El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado ya más de 400 resoluciones, referidas tanto a reclamaciones del derecho de acceso a la información pública como a denuncias de publicidad activa. Sus resoluciones están creando un cuerpo de doctrina en la materia, que reflejan la necesidad de mejorar las formas de gestionar lo público, de rendir cuentas al ciudadano. Todo ello en aplicación de la normativa de transparencia pública.

Una de las resoluciones, por ejemplo, que ha cambiado el tablero de juego para las entidades locales es la relativa a la exigencia de facilitar el acceso a los plenos a los ciudadanos, bien transmitiendo la sesión en directo, bien subiendo el archivo audiovisual posteriormente al portal. Pero, además, si para el ayuntamiento afectado es imposible llevar a cabo cualquiera de las dos opciones anteriores, los asistentes podrán grabar la sesión con sus propios medios, ya sean móviles, grabadoras o cualquier otro dispositivo.

Es cierto que existía jurisprudencia al respecto pero ninguna ley recogía esta obligación de forma textual, de forma que la legislación en transparencia dota al ciudadano de un derecho de libertad que antes no ostentaba, lo convierte en protagonista y partícipe de la vida pública. Lo señala de manera muy explícita la norma andaluza, no dejando dudas de este derecho ciudadano.

También ha tenido relevancia, esta vez en relación con el control de la gestión de gobierno, la resolución del consejo relacionada con la obligación de publicar en los portales web las agendas institucionales de los cargos gubernamentales. Se trata de un cumplimiento requerido en materia de publicidad activa, según queda plasmado en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Deben publicarse en las páginas webs “las agendas institucionales de los gobiernos”, lo que obliga a difundir toda actividad desarrollada con motivo del ejercicio del concreto cargo que se desempeñe, ya sea alcalde, consejero, etc.

Por tanto, en la agenda deben quedar reflejados los encuentros, las reuniones o entrevistas que mantenga el cargo como responsable institucional, ya tengan lugar en la sede física oficial o fuera de ella. Además, se incluirán los actos institucionales que se celebren o aquellos a los que asistan, así como los diferentes viajes que realicen en su condición de cargo público.

Pero los sujetos obligados a cumplir la ley no sólo deben colgar en su portal el contenido de la agendas de sus cargos, existen además otras obligaciones que son de estricto cumplimiento como, por ejemplo, los presupuestos, cuentas que han de hacerse pública con una descripción de las principales partidas, además de información actualizada y comprensible sobre su ejecución.

Otras resoluciones emitidas han tenido como objetivo los planes económico financieros, documentos que las administraciones están obligadas a elaborar en el caso de incumplir los objetivos de déficit, deuda pública o reglas de gasto. El consejo subrayó la obligatoriedad de publicar los citados planes en sede electrónica, al ser “un programa que fija objetivos concretos y establece actividades a ejecutar, estando obligada además su publicación hasta que finalice su vigencia”.

Además, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prevé la aprobación de estos planes, señala expresamente que son públicos, y que además se encuentran sometidos a la misma publicidad establecida para los Presupuestos, no siendo suficiente, por ejemplo, ponerlos a disposición en la sede física del ayuntamiento.

Sobre la publicación de la cuenta general, el consejo ha dictado varias resoluciones. La Ley de Transparencia de Andalucía no deja lugar a dudas y exige la publicación de las cuentas anuales y los documentos que la conforman en los portales de transparencia y, lo que es más importante, su publicación durante la exposición pública, para que los interesados puedan presentar sus reclamaciones y observaciones.

Dejando a un lado el terreno de control del gobierno, el consejo también ha puesto sus ojos en el ámbito de la gestión deportiva. En este sentido, resolvió una reclamación relativa a una federación a la que se le pedía información del voto por correo sobre un proceso electoral. Hay que tener en cuenta que las federaciones y clubes deportivos están incluidos en su ámbito de aplicación en lo relativo a sus actividades sujetas al cerecho administrativo, y por tanto, también sus procesos electorales están sometidos a las reglas de la transparencia.

El consejo consideró de relevante interés público general este tipo de procesos, que deben garantizar un funcionamiento y organización democráticos. Por esta razón, se otorgó a la persona reclamante el derecