigualdad”, advierte Dulce Rodríguez, activista contra la violencia de género desde la Asociación de Mujeres Marianne y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. “Lo que se da a un niño, eso será lo que él nos dé a la sociedad”, afirma desde la convicción de que “la educación es la vacuna contra la violencia de género”.

Cristina abre una caja imaginaria donde una vez hubo un espejo. Hace el gesto de abrir la tapa y se mira en ese espejo invisible. “Soy otra persona”, dice en un susurro mientras las lágrimas asoman en un rostro hoy sereno, sin rabia ni miedo. “Me había prometido no llorar pero, al removerlo todo, no puedo evitarlo”. Para Cristina, aquella terapia de grupo donde la psicóloga la obligó a enfrentarse a su propio rostro representó un antes y un después en su vida. Para entonces, ya había gritado un “hasta aquí hemos llegado” después de la primera paliza, había dejado su casa con su hijo pequeño y había superado el miedo para ir a denunciar. Pero seguía sin encontrarse.

Aquel día de terapia, Cristina (no es su nombre real) empezó una lucha personal contra once años de invisibilidad. Más de 4.000 días en los que transitó sola por un camino lleno de renuncias, abusos e insultos de su expareja.

Ya hace un año que volvió a encontrarse con aquella joven de 30 años que había trabajado en Barcelona, en Canarias y en Sevilla. Aquella emprendedora que no tenía miedo a los retos, que tenía amigos aquí y allá y a la que le encantaba salir y ponerse guapa. Volvió a mirarla, ya sin nostalgia, y decidió que era hora de desprenderse de aquella otra Cristina triste, a la que su marido había prohibido trabajar y relacionarse con familia y amigos durante demasiado tiempo. Aquella Cristina miedosa que sólo vivía para que él no se enfadara, que no se maquillaba ni salía sin su permiso, que aceptaba sumisa las culpas, los errores inventados, el control, las humillaciones… Para que no se enfadara.

Hasta hace un año, cuando se plantó y le dijo que no podía más. Y él se enfadó y le pegó una paliza delante de su hijo. “Cuando llegó la policía, encima les dijo que era yo la que le estaba pegando”. Era la segunda vez que le levantaba la mano. La primera, se refugió en casa de su madre, aunque a los pocos días volvió con su agresor: “Lo hice por mi hijo. Fue el mayor error”.

Después de aquella paliza, tardó una semana en denunciarlo. Tenía miedo, se sentía perdida, desorientada, pero lo hizo. Fue clave la ayuda que le prestaron en el Punto de Información a la Mujer (PIM) y los consejos de la policía. Y poco a poco, fueron desapareciendo las marcas de los golpes; de las heridas psicológicas aún se recupera despacio. Esas nunca se vieron, así que la justicia nunca le concedió una orden de alejamiento. “Mi madre se enfadó mucho y llegó a decirle a la jueza que si yo tenía que ir al juzgado con la cara morada para que me dieran la orden”. Nunca llegó después de un año y siete denuncias. Cristina cree que la justicia sigue sin estar totalmente del lado de las mujeres.

“Tuve que irme de la ciudad donde vivía a un pueblo, pero averiguó dónde estaba y vino a insultarme; cambié de teléfono, pero averiguó el nuevo y me llama con número oculto, también para insultarme”. “He tardado mucho en salir sola a la calle. Voy haciéndolo poco a poco, porque llegó un momento en que no podía privar a mi hijo de estar un ratito en el parque”. “Me costó mucho. He llegado a ir con un paraguas o con las llaves en la mano por si acaso”.

Una nueva vida

Una nueva vida

La justicia sólo reconoció a Cristina el derecho de quedarse en el piso que compartía con su expareja. Aunque cuando regresó al que había sido su hogar no encontró nada: “Se lo había llevado todo y lo que quedaba lo había destrozado… ¡Hasta el termo del gas! Aquellos momentos fueron horribles y hubo gente que se portó muy bien: la Fundación Ana Bella hizo un llamamiento por si alguien me podía ayudar y una persona que no quiso dar su nombre me dio 300 euros para que me pudiera comprar una lavadora y un microondas. Para mí, ese gesto fue y será para toda mi vida muy importante”.

Tampoco entonces funcionaron las denuncias. No pasó gran cosa, excepto que Cristina tuvo que mudarse a 45 kilómetros de la que había sido su casa, lejos de su madre, la que siempre ha estado, la que tanto ha sufrido: “Por eso prefiero no dar mi nombre real, no aparecer en la foto… Ella ya ha sufrido bastante”.

Cristina toma un sorbo de café y vuelve a sonreír. “Tengo un hijo increíble”. “Él también ha pegado un buen cambio. Cuando nos mudamos de casa, todavía se hacía pipí en la cama”. Tenía nueve años. Habla de ello con calma, sabiendo que sólo es posible la cura si se supera el rencor. Quizá por eso está empeñada en que su hijo no crezca con esa amargura y acepta que siga viendo a su padre los fines de semana que cumple con el régimen de visitas, que no son todos.

“Hoy puedo decir que soy otra mujer. Doy las gracias todos los días a tantas personas que me han ayudado en este camino”, afirma con emoción, recordando los consejos y la eterna compañía de Clara, de la Fundación Ana Bella, reviviendo su experiencia como “embajadora de Danone”, aquel primer trabajo: “Los fines de semana empecé a trabajar en degustaciones de sus productos... ¡Uf, después de tanto tiempo! Al principio estaba supertensa, pero empecé a relacionarme otra vez con gente: ¡Me encantaba! Me di cuenta de que yo valía mucho”.

Desde entonces, han llegado nuevos trabajos, nuevos amigos, una nueva vida llena de aire fresco. “¡De esto se sale, claro que se sale!”. “Ahora me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es mirarme al espejo. Me doy muchos besos a mí misma y me digo: Tú vales mucho”.

Hasta junio de este año, 62.110 mujeres como Cristina denunciaron ser víctimas de violencia de género en España.