La regularización extraordinaria ya está en marcha y, con ella, se abre una oportunidad real de acceso a derechos para muchas personas que ya forman parte de nuestra sociedad. Hablamos de vecinos y vecinas que sostienen la vida cotidiana y que, hasta ahora, han quedado fuera de derechos básicos. 

En este contexto, la Federación Sur Acoge se ha incorporado desde el inicio del proceso como entidad colaboradora para acompañar a estas personas en este recorrido hacia el acceso pleno a derechos. Tanto la federación como sus asociaciones y delegaciones están en primera línea de colaboración, pero también lo están en ser altavoz y facilitadoras de información. A través de redes sociales, página web y canales de WhatsApp se está difundiendo información clave, al tiempo que se han puesto en marcha formaciones dirigidas a profesionales y personas interesadas. Además, se están elaborando materiales específicos y se trabaja a diario para dar respuesta a la creciente demanda de información conforme avanzan los días. 

Porque si algo está claro es que la regularización no es solo un trámite administrativo. Es una herramienta que favorece la convivencia, fortalece la cohesión social y reconoce una realidad que ya existe. Por eso, desde Sur Acoge se respalda este proceso con firmeza, entendiendo que avanzar en derechos es también avanzar como sociedad.  

Ahora bien, este avance no puede entenderse como una respuesta aislada. Junto a la regularización, es necesario impulsar cambios en las políticas de frontera y consolidar marcos normativos estables que eviten que vuelva a generarse la misma situación de exclusión que ahora se intenta corregir. 

Mientras tanto, el compromiso es claro: acompañar, informar y estar cerca de quienes inician este proceso. 

En este espacio que hemos habilitado en nuestra web, puedes consultar toda la información actualizada sobre la regularización: https://acoge.org/regularizacion-extraordinaria-2026/ 

¿Puede un barrio transformar la forma en que convivimos? En Federación Sur Acoge creemos que sí. Y el reconocimiento al proyecto ZANKA con el Premio Andalucía + Social lo pone hoy en valor. 

Pero este premio no habla solo de un proyecto. Habla de una forma de trabajar los barrios desde la escucha, la participación y el trabajo en red. Habla de la capacidad de vecinas y vecinos, entidades sociales, administraciones públicas, recursos técnicos y comercio local para construir respuestas compartidas y fortalecer la convivencia desde lo cotidiano.  

ZANKA nació con ese objetivo: fortalecer la cohesión social en territorios con alta diversidad cultural implicando a todos los agentes del entorno. A lo largo de su desarrollo, el proyecto ha impulsado una metodología comunitaria centrada en reforzar la coordinación entre recursos, promover la participación, dinamizar el comercio local, mejorar el sentido de pertenencia y revalorizar los barrios. Todo ello con especial atención a la participación de personas de origen migrante, especialmente mujeres y jóvenes.  

La experiencia se ha desarrollado en Fuentecica-Quemadero y El Puche (Almería), La Caridad (Algeciras), Distrito Sur (Córdoba), Zona Sur (Jerez), Distrito 3 (Huelva), Zaidín (Granada), Peñamefécit (Jaén) y Distrito Centro (Málaga), de la mano de Almería Acoge, Algeciras Acoge, APIC, CEAIN, Huelva Acoge, Granada Acoge, Jaén Acoge y Málaga Acoge, con apoyo de la Secretaría Técnica de Sur Acoge. En todos estos territorios, ZANKA ha confirmado algo importante: que la convivencia se cuida mejor cuando el barrio se piensa de forma colectiva y cuando las soluciones se construyen con quienes lo habitan.  

También se detecta la importancia de reconocer la convivencia como una responsabilidad prioritaria para los poderes públicos cuyo mandato es por encima de todo el bienestar de su comunidad. Por ello, Sur Acoge ha recogido esta clave y la ha transformado en propuestas a los programas políticos de las diferentes fuerzas que se presentan a las próximas elecciones andaluzas. Un compromiso público en Andalucía requiere del impulso de un sistema institucional contra la discriminación y el odio, mediante la promoción del Servicio Andaluz de Igualdad de Trato y No Discriminación como espacio institucional de referencia, construido desde la participación pública y orientado a reforzar la coordinación, prevenir prácticas discriminatorias, combatir discursos racistas, xenófobos y homófobos, y ofrecer apoyo especializado a las personas afectadas. Por otro, el refuerzo de programas de educación para la paz y la convivencia, como herramienta necesaria para seguir construyendo barrios más inclusivos, cohesionados y resilientes.  

Porque si algo demuestra ZANKA es que la convivencia no se improvisa. Se cuida, se teje y se fortalece día a día. Y cuando se hace desde el barrio, con participación real y compromiso compartido, puede convertirse en una verdadera fuerza de transformación social.  

La convivencia también se juega en el terreno de las ideas, los discursos y las imágenes que circulan sobre quiénes formamos parte de la sociedad y en qué lugar se nos sitúa. 

Por eso, hablar de convivencia implica también hablar de narrativas. No solo de bulos o mensajes falsos, sino de marcos más profundos que presentan a determinados grupos sociales como ajenos: las personas migrantes, racializadas, musulmanas, mujeres migrantes, personas LGTBIQ+ o con discapacidad siguen siendo con demasiada frecuencia objeto de discursos construidos por otros, en lugar de ser voces legítimas y con experiencia. Esa exclusión narrativa no es secundaria: alimenta prejuicios, justifica desigualdades y debilita la cohesión democrática.  

Además, esta realidad se ha intensificado en los entornos digitales. Las redes sociales, las plataformas de mensajería y otros espacios online facilitan la difusión rápida de rumores, desinformación y discursos de odio que apelan al miedo, la amenaza o el rechazo. Cuando esos mensajes se normalizan, terminan afectando a la vida cotidiana: al acceso a servicios, a la confianza en las instituciones, a la convivencia en los barrios y al ejercicio efectivo de derechos. No hablamos solo de un problema comunicativo, sino de una cuestión estructural que impacta en la igualdad, la participación y la vida en común.  

Las acciones que trabajamos desde Stop Rumores en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con la implicación de todas las asociaciones federadas en Sur Acoge, parten precisamente de esta constatación. Surgen como respuesta a la proliferación de discursos discriminatorios, rumores y desinformación que afectan a las personas migrantes y racializadas, y plantea una intervención que va más allá de desmontar mensajes falsos. Su apuesta es más amplia: fortalecer redes, crear espacios de convivencia, trabajar con profesionales y agentes comunitarios y promover nuevas narrativas sobre la diversidad desde la escucha, la participación y el enfoque de derechos.  

Desde esa mirada, trabajar las narrativas para la convivencia significa intervenir allí donde se forman opiniones y se reproducen prejuicios: en los servicios públicos, en las entidades sociales, en los barrios, en los comercios, en los medios y en las redes. Significa ofrecer herramientas para detectar estereotipos, cuestionar enfoques etnocéntricos y construir relatos más complejos, más justos y más pegados a la realidad. Significa que las personas dejen de ser objeto de discurso para convertirse en sujetos activos en la construcción de los relatos.  

En un contexto de crecimiento de discursos xenófobos organizados, racismo institucional y desinformación estructurada, trabajar las narrativas es una cuestión central. Porque las palabras no son inocentes. Nombran, clasifican, excluyen o reconocen. Y porque construir convivencia pasa por abrir paso a relatos que pongan en el centro la dignidad, la igualdad y el reconocimiento mutuo. 

En este camino, desde Sur Acoge seguimos trabajando para contribuir a la construcción de una narrativa pública que sitúe la convivencia como un pilar fundamental, basada en el reconocimiento, la igualdad y los derechos. Una labor que desarrollamos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la cofinanciación de la Unión Europea.  

