Asistimos en las últimas semanas a la catástrofe del modelo sanitario del Gobierno andaluz donde más de 2.000 mujeres, según la Administración, están desde hace tiempo viviendo en la incertidumbre al no ser informadas de si padecen cáncer o no. Esto no es un error, es un fracaso más del modelo del señor Moreno Bonilla, como lo son las listas de espera en la atención primaria, en las especialidades o en las intervenciones quirúrgicas.

Pero no sólo es en la sanidad donde se aplica un modelo errático de privatización y desmantelamiento de lo público. Las políticas sociales no le van a la zaga, especialmente en lo que respecta a la Ley de Dependencia; otro derecho que, si lo analizamos, podemos ver cómo se le niega de forma reiterada y permanente a nuestras personas mayores: el derecho a la atención y a los cuidados.

En la actualidad hay en Andalucía más de 50.000 personas mayores en listas de espera en los distintos estadios: pendiente de valoración, en el plan individual de atención (PIA) o, una vez ya con el PIA, sin que se les proporcione la prestación que les corresponde, con una media de 565 días en la mencionada situación de espera, cuando la Ley plantea que los expedientes deben concluirse en un período de no más de 180 días. Como consecuencia de ello, en el año 2024 fallecieron 33 mayores cada día en Andalucía sin tener reconocida la dependencia.

Si no queremos que el incumplimiento sistemático de este derecho se convierta en otra catástrofe, que ya lo es, el Gobierno andaluz no puede seguir mirando para otro lado. Ni las simplificaciones administrativas, ni la unificación de las valoraciones, ni las nuevas medidas tecnológicas han dado resultado, y esto es asíporque el problema es de falta de recursos humanos y de financiación.

Esta situación no cambiará si no hay una apuesta valiente por parte de las administraciones, tanto del Estado como de Andalucía. Debe plantearse un plan de choque dotado de recursos suficientes. Ahora es el momento, ante la próxima presentación de los presupuestos para 2026.

Algunos anuncios de rebajas fiscales en precampaña pueden sonar bien, pero el presidente andaluz, con sus propuestas fiscales, está anteponiendo, con todos los respetos, los animales o el deporte a la atención y el cuidado de las personas mayores. Se necesita más respeto y, sobre todo, que se cumpla la Ley.

No valen más excusas o decir que peor era en otros tiempos o que el número de prestaciones crece, puesto que  la población dependiente también lo hace. Señor Moreno Bonilla, sólo exigimos un derecho que la Ley nos otorga y usted nos niega. Actúe, cambie de una vez sus políticas privatizadoras y no dé lugar a que aparezcan otros problemas con otro cribado.

Cada 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que aún persisten en nuestra sociedad. En Andalucía, la pobreza no es una estadística más: es una realidad cotidiana para más de un tercio de la población. Según el indicador AROPE, el 37,5 % de los andaluces está en riesgo de pobreza o exclusión social, once puntos por encima de la media nacional y veintidós por encima del País Vasco. Estas cifras revelan el largo camino que aún queda por recorrer para cumplir con la Agenda 2030 y su objetivo de reducir a la mitad la pobreza.

A pesar del triunfalismo del Gobierno andaluz, que presume de gestión económica, diez de los quince barrios más pobres de España se encuentran en esta comunidad. Allí, las condiciones sociales reducen la esperanza de vida en hasta nueve años. Vivir en un hogar con menores a cargo, los monomarentales o monoparentales, tener menores con discapacidad, vivir en zonas rurales o ser inmigrante son factores determinantes que agravan aún más la vulnerabilidad.

Las reformas laborales y sociales pactadas en el marco del diálogo social estatal han permitido reducir la tasa de paro andaluza en más de diez puntos en ocho años, hasta el 14,85 %, y mejorar la estabilidad de los contratos. Sin embargo, tener trabajo no garantiza escapar de la pobreza. Andalucía figura entre las cuatro comunidades con salarios más bajos: 3.000 euros menos que la media nacional y 8.500 menos que el País Vasco. Casi la mitad de la población asalariada cobra entre 0 y 1 salario mínimo, y una parte importante apenas supera los 1.000 euros mensuales. Mientras tanto, los beneficios empresariales crecen un 15 % y los salarios pierden poder adquisitivo. La brecha no deja de ensancharse.

Ante este panorama, las políticas públicas de protección social, especialmente a los más vulnerables, deberían ser una prioridad. Sin embargo, la gestión autonómica dista mucho de estar a la altura. Las demoras en la tramitación de pensiones, dependencia, discapacidad o el bono joven de vivienda son solo la punta del iceberg. El Gobierno andaluz ha recortado recursos en los programas más necesarios: la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) ha pasado de 80.000 solicitudes en 2018 a poco más de 12.000 en 2024. Tras su modificación mediante el Decreto-Ley 3/2024, esta prestación es residual y solo llega hoy a poco más de 4.400 personas beneficiarias, con un presupuesto reducido en 168 millones de euros en seis años.

La situación requiere un cambio de rumbo urgente. Andalucía necesita desplegar una verdadera red de protección social: mejorar las prestaciones y subsidios, reforzar los servicios públicos, y garantizar salarios dignos que mantengan el poder adquisitivo frente a la inflación. También urge abordar la feminización del desempleo y la precariedad, que afectan sobre todo a mujeres mayores de 45 años

Y existen hechos incontestables. El gasto autonómico en políticas sociales por habitante se sitúa en la cola nacional: 3.158 euros al año, frente a los 4.343 del País Vasco, una comunidad que además complementa su renta básica con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuestión a la que el Gobierno andaluz se niega pese a la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía (Gobierno, CEA, UGT Andalucía y CCOO de Andalucía) en marzo de 2023. En ese Pacto se incluían numerosas medidas dirigidas a mejorar la situación de pobreza en Andalucía que han quedado en papel mojado. Andalucía continúa en el vagón de cola, con la renta per cápita más baja del país, solo por delante de Murcia. La crisis del acceso a la vivienda agrava la exclusión: el precio del alquiler se ha disparado más del 40 % en cinco años y el Gobierno andaluz se niega a aplicar la Ley Estatal de Vivienda, prefiriendo impulsar una norma propia de corte regresivo que trata la vivienda como un bien de mercado antes que como un derecho social. Además, se debe asegurar que el gasto en vivienda no supere el 30 % de los ingresos del hogar, condición básica para vivir con dignidad.

La situación requiere un cambio de rumbo urgente. Andalucía necesita desplegar una verdadera red de protección social: mejorar las prestaciones y subsidios, reforzar los servicios públicos, y garantizar salarios dignos que mantengan el poder adquisitivo frente a la inflación. También urge abordar la feminización del desempleo y la precariedad, que afectan sobre todo a mujeres mayores de 45 años.

La erradicación de la pobreza no puede seguir siendo un lema vacío cada 17 de octubre. Debe traducirse en decisiones valientes y sostenidas, en políticas que pongan a las personas en el centro. Porque no hay progreso real si se deja atrás a casi cuatro de cada diez andaluces. La justicia social no se mide por los discursos, sino por los presupuestos, por las prioridades y por la voluntad de construir una Andalucía más equitativa, donde la pobreza deje de ser una herencia intergeneracional y se convierta, por fin, en un recuerdo del pasado.

Últimamente estamos viendo cómo se “cuela” en medios de comunicación y en redes sociales el mensaje de que hay un incremento exponencial del absentismo laboral en España y en Andalucía, y de que cada vez son menos las horas pactadas en convenio que se trabajan. Sin embargo, basta ahondar un poco en el mensaje y en las cifras para darse cuenta de que estamos ante “datos manipulados”.

En Andalucía tenemos más de 100 millones de horas de trabajo pactadas al año en el conjunto de los sectores y se trabajan más de 87 millones. El empresariado andaluz se refiere a esas ausencias del trabajo, que afectan al 6,7% de las horas pactadas, como absentismo laboral, cuando la realidad demuestra que más de un 75% de ellas corresponden a horas atribuidas a vacaciones, enfermedad, accidente o incapacidad temporal, permisos por matrimonio o pareja de hecho, fallecimiento, traslado de domicilio, permiso por exámenes prenatales o formación, entre otras. En consecuencia, podemos afirmar que el empresariado busca ofrecer intencionadamente un relato distópico del absentismo cuando en realidad son derechos reconocidos en la Ley General de la Seguridad Social, en el Estatuto de los Trabajadores, en los convenios colectivos o en otras normas legales, fruto de la lucha sindical.

Pero es que además en Andalucía se trabajan muchas más horas de las pactadas. Así lo recoge la Encuesta de Población Activa, que indica que se trabajan 777.460 horas extras a la semana, de las que el 35% no son pagadas. De igual modo, nuestra comunidad es donde menor diferencia de horas existe entre las horas pactadas y las horas efectivas.

Disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Así que la realidad demuestra que no estamos ante un problema de horas trabajadas ni de absentismo, sino ante la intención clara del empresariado de apropiarse de este concepto entendido como toda “ausencia del trabajo”, independientemente de que la persona trabajadora se haya ausentado de manera voluntaria e injustificada o de que lo haya hecho acogiéndose a un derecho reconocido. El fin, presionar al trabajador o trabajadora por las ausencias al trabajo a las que tiene derecho.

Del mismo modo, disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al objeto de fiscalizar los procesos de recuperación.

Para CCOO de Andalucía, tras este discurso hay un intento claro de trasladarle a la sociedad la idea de que se están perdiendo millones de horas productivas y de que, ante esa situación, hacen falta nuevas medidas de control sobre las bajas a cargo de medios afines a las empresas; esto es, las mutuas. Eso sí, quieren que las mutuas tengan el control sobre las bajas y altas, incluidas las de contigencia común, actualmente en manos del servicio publico de salud –que es donde deben estar y queremos que sigan– en lo que se refiere a la parte asistencial, pero no en la económica.

Además, si tanto le preocupan las bajas al empresariado andaluz, debería poner el foco en analizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, ya que la mayoría de las bajas por incapacidad temporal de origen común se dan por lesiones musculoesqueléticas y de salud mental con un origen claramente laboral.

Un sistema de registro horario real y eficaz que garantice que las empresas lleven un control riguroso de la jornada laboral y de las horas extras permitiría conocer con mayor exactitud la realidad detrás de los datos manejados por las empresas

La solución a la situación existente no es por tanto externalizar los servicios públicos de salud y dar más control a las mutuas en las contingencias comunes, sino fortalecer la sanidad pública y mejorar las condiciones en las que trabajan las personas.

Además, es importante recordar que hace más de un año se firmó un acuerdo para que las comunidades autónomas hicieran convenios de colaboración de las mutuas con la Seguridad Social para la agilización de determinadas pruebas médicas de diagnóstico por problemas musculoesqueléticos, bajo el control del servicio público de salud y siempre voluntarias para la persona trabajadora, pero a fecha de hoy nada se sabe de ello. Probablemente porque las mutuas no están demasiado interesadas en esta colaboración a coste cero y la patronal tampoco lo considera atractivo al seguir el control de las pruebas y, sobre todo, de bajas y altas, en manos de quien debe tenerlo: el servicio público de salud.