Cada 8 de marzo recordamos que la igualdad todavía tiene muchos caminos por recorrer. También que hay desigualdades que se agravan cuando se cruzan distintos factores como el origen, la precariedad o la situación administrativa. 

Hoy, miles de mujeres migrantes viven en España en situación administrativa irregular. Muchas son vecinas, trabajan, cuidan y sostienen familias ... Sin embargo, lo hacen sin acceso a derechos básicos reconocidos para el resto de la población. 

La regularización extraordinaria que se encuentra actualmente en proceso puede suponer un cambio importante en su vida cotidiana. No se trata solo de un trámite administrativo: significa abrir la puerta a derechos que hoy están fuera de su alcance. 

Uno de los ámbitos donde esta realidad se hace más visible es el acceso a la vivienda. Hoy en día, las mujeres migrantes con hijos e hijas son habitualmente rechazadas en su acceso a viviendas -o habitaciones- estando mucho más expuestas a situación de calle o a vivir con sus familias en espacios muy reducidos. Esto se traduce en inestabilidad habitacional y en la imposibilidad de empadronarse, una llave fundamental para acceder a otros derechos. 

También afecta a la conciliación entre trabajo y cuidados. Muchas mujeres migrantes trabajan en sectores esenciales para el sostenimiento de la vida —como el empleo del hogar, la hostelería o el cuidado de personas mayores—. Sin embargo, cuando se vive en situación irregular, recursos básicos como guarderías públicas o ayudas para el cuidado infantil se vuelven inaccesibles, lo que limita las posibilidades de poder encontrar un trabajo y mucho menos en condiciones dignas. 

La irregularidad administrativa incrementa, además, la vulnerabilidad frente a la explotación laboral. Trabajar sin contrato o sin garantías dificulta denunciar abusos y deja a muchas mujeres expuestas a condiciones laborales injustas o a situaciones de violencia en el ámbito del trabajo

La maternidad, además, se vive con menos protección. La falta de una situación administrativa regular impide acceder a prestaciones vinculadas al embarazo, al nacimiento o a la crianza, así como a determinadas ayudas económicas destinadas a las familias. 

Esta situación también limita el acceso a sistemas de protección social que funcionan como red de seguridad en momentos de dificultad. Prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas mínimas autonómicas quedan fuera del alcance de muchas familias que las necesitarían. 

La irregularidad administrativa incrementa, además, la vulnerabilidad frente a la explotación laboral. Trabajar sin contrato o sin garantías dificulta denunciar abusos y deja a muchas mujeres expuestas a condiciones laborales injustas o a situaciones de violencia en el ámbito del trabajo.  

En los casos más extremos, esta falta de derechos y la precariedad asociada pueden facilitar que algunas mujeres acaben atrapadas en redes de explotación que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad, especialmente cuando tienen hijos a cargo tanto en España como en sus países de origen. 

Por todo ello, la regularización no es solo una cuestión administrativa. Para miles de mujeres puede significar trabajar con derechos, acceder a servicios básicos, proteger a sus hijos e hijas y vivir con mayor seguridad y autonomía. 

Avanzar en igualdad también implica garantizar que ninguna mujer quede fuera de los derechos básicos por su situación administrativa.  

Porque cuando las mujeres tienen derechos, toda la sociedad avanza.

Hay versos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Hablan de tierra y de libertad, de dignidad y de un pueblo que decidió no conformarse. El 28 de febrero celebramos y recordamos el eco de una voluntad compartida, la de construir una Andalucía más justa, más igualitaria y consciente de su historia. 

Esta tierra sabe lo que es cruzar fronteras. Sabe lo que significa marcharse para buscar oportunidades y empezar de nuevo. Por eso, hoy que también es lugar de llegada, no puede olvidar esa memoria. Defender Andalucía implica garantizar que todas las personas que viven aquí puedan ejercer sus derechos: acceder a la escuela, a la sanidad, a una vivienda digna y a un reconocimiento administrativo que les permita desarrollar su proyecto de vida. Implica asegurar que la juventud tenga oportunidades reales y que quienes sostienen sectores clave de nuestra economía lo hagan con protección y condiciones dignas. 

Estamos a las puertas de una regularización extraordinaria que valoramos como un avance positivo y a la que podrán acogerse personas migrantes que ya viven en Andalucía y forman parte de nuestros barrios. Se trata de reconocer una realidad que ya existe: personas que trabajan, estudian, cuidan y contribuyen a la comunidad, pero que hasta ahora no han podido acceder plenamente a derechos por su situación administrativa. Sin embargo, el acceso a derechos no debería depender de medidas excepcionales. Andalucía necesita un sistema que incluya de manera natural a quienes ya forman parte de nuestros territorios. 

El empadronamiento es actualmente una herramienta clave: es la puerta de entrada a servicios básicos y el reconocimiento formal de la vecindad. Aunque la normativa contempla el derecho a empadronarse incluso sin domicilio específico, todavía existen dificultades en su aplicación

En ese marco, recordamos que el empadronamiento es actualmente una herramienta clave: es la puerta de entrada a servicios básicos y el reconocimiento formal de la vecindad. Aunque la normativa contempla el derecho a empadronarse incluso sin domicilio específico, todavía existen dificultades en su aplicación. Avanzar hacia una gestión más ágil y garantista permitirá consolidar el reconocimiento efectivo de quienes ya viven en nuestros municipios y construir convivencia. 

La autonomía nació como un compromiso con la dignidad y la igualdad. Ese compromiso exige coherencia. Exige que las políticas garanticen derechos sin excepciones y que la inclusión no sea un gesto puntual, sino una práctica estructural. Andalucía es grande por su historia y su cultura, pero lo es aún más cuando amplía derechos y refuerza la convivencia. En Sur Acoge llevamos 35 años trabajando desde el Sur con esa convicción. Porque sin derechos no hay igualdad. Y sin igualdad, no hay Andalucía. 

Los avances en derechos no llegan solos: son fruto de años de trabajo, incidencia y movilización social. El anuncio del acuerdo para tramitar un Real Decreto de regularización extraordinaria demuestra que, cuando la sociedad civil se organiza y mantiene una voz constante, es posible impulsar cambios reales. 

En este marco, la Federación Sur Acoge valora positivamente este anuncio, que abre una oportunidad clave para avanzar en derechos, inclusión y convivencia. Este paso no puede desvincularse del trabajo desarrollado en los últimos años por organizaciones sociales y colectivos de personas migrantes, que ha contribuido a visibilizar la realidad de quienes viven en situación administrativa irregular y a situar la necesidad de una regularización amplia y garantista en el centro del debate público y político. 

Sur Acoge subraya que el Real Decreto debe permitir una regularización efectiva, que no se limite solo a quienes cuentan con una oferta laboral y que contemple situaciones habituales como la de personas con menores a cargo, la irregularidad sobrevenida, las situaciones de especial vulnerabilidad o los casos de solicitantes de asilo que han quedado fuera del sistema de protección. 

Aunque la reforma del Reglamento de Extranjería supuso un avance, sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la complejidad de la realidad actual. Este nuevo Real Decreto puede servir para completar la política de regularización, garantizando derechos y favoreciendo la contribución social y económica de las personas migrantes, cuya aportación es clave para el conjunto de la sociedad. 

La oportunidad que se abre ahora debe abordarse con responsabilidad y atención, siguiendo de cerca cómo se concreta el texto definitivo para que el proceso sea realmente accesible y garantista

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso viene a regularizar una realidad ya existente, con criterios razonables que aseguran una inclusión efectiva. Las solicitudes podrán presentarse previsiblemente a partir de abril, y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. 

La oportunidad que se abre ahora debe abordarse con responsabilidad y atención, siguiendo de cerca cómo se concreta el texto definitivo para que el proceso sea realmente accesible y garantista. Pero también con memoria colectiva: nada de esto surge de forma espontánea, sino del empuje sostenido de la sociedad civil y del trabajo constante de quienes no han dejado de defender una regularización justa. 

Desde Sur Acoge seguiremos acompañando este proceso, aportando análisis y propuestas, y manteniendo activa la campaña I Love Regular como espacio de información, sensibilización y reivindicación. Porque regularizar no es solo una cuestión administrativa: es reconocer vidas, derechos y aportaciones, y dar un paso firme hacia la sociedad justa y cohesionada que queremos construir juntas. 

En diciembre, en Badalona, se produjo un desahucio que rápidamente se convirtió en noticia. No solo por la situación de las personas afectadas, sino por la forma en que fue ejecutado y comunicado: con presencia mediática, con discurso político explícito y con una clara voluntad de mostrarlo como ejemplo. No como un hecho lamentable, sino como una demostración de autoridad. Como un mensaje dirigido a la ciudadanía. 

Ese es el punto que debería preocuparnos. 

Porque lo ocurrido en Badalona no puede analizarse solo como una actuación administrativa o como la aplicación estricta de la ley. Fue algo mucho más grave: un acto de escenificación pública del castigo. Un uso consciente del sufrimiento humano como mensaje político. Como advertencia. Como tranquilizante social. 

No era solo un desahucio. 

Fue un espectáculo. 

Y ese espectáculo no es aislado. Forma parte de una misma lógica que ya conocemos bien en las fronteras. El mismo mecanismo que convierte el rechazo, la valla, la expulsión o la muerte en el mar en mensajes políticos hacia dentro: “aquí hay orden”, “aquí hay control”, “aquí no caben todos”. El desahucio y la frontera funcionan como escenarios distintos de una misma puesta en escena: mostrar cuerpos vulnerables siendo expulsados para tranquilizar miedos colectivos. 

En la frontera se rechaza. 

En la ciudad se desahucia. 

Pero el mensaje simbólico es el mismo. 

Cuando una sociedad convierte el dolor de personas vulnerables en una escena pública, cuando expone su humillación para generar aplausos, aprobación o sensación de seguridad, deja de estar gestionando un conflicto y empieza a fabricar un sacrificio. Un sacrificio moderno, con cámaras, titulares y discursos que lo legitiman. 

La historia está llena de ejemplos. 

A los cristianos se les arrojaba a los leones para entretener a la multitud. 

A la población judía se la confinó en guetos para calmar el miedo colectivo. 

A las mujeres se las quemó por brujas para restaurar un supuesto orden moral. 

¿Cómo puede sorprendernos que no accedan a una vivienda si les cerramos la puerta legal de entrada, si les condenamos a la irregularidad administrativa, si el mercado del alquiler es inaccesible incluso para la población con ingresos estables, y si el racismo estructural opera también en el acceso a la vivienda?

Siempre el mismo mecanismo: escoger a un grupo vulnerable, convertirlo en chivo expiatorio, exponerlo públicamente y presentar su castigo como necesario para la paz social. Pan y circo. Siempre. 

En este caso, además, hay una hipocresía estructural que no podemos ignorar. Muchas de las personas que hoy son señaladas, expulsadas o desahuciadas proceden de países del África subsahariana. Personas que, en su mayoría, no tienen ninguna vía legal y segura para entrar en España. Ninguna. No existen itinerarios reales de migración regular para ellas desde sus países de origen. 

Y, aun así, sostienen sectores enteros de nuestra economía. Pero luego les negamos el derecho básico a existir en condiciones dignas. 

¿Cómo puede sorprendernos que no accedan a una vivienda si les cerramos la puerta legal de entrada, si les condenamos a la irregularidad administrativa, si el mercado del alquiler es inaccesible incluso para la población con ingresos estables, y si el racismo estructural opera también en el acceso a la vivienda? 

No estamos ante un “problema de convivencia”. 

Estamos ante un sistema diseñado para necesitar su trabajo y rechazar su vida. 

Por eso el desahucio de Badalona no es un hecho aislado: es la continuidad urbana de la frontera. La frontera se ejerce allí donde se controla quién puede vivir con derechos y quién solo puede sobrevivir en la precariedad. Hoy es el mar. Mañana es una vivienda. Pasado mañana, otro espacio más de expulsión simbólica. 

Prácticas antiguas que destruyen desde dentro las sociedades 

No es un impacto solo para una parte de la sociedad, nos afecta a todas y es necesario frenar esta violencia simbólica y política del castigo que daña nuestras sociedades. Esto es utilizar cuerpos humanos para construir relatos de autoridad y control. 

Y es profundamente peligroso. 

Porque normaliza que la exclusión sea mostrada como justicia. 

Que la humillación sea presentada como solución. 

Que la violencia institucional sea aplaudida como firmeza. 

Hoy es un desahucio. 

Mañana será una redada. 

Pasado mañana, otro colectivo. 

Como Federación Sur Acoge reforzamos nuestro compromiso para apostar en la búsqueda común de soluciones práctica y posibles. Es necesario apostar por la política constructora de soluciones comunes

Cuando una sociedad acepta el sacrificio público como herramienta política, está aceptando que cualquiera puede ser el próximo. Y eso no construye convivencia. Construye miedo. Construye división. Construye una democracia cada vez más frágil. 

Necesitamos políticas migratorias reales y seguras. 

Necesitamos políticas de vivienda valientes. 

Necesitamos justicia social. 

Necesitamos instituciones que protejan, no que exhiban. 

Porque cada vez que el sufrimiento se convierte en espectáculo, no se resuelve un conflicto: se consolida una forma moderna de barbarie, con traje institucional y lenguaje administrativo. 

Como Federación Sur Acoge reforzamos nuestro compromiso para apostar en la búsqueda común de soluciones práctica y posibles. Es necesario apostar por la política constructora de soluciones comunes. Debemos retomar la senda construida durante el siglo XX tras las Guerras mundiales cuyas claves fueron restaurar la paz global a través de sociedades de derechos y garantías, bienestar social, democracia y acuerdos internacionales para eliminar la lucha del más fuerte por los recursos. 

Cambiar de nombre es mucho más que actualizar una marca: es una forma de reconocernos, de mirarnos de nuevo y de decir con claridad qué queremos aportar. Eso es exactamente lo que sucede con Andalucía Acoge, que pasa a denominarse Federación Sur Acoge, una identidad renovada que pone en el centro su dimensión estatal, sus raíces en la Frontera Sur y su defensa firme de los derechos humanos, la convivencia y la democracia. 

Un nombre que habla del camino recorrido… y del que queda por recorrer 

La organización nació en 1991. Han pasado casi 35 años desde entonces y, en todo este tiempo, ha crecido, se ha transformado y se ha extendido más allá de Andalucía. Hoy está presente también en Canarias, Ceuta y Melilla, territorios clave en los procesos de llegada, tránsito y permanencia de miles de personas que buscan un futuro digno. 

Ese crecimiento se refleja en las 11 asociaciones que forman la federación —Acciones Unidas, Algeciras Acoge, Almería Acoge, APIC, CEAin, Granada Acoge, Huelva Acoge, Jaén Acoge, Málaga Acoge, Melilla Acoge y Motril Acoge— junto con las delegaciones de Ceuta y Sevilla, y más de 1.200 personas implicadas en el proyecto. Una apuesta por el compromiso con los territorios desde la participación y liderazgo de la ciudadanía.  

Por qué “Sur Acoge” 

La nueva marca es una evolución natural del proyecto social, político y comunitario construido durante décadas cuando nacieron los primeros Acoge en Andalucía. Sur Acoge preserva los valores que han guiado nuestra historia: defensa ciudadana de los derechos humanos, la convivencia democrática, y la calidad de vida para todas las personas que configuran la sociedad.    