En cualquier caso, desde CCOO de Andalucía tenemos claro que hay que hacerle frente a ese dicurso intencionado y tendencioso sobre el absentismo laboral al que estamos asistiendo y para ello hemos propuesto, entre otras medidas, la creación de un observatorio que permita abordar temas concretos a partir de la recopilación y el análisis de datos detallados y segmentados, como las horas extras, el uso de las incapacidades temporales, las vacaciones y las situaciones de maternidad, entre otros aspectos relevantes. Observatorio que se plantea como una herramienta estratégica que proporcione información precisa y actualizada, facilitando así la toma de decisiones y la implementación de medidas más adecuadas.

De igual modo, la puesta en marcha de un sistema de registro horario real y eficaz que garantice que las empresas lleven un control riguroso de la jornada laboral –que seguimos demandando que se reduzca a las 37,5 horas– y de las horas extras que se realizan permitiría conocer con mayor exactitud la realidad detrás de los datos manejados por las empresas y organizaciones para evitar mensajes que distorsionan la realidad con el fin de debilitar derechos conquistados.

426.018 es el número de solicitudes que el sistema de la dependencia haregistrado en Andalucía a junio de 2025. Allá por 2004, CCOO jugó un papel relevante en la incorporación de propuestas para la elaboración del Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que sirvió de base para la redacción de la Ley 39/2006, que regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este sistema tiene que dar soporte al llamado “cuarto pilar del estado del bienestar”, un derecho social básico de protección y atención a las personas en situación de dependencia que debe ser garantizado por los poderes públicos, dando cumplimiento a los principios fundamentales recogidos en la Ley en materia de calidad, participación, sostenibilidad, universalidad, o prevención y promoción de la autonomía, entre otros.

Muchos son los retos a los que el sistema se enfrenta desde entonces, principalmente a causa de una estructura poblacional que incorpora cerca de 500.00 personas de 65 años y más en Andalucía, lo que ha provocado un incremento del número de solicitudes registradas. Así, esas 426.018 solicitudes en junio de 2025 suponen un 66% más que hace 15 años.

Sin embargo, ese aumento exponencial no ha llevado aparejada una mayor financiación para dar cumplimiento a la Ley de Dependencia, que es la que protege el sistema. Al contrario, la financiación sufrió en 2012 el mayor recorte de su historia con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente y siendo Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el hoy presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Ese año, la financiación por parte del Estado a las comunidades autónomas del nivel acordado desapareció, y no se retomó hasta 2021, ya con el Gobierno central de coalición. Desde entonces, ese nivel acordado se ha incrementado un 64% solo en cuatro años.

Es importante recordar que en la financiación del sistema de la dependencia la financiación del nivel acordado se distribuye entre las diferentes comunidades autónomas aplicando criterios objetivos de reparto que se acuerdan por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el denominado Marco de Cooperación Interadministrativa vía Presupuestos Generales del Estado. A esta financiación se añade el nivel mínimo garantizado, que se aplica mediante una cantidad mensual por persona dependiente atendida en cada comunidad autónoma en función de su grado y que es igual para todo el territorio del Estado. El importe de la financiación del nivel mínimo se ha incrementado justo el doble desde el año 2012, llegando durante 2024 a una cantidad de 2.628.413.668,67 euros por la que Andalucía ha recibido 596.128.218,72 euros, un 22,7%, teniendo en cuenta que en diciembre de ese año el número de personas con derecho a una prestación de dependencia llegó a 313.855.

Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más financiación recibe por parte de la Administración General del Estado en materia de dependencia en relación con su gasto certificado: un 37,4%, casi 10 puntos por encima de la media nacional. Galicia recibe un 40,69% y La Rioja un 40,98%. Cataluña por su parte, ha recibido una financiación del 23,45% y el País Vasco del 16,05%, según los últimos datos que nos proporciona el IMSERSO en relación al gasto certificado de las comunidades autónomas del año 2023.

Sin embargo, el Gobierno andaluz insiste en la infrafinanciación por parte del Estado en materia de dependencia, mientras omite el tijeretazo a la financiación que acometió el presidente andaluz cuando era Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en 2012. Un recorte que llegó acompañado de la eliminación de la cotización por el convenio especial de cuidadores no profesionales, llegando a caer el alta a 1.350 personas cuidadoras y que no fue recuperada hasta abril de 2019 por el Gobierno central, encontrándose de alta actualmente en Andalucía 13.548 cuidadores y cuidadoras. También se le olvida decir que Andalucía es la comunidad autónoma con la mayor lista de espera, sobrepasando el triple de 180 días que estable la Ley, y eso sin tener en cuenta el tiempo que transcurre hasta la prestación efectiva, que en el caso de un centro residencial puede suponer hasta dos años más de espera.

El objetivo que recoge el acuerdo del Gobierno de coalición dice textualmente que “se continuará la senda de crecimiento de la financiación de la dependencia hasta que la financiación de la Administración General del Estado alcance el 50% del total”, por lo que es de derecho reconocer el esfuerzo y el compromiso del Estado en esa dirección. El País Vasco es la primera Comunidad Autónoma que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para llegar a una financiación gradual hasta alcanzar el 50% en el año 2027 de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. La pregunta ahora es si el PP será capaz de cambiar su agriada actitud política con el Gobierno Estatal, asumir responsabilidades de Estado, poner en práctica la negociación política y apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado si recogen incrementos en la financiación de la dependencia.

Se cumplen 55 años de la revuelta de Stonewall contra la persecución, acoso y criminalización de las personas LGTBI+; pero aunque nos pueda parecer que 1969 queda muy lejos en el tiempo, lamentablemente muchas de esas personas siguen sufriendo en 2025 odio, rechazo y violencia por su identidad u orientación sexual.

Porque más allá de las normas, de las leyes o de las estrategias, la cultura dominante sigue empeñada en mantener esa discriminación como medio para preservar sus privilegios y su poder.

De ese modo, el capitalismo patriarcal impone sus reglas a través de múltiples formas y se apropia de lemas, signos e ideas para obtener beneficios que sostiene y mantiene mientras le son útiles.

Se dice que España está a la vanguardia en igualdad y probablemente sea así, al menos en lo legislativo; y si bien esta no es una cuestión menor, debe ir acompañada de estrategias y políticas que la consoliden, la bajen a la tierra y la hagan tangible y cotidiana, y ahí ha faltado impulso. Muestra de ello es la polarización en la población en cuestiones de igualdad y la falta de coeducación en muchos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria.

Igualmente, 20 años después del reconocimiento del matrimonio igualitario no debería escandalizarnos ver a parejas homosexuales; sin embargo, los comentarios de odio y rechazo vuelven a ser una constante, ¿o será que siempre han estado ahí, pero ahora no les avergüenza decirlo?

Y es que estamos asistiendo a una corriente LGTBI+FÓBICA que llega al poder político y se extiende por Europa y por España, llegando a los gobiernos locales y autonómicos, y atacando directamente las políticas de igualdad, destruyendo los avances conseguidos. Ejemplo de ello es la eliminación de la promoción y la protección de las personas LGTBI+ o el uso interesado de hitos como el 28J para manipular con mensajes que niegan las luchas de los colectivos, (“Tos por Igual” en Sevilla). El objetivo, retroceder en derechos hasta revocar las leyes en cuanto puedan hacerlo.

Desde CCOO volvemos a dejar claro nuestro compromiso por la diversidad e igualdad que sustancian el tipo de sociedad que queremos, en la que todas las personas tienen cabida. Y por eso también vamos a empeñarnos en negociar, en todas las empresas de más de 50 personas en plantilla, aquello que hemos acordado y que se ha trasladado a leyes y decretos como el RD 1026/2024 por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Este es un terreno en el que CCOO adquiere especial relevancia ya que nuestras delegadas y delegados son barrera ante el odio y las discriminaciones. Somos agentes de igualdad ya que el sindicalismo tiene un papel fundamental en los avances sociales, en la empresa y fuera de ella. Y esto es así porque somos legisladores, de tal modo que cada convenio y cada acuerdo que firmamos son normas de obligado cumplimiento.

Huelga recordar que el trabajo es un elemento fundamental para poder desarrollar los proyectos de vida y un factor de contribución a la sociedad, pero aquí todavía hay muchas personas que son discriminadas por su identidad o por su orientación sexual y viven con el temor de que las echen de sus trabajos.

Los gobiernos, también el Gobierno de Andalucía, tienen el deber de revertir esa situación con políticas activas de promoción del empleo, con campañas de sensibilización, etcétera que lleguen a todos los rincones de Andalucía para que ninguna persona sea excluida, que no se le cierre la oportunidad de trabajar, que no se le condene a la pobreza.

Decíamos que se cumplen 55 años de la revuelta de Stonewall y en estos años es innegable que se han dado avances importantes. Tal es el caso de las manifestaciones del orgullo, que en la última década han experimentado un considerable auge, propiciando la manifestación de la diversidad del colectivo en absoluta libertad y con la admiración y el respeto que nos merece.

En Andalucía, la primera de esas movilizaciones tuvo lugar el 25 de junio de 1978. Entonces CCOO participó activamente y hoy, 47 años después, lo seguimos haciendo junto a las organizaciones que defienden una sociedad libre de discursos de odio, que promueve la convivencia, la libertad y los derechos humanos de las personas diversas desde el convencimiento de que frente al odio, no vamos a dar ni un paso atrás y de que frente al ataque a los derechos solo cabe más organización.

Este año ‘Ahora más que nunca: al trabajo sin armarios’.

Hablar de universidad pública es hablar de igualdad de oportunidades, de avance, de cultura, de libertad de pensamiento, de democracia, de espíritu crítico, de rebeldía y de aprendizaje en el sentido más amplio de la palabra. En definitiva, es hablar de personas libres, críticas y con plenas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional, con independencia de su realidad personal, social y económica.

La universidad pública nació con el objetivo de convertirse en el ascensor social que permitió a las hijas e hijos de familias trabajadoras llegar a ser profesionales de todos los sectores y hablarles de tú a tú a los hijos e hijas de quienes con su dinero estaban acostumbrados y acostumbradas a comprarlo todo para seguir perpetuando ese status quo en el que las clases poderosas eran siempre las que ganaban, las que decían cómo, cuándo y quién, dejando relegado a los trabajadores, trabajadoras y familias menos favorecidas a un papel seguidista más fácilmente manipulable.

Gracias a la universidad pública, después de la Transición, se abrió una puerta para todos y todas aquellas personas que no tenían derecho a opinar, de manera que pudieran pensar, disfrutar de la cultura y, sobre todo en el caso de las mujeres, dejar de creer que su única aspiración era convertirse en amas de casa.

El problema es que esos poderosos que estaban acostumbrados a estar por encima del bien y del mal han visto en estos años como la universidad pública se convertía en una amenaza para sus intereses y, en sintonía con sus políticas de desprestigio y deterioro de todo lo que suene a público e igualdad, han lanzado una ofensiva sibilina en la que muy poco a poco y sin prisa pero sin pausa, han ido mermando en los últimos treinta años una institución que nos igualaba en el aula y fuera de ella con quienes tenían el poder económico, buscando que deje de cumplir esa función tan fundamental para la sociedad.