Así, Sur Acoge habla tanto del arraigo territorial como de una vocación transnacional. Y, al mismo tiempo, refuerza la idea de acogida como motor de cambio social y democrático. 

Este cambio llega en un momento especial: en enero de 2026, la organización celebrará sus 35 años de trayectoria. Más de tres décadas combinando atención directa, trabajo comunitario e incidencia social y política con el objetivo de garantizar un acceso universal a los derechos.  

Con Sur Acoge iniciamos una etapa que mantiene intacta nuestra misión, ampliando la mirada para seguir defendiendo, desde la ciudadanía implicada, los derechos, los servicios públicos y la calidad de vida de todas las personas. Un compromiso que sigue ahora más vigente y necesario que nunca. 

En los últimos años, España ha visto crecer los discursos antiinmigración, mensajes que buscan generar miedo, dividir y presentar a las personas migrantes como una amenaza. Ese clima de polarización no solo deteriora la convivencia: también distorsiona la realidad y alimenta estereotipos que poco tienen que ver con lo que ocurre en nuestros barrios, en nuestros trabajos o en nuestras calles. 

Desde Andalucía Acoge observamos con preocupación cómo determinados bulos y falsedades están calando en parte de la población. Se repiten una y otra vez hasta convertirse en “verdades” que no lo son, y que acaban dañando la cohesión social. Por eso es más importante que nunca informarse bien, contrastar y no reproducir mensajes que pueden vulnerar derechos y deshumanizar a miles de personas con las que compartimos nuestros barrios y ciudades. 

Qué dicen los datos: desmontar mitos con hechos 

Uno de los mensajes más extendidos afirma que las personas migrantes Wvienen a vivir de ayudasW. La realidad es justo la contraria: no existen ayudas públicas basadas en el origen, y muchas de las prestaciones más conocidas (como el Ingreso Mínimo Vital o el desempleo) requieren residencia legal, cotizaciones previas o documentación que quienes están en situación irregular no pueden cumplir. 

Además, los datos oficiales muestran una fotografía muy clara: las personas migrantes aportan alrededor del 10% de los ingresos de la Seguridad Social y solo representan el 1% del gasto, lo que significa que contribuyen mucho más de lo que reciben. 

Tampoco es cierto que “se regale” la nacionalidad o que el arraigo sea una vía fácil. La nacionalidad exige años de residencia legal, exámenes oficiales, ausencia de antecedentes y trámites que pueden tardar años. El arraigo, por su parte, solo se concede cuando se demuestran años de permanencia, vínculos familiares o un contrato de trabajo y solo se consigue tras años de irregularidad en los que obtener recursos para comer, tener un lugar donde dormir o eludir situaciones de agresión se convierte en un reto cotidiano. Y esto lo viven más de 600.000 personas en nuestro país incluyendo familias, niños y personas cuya intención es lograr una vida mejor.  Nada que ver con una concesión automática. 

En materia de criminalidad, los datos del Ministerio del Interior son contundentes. España mantiene una de las tasas más bajas de Europa y, según el propio Ministerio, la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo en la delincuencia. De hecho, ocurre justo lo contrario: mientras la población migrante ha pasado de 3,7 millones en 2005 a 7 millones en 2025, la tasa de criminalidad ha descendido de 49,4 a 40,6 delitos por cada 1.000 habitantes. Las cifras desmontan con claridad el mito que vincula migración y delincuencia. 

Lo que fuimos: memoria para entender el presente 

Cuando observamos estos discursos, conviene recordar algo fundamental:  España fue –y sigue siendo– un país de emigrantes. Hace apenas un siglo, cientos de miles de españoles cruzaron el Atlántico buscando una vida mejor. Tras la Guerra Civil, cerca de medio millón cruzó a pie la frontera con Francia huyendo de la persecución. 

En los años 40 y 50, miles de canarios se embarcaron en pequeños veleros rumbo a Venezuela en viajes peligrosos y precarios. En los 60, decenas de miles viajaron a Alemania para trabajar como mano de obra barata, viviendo en barracones y siendo tratados muchas veces como ciudadanía de segunda. 

Todas esas historias forman parte de nuestra identidad colectiva. No es pasado lejano: son vidas que aún están en la memoria de nuestras familias. Por eso resulta tan contradictorio que hoy algunas voces deshumanicen a quienes hacen exactamente lo que hicieron generaciones de españoles y españolas: marcharse para sobrevivir, para trabajar, para construir un futuro mejor. 

Cuidar la convivencia 

Nuestra sociedad necesita cuidados. Necesita calma, información y empatía. Las migraciones no debilitan un país: lo sostienen, lo enriquecen y lo hacen más diverso y más fuerte. Personas de orígenes distintos trabajan en la hostelería, en la industria, en los cuidados, en la agricultura o en la ciencia. Sostienen sectores esenciales y forman parte de nuestros barrios y de nuestras vidas. 

Por eso, como ciudadanía, necesitamos dar un paso al frente: informarnos, contrastar, no reproducir discursos de odio y defender una convivencia basada en derechos y respeto. Debemos ser conscientes de cuándo un discurso que reproducimos viene de algo que de verdad creemos o hemos experimentado, o cuándo estamos siendo empujados al rechazo del otro.  

Construir una sociedad más justa y segura depende de todas y todos. Y empieza por algo tan sencillo —y tan necesario— como aprender a mirarnos sin miedo.  

En un momento en el que las proclamas xenófobas, racistas e incluso abiertamente violentas intentan instalar la idea de que las personas migrantes son un problema, basta con mirar a nuestro alrededor para comprobar lo contrario. En los barrios, en los campos, en los comercios, en los hospitales… encontramos personas diversas que trabajan, cuidan, crean y aportan al desarrollo común. Personas con sueños y deseos que compartimos todas y todos. 

Construir una sociedad de ciudadanía con derechos, en la que todas las personas nos sintamos incluidas y parte de un mismo proyecto, requiere el esfuerzo y la implicación de todos los sectores sociales: desde las asociaciones vecinales y las universidades, hasta cada persona en su día a día, con empatía y compromiso. 

Con ese mismo espíritu nace el Proyecto de Transferencia del Conocimiento “Profesionalización de la interpretación en contextos de protección internacional”, impulsado por la Universidad Pablo de Olavide y Andalucía Acoge. Una iniciativa dirigida a 18 personas de la comunidad de acogida, hablantes de lenguas de menor difusión como wolof, malinké, bámbara o susu, muchas de las cuales ya venían realizando de manera informal labores de mediación e interpretación. 

Este novedoso proyecto busca responder a una necesidad real: ofrecer formación, técnicas, recursos y principios deontológicos básicos a quienes, sin una preparación específica, ya están actuando como intérpretes en contextos de protección internacional. De este modo, se refuerza su papel profesional, abriendo nuevos caminos de inclusión para ellas y contribuyendo a que las personas refugiadas puedan ejercer sus derechos con mayores garantías. 

Una iniciativa beneficiosa para todos: para las autoridades, que pueden ofrecer una atención más cercana y eficaz; para las organizaciones sociales, que fortalecen su capacidad de protección; y para las propias personas participantes, que encuentran una oportunidad de empleo, formación y desarrollo personal mientras contribuyen a una sociedad más justa y cohesionada. 

Porque interpretar no es solo traducir palabras: es tender puentes, abrir caminos y hacer posible la inclusión. 

Mientras Doñana sigue siendo símbolo de los desafíos ecológicos y sociales de nuestro tiempo, su entorno se convierte también en laboratorio de convivencia donde los derechos ambientales no se pueden entender separados de los derechos humanos. 

La palabra mediación suele evocar procesos de resolución de conflictos, terreno en el que se ha posicionado como un elemento fundamental. Pero en el ámbito social y comunitario su significado va más allá: es un ejercicio de escucha, de reconocimiento y de construcción de vínculos entre diferentes actores de una misma realidad, que los hace responsables y parte activa del cambio. 

La mediación en comunidades locales en busca de la sostenibilidad abre una nueva mirada: la que entiende que cuidar el entorno también implica cuidar los lazos sociales que lo sostienen.  

En sociedades cada vez más diversas, la mediación intercultural se ha convertido, sin lugar a duda, en una herramienta esencial para tejer convivencia y fortalecer comunidades, ayudando a un mejor entendimiento y a prevenir fracturas sociales. 

En territorios tensionados por los desafíos ecológicos, donde se entrecruzan los recursos naturales, las formas de vida, las expectativas de futuro, y también intereses políticos y económicos; la sostenibilidad no solo depende de la gestión ambiental, sino también de la capacidad colectiva para dialogar, cooperar y convivir. 

Cuando los ecosistemas se deterioran o los modelos económicos se transforman, las comunidades se enfrentan a nuevos conflictos: por el acceso al agua, el uso del suelo, el empleo o la movilidad. En este contexto, la mediación se convierte en un instrumento de resiliencia social, capaz de anticipar y canalizar tensiones antes de que se agraven. Facilita que la población, las empresas, instituciones, barrios y movimientos ecologistas puedan encontrarse y reconocerse como parte de una misma realidad compartida. 

Además, en territorios con una alta diversidad cultural y una fuerte dependencia de los recursos naturales, la mediación social intercultural ayuda a reconstruir ese vínculo entre las personas y el entorno. La idea de que se promueva una visión integradora de la sostenibilidad, donde los derechos ambientales no se pueden entender separados de los derechos humanos, es clave. En definitiva, se trata de pasar de una lógica de competencia por el territorio a una lógica de corresponsabilidad sobre él. 

Las I Jornadas de Mediación y Comunidades Locales Sostenibles, impulsadas por la Oficina Técnica de Doñana en colaboración con la Federación Andalucía Acoge, ponen sobre la mesa una idea clara: no habrá sostenibilidad ambiental sin cohesión social.

La reciente reforma del Reglamento de Extranjería ha sido un cambio esperado que introduce algunos avances y ajustes necesarios en la gestión de los procesos de residencia y regularización. La modificación responde, en parte, a la necesidad de adaptar la norma a una realidad migratoria más compleja y diversa, aunque todavía deja cuestiones sin resolver. El reto, más que en el texto, está en su aplicación: hacer que la norma funcione en la práctica, con coherencia, agilidad y justicia. 

El nuevo reglamento flexibiliza los arraigos y amplía las vías de acceso a la residencia. Es un paso en la dirección correcta hacia una política migratoria más realista y conectada con el día a día de las personas. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo se gestionen los trámites. Persisten diferencias notables entre territorios en cuestiones tan básicas como el empadronamiento o los informes de integración social. En algunos municipios estos procesos son ágiles; en otros, lentos y llenos de obstáculos. Esa disparidad genera desigualdad y resta credibilidad al propio sistema. 

La reforma es una oportunidad para corregir esas disfunciones y avanzar hacia un modelo más eficiente y justo. Pero para lograrlo se necesita un compromiso político que garantice criterios comunes, coordinación entre administraciones y procedimientos transparentes. La norma, por sí sola, no eliminará las prácticas arbitrarias ni los retrasos que perpetúan la irregularidad administrativa. 

En Andalucía Acoge defendemos que la regularización debe ser una prioridad política y social. Por eso mantenemos activa la campaña #ILoveRegular, que resume una idea esencial: más personas regularizadas, mejor sociedad para todas. Apostar por vías estables y accesibles de regularización no solo reconoce derechos, sino que mejora la convivencia, refuerza el tejido social y reduce la precariedad que alimenta la desigualdad. 

Hay señales en la buena dirección si se avanza en estandarizar procedimientos, publicar guías técnicas comunes, mejorar la coordinación entre administraciones y ordenar calendarios de cita previa razonables. Sin una estrategia compartida y una aplicación coherente, los avances seguirán fragmentados

También queda un asunto pendiente clave: Las personas solicitantes de asilo se ven perjudicadas en su situación administrativa si su solicitud es denegada, lo que las obliga a permanecer en situación irregular durante al menos dos años antes de poder acceder a un arraigo. Es una laguna que prolonga la precariedad y dificulta cualquier proceso de inclusión. 

Pese a ello, la reforma ofrece la posibilidad de vincular política migratoria e inclusión social de forma más directa. Regularizar no es solo reconocer derechos, sino también mejorar la gestión pública, reducir la economía informal y fortalecer la cohesión social. En definitiva, construir un sistema más estable, previsible y beneficioso para todas las partes implicadas. 

Hay señales en la buena dirección si se avanza en estandarizar procedimientos, publicar guías técnicas comunes, mejorar la coordinación entre administraciones y ordenar calendarios de cita previa razonables. Sin una estrategia compartida y una aplicación coherente, los avances seguirán fragmentados. 

En esa línea, Andalucía Acoge impulsó recientemente en Sevilla un espacio de diálogo institucional y profesional sobre la aplicación del nuevo reglamento, donde el Ministerio reafirmó su compromiso de publicar instrucciones y criterios para clarificar y homogeneizar la aplicación del reglamento; la Junta de Andalucía anunció una formación gratuita accesible a personas sin NIE para acreditar el Informe de Esfuerzo de Integración Social, y desde la DPA y los colegios de abogados se insistió en la importancia de establecer criterios comunes en el empadronamiento y en los informes de integración. 

Desde nuestra federación creemos que aplicar bien la norma también es hacer política migratoria. Supone apostar por un modelo que garantice derechos en lugar de depender de la discrecionalidad local. No basta con reformar el reglamento: hay que hacerlo funcionar del mismo modo para todas las personas, en cualquier territorio. Solo así esta reforma podrá ser un instrumento de inclusión y convivencia.

El incendio en La Isleta, en Las Palmas, y el encarcelamiento injusto de un joven marroquí acusado falsamente de intentar quemar a una menor muestran mucho más que un error judicial. Revelan cómo opera una maquinaria de odio que se alimenta del miedo y del prejuicio, distribuyendo su sentencia en medios y redes sociales, convertidas en tribunales paralelos donde la presunción de inocencia rara vez tiene cabida. 

Paralelamente, el 21 de septiembre, un nuevo incendio arrasó 70 chabolas en un asentamiento de Palos de la Frontera. ¿Qué trato reciben estas dos situaciones? En la primera, el joven migrante fue convertido en verdugo; en la segunda, se impone el silencio sobre la situación de explotación y la falta de acceso a derechos básicos de las personas que trabajan en nuestros campos. En ambos casos, la migración queda atrapada en narrativas negativas: criminalizada o invisibilizada, nunca reconocida desde la dignidad y la justicia. 

Durante casi dos meses, Abarrafia Hader fue señalado como “monstruo” mientras la ultraderecha agitaba el caso para reforzar su relato racista. No importaban los hechos, ni siquiera que la propia víctima lo hubiera exculpado apenas dos semanas después. Lo decisivo era mantener vivo un imaginario en el que la migración se presenta como amenaza. La justicia paralela que se levantó en redes sociales evaporó la presunción de inocencia en cuestión de horas, reemplazándola por titulares incendiarios y bulos que reforzaban la idea de que ser migrante basta para ser culpable. Ese terreno, regado de prejuicios, es el que la ultraderecha convierte en fértil para su estrategia: no necesita pruebas, sino relatos fáciles que movilicen indignación y justifiquen políticas de exclusión. 