Basta tirar de hemeroteca para ver cómo en el periodo 2019-2020 se descapitalizan las universidades públicas detrayéndoles más de 300 millones de euros de sus remanentes mientras se producía un importante superávit en el presupuesto andaluz. Al mismo tiempo y de manera progresiva, se crean y despliegan cinco nuevas universidades privadas con muy baja calidad

En el caso de Andalucía, la llegada del Partido Popular con su mayoría absoluta al Gobierno andaluz ha supuesto un declive sin precedentes de lo público y, en el caso que nos ocupa, de la universidad. Basta tirar de hemeroteca para ver cómo en el periodo 2019-2020 se descapitalizan las universidades públicas detrayéndoles más de 300 millones de euros de sus remanentes mientras se producía un importante superávit en el presupuesto andaluz. Al mismo tiempo y de manera progresiva, se crean y despliegan cinco nuevas universidades privadas con muy baja calidad, especialmente en materia de investigación, a las que se tiene que nutrir de alumnado y profesorado.

En 2023, el Ejecutivo andaluz impone un modelo de financiación sin dotación económica específica, cuyos compromisos no se han cumplido, especialmente en lo que se refiere a la cláusula de salvaguarda contemplada en dicho modelo.

En 2024 se incrementa la presión y la asfixia financiera a las universidades públicas para tratar de intervenirlas económicamente, como en el caso de la Universidad de Málaga, limitando su autonomía e imponiéndole ajustes en el capítulo de personal que está provocando que no se renueve la plantilla, que no exista promoción de su personal; así como la expulsión de profesorado formado con fondos públicos para nutrir el sistema privado.

No vamos a negar que la universidad pública necesita una profunda reforma tanto estructural como educativa; pero lo que también necesita es que el Gobierno andaluz deje de atacarla para favorecer a la privada y con ello intentar restaurar parte del status quo de los poderes económicos a los que se pliega

Finalmente, en 2025 se pretende provocar el colapso económico de otras universidades públicas que entren en déficit debido a los impagos e incumplimientos de los acuerdos en materia de personal y financieros del modelo de financiación para intervenirlas económicamente y dirigirlas desde el Gobierno andaluz, imponiendo ajustes de plantilla con la consiguiente expulsión de personal contratado y pérdida de calidad de la enseñanza, intentando la reducción de las plazas de oferta pública para alimentar de alumnado a las universidades privadas que empiezan a desplegar su mapa de titulaciones a partir del curso 2025-2026.  

No vamos a negar que la universidad pública necesita una profunda reforma tanto estructural como educativa; pero lo que también necesita es que el Gobierno andaluz deje de atacarla para favorecer a la privada y con ello intentar restaurar parte del status quo de los poderes económicos a los que se pliega. La universidad pública no puede perder el valor de hablar con libertad y decir la verdad y ambas cuestiones están hoy en día en riesgo bajo la amenaza de quienes buscan imponer de nuevo la desigualdad, debilitando el elemento neurálgico que es la universidad pública.

Desde CCOO vamos a seguir trabajando, movilizando y exigiendo más inversión y más apuesta por este ascensor social desde el convencimiento pleno de que el desmantelamiento de la universidad pública no es casual. Forma parte de un plan bien orquestado y diseñado por quienes nos prefieren ignorantes y útiles para sus intereses y, si tenemos algo claro, es que no vamos a permitir que lo consigan.

Este 17 de Mayo, Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, CCOO refuerza su compromiso con las personas LGTBI+ frente a las discriminaciones y los discursos de odio. Este sindicato siempre ha sido vanguardia en la lucha contra la discriminación, a favor de la igualdad y en defensa de los derechos del colectivo LGTBI pero, pese a los logros conseguidos, aún nos queda mucho por avanzar, sobre todo en los últimos años en los que estamos asistiendo al resurgimiento del discurso retrógrado, machista, xenófobo y Lgtbifóbico, alimentado especialmente por la derecha y extrema derecha.

Sus discursos y políticas son una amenaza directa a los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGTBI durante décadas de lucha. Muestra de ello es que en Andalucía las infracciones penales e incidentes por delitos de odio calificados por orientación sexual e identidad de género han aumentado en el último periodo registrado (2022), pasando de 36 infracciones en el año 2020 a 64 registradas en el año 2021 y a 68 en el año 2022, lo que supone una subida interanual por encima del 6%.

En CCOO tenemos claro que es preciso alzar la voz sindical y defender los derechos de todas las personas. Está en nuestro ADN y forma parte de la política sindical que despliega este sindicato en los centros de trabajo, en las mesas de negociación y en las calles. Aún así es necesario que gobiernos y empresariado impulsen la igualdad a través de sus políticas, de la negociación colectiva y de los derechos laborales porque, lamentablemente, las discriminaciones, los ataques y los discursos xenóbofos siguen siendo una realidad tristemente cotidiana para lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales. 

Son muchas personas las que aún siguen armarizadas en sus puestos de trabajos por temor a que expresarse tal y como son les pueda perjudicar o incluso generar situaciones de acoso LGTBI+fóbico.

Por ello, este 2025 en CCOO de Andalucía apostamos por una campaña en dos fases que se articula en torno al 17 de mayo, Día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia; y el 28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTBI+. Una campaña que quiere ser expresión de resistencia y, en clave más positiva, de incidencia en la realidad tanto social como empresarial a través del marco legal que nos ofrecen la Ley LGTBI-Trans y el conjunto planificado de medidas LGTBI+ para nuestra acción cotidiana en las empresas.

Precisamente para la puesta en marcha de esas acciones, en CCOO estamos promoviendo formaciones y elaborando instrumentos para que nuestros delegados y delegadas sean dique de contención frente a la LGTBI+fobia en todos los centros de trabajo y promoveremos la negociación de medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI+ en los convenios colectivos, medidas que son obligatorias para las empresas de más de 50 personas trabajadoras.

De igual modo, CCOO ha reivindicado la negociación de protocolos frente al acoso LGTBIfóbico en todas las empresas y la inclusión de medidas en el régimen sancionador frente a las actitudes y acciones discriminatorias y defendemos el teléfono Arcoíris 028 de atención a las víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia como medio de visibilización y afloramiento de todas las discriminaciones y violencias que todavía permanecen ocultas para así difundir la ayuda, asistencia y recursos a las víctimas de las mismas.

Ahora, más que nunca, frente a la LGTBI+Fobia somos barrera #OrganizaTuOrgullo

Las pensiones son la base de la renta de más de un millón y medio de personas en Andalucía y después del proceso de negociación que empezó en 2021 y ha culminado en 2024 entre CCOO, UGT y el Gobierno central, con el apoyo parcial de la patronal CEOE, se ha llevado a cabo una reforma profunda del sistema que ha corregido los recortes que se hicieron en 2012 por el Gobierno del PP.

Dichas reformas se han acometido con el objetivo de mejorar las pensiones y procurar financiación suficiente para que el sistema sea viable a largo plazo. Por ello, a día de hoy, podemos asegurar que el sistema de pensiones español goza de buena salud, en contra de las predicciones agoreras de una parte importante de los gurús económicos y políticos defensores a ultranza del liberalismo absoluto que inspiraron la reforma del Gobierno de Rajoy, que llevó al sistema a una importante crisis financiera, a pesar de los importantes recortes llevados a cabo y a la mala gestión del Fondo de Reserva. Sin embargo, ahora, con una política expansiva, se ha mejorado el importe de las pensiones, tanto de las más bajas como de las más altas, a la vez que se ha dado certidumbre a la financiación a largo plazo y se está recuperando el Fondo de Reserva. Una mejora de las pensiones que, sin duda, no habría sido posible sino se hubiera hecho en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos, con una participación inconstante, eso sí, de la patronal.

A partir del último acuerdo en 2023, con el que se han concluido los aspectos más importantes de la reforma, el compromiso de diálogo social es seguir negociando el desarrollo de estos acuerdos y también seguir haciendo un seguimiento de la evolución del sistema de pensiones.

Desde CCOO queremos resaltar el trabajo realizado durante todo el proceso de negociación para revertir los recortes de la reforma unilateral que hizo el Partido Popular en 2013, porque estamos ante una reforma dialogada ha ido mucho más allá, ya que se ha revisado todo el sistema con sus diferentes prestaciones y se han estableciendo nuevas medidas que han mejorado las pensiones y otras prestaciones de Seguridad Social, a la vez que se le ha dado solidez financiera, lo que conlleva estabilidad y certeza a largo plazo.

La medida de efecto más inmediato ha sido la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), que ha permitido que las personas pensionistas no hayan perdido poder adquisitivo desde 2021.

Para reducir las brechas de género se ha establecido un complemento en función del número de hijos, lo que ha mejorado las pensiones en general para las personas con descendencia, especialmente mujeres

En la segunda fase de negociación se concretó la subida las pensiones mínimas por encima del IPC, incluidas las pensiones no contributivas, que ha supuesto incrementarlas por encima del IPC, en 2024 un 6,9% y en 2025 un 6%.

La mayor subida ha sido para pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares, con un incremento de más del 14% en 2024 y del 9,1% en 2023. La mejora de las pensiones también se ha producido en las pensiones más altas, que dejan de estar topadas; es decir, tendrán un crecimiento, aunque algo inferior a la media.

Para reducir las brechas de género se ha establecido un complemento en función del número de hijos, lo que ha mejorado las pensiones en general para las personas con descendencia, especialmente mujeres.

De igual modo se ha derogado el factor de sostenibilidad y se ha establecido un mecanismo de equidad intergeneracional que, junto con otras medidas, iban destinados a incrementar los ingresos del sistema, reforzando la financiación a largo plazo. Así, el Fondo de Reserva de las Pensiones que el Partido Popular dejó con poco más de 2.000 millones a final de 2024, ahora tiene más de 9.300 millones, con unos ingresos que se vienen incrementando anualmente por encima de los 3.700 millones.

Además, se han mejorado las pensiones de las personas que adelantan la edad de jubilación, acabando con los recortes que hizo el PP. El efecto positivo se produce, sobre todo, en las personas que acceden a la jubilación anticipada involuntaria debido a la pérdida del empleo, que suelen tener muchos años de cotización.

Se ha revisado el sistema de pensiones en profundidad mejorando el poder adquisitivo de las pensiones, estableciendo un sistema flexible de acceso a la jubilación a partir de los 61 años, se han reducido las brechas de género, se han creado prestaciones nuevas y se han establecido medidas para mejorar la financiación para que sea sostenible a largo plazo

Se ha acordado asimismo la mejora de las pensiones de las personas que de forma voluntaria quieran retrasar la edad de jubilación, ampliando los casos y clarificando las situaciones en las que se puede compatibilizar el cobro de la pensión y la actividad económica.

Igualmente, se amplía la cotización de las prácticas de las personas jóvenes, lo que incrementa el tiempo de cotización y permitirá mejorar sus pensiones en el futuro.

Otra de las medidas importantes es la reforma del régimen de trabajadores autónomos (RETA) para que sus cotizaciones se hagan en función de los ingresos, lo que supondrá una mejora de las prestaciones para este régimen. Esta reforma se llevará a cabo durante un periodo de tiempo largo que terminará en 2032 para facilitar la adaptación al nuevo modelo.