El caso de La Isleta no es un episodio aislado. Es una advertencia: vivimos en un contexto donde el rumor y la sospecha pesan más que los hechos, donde el miedo se manipula hasta transformarse en arma política. La justicia no se defiende solo en los tribunales; también en las calles, en las redes y en cada espacio donde decidimos si reproducimos prejuicios o los desmontamos

Como Andalucía Acoge subrayamos la necesidad de trabajar en dos direcciones. Por un lado, garantizar justicia en el abordaje mediático de los casos que implican a personas migrantes: respetar la presunción de inocencia, visibilizar el impacto humano de catástrofes o desgracias que dejan a personas sin nada y defender siempre la dignidad de quienes las sufren. Por otro, avanzar hacia un pacto de Estado contra los discursos de odio que elimine el uso de las migraciones como arma electoral, porque ese clima tiene un impacto real y devastador en la vida de personas como Hader. 

El caso de La Isleta no es un episodio aislado. Es una advertencia: vivimos en un contexto donde el rumor y la sospecha pesan más que los hechos, donde el miedo se manipula hasta transformarse en arma política. La justicia no se defiende solo en los tribunales; también en las calles, en las redes y en cada espacio donde decidimos si reproducimos prejuicios o los desmontamos. 

Hay otra manera de narrar y de vivir: una en la que las personas no sean reducidas a etiquetas, sino reconocidas en su humanidad. Defender esa mirada es apostar por una sociedad donde nadie pueda ser convertido en “monstruo” por su origen, su acento o su situación administrativa. Ese futuro depende de nosotras y nosotros: de elegir el lado de la verdad, la dignidad y los derechos humanos. 

La historia demuestra que nada se transforma sin la gente común. Los grandes avances sociales, desde los derechos laborales hasta la igualdad de género o la conquista de libertades civiles, han sido fruto de la presión, la organización y la perseverancia ciudadana. Es la ciudadanía la que, frente a la imposición del odio, ha sabido articular la fuerza colectiva para defender la dignidad humana; la que, frente a la violencia, ha construido redes de apoyo y resistencia; y la que, incluso en los momentos más oscuros, ha mantenido activa la esperanza. 

Un ejemplo contundente de este poder ciudadano emerge frente a los quince meses de ofensiva sobre Gaza y la catástrofe humanitaria sin precedentes, desatando una ola internacional de movilizaciones solidarias con Palestina que cruza fronteras y lenguas. En Sudáfrica, el 29 de diciembre de 2023, la presión social acompañó la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio. Desde Barcelona, a finales de agosto, zarpó la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza: una acción contra el bloqueo que ha provocado protestas simultáneas en distintas ciudades del mundo. Y en Israel, cerca de medio millón de personas tomaron las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la guerra, demostrando que la ciudadanía también se rebela en el propio corazón del conflicto. 

Esa misma fuerza se ha hecho sentir en otros escenarios. En Buenos Aires, el triunfo del peronismo sobre las candidaturas ultraderechistas de Milei expresa un rechazo popular a los discursos de odio y exclusión, confirmando que las urnas pueden ser también un espacio de resistencia democrática. En Estados Unidos, el movimiento No Kings movilizó a miles de personas en cerca de 2.000 ciudades contra el autoritarismo de Donald Trump, recordando que la ciudadanía no está dispuesta a callar. Y en España, junto a las grandes manifestaciones en solidaridad con Palestina, se multiplican los gestos cotidianos: paellas populares en Segovia para recaudar fondos destinados a la UNRWA, concentraciones en barrios y plazas que reclaman el fin de la violencia en Gaza, banderas palestinas en los balcones y ventanas y un sinfín de pequeñas iniciativas que suman fuerza en lo cercano. 

Como Andalucía Acoge, creemos en el poder transformador de la ciudadanía activa: es en la acción colectiva, en las alianzas, en la denuncia y en la incidencia donde germina el verdadero cambio

Desde todos los rincones del planeta, las personas se organizan, se cuidan y construyen alternativas. No actúan como espectadoras pasivas, sino como protagonistas de un futuro más justo. Estas acciones —a veces pequeñas, a veces masivas— comparten algo esencial: rompen los marcos del miedo, del odio y del individualismo, y colocan en el centro la dignidad, la justicia, la solidaridad y el derecho a imaginar otros mundos posibles. 

Como Andalucía Acoge, creemos en el poder transformador de la ciudadanía activa: es en la acción colectiva, en las alianzas, en la denuncia y en la incidencia donde germina el verdadero cambio.  

Este impulso colectivo, que enlaza luchas globales con resistencias locales, no sustituye la responsabilidad política, pero sí la interpela. Reclama que se legisle para todas las personas, que se proteja a quienes más lo necesitan y que el miedo no sea usado como herramienta de gestión. 

Durante los últimos dos años, Future Narratives ha sido pionero en un nuevo enfoque del trabajo con jóvenes, combinando la narración, la narrativa y la alfabetización sobre el futuro en una metodología flexible que puede adaptarse a diferentes culturas y contextos. Ahora que el proyecto Erasmus+ Narrativas Futuras 2.0, cofinanciado por la Comisión Europea, llega a su fin, desde el partenariado internacional y desde Andalucía Acoge celebramos tanto su desarrollo como todos los resultados que hemos ido alcanzando, percibiendo y creando.

En una época marcada por la incertidumbre, los cambios rápidos y los complejos retos globales, este enfoque dota a jóvenes no solo de la capacidad de imaginar futuros alternativos, sino también de participar activamente en su configuración. Apoya a las/os educadoras/es, las/os trabajadoras/es juveniles y las comunidades en el fomento de la creatividad y la colaboración, sentando las bases para una Europa más inclusiva, más unida y más fuerte.

Las historias que escuchamos y las que contamos dan forma a nuestras percepciones, nuestras acciones y, en última instancia, nuestras sociedades. Al guiar a jóvenes a reflexionar sobre su historia, sus valores y sus aspiraciones, el proyecto Future Narratives les permite desarrollar historias empoderadoras sobre sí mismas/os y sus comunidades, imaginar posibilidades alternativas y adquirir la confianza y las habilidades necesarias para convertir su visión en realidad.

Future Narratives responde a esta necesidad con una metodología flexible y transferible, desarrollada con la colaboración de trabajadores juveniles, educadores, expertos y los propios jóvenes.

El enfoque proporciona estrategias prácticas para apoyar el viaje de autodescubrimiento y desarrollo de habilidades de las/os jóvenes para las/os profesionales; al fomentar espacios para que las/os jóvenes compartan y cocreen historias, el proyecto construye comunidades resilientes, inclusivas y empoderadas. La metodología puede adaptarse a las realidades regionales específicas, al tiempo que conecta a las/os jóvenes más allá de las fronteras, las culturas y las perspectivas en Europa.

La plataforma digital futurenarratives.eu es un centro diseñado para trabajadoras/es juveniles, educadoras/es y cualquier persona apasionada por el empoderamiento de las/os jóvenes. Aquí, las/os visitantes pueden explorar todos los recursos, materiales, propuestas formativas, piezas informativas y vías de colaborar entre profesionales transferible que proporciona conocimientos, herramientas y actividades prácticas para utilizar la narración, la narrativa y conocimiento de futuro en la participación juvenil.

A medida que la plataforma siga creciendo, invitamos a todas/os a estar atentas/os a los nuevos contenidos, los próximos proyectos y las oportunidades de conectar con esta comunidad internacional en constante evolución.

Todos los resultados del proyecto Future Narrative son adaptables para su uso en centros educativos, organizaciones comunitarias, organizaciones sin ánimo de lucro y otros ámbitos, y ofrecen una vía práctica para apoyar a los jóvenes en la exploración, la imaginación y la configuración del futuro que desean.

Future Narratives está creando una comunidad transnacional de prácticas. Esta red de conocimientos e imaginación conecta a profesionales y jóvenes para el intercambio y el crecimiento continuos, creando espacios seguros para la experimentación y el intercambio de opiniones diversas.

Mucho más en www.futurenarratives.eu y @futurenarratives.

Torre Pacheco, en la Región de Murcia, ha sido noticia estos días por algo que debería hacernos reflexionar colectivamente: ataques racistas, amenazas y persecuciones contra vecinos y vecinas migrantes que llevan años formando parte de la vida cotidiana de este pueblo. Todo esto tras la agresión a un hombre mayor, cuya autoría aún se investiga, pero que se convirtió de inmediato en excusa para encender un discurso de odio que llevaba tiempo cocinándose.

Lo ocurrido no es un hecho puntual. Es una señal de alarma: hay quienes quieren romper lo mejor que tenemos como sociedad, nuestra capacidad para convivir, para imponer el miedo y la división.

La sociedad española sabe bien lo que significa superar dificultades sin perder la cohesión. Lo hemos hecho muchas veces: dejando atrás una dictadura, afrontando crisis económicas, saliendo adelante tras una pandemia mundial. Hemos aprendido a convivir y a sumar, porque cada avance se ha logrado colectivamente: los más de 48 millones de personas que habitamos este país, vengamos de donde vengamos, trabajamos, estudiamos, pagamos impuestos, tejemos barrios y familias juntos.

Defender la convivencia hoy significa exigir que quienes nos representan, en el Gobierno y en la oposición, no legitimen ni alimenten este discurso tóxico. Significa defender que este país se hace grande con cada persona que aporta, trabaja y convive, no dejando gente fuera ni levantando muros

Los disturbios de Torre Pacheco nos recuerdan que este pacto social básico no está garantizado. Basta un rumor tóxico y unos altavoces políticos irresponsables para que un barrio se convierta en escenario de miedo. Sin embargo, también vemos la otra cara de esta sociedad: la de quienes se plantan, protegen a sus vecinos y rechazan la violencia. La de quienes entienden que expulsar o señalar a personas migrantes no resolverá ninguno de los problemas reales: ni el paro, ni la falta de vivienda asequible, ni la precariedad, ni la corrupción.

Defender la convivencia hoy significa exigir que quienes nos representan, en el Gobierno y en la oposición, no legitimen ni alimenten este discurso tóxico. Significa defender que este país se hace grande con cada persona que aporta, trabaja y convive, no dejando gente fuera ni levantando muros.

La pregunta es clara: ¿preferimos una sociedad enfrentada y recelosa o una comunidad que crezca sumando todas nuestras fuerzas? Defendamos lo mejor de lo que somos: la capacidad de convivir, dialogar y seguir construyendo un país más grande y digno para todas las personas.

Por eso invitamos a todas las personas, organizaciones y colectivos a sumarse y firmar En defensa de nuestras vidas, un compromiso por la convivencia y contra los discursos de odio. Porque defender la convivencia es defendernos a todas. Porque expulsar a quienes han elegido este país como su hogar es expulsar nuestras propias vidas.

In Memoriam. A Lucrecia Hevia, periodista y directora de elDiario.es Andalucía. Gracias por tu compromiso firme con los derechos humanos, la información honesta y la defensa de una sociedad más justa.

¿Y si mañana te dijeran que no puedes tener los mismos derechos que tus vecinos y vecinas? Para alrededor de 700.000 personas en España —el 1,42 % de la población— esto no es una hipótesis. Viven, trabajan, cuidan, pagan impuestos y sostienen sectores de la economía, pero su situación de irregularidad administrativa les dificulta el acceso a derechos fundamentales como la sanidad universal, la protección frente a la explotación laboral o una vivienda digna.

Con la campaña #ILoveRegular, Andalucía Acoge quiere visibilizar que vivir sin papeles no es una decisión personal, sino la consecuencia directa de políticas migratorias restrictivas que apenas ofrecen vías legales y seguras para migrar. Para miles de personas, especialmente quienes llegan del África subsahariana, entrar en España de forma regular es prácticamente imposible. Esta ausencia de alternativas obliga a muchas personas a arriesgar sus vidas en rutas peligrosas y, una vez aquí, pueden tardar años en conseguir una autorización de residencia y trabajo estable, inmersas en un laberinto burocrático que cronifica en muchas ocasiones situaciones de desigualdad y precariedad.

Frente a esto, lanzamos un mensaje claro y sencillo: más personas con derechos, mejor sociedad para todas. Regularizar es garantizar dignidad y participación. Es fortalecer la convivencia y combatir la desigualdad. Es reconocer la aportación de quienes sostienen la economía de cuidados, la hostelería, el campo o el pequeño comercio.

Durante las próximas semanas, la campaña difundirá mensajes, datos, testimonios y propuestas para abrir el debate sobre la importancia de establecer vías de regularización claras y ágiles que permitan a miles de personas acceder a sus derechos.

👉 Más información y materiales en: https://acoge.org/i-love-regular/

En la era digital, el discurso de odio ha encontrado un terreno fértil en las plataformas sociales, donde puede propagarse rápidamente y sin apenas filtros. Desde Andalucía Acoge, en el marco del proyecto RED OWO, hemos elaborado una guía práctica para ofrecer herramientas claras, accesibles y actualizadas que permitan identificar y reportar contenido de odio en redes sociales.

Esta publicación nace de la necesidad urgente de construir espacios digitales más seguros, especialmente para las personas migrantes que con frecuencia son blanco de ataques discriminatorios, mensajes racistas o discursos que incitan al odio y la violencia.

Datos recientes del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) alertan de un preocupante incremento de los discursos de odio en redes sociales. Según el sistema FARO, en el primer trimestre de 2025 se identificaron más de 171.000 contenidos con discurso de odio. El 74% de estos mensajes se dirigían a personas del norte de África, el 17% a personas musulmanas y el 9% a personas afrodescendientes.

Además, se detecta un uso creciente de lenguaje violento: el 70% de los contenidos analizados contienen expresiones agresivas, el 54% deshumanizan a los colectivos mencionados y el 13% incluso incitan a su expulsión.

Combatir el discurso de odio en internet es una cuestión de derechos humanos.

Las redes sociales se han convertido en un espacio público clave para la participación ciudadana, el debate y la expresión personal. Garantizar que estos espacios sean seguros, inclusivos y respetuosos es responsabilidad colectiva.

¿Qué encontrarás en la guía?

La guía ofrece una recopilación práctica de pasos detallados para reportar discursos de odio en las principales plataformas digitales —como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y WhatsApp—. Además, incluye recomendaciones para proteger tu cuenta, actuar con seguridad en situaciones de acoso digital y acceder a recursos institucionales y sociales si eres víctima o testigo de este tipo de violencia en redes.

Esta guía está pensada tanto para personas usuarias de redes como para profesionales de la comunicación, la educación o el ámbito social que deseen fortalecer su capacidad de actuación y sensibilización frente al odio online.

Desde Andalucía Acoge, apostamos por una ciudadanía digital activa que no tolere discursos discriminatorios y que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, crítica y solidaria.

Este 20 de mayo de 2025 ha entrado en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería. Aunque se han introducido avances que permitirán la regularización de personas en situación administrativa irregular y que caminan en la buena dirección, consideramos que la nueva normativa se queda aún corta y deja fuera a una parte de la población migrante en España, con las consecuencias que ello acarrea para sus vidas y el acceso a derechos.  

Desde entidades como la nuestra, que tiene entre sus objetivos el acompañamiento con las personas migrantes en su camino hacia la igualdad de derechos y plena inclusión, tenemos que valorar positivamente medidas que se recogen en este Reglamento como la reducción del tiempo exigido para solicitar el arraigo social o la mejora en el arraigo socioformativo. Pero no podemos obviar, como decimos, que desgraciadamente también incluye requisitos que perpetúan la irregularidad durante largos periodos de tiempo, generando situaciones de vulnerabilidad. 