En definitiva se ha revisado el sistema de pensiones en profundidad mejorando el poder adquisitivo de las pensiones, estableciendo un sistema flexible de acceso a la jubilación a partir de los 61 años, se han reducido las brechas de género, se han creado prestaciones nuevas y se han establecido medidas para mejorar la financiación para que sea sostenible a largo plazo. Todo ello dentro del marco del diálogo social y anteponiendo el interés general de las personas pensionistas y jubiladas, algo que difiere mucho de la reforma del sistema de pensiones de 2012 llevada a cabo e impuesta por el Gobierno del PP de manera unilateral y que no mejoró en nada la vida de los jubilados y jubiladas.

Casi 105.000 accidentes de trabajo es la escalofriante cifra que nos dejó 2024 en Andalucía y que continúa en aumento con personas que salen de sus casas para ir a ganarse la vida y la pierden en su puesto de trabajo o de camino a él. Una terrible realidad ante la que parece que la sociedad está anestesiada a base de haberse convertido en algo cotidiano y esto es algo que no podemos permitir. La siniestralidad laboral, en cualquiera de sus formas, no puede quedar en una noticia más del informativo o en un minuto de silencio cuando sus consecuencias son irreversibles.

Gobiernos, empresariado, sindicatos y sociedad en general hemos de hacer un frente común ante una lacra que se ha llevado por delante la vida de 128 personas trabajadoras en Andalucía durante 2024. Hombres y mujeres que perdieron la vida durante su jornada laboral o en los desplazamientos entre su hogar y su centro de trabajo. De hecho, de los ocho accidentes mortales en mujeres, siete ocurrieron en accidentes in itinere, lo que evidencia la necesidad de tomar medidas para mejorar la relación existente entre la conciliación personal y familiar, la parcialidad, las condiciones adversas y los ritmos frenéticos de trabajo que sufren las mujeres trabajadoras andaluzas.

Vemos como la siniestralidad laboral se ha cronificado en nuestra sociedad, especialmente en sectores como servicios, que se sitúa en cabeza en este dramático ranking, seguido por la construcción, la industria y la agricultura. Además, los datos indican que la siniestralidad laboral continúa aumentando y cada día más personas ven peligrar su salud y su vida mientras desempeñan sus trabajos.

No podemos permitir que el trabajo, que es un medio de sustento y realización personal, se convierta en un riesgo para la vida

En respuesta a esta realidad nace la III Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que CCOO de Andalucía ha trabajado con el horizonte puesto en que sea una estrategia que no se quede en palabras, sino que se transforme en hechos concretos. De ahí que desde el sindicato instemos a su inmediata puesta en marcha.

En ella buscamos soluciones efectivas para la prevención de riesgos laborales en las empresas andaluzas, de las que más del 90% son pymes, destacando la innegable labor de nuestras delegadas y delegados en la mejora de las condiciones de trabajo como paraguas de protección para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Pero esa acción sindical, sin duda imprescindible para acabar con los accidentes y las muertes en el trabajo, necesita ir acompañada de un compromiso certero de las empresas en la lucha contra esta lacra; así como de medidas y políticas más decididas de los gobiernos para crear entornos laborales seguros y saludables. No podemos permitir que el trabajo, que es un medio de sustento y realización personal, se convierta en un riesgo para la vida.

Seguiremos exigiendo la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva y defendiendo los derechos de las personas trabajadoras para que el trabajo no conlleve la pérdida de la salud

Por ello, es imperativo que el Gobierno andaluz tome medidas reales y efectivas que respondan a las necesidades de nuestro tejido empresarial y que el compromiso empresarial con la prevención de riesgos laborales sea una apuesta real, ya que en la actualidad es bajo, a pesar de que sus beneficios van en aumento. Alegar pérdidas o dificultades económicas tienen que dejar de ser excusas recurrentes para no invertir en la seguridad y salud de sus trabajadoras y trabajadores.

Es nuestro deber seguir luchando, con ambición y determinación, para que la salud y seguridad en el trabajo sea una realidad para todas y todos. No podemos seguir perdiendo vidas por un enemigo tangible que acecha en el entorno laboral. Estamos convencidas y convencidos de que con prevención las muertes, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales son evitables, de manera que seguiremos exigiendo la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva y defendiendo los derechos de las personas trabajadoras para que el trabajo no conlleve la pérdida de la salud.

Asimismo, es vital considerar la perspectiva de género y la importancia de la salud mental bajo la premisa de que solo apostando por entornos laborales seguros y por la seguridad y salud en el trabajo conseguiremos evitar el drama personal y familiar que conlleva la siniestralidad laboral en cualquiera de sus formas, hasta alcanzar la cifra que ha de ser el objetivo de toda la sociedad, la siniestralidad laboral cero.

Quienes tienen que velar por la Justicia Social, esto es, nuestra judicatura, tienen que tener acceso y habilidades sobre las distintas perspectivas sociales y humanas para tomar decisiones justas y no simplemente aplicar o interpretar una ley, pues es esto precisamente lo que nos diferencia de un concepto tan actual como la Inteligencia Artificial. En cambio, hechos como los que hemos conocido recientemente ponen de relieve que aún queda mucho trabajo por hacer en un área que es esencial en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Me estoy refiriendo al interrogatorio que una actriz ha tenido que soportar en España tras denunciar un posible caso de acoso sexual por parte de un político.

Sin entrar en el fondo del asunto, no se trata de pedirle al juez que no cumpla la ley en este país o que no requiera de prueba alguna para considerar si hay o no un delito; se trata de no ser actor activo disuasorio para que una mujer y muchas que puedan seguirla detrás decidan no hacerlo si van a tener que vivir un interrogatorio tan soez y carente de empatía como el que hemos podido ver a esta denunciante, a la que ha expuesto públicamente aún más de lo que ya lo estaba.

Aunque el tacto y la empatía con la que se lleve a cabo un interrogatorio de estas características depende de cada miembro de la judicatura, no podemos obviar que el machismo impregna nuestra sociedad desde hace siglos y, por tanto, quienes conforman nuestras instituciones pueden verse, consciente o inconscientemente, impregnados de él. Por eso es tan importante, y así lo reivindicamos constantemente desde CCOO de Andalucía, la formación con perspectiva de género como herramienta conceptual para detectar situaciones de discriminación o de vulneración de derechos.

Lamentablemente, los datos no predicen que en pocos años vayamos a acabar con esa forma de discriminación, ya que, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, de 5.416 jueces, juezas, magistrados y magistradas en activo, hasta mediados de 2024 solo 1.727 jueces y juezas habían realizado un curso de perspectiva de género, cuando se trata de una formación obligatoria desde el año 2019 y la Ley de Igualdad, en el caso de Andalucía, es del año 2007. Es decir, han tenido que pasar 12 años para que la judicatura, conformada por quienes son garantes de nuestra igualdad, considerasen esta formación como obligatoria.

Está claro que si hasta el Plan Docente de Formación Inicial de la Escuela Judicial reconoce que ha sido desde 2024 cuando “se ha potenciado el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra violencia sobre la mujer en todas sus formas […]”, va un poco tarde esta institución

A ello se une que con 50 horas de formación ya se considera suficiente para aprender a ver desde otra perspectiva y tener herramientas para saber enfrentarse con humanidad a procesos de este tipo. Evidentemente, ese tiempo es claramente insuficiente.

Este país democrático, un país pionero en el mundo gracias a una ley como la Ley de Igualdad, necesita que sus instituciones y, en especial la judicial, también lo sea, pero está claro que si hasta el Plan Docente de Formación Inicial de la Escuela Judicial reconoce que ha sido desde 2024 cuando “se ha potenciado el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra violencia sobre la mujer en todas sus formas […]”, va un poco tarde esta institución.

Además, no solo hay un problema de perspectiva de género; también nos enfrentamos a un problema de perspectiva laboral y prueba de ello es que en ese Plan de Formación de los y las futuras jueces, hay una única referencia sobre conflictos laborales y cero sobre derecho sindical o sobre negociación colectiva o convenio colectivo.

Queda, por tanto, camino por hacer en nuestra judicatura y es por ello que desde CCOO seguiremos demandando que las reformas que se implementen para renovar la Justicia tengan en cuenta estas y otras perspectivas. Solo así la Justicia podrá hacer honor a su nombre.

El período álgido de mayor actividad en el sector del comercio es cada vez más largo. De hecho, el mes de noviembre con el Black Friday se ha convertido, desde hace ya algunos años, en el arranque de estas campañas comerciales que centran su actividad de mayor volumen en los últimos meses del año. Un período que cada vez se hace más largo en el tiempo y al que se no se le dejan de añadir “días especiales” como el Cyber Monday o el Singles Day, y que se alarga hasta finales de enero con la campaña de las rebajas. 

Sin embargo, la oportunidad de comprar con descuentos se hace a costa de empeorar las condiciones de trabajo de las miles de personas que trabajan en el sector; profesionales que atienden a la clientela, transportistas, almacenistas, logística, etc., que sufren cada año por estas fechas la falta de refuerzos para afrontar días –ahora convertidos en meses– bajo unas condiciones laborales extenuantes.

Con la excusa de necesidades productivas del sector, las empresas del comercio aplican en estas fechas medidas extraordinarias que afectan negativamente a las condiciones de trabajo; distribución irregular de la jornada, abuso de las horas complementarias y/o extraordinarias que posteriormente no se consolidan y en un alto porcentaje ni se pagan, falta de descanso, sobrecarga laboral, estrés y ausencia de la vida personal y familiar, precisamente en unas fechas en las que todas las personas queremos disfrutar de tiempo libre para estar con nuestras familias y amigos.

Los datos se agravan precisamente durante estos meses y las plantillas declaran que necesitan medicarse para afrontar estas largas jornadas laborales

De hecho, en Andalucía la creación de empleo con respecto a datos para el mismo período del año pasado, ha sido de un 0,02% de incremento, siendo actualmente 405.973 las personas trabajadoras en el régimen general para el comercio mayorista y minorista en nuestra comunidad, frente al volumen de beneficios sobre las ventas que, según datos a nivel estatal, se sitúan en un 7,9% en el comercio minorista. Esto significa que las empresas están cargando sobre las mismas plantillas de trabajadoras y trabajadores un aumento considerable de la actividad con cargas de trabajo muy exigentes, excesivas y agotadoras, además de exponerlas a problemas de salud y seguridad en el trabajo, en lo que temporalmente se alarga ya a un trimestre.

A nivel de seguridad y salud en el trabajo, los datos se agravan precisamente durante estos meses y las plantillas declaran que necesitan medicarse para afrontar estas largas jornadas laborales. Los tiempos de descanso diario y semanal no se cumplen y los turnos partidos y el trabajo en domingos y festivos exigen una dedicación prácticamente exclusiva, incluso para aquellas personas trabajadoras que sólo disponen de contratos a tiempo parcial, debido a los tiempos de descanso a mediodía y los tiempos de desplazamiento de sus hogares a los centros de trabajo.

Esta situación se agrava, particularmente, para las personas trabajadoras en grandes almacenes, que viven jornadas de diez horas de trabajo y donde se incumple el derecho de los trabajadores y trabajadoras a un descanso mínimo semanal de un día y medio, ya que en el caso del comercio, la norma específica sobre jornadas especiales de trabajo permite separar ese medio día del descanso semanal mínimo recogido en el Estatuto.