Esta nueva normativa penaliza a las personas solicitantes de asilo cuyas peticiones son rechazadas, ya que el tiempo que han pasado esperando una respuesta no contará como periodo de residencia para acceder a permisos por arraigo. Además, muchas de ellas, si aún no han recibido una resolución, se ven forzadas a desistir de su solicitud para que ese tiempo empiece a contar cuanto antes. Es decir, estas personas, que han vivido durante uno o dos años con una autorización para residir y trabajar, perderán todos esos derechos una vez resuelta su solicitud, y no se les reconocerá ese tiempo de permanencia para futuros procesos de regularización. El resultado es una pérdida injusta y evitable de derechos, que además afecta gravemente a quienes ya estaban trabajando y cotizando de forma legal. 

¿Cómo es posible que la normativa obligue a vivir durante al menos dos años en situación irregular para poder iniciar un proceso de regularización? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa vivir con miedo, sin acceso pleno a derechos, en la precariedad, sin posibilidad de alquilar una vivienda, de firmar un contrato de trabajo o de acudir con normalidad a un centro sanitario.  

España debe impulsar políticas migratorias que fomenten la plenitud de derechos de aquellos y aquellas que forman parte de su presente y de su futuro

Estas restricciones se aplican sobre personas con nombres, historias, familias, y con una implicación profunda en la vida colectiva del país. Personas que enriquecen nuestro tejido social, cultural y comunitario, aportando diversidad, iniciativa y vínculos esenciales para la construcción de la convivencia, además de sostener sectores clave de nuestra economía: desde los cuidados y la agricultura, hasta la construcción, la limpieza, la restauración o la atención domiciliaria.  

Durante los primeros meses de este año, miles de personas han tenido que tomar decisiones cruciales para sus vidas sin saber cómo se interpretaría el nuevo Reglamento. Con todo, el Ministerio de Inclusión ha publicado además unas instrucciones que, aunque bien intencionadas, consideramos que deben avanzar aún más para ofrecer la seguridad jurídica necesaria. 

España debe impulsar políticas migratorias que fomenten la plenitud de derechos de aquellos y aquellas que forman parte de su presente y de su futuro. Las personas migrantes deben ser reconocidas como parte inherente de la ciudadanía y también como protagonistas fundamentales de nuestro proyecto común. La igualdad de acceso a derechos no puede depender de un permiso de residencia: debe ser un principio rector de toda sociedad democrática. Hoy, más que nunca, necesitamos una política migratoria centrada en las personas, que reconozca la dignidad de todas, sin excepción. Una política que entienda que los derechos no se conceden: se garantizan. 

En un desierto que se extiende hasta donde alcanza la vista, bajo la oscuridad de la noche, cuando la Estrella Polar despliega su mirada, muchos jóvenes que sueñan con dormir en el paraíso europeo se preguntan: 

¿Por qué han dejado la tierra que los alimentaba? 

¿Por qué han dejado a sus padres, que los hicieron crecer como lo hace un jardinero con su Lotus al amanecer? 

¿Por qué se alejaron de sus amigos, con quienes habían forjado vínculos de todo tipo? 

Estas preguntas son comunes a quienes cruzan esta parte del mundo situada al sur del desierto del Sáhara. Entre los países que lo componen, Mali se ha convertido en un campo de batalla, una batalla política donde los vendedores de armas más sofisticadas son tratados como dioses y sus mandatarios, como profetas. 

Mali, país del que el explorador Ibn Battuta dijo: “La sal viene del norte, el oro del sur, la plata de la tierra de los hombres blancos, pero la palabra de Dios, el conocimiento y los cuentos bellos solo los encontramos en Tombuctú”, ha visto cómo este símbolo del islam auténtico era destruido por grupos armados. Destruir Tombuctú fue el inicio de una lucha sin fin cuyas consecuencias se sienten hoy en todos los países protegidos por las alas sahelianas. 

Tres mil hombres, según informaron radios y televisiones, iniciaron la lucha contra la República de Mali, liderados por personas que habían trabajado en la administración pública y en organismos internacionales. Para evitar la conquista total, el gobierno solicitó apoyo aéreo a Francia, con el fin de que las tropas en tierra pudieran actuar. 

¿Por qué Francia? El pensador Cheikh Anta Diop explicaba que el excolonizado se parece al esclavo del siglo XVIII: una vez liberado, se detiene en la puerta sin saber hacia dónde ir. Eso fue lo que ocurrió. Antes de buscar soluciones internas o abrir un diálogo digno de su nombre, Mali depositó toda su confianza en las corporaciones internacionales, como hacen muchos países africanos. Mirar, copiar y pegar lo que diga el maestro. 

El frente se abrió. El canto de las armas se volvió moneda corriente. Muchos perdieron brazos, piernas o cabezas. Los campos fueron quemados, los pueblos arrasados, los huérfanos se multiplicaron. El país quedó en desolación. Sálvese quien pueda. Algunos se vieron forzados a alinearse con los grupos armados; otros no pudieron resistirse a la tentación del dinero. 

¿Pero de dónde sacan estos terroristas sus armas? ¿Quién los financia? 

Una pregunta crucial. Si volvemos la vista atrás, cada vez que Dios envió a un profeta fue para enfrentarse a una autoridad que no respetaba sus normas. La Torá dice que Moisés fue enviado porque el Faraón se había desviado del camino. La Biblia dice que Jesús fue enviado porque los judíos ya no respetaban las Escrituras. El Corán señala que Mahoma fue enviado porque ni judíos ni cristianos cumplían los mandatos divinos. 

De forma parecida, en 2011, cuando los dioses de las finanzas y los negocios internacionales quisieron vender más armas —es decir, matar a más personas—, eligieron a un nuevo Satán: el coronel Gadafi. La OTAN puso precio a su cabeza. El diablo fue abatido, los dioses se instalaron en el desierto y las armas se pusieron en promoción. 

Cuando muchas personas se quejan de la llegada de malienses, nosotros respondemos con la Resolución S/RES/1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando nos preguntan por qué no vuelven a Mali, respondemos que los países fabricantes de armas están incrementando sus presupuestos militares

Por eso, cuando muchas personas se quejan de la llegada de malienses, nosotros respondemos con la Resolución S/RES/1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando nos preguntan por qué no vuelven a Mali, respondemos que los países fabricantes de armas están incrementando sus presupuestos militares del 2 al 5 % del PIB. Y no fabrican armas contra animales, ni extraterrestres, ni para alimentar a una población que en su mayoría vive con menos de un dólar al día. Las fabrican para matar personas inocentes que ni siquiera saben cómo se construye un arma. 

No caemos en la falacia de quienes afirman que la OTAN o las potencias armamentísticas se arman para protegerse. Como decía Kwame Nkrumah, “nadie está a salvo si un pueblo está en peligro”. Como prueba, en julio de 2024 las autoridades ucranianas reconocieron haber ayudado a grupos armados en Mali como respuesta al apoyo militar ruso al gobierno maliense. El propio presidente Emmanuel Macron afirmó que “no debemos dejar de ayudar a Ucrania porque Rusia nos ha arrebatado nuestro interés estratégico: África”. 

Sin lugar a dudas, un aumento del 2 al 5% del presupuesto militar, tendrá como consecuencia un aumento de la huida de esta población que no tiene defensa y no sabe defenderse a la vez contra el hambre y las armas. Como consecuencia de las antiguas resoluciones: 

Muchos jóvenes, al igual que un Lotus  

se vieron desteñidos en el desierto. 

África fue fragmentada y  

no se habla del modus operandi.  

Los padres desesperados 

ya no recogen que obús 

Los escritores con miedo 

han perdidos el focus 

Los músicos sin manos 

componen con repelús 

Los jóvenes sin esperanza 

ya no creen en el nimbus 

El país en decadencia  

llama a Horus.