Esta situación afecta particularmente a un sector altamente feminizado, que contribuye a la precarización y empobrecimiento de las mujeres trabajadoras del comercio

Desde CCOO, denunciamos además que, en Andalucía, el inicio de este período álgido de la campaña de ventas viene a recargar aún más a unas plantillas que ya suman a sus espaldas cuatro meses de aperturas autorizadas en domingos y festivos en más de 70 municipios declarados por la Junta de Andalucía como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), o en ciudades como Jerez con una ZGAT de 6 meses, o Granada con 5 meses de aperturas que, unidos a las herramientas de flexibilidad interna, hacen del comercio un sector cada vez más precario y menos deseable para las personas trabajadoras, en el que las soluciones por parte de las empresas no llegan, a pesar de incrementar paulatinamente ventas y beneficios.

En CCOO llevamos años poniendo de manifiesto que esta situación afecta particularmente a un sector altamente feminizado, que contribuye a la precarización y empobrecimiento de las mujeres trabajadoras del comercio, generando una importante brecha salarial debido a que en ellas recaen la mayor parte de los contratos temporales y a tiempo parcial, siendo una parcialidad no deseada en muchos casos. 

Asimismo, es una reclamación de este sindicato a las patronales de las empresas de comercio, adelantar los calendarios de contratación para favorecer que las personas contratadas como refuerzo cuenten con períodos de formación previos adecuados y suficientes, considerando que los procesos de transformación digital y la creciente robotización de muchas de las tareas actuales del sector hacen necesario llevar a cabo procesos de formación más largos y específicos.

Las empresas tienen que dejar de maximizar sus márgenes de beneficios a costa de someter a sus plantillas a cargas de trabajo excesivas y exponerlas a problemas de salud y seguridad en el trabajo. Los períodos de auge de ventas, que cada vez son más extensos, no pueden seguirlo siendo a costa de períodos de precariedad y de estrés para sus trabajadores y trabajadoras. 

Las políticas que marcan el devenir de Andalucía y en consecuencia la vida de los andaluces y las andaluzas se determinan en gran medida en los presupuestos que cada año aprueba el Gobierno de la comunidad andaluza. Los de 2025, históricos por su cuantía, podrían haber servido para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas dando respuestas a los problemas que les afectan y les preocupan como pueden ser el empleo, los servicios públicos o la vivienda, entre otras cuestiones. Lamentablemente, el Gobierno andaluz ha optado por mantenerse en la senda continuista de anteponer sus propios intereses a los de la mayoría social, por muchos titulares que apunten en la dirección contraria.

Prueba de ello es que en lugar de incrementar la capacidad fiscal y los ingresos, los presupuestos para 2025 mantienen como estructurales las seis rebajas fiscales efectuadas desde 2019 que suponen dejar de ingresar casi 900 millones al año, lo que va en detrimento de unos servicios públicos ya de por sí muy deteriorados a causa de las políticas privatizadoras que fomenta este Ejecutivo desde que llegó a la Junta de Andalucía. Su modus operandi, no por sencillo, deja de ser malévolo: debilitar y dejar morir lo público, que es garante de igualdad, infrafinanciándolo y reduciendo sus plantillas, al tiempo que incrementa la financiación a lo privado bajo el mantra falaz de dar un mejor servicio a la ciudadanía porque lo público se queda corto.

Quizás si en lugar de quitar dinero de un lado para ponerlo en otro hubiese una apuesta real por la educación pública, por las universidades públicas, por la sanidad pública, por el sistema de atención a la dependencia, o por un parque público de viviendas, esa realidad que solo favorece a quienes más tienen sería muy diferente. 

Si hay algo aún más alarmante es que, con 267 mujeres asesinadas en Andalucía desde 2003 a consecuencia de la violencia de género, diez de ellas en lo que va de año, estos presupuestos eliminen la perspectiva de género en sus políticas

Pero si hay algo aún más alarmante es que con 267 mujeres asesinadas en Andalucía desde 2003 a consecuencia de la violencia de género, diez de ellas en lo que va de año, estos presupuestos eliminen la perspectiva de género en sus políticas. Los datos demuestran que se están dando pasos atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y no solamente por el negacionismo, sino también porque hay muchos gobiernos como el andaluz que lo favorecen quitando y recortando en medidas que han servido en otros momentos históricos para sensibilizar, crear conciencia y que estaban siendo la mejor vacuna, como la educación en igualdad.

Lo más incoherente de todo es que al tiempo que recorta e infrafinancia lo público bajo su responsabilidad y competencias, echa balones fuera y culpa de todos los problemas de Andalucía o a la infrafinanciación del Gobierno español, o a la herencia recibida, sometiendo todo a una machacona comparación con 2018.

Está claro que después de 6 años el Gobierno andaluz debe asumir ya su responsabilidad tanto en las decisiones políticas erróneas que ha adoptado, como en aquello que ha sido incapaz de resolver, como la falta de ejecución del presupuesto para 2023; o la falta de cumplimiento del compromiso firmado con CCOO, UGT y CEA en el Pacto para el Impulso Social y Económico de Andalucía hace más de año y medio.

Los presupuestos de 2025 siguen perpetuando un modelo que no apuesta por el futuro ante un Gobierno andaluz plegado a su política privatizadora que condena a los trabajadores y trabajadoras andaluces a seguir enfrentando los mismos problemas año tras año

En definitiva, los presupuestos de 2025 siguen perpetuando un modelo que no apuesta por el futuro ante un Gobierno andaluz plegado a su política privatizadora que condena a los trabajadores y trabajadoras andaluces a seguir enfrentando los mismos problemas año tras año, mientras se pierden oportunidades y se quedan retos sin abordar como el cambio climático, la escasez hídrica, la falta de inversión en industria o el desarrollo rural.

Un modelo que aumenta el lastre que hace que Andalucía siga en el vagón de cola de las comunidades autónomas en renta per cápita con 11.719 euros por habitante, solo por encima de Murcia y Extremadura; con un salario medio que dista en más de 8.200 euros con respecto al País Vasco; y donde casi 650.000 personas se encuentran en paro.

Andalucía merece más que presupuestos históricos en cifras: necesita un gobierno que reescriba la historia con los servicios públicos, el empleo de calidad, la igualdad y los trabajadores y trabajadoras como verdaderos y verdaderas protagonistas.

Andalucía se enfrenta a una paradoja devastadora. Mientras cuenta con importantes recursos económicos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género, siendo una de las comunidades que más fondos recibe, sigue liderando con 266 víctimas el trágico ranking de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. De hecho, en 2024 Andalucía ha recibido cerca de 60 millones de euros de esos fondos que podrían haberse traducido en refugios seguros, asistencia psicológica de calidad, programas de reinserción laboral para víctimas y medidas de sensibilización que transformen los patrones culturales que perpetúan el machismo. Sin embargo, la realidad y los datos desoladores de mujeres asesinadas, con cifras que superan la media nacional, nos indican que somos una comunidad con fondos, pero sin avances reales, de ahí que desde CCOO hayamos exigido al Gobierno andaluz y a las autoridades competentes una revisión exhaustiva del uso de estos fondos y que se garantice su aplicación en programas realmente eficaces de prevención y apoyo a las víctimas.

El laberinto institucional y la ineficacia de las políticas andaluzas contra la violencia de género también reside en un sistema institucional que, lejos de coordinarse, fragmenta los esfuerzos. Ejemplo de ello es que a pesar de que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) desempeña un papel fundamental, la falta de personal y recursos en los centros provinciales y municipales limita su capacidad de acción. Las listas de espera para atención psicológica especializada se prolongan durante meses, tiempo que las víctimas no tienen.

Además, el Gobierno andaluz, con la aprobación de su decreto de simplificación administrativa, ha añadido más barreras al acceso a estos servicios ya que la supuesta reducción de los procedimientos burocráticos ha eliminado garantías esenciales para la protección de las víctimas, como la supervisión adecuada de los programas implementados.

Eso por no hablar de los presupuestos 2025 para Andalucía que son fundamentales para la lucha contra esta lacra y que el Ejecutivo ha elaborado por primera vez limitando el análisis y alcance de la perspectiva de género en las políticas que se lleven a cabo.

En el ámbito de la empresa sucede algo parecido, porque pese a los importantes avances recogidos en la Ley 13/2007 de Violencia de Género, esta normativa no está presente en la agenda de las empresas que no hacen uso de los derechos laborales existentes. De hecho, la Ley determina que todas las empresas tienen que tener protocolos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo independientemente del número de personas en plantilla, pero ante la falta de responsabilidad de parte del empresariado, es urgente que el Gobierno andaluz habilite un registro para que ganemos en transparencia y realmente sepamos quién cumple y quién no para poder actuar en consecuencia y hacer de los trabajos entornos laborales seguros y respetuosos desde el convencimiento de que la erradicación de la violencia machista también pasa por un compromiso en esos entornos en los que las mujeres pasamos muchas horas de nuestra vida.

Otra prueba de esa falta de empatía y de compromiso para acabar con la violencia machista lo encontramos en el número de contratos bonificados que se han hecho en 2023, solo 129, lo que resulta realmente vergonzoso si atendemos a las 40.000 denuncias interpuestas por violencia de género ese mismo año.

Para revertir esta situación es urgente un cambio de paradigma. Andalucía no necesita más promesas ni iniciativas que se diluyan en la burocracia. Necesitamos acciones concretas y transformadoras que garanticen que los recursos asignados realmente lleguen a las víctimas y prevengan futuros asesinatos. Y tenemos propuestas que estamos convencidas y convencidos de que, de llevarse a cabo, contribuirían en gran medida a situar a Andalucía en el camino correcto contra la violencia de género. Propuestas como auditorías externas sobre el uso de los fondos públicos, asegurando que cada euro invertido tenga un impacto medible; refuerzo del IAM, dotándolo de personal cualificado y eliminando las listas de espera para atención psicológica y legal; formación obligatoria y continua en perspectiva de género para empleadores, empleadoras, funcionarios, funcionarias y agentes del sistema judicial; garantías reales para el acceso a derechos laborales, con sanciones a empresas que obstaculicen su cumplimiento; educación transformadora desde edades tempranas con programas que promuevan la igualdad y el respeto en todas las etapas del sistema educativo; o mayor inversión en viviendas y recursos de emergencia, asegurando que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su techo.

La violencia de género no es un problema privado; es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de dignidad. Cada vida perdida nos recuerda que aún queda mucho por hacer. Y no pararemos hasta conseguir que se erradique. Por eso este 25N, una vez más, vamos a contarlo y salimos a la calle en toda Andalucía por ti, por mí y por todas las compañeras.

La cifra habla por sí sola: solo 13 de cada 100 jóvenes andaluces logran independizarse. Un dato que es solo la punta del iceberg de la realidad que, de manera ininterrumpida desde la crisis de 2008, lleva lastrando a la juventud de este país y, con mayor dureza, a la andaluza desde entonces. Una situación de stand by vital, de parón, de vivir en la incertidumbre, que no nos deja tomar las riendas de nuestra vida.

Todo esto es producto de la precariedad que se ha instalado en nuestras vidas. Una precariedad que viene generada por la mala calidad del empleo, bajos salarios y un mercado inmobiliario que nos condena a no poder desarrollar un proyecto de vida propio.

Desde hace décadas, vivimos en una montaña rusa provocada por la suma de malas condiciones laborales, económicas y sociales que lastra nuestro futuro. Nos genera un estado vital de estar siempre a la espera de que todo mejore, de tener un empleo estable, de que los alquileres bajen, de ahorrar lo suficiente para emanciparnos… Una vida siempre pospuesta mientras el calendario corre, la juventud pasa y arrastramos esa precariedad vital que se supone que debemos abandonar con los años, pero que, los datos lo demuestran, nos acompaña superados los 35 y nos hace más pobres que nuestros padres. Un estado vital que tiene serias repercusiones en nuestra salud física pero también mental: es dramático el incremento de casos de suicidio entre personas jóvenes, por ir al dato más extremo, pero no son más optimistas el resto de indicadores. Vivimos estresados, con ansiedad, con cuadros clínicos, en muchos casos, compatibles con la depresión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando para que los problemas que atravesamos generaciones enteras de jóvenes se tengan en cuenta como un problema del conjunto de la sociedad?

¿Cómo vamos a construir un futuro si el presente no nos ofrece posibilidades?

Es injusto que en Andalucía generaciones enteras vivamos atrapadas en una vida precaria a pesar de querer desarrollarnos profesional y personalmente. Más injusto aún es que no se nos proporcionen las herramientas para lograr ese desarrollo y convertirnos en ciudadanos independientes. Y es que, incluso estando formados de sobra, la falta de oportunidades laborales dignas, con remuneraciones ridículas en muchos casos, y el altísimo precio de la vivienda, han generado la tormenta perfecta que nos impide ser dueños y dueñas de nuestras vidas.

¿Cómo vamos a construir un futuro si el presente no nos ofrece posibilidades?

Es fundamental que se ponga este problema en el debate social y que exijamos soluciones para revertir la situación. Porque esta tasa de emancipación tan baja no es solo un mal dato más. Esta precariedad eterna a la que nos condenan no solo tiene consecuencias en nuestra salud: afecta a la dinámica demográfica, el bienestar emocional y a las relaciones familiares, provocando un gran impacto en el tejido social de nuestra tierra.

Si una persona joven en Andalucía cobra un 18% menos que la media nacional y tiene que destinar de media el 96% de su salario en un alquiler, estamos condenados a vivir hasta más allá de los 30, con suerte, con nuestros padres

Ha llegado el momento de exigir soluciones a esta precariedad laboral y vital con políticas que garanticen un mercado laboral justo e igualitario y que promuevan el acceso a la vivienda.

Si una persona joven en Andalucía cobra un 18% menos que la media nacional y tiene que destinar de media el 96% de su salario en un alquiler, estamos condenados a vivir hasta más allá de los 30, con suerte, con nuestros padres.

La subida de salarios, la creación de empleo estable y de calidad, así como la regulación del mercado inmobiliario para garantizarnos el acceso a la vivienda, son solo algunas de las soluciones que urge poner en marcha. No podemos permitir que toda una generación tire sus proyectos de vida por la borda.

En este escenario de precariedad laboral y vital, también debemos pedir responsabilidad a las empresas y exigirles que dejen de tratar a nuestros jóvenes como trabajadores de segunda o tercera categoría. Es hora de que arrimen el hombro y contribuyan a crear un mercado laboral más justo e igualitario. Se acabó usar a los más jóvenes a su antojo. Las empresas deben ser parte de la solución, no del problema.

Es hora de actuar. Tenemos a toda generación viviendo en un constante estado de frustración, sufriendo ansiedad, estrés y una sensación de inseguridad constante.  Nuestras y nuestros jóvenes se ven atrapados en un bucle de inestabilidad que les impide planificar su futuro y es hora de que todas y todos empecemos a remar junto a ellos.

Estamos convencidas de que solo desde la organización podemos acabar con esta precariedad vital y situar los problemas de la juventud no como un problema inherente a nuestra edad, sino como una problemática de profundo calado y dramáticas consecuencias para el conjunto de la sociedad. Una sociedad donde no sintamos que el sistema nos expulsa, donde podamos construir nuestro propio futuro y no nos tengamos que conformar con el camino que otros quieren dejarnos escrito.

Más de veinte años ha costado dar cumplimiento a un mandato recogido en la Constitución Española, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en múltiples acuerdos de concertación social como el reciente Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Un mandato que reconoce el derecho de las organizaciones sindicales más representativas a participar e intervenir en las políticas públicas para ser la voz de los trabajadores y trabajadoras y garantizar que sus derechos y opiniones sean tenidas en cuenta. Así que la Ley de Participación Institucional no es un regalo ni una prebenda de nadie, sino que responde a unas reglas claras, objetivas y no arbitrarias de la democracia en las empresas y de la mayor representatividad que nos otorgan y nos dan los trabajadores y trabajadoras con su voto diario en las empresas de este país y de Andalucía.

La Ley de Participación Institucional es el derecho ganado a pulso por las y los sindicalistas de CCOO y es el resultado del empeño de nuestra organización a lo largo de la historia que, de manera coherente, ha trabajado para defender el derecho de las personas trabajadoras a participar en aquellas decisiones que nos afectan y que condicionan nuestra vida, nuestro progreso y nuestro futuro.

No olvidemos que con nuestro esfuerzo y trabajo, y por desgracia incluso con la vida, somos los trabajadores y trabajadoras quienes levantamos esta tierra; y es de justicia que el derecho a defender la Andalucía que queremos que, sin duda, es la de la igualdad de oportunidades, la de los servicios públicos fortalecidos, la diversa y plural, la solidaria e integradora, se garantice en forma de Ley.

Es de justicia que el derecho a defender la Andalucía que queremos que, sin duda, es la de la igualdad de oportunidades, la de los servicios públicos fortalecidos, la diversa y plural, la solidaria e integradora, se garantice en forma de Ley

En CCOO siempre hemos tenido claro y así lo hemos reclamado durante años a todos los gobiernos que han pasado por la Junta de Andalucía, con independencia del color que tuvieran, que era necesario garantizar por ley el derecho a la participación institucional, porque si algo es evidente es que las personas trabajadoras tenemos que dar nuestra visión sobre las leyes, medidas o normas que el Gobierno andaluz lleve a cabo en materia de política económica y social. Tan evidente como que el Ejecutivo ha de atender las propuestas que realizamos en materia de sanidad, educación pública, dependencia, vivienda, en materia industrial, turística o agraria. Primero porque los trabajadores y las trabajadoras somos los afectados en la mayor parte de estas cuestiones; segundo porque, como hemos demostrado siempre, tenemos propuestas y soluciones que aportar; y tercero porque en CCOO, aunque nunca renunciamos a la movilización, somos unos convencidos y convencidas de que el diálogo y la concertación es un instrumento clave para avanzar en vertebración social, progreso económico y en la creación de empleo de calidad, así como en la configuración de una Andalucía más justa y con más igualdad y más derechos.

La realidad ha demostrado en reiteradas ocasiones que cuando se aúnan esfuerzos para alcanzar puntos comunes, más allá de los intereses particulares y legítimos que cada organización tenemos, conseguimos superar situaciones de dificultad económica y avanzar en el desarrollo económico y social de Andalucía sin dejar a nadie atrás y con leyes más equilibradas y justas.

Así sucedió en momentos de crisis financieras como la de 2008, durante la pandemia de 2020 o en la crisis de 2022, y por ello instamos al Gobierno andaluz a que ponga todos los mimbres para que esta Ley de Participación Institucional salga adelante con el mayor consenso posible, por la utilidad que tiene para los trabajadores y las trabajadoras y para el progreso y el desarrollo de nuestra tierra. Es responsabilidad suya que esto suceda.

En cualquier caso, si el Parlamento andaluz lo decide y se concreta el texto en Ley, para CCOO no será el final del camino sino el punto de partida de un nuevo derecho que vamos a defender y que queremos ejercer con las garantías, la transparencia, la responsabilidad y la máxima exigencia que nos caracteriza.

Nuria López Marín

Muchas veces no somos conscientes de que la mayoría de las cuestiones que nos afecta en lo cotidiano tienen su base en las instituciones europeas. De hecho, en un informe presentado en 2023 por el director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, se afirmaba que en estas instituciones se aprueban buena parte de las normas que nos afectan en nuestro día a día. Según este informe, el 57% de las leyes aprobadas en España en 2022 provenían de directrices y decisiones europeas.  

Por eso, aunque pueda parecer que las elecciones europeas nos quedan lejanas, lo cierto es que nos afectan y mucho.

El próximo 9 de junio nos jugamos cómo se afrontarán las políticas que, durante los próximos 5 años, se pondrán en marcha en el conjunto de los países que integran la Unión. Con nuestro voto podremos decidir si queremos un proyecto europeo que avance hacia los derechos sociales, la cohesión y la solidaridad o que, por el contrario, se produzca un frenazo (o quién sabe si una desintegración) al modelo de progreso que, con sus dificultades y carencias, hemos conocido hasta nuestros días. 

Las personas trabajadoras tenemos que ser conscientes de que en nuestra mano tenemos la posibilidad de elegir qué modelo queremos para Europa: Si dejamos que la política comunitaria vuelva a afrontarse desde la austeridad, el recorte de los servicios públicos, la pérdida de derechos para las personas trabajadoras, los rescates a la banca mientras las personas se quedan en la calle, cómo las grandes empresas obtienen enormes beneficios sin importarles en qué situación dejan a las personas trabajadoras y las pymes. Una fórmula que ya vimos en la crisis de 2008 y que ha tenido dramáticas consecuencias para las familias trabajadoras. O bien, si apostamos por esa Europa que aboga por proteger los derechos, por hacer políticas expansivas que fortalezcan el progreso colectivo, la acción común y la cohesión social como ya se ha hecho durante la pandemia y en la crisis de Ucrania blindando la subida de los precios de la energía por medio de la excepción ibérica, asegurando vacunas y suministro de mascarillas, protegiendo los derechos laborales y el tejido productivo e intentando generar transiciones energéticas, medio ambientales y sociales por medio de la inversión de los fondos europeos.

Dependiendo de quienes gobiernen en el Parlamento Europeo y las instituciones de la Unión, tendremos unas políticas u otras y de ello dependerá el progreso de los países que componemos la Unión Europea y por tanto de su ciudadanía, pero también la extensión de la solidaridad, de la igualdad y de los derechos. A nadie se le escapa que una ola reaccionaria acecha Europa y busca debilitar lo colectivo, desarmar la racionalidad de la ciudadanía y crear un falso espejismo de que se puede retroceder a los viejos tiempos. Nada más lejos de la realidad.

Somos más las personas que queremos una Europa social plural, abierta y solidaria, que extienda la democracia, sus valores y el respeto por los derechos humanos. Por eso tenemos que ir a votar por aquellas opciones progresistas que la defienden. 

Andalucía necesita una Europa fuerte para abandonar el déficit histórico que arrastra nuestra industria y nuestras infraestructuras, a la vez que anteponga los derechos de la ciudadanía, la igualdad y el fortalecimiento de los servicios públicos y el sector de los cuidados. Y todo eso será una realidad o una oportunidad perdida dependiendo de qué opciones políticas gobiernen Europa

En Andalucía sabemos bien la importancia de Europa y cómo la solidaridad es importante para el desarrollo y el progreso de territorios como el nuestro. Para las andaluzas y andaluces, esta cita electoral tiene aún más si cabe mayor relevancia. Para Andalucía es de vital importancia el progreso del proyecto social europeo. 

En el momento de transformaciones que se están dando, nos encontramos ante la oportunidad histórica de transformar el tejido productivo andaluz, desde la industria agroalimentaria, pasando por la energética, las industria de transformación o la construcción, entre otros, y generar con ello más empleo y de mayor calidad, con salarios justos y mejoras en materias laborales, por medio de las políticas europeas y los fondos de nueva generación. La oportunidad está ahí con el auge de las energías verdes para generar autonomía estratégica, con la transformación de nuestra industria para incorporar la digitalización, la innovación tecnológica y hacerla más sostenible. Andalucía necesita una Europa fuerte para abandonar el déficit histórico que arrastra nuestra industria y nuestras infraestructuras, a la vez que anteponga los derechos de la ciudadanía, la igualdad y el fortalecimiento de los servicios públicos y el sector de los cuidados. Y todo eso será una realidad o una oportunidad perdida dependiendo de qué opciones políticas gobiernen Europa.

Comisiones Obreras apuesta y cree en un proyecto europeo sólido y abierto al mundo. Una Europa que tenga un papel predominante en la extensión de la democracia, de los derechos humanos y la paz en el mundo. Una Europa que sea un freno al odio, al populismo, al racismo y al deterioro constante de las instituciones democráticas. Y una Europa que “se moje” cuando se cometen atrocidades y acciones genocidas como las que tiene lugar en Palestina y que apueste por encauzar el entendimiento en aquellos conflictos (incluidos los de Ucrania) como garante de la paz y teniendo voz propia.  

En Andalucía, fueron muchas las personas que tuvieron que salir de nuestra tierra buscando un futuro mejor, por eso sabemos bien que las personas migrantes, que huyen de las guerras, de la pobreza y buscando oportunidades de vida, deben ser tratados como lo que son, personas y que el odio, el racismo y el egoísmo empobrece a las sociedades y las vuelve inhumanas

Nos jugamos cómo regular la avaricia de los mercados, de las grandes corporaciones empresariales y financieras que, con el desarrollo por ejemplo de la big data o de la inteligencia artificial, están obteniendo enormes beneficios y ejercen su poder para evitar pagar impuestos que contribuyan a mejorar la vida de la gente.

En Andalucía, fueron muchas las personas que tuvieron que salir de nuestra tierra buscando un futuro mejor, por eso sabemos bien que las personas migrantes, que huyen de las guerras, de la pobreza y buscando oportunidades de vida, deben ser tratados como lo que son, personas y que el odio, el racismo y el egoísmo empobrece a las sociedades y las vuelve inhumanas, por eso hay que seguir avanzando hacia un proyecto europeo de solidaridad, acogimiento, acompañamiento e integración y que salvaguarde la dignidad humana y los derechos más fundamentales.

Tenemos la posibilidad de consolidar esa Europa que responda desde lo común. Un proyecto que nos ha fortalecido y que ha permitido resistir a una crisis de consecuencias dramáticas, que ha permitido que las personas trabajadoras hayan podido acceder a las vacunas y que ha permitido dar una respuesta social a los retos de este tiempo. Queda mucho camino por andar para hacer de Europa esa casa de todos. Una Europa solidaria, bastión de defensa de la democracia, de la igualdad que desarrollo los derechos y el progreso de sus ciudadanos y ciudadanas. Esa es la Europa que queremos las personas trabajadoras. Y por ella votaremos el próximo 9 de junio: Por los derechos, por la justicia social y por un fututo de progreso. Porque nuestros derechos también se deciden en Europa.

Hace solo tres años, gobiernos, empresariado y sociedad civil afirmaban sin ningún tipo de cortapisa que el sector primario y de cuidados eran indispensables para el desarrollo de nuestra economía; y así quedó demostrado en un momento de especial sensibilidad social en el que muchas de nosotras y de nosotros pensamos que esa responsabilidad y profesionalidad demostrada marcarían un punto de inflexión en el mundo laboral para poner en valor unos servicios hasta entonces poco valorados.

Dicen que el tiempo todo lo cura, pero en esta ocasión sería más acertado decir que todo lo olvida porque, tres años después, ese valor sigue sin reconocerse como es debido socialmente y menos aún en el mundo del trabajo, con patronales que dificultan la negociación colectiva y niegan el establecimiento de salarios dignos para estas trabajadoras y trabajadores.

Cierto es que la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha sido una herramienta fundamental para dignificar la actividad laboral de las personas que trabajan en estos sectores en Andalucía, donde nos encontramos con bloqueos a la Negociación Colectiva, por ejemplo en el campo de Almería.

En cambio, tenemos que lamentar que se ha incrementado la brecha de género como consecuencia de que, en los sectores más feminizados, los salarios de los hombres han subido más que los de las mujeres, de manera que desde CCOO seguimos reivindicando que se pongan sobre la mesa las medidas oportunas para que los sectores con mayor índice de feminización sean valorizados en su justa medida.

Esa brecha y desigualdades salariales también se dan entre Andalucía y la media estatal, estancada en el 18,78% debido en gran medida a la parcialidad y a los bajos salarios de esos sectores. En concreto, según los datos de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA), 303.600 personas andaluzas trabajadoras parciales tienen un salario medio de 590 euros, lastrando la economía de las familias e impide el desarrollo de un proyecto de vida. Según esa misma encuesta, Andalucía cuenta con 2.435.927 personas (67,8%) de sus trabajadores o trabajadoras asalariadas y representa el 15,9% de la población asalariada de todo el país. Sin embargo, como recoge la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en su informe sobre los salarios en las comunidades y ciudades autónomas del régimen fiscal común, nuestra comunidad sigue a la cola en salario medio anual de toda España, solo por detrás de Extremadura y con una diferencia de casi 11.000 euros brutos menos respecto a la comunidad de Madrid, que es la que tiene el salario más alto, según la AEAT.

Es una imperiosa necesidad articular medidas que permitan avanzar hacia la cohesión territorial y social porque, aunque la subida del SMI está suponiendo un importante impulso, hay que apostar por diversificar los sectores productivos con más estabilidad

Cierto es que durante el año 2022 el salario medio en Andalucía subió un 5,9%, en gran medida impulsado por la subida del SMI (creció un 8%) que tuvo mayor incidencia sobre los salarios más bajos, alcanzando el sector de otros servicios y de ocio el mayor crecimiento en los salarios hasta llegar al 16,4 %. En el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, la subida ha sido de un 8,1 %, si bien los dos casos siguen estando por debajo de la media estatal.

Es, por tanto, una imperiosa necesidad articular medidas que permitan avanzar hacia la cohesión territorial y social, porque aunque la subida del SMI está suponiendo un importante impulso, sobre todo en los sectores de más bajos salarios, hay que apostar de forma decidida por diversificar los sectores productivos con más estabilidad en el empleo. Y es que mientras en Andalucía el 7,9% de la población asalariada trabaja en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en España lo hace solo el 3,0%. De forma contrapuesta, en la industria andaluza trabaja el 6,6% de la población asalariada frente al 9,6% de media nacional.

En CCOO tenemos propuestas concretas para llevar a cabo el tan necesario cambio de modelo productivo en nuestra tierra y así se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno andaluz, pero ponerlas en marcha requiere voluntad decidida para hacerlo y estrategias que desde el dialogo social contribuyan a la cohesión territorial de Andalucía y España.

No se puede estar esperando a que las soluciones caigan del cielo, ni basar las políticas que determinan en gran medida la vida de los andaluces y andaluzas en acusaciones continuas al Gobierno central, mientras se ejerce una política de brazos caídos cuando tres de las provincias con medias salariales más bajas de España son andaluzas y seis de las nueve provincias con menor salario medio bruto de España son también de Andalucía.

Es imprescindible aumentar la actividad inspectora porque no es admisible que 45.700 trabajadoras y trabajadores andaluces a jornada completa cobren menos del SMI según Indica la EPA, lo que representa el 35,7% de España en esta situación

Asimismo, es necesario que las políticas andaluzas de empleo se orienten a la estabilidad y a la erradicación del fraude en la contratación porque, aunque la temporalidad se ha visto ampliamente reducida en Andalucía desde la reforma laboral de 2021, hay empresas que utilizan la parcialidad y la temporalidad para ampliar sus beneficios. De hecho, es imprescindible aumentar la actividad inspectora porque no es admisible que 45.700 trabajadoras y trabajadores andaluces a jornada completa cobren menos del SMI según Indica la EPA, lo que representa el 35,7% de España en esta situación.

Es innegable que medidas como el Acuerdo de Reforma Laboral o la subida del SMI han hecho crecer el empleo, el salario medio bruto y han mejorado la estabilidad, pero también lo es que el poder del olvido se ha demostrado grande por parte de quienes hacían suya la importancia de mejorar la situación de sectores poco valorados, de dar de estabilidad al empleo y de poner en valor la profesionalidad y responsabilidad de la clase trabajadora con mejores condiciones laborales, así que en CCOO les seguiremos recordando que la senda está marcada y que las políticas y mejoras no se hacen con palabras sino con hechos y ahora toca un mayor compromiso del Gobierno y del empresariado andaluz para cohesionarnos territorialmente al interno y con el resto de España con empleo de calidad y mejores salarios para nuestros trabajadores y trabajadoras.

Con ocasión del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y en el 30 aniversario de la creación de Faisem, es una buena ocasión para reflexionar sobre la calidad de la atención sociosanitaria que se presta a las personas con trastorno mental grave en Andalucía.

Faisem se creó hace treinta años con el objetivo de desarrollar y gestionar recursos de apoyo social para personas con discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves. Faisem representó un modelo de éxito en cuanto a la aplicación de los objetivos de la reforma psiquiátrica: el cambio de un modelo basado en la hospitalización de larga estancia de las personas con enfermedad mental hacia la atención comunitaria.

En este sentido, el modelo andaluz representado por Faisem fue una experiencia pionera en el Estado, integrado dentro de la red pública que permite que aún hoy en día Andalucía lleve años de distancia a otras comunidades en cuanto a inserción comunitaria y cierre de centros de larga duración hospitalaria, en principio, con mayores recursos.

El rápido desarrollo de los recursos sociosanitarios para personas con enfermedad mental de Andalucía se ha hecho a costa de unos recursos materiales deficitarios y de la precariedad laboral de sus plantillas

En la actualidad, Faisem atiende a más de 9.000 personas en sus recursos residenciales, de centros de día y ocupacionales y programa de orientación para el empleo, con una plantilla media de 1.207 personas, de las cuales 950 somos personal de atención directa en la categoría de monitores. El presupuesto de Faisem para 2022 alcanzaba los 47.737.897 euros, lo que ciertamente supone un incremento sobre lo presupuestado para 2021 en algo más de dos millones de euros.

Sin embargo, esta historia exitosa tiene sus sombras. El rápido desarrollo de los recursos sociosanitarios para personas con enfermedad mental de Andalucía se ha hecho a costa de unos recursos materiales deficitarios y de la precariedad laboral de sus plantillas. Efectivamente, muchos centros residenciales y de día de Faisem incumplen el decreto de requisitos mínimos de centros de atención a la dependencia ante la permisividad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), también perteneciente a las agencias públicas andaluzas.

Por otro lado, su plantilla mantiene los salarios más bajos de los entes públicos andaluces. El personal de atención directa, los monitores, tienen un sueldo base de 1.171 euros, apenas por encima del SMI, y su reconocimiento profesional es nulo.

El convenio colectivo de Faisem, en ultraactividad desde 2009, reconoce para el personal de atención directa un grupo profesional, el de monitor, sin correspondencia con el Catálogo Nacional de Ocupaciones. Donde en otras comunidades autónomas se reconocen en este ámbito el trabajo de psicólogos, trabajadores sociales, educadores e integradores sociales, en Andalucía trabajamos como monitores, incluyendo funciones de estos ámbitos y recientemente el de pinche de cocina.

Con lo dicho, no es de extrañar que se pueda denunciar que los y las andaluces con trastorno mental grave de Andalucía sufren una atención sociosanitaria de segunda respecto a los y las ciudadanas de otras comunidades.

La propia auditoría operativa encargada por la Junta de Andalucía sobre Faisem establecía, por ejemplo, que las personas atendidas lo hacen en una ratio de usuario- profesional de 31, mientras su homólogo en Castilla-La Mancha era de 18 y de sólo 9 en Madrid. Consecuentemente, el gasto medio por usuario en Faisem, 1.354 euros, representa menos del 50% del gasto por usuario en Castilla-La Mancha y apenas el 20% que el de Madrid.

Fuente Auditoría Operativa de los Entes Instrumentales de la Junta de Andalucía. Lote 10 Servicios Sociales. FAISEM

Con estas mimbres, una Fundación que fue creada hace treinta años se enfrenta, sin mucha reflexión, por parte de su actual gerencia a los nuevos retos propios de 2023.

Un excesivo peso de las necesidades de cuidados asistenciales de una buena parte de los usuarios residenciales que ha ido envejeciendo en nuestros recursos y con mayores necesidades somáticas, la falta de personal sanitario y las altas ratios de asistencia hacen que la cobertura de estas necesidades vaya en detrimento de las actividades que tienen que ver con la recuperación en integración social.

Nuevas necesidades de las personas con enfermedades mentales, la atención a patologías duales, la atención a personas con primeras experiencias en la enfermedad mental en vías de mejorar cómo afrontarla y evitar que se cronifique la enfermedad, la atención a las personas con enfermedad mental en situación de sinhogarismo y, sobre todo, volver a poner en primer término el paradigma de recuperación y el enfoque comunitario. Todo esto necesita de una hoja de ruta que pasa por la dotación de más y mejores recursos materiales y humanos en Faisem. Por el contrario, todas estas necesidades se piden que sean afrontadas por los profesionales sin dotarles de las herramientas necesarias.

Se puede poner de ejemplo la Estrategia Andaluza para la atención de Personas sin Hogar, que encarga a Faisem la atención sociosanitaria de las personas con trastorno mental grave en sinhogarismo, pero no otorga fondos específicos para poner en marcha el programa, o la puesta en marcha de los equipos de tratamiento intensivo comunitario, que prevé la participación de personal de Faisem dentro de equipos del SAS; pero tampoco se prevén la autorización de contratación correspondiente.

En definitiva, mayor carga de trabajo con menos recursos y una plantilla que ha perdido más de cien efectivos en los últimos años. Si en 2019 Faisem contaba con 1.165 profesionales, en 2022 se redujo a 1055. Más sangrante es que la disminución fue en el personal de atención directa, ya que la plantilla sí creció en personal de alta dirección y personal de función administrativa.

Para finalizar, hay que recalcar que los puntos fuertes de los que esta fundación pública ha podido presumir, desde su creación en la última década del siglo anterior, están en grave riesgo de anquilosamiento y sus puntos débiles se ven incrementados por una falta de dirección y una reducción sistemática de recursos materiales, humanos y presupuestarios que ponen en riesgo la calidad de atención a las personas con trastorno mental grave.

Es violencia de género. Son mujeres asesinadas. Es una lacra social y como tal hay que combatirla.

En Andalucía en lo que va de año han sido asesinadas un total de 16 mujeres, 3 de cada 10 asesinatos machistas se han producido en Andalucía y en 2022 se presentaron 38.149 denuncias por violencia. Tras estas cifras, las historias de otras tantas mujeres que tienen que vivir con miedo o, en el peor de los casos, que han perdido la vida a mano de sus parejas o ex parejas. Además, vemos como la convivencia aumenta los asesinatos y como la violencia se sigue sufriendo en los hogares de manera silenciosa. Prueba de ello es que en julio y agosto han asesinado a 7 de las 16 mujeres asesinadas en Andalucía.

La sociedad cada vez está más concienciada con la lucha contra la violencia de género pero, incompresiblemente, asistimos a un ataque continuado por la derecha y la extrema derecha a las medidas de igualdad y de lucha contra esta lacra.

Hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre y lo que está pasando se llama violencia de género y la sufren las mujeres, con 252 mujeres asesinadas en Andalucía que han dejado a 84 menores huérfanos

Incomprensibles sus discursos negando la evidencia: que nos están matando. Incomprensibles sus medidas, como el teléfono de violencia intrafamiliar que puso en marcha el Gobierno andaluz invirtiendo miles de euros y solo sirvió para derivar cerca del 81% de las llamadas a otros teléfonos ya existentes. O incomprensible que para consultas sobre violencia de género en la página web de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía no haya un acceso directo y tengamos que ir a “otros temas” porque, el tema, señores y señoras del Gobierno andaluz, es que hay que hacer algo más que hablar de la necesidad de “reflexiones profundas”, porque mientras ustedes reflexionan, a nosotras nos siguen matando.

Y, además, hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre y lo que está pasando se llama violencia de género y la sufren las mujeres, con 252 mujeres asesinadas en Andalucía que han dejado a 84 menores huérfanos.

Por eso, desde CCOO reclamamos ponerle las cosas fáciles a las mujeres para que se atrevan a dar el paso que las saque del infierno de la violencia machista; y eso se hace generando un buen entorno de atención. Las diferentes administraciones públicas no pueden ignorar el grito de auxilio de esas miles de mujeres y es urgente poner más recursos en marcha que den respuestas a esta terrible lacra que, desde que hay registros en España, se ha cobrado 1.221 vidas y ha dejado a 416 niños y niñas huérfanos. El Gobierno de Moreno tendrá que hacer algo para revertir esa situación y eso no es una petición, es una clara exigencia que le hacemos desde CCOO.

Los datos corroboran esa imperiosa exigencia y también la necesidad de ayuda porque en lo que va de año 16 mujeres han sido asesinadas en Andalucía y de ellas solo 3 habían denunciado maltrato.

Es más que evidente que hay que revisar el ‘Acuerdo del 3 de junio de 2013 por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía’ y su protocolo marco (2016) porque lamentablemente seguimos encabezando la lista de comunidades autónomas con más mujeres asesinadas por violencia de género y es una realidad a la que hay que poner solución. Desde CCOO pedimos al Gobierno andaluz que revitalice el Observatorio andaluz contra la violencia de género, así como reforzar medidas de prevención y concienciación.

Asimismo, entendemos que la educación es la base para acabar con la violencia machista, de ahí que también resulte esencial impulsar la coeducación mediante programas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género en los centros educativos.

La lucha por la Igualdad y contra la violencia de género tiene que ser transversal y prioritaria y como tal la defendemos en CCOO vigilando, por ejemplo, que se cumplan las medidas acordadas en el Pacto Económico y Social por Andalucía que el Gobierno andaluz firmó en marzo con los agentes sociales y económicos y alzando la voz contra quienes buscan arrebatarnos nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra vida tras una ideología negacionista que se refugia en el discurso vacío y malicioso de que todas las violencias son malas con el fin de reducir los avances en igualdad y la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.

La Justicia vive un momento especialmente convulso en estos momentos derivado de la falta de voluntad del Ministerio de Justicia para dar salida a un conflicto que iniciaron los delegados y delegadas de CCOO en noviembre de 2022. El objetivo, reivindicar que se negocien nuevas condiciones laborales, se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras y se mejore el servicio público, así como aumentos retributivos, más que justificados. Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia ya los han conseguido y es totalmente injustificable que, tras meses de movilizaciones, siga sin darse una solución más que razonable. En los y las responsables ministeriales recae la culpabilidad de los miles de juicios y actuaciones suspendidas.

No es casualidad que fuese CCOO, desde su sector de Administración de Justicia, el primer sindicato que alertó de los efectos negativos de la llamada Ley orgánica de eficiencia organizativa (LOEO). Encuadrado en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía, el Sector de la Administración de Justicia está conformado por funcionarios y funcionarias de todos los cuerpos de esta administración que conocen de primera mano la realidad de los Juzgados y Tribunales, sus carencias y necesidades. Gracias a su trabajo y entrega, llevamos años diagnosticando la justicia española y hemos aportado soluciones, siempre de manera seria y rigurosa.

En CCOO creemos en la igualdad ante la Ley de toda la ciudadanía y pensamos que aumentado plantillas de todas las categorías, mejorando sus condiciones laborales e invirtiendo lo necesario en medios materiales, junto con reformas legislativas, formación continua y nuevos métodos de acceso, es posible conseguir una justicia moderna, de calidad, al servicio de los intereses de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad.

La presión de CCOO ha conseguido aumentos salariales, reconocimientos médicos para los funcionarios y funcionarias, un plan de igualdad, protocolos de acoso laboral y sexual o de violencia externa...

Por eso, este 20 de junio, que se celebran las elecciones sindicales en la Administración de Justicia en pleno conflicto laboral, CCOO se presenta con un balance de trabajo intenso, siempre cerca de los trabajadores y trabajadoras, presente en todas las mesas de negociación.

Entre otras muchas actuaciones, hemos sido el primer sindicato en demandar la carrera profesional, necesaria para una formación continua y de calidad, criticando los recortes practicados por la Junta de Andalucía en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o en los Juzgados de la costa de Andalucía. Hemos puesto sobre la mesa el mal estado de muchos edificios judiciales, el abuso de sustituciones sin relevo de funciones…

Mención aparte merece el intenso trabajo realizado durante la pandemia con más de 50 hojas informativas o atención a centenares de consultas. Los delegados y delegadas de CCOO visitaron centros de trabajo y permanecieron disponibles sin horario, exigieron para el colectivo medidas de protección y vacunación adecuada y pactamos teletrabajo con garantías y derechos laborales.

La presión de CCOO ha conseguido aumentos salariales, reconocimientos médicos para los funcionarios y funcionarias, un plan de igualdad, protocolos de acoso laboral y sexual o de violencia externa, guardias de 24 horas en Córdoba o aumentos de plantillas en muchos órganos judiciales.

En CCOO tenemos claro que hay que seguir defendiendo los intereses colectivos de los cuerpos de Auxilio, Tramitación, Gestión, personal Instituto Medicina Legal y Letrados, sin exclusiones, buscando también la mejora de un servicio público esencial. Para ello, este sindicato seguirá exigiendo, tanto al Ministerio de Justicia como al Gobierno de la Junta de Andalucía, planes de choque para eliminar el colapso de los órganos judiciales, aumentos de plantillas o un plan de infraestructuras.

Todos los trabajadores y trabajadoras de Justicia tienen este 20 de junio una cita para que sus voces se hagan oír. Recuerda que el poder de cambiar las cosas está en tu mano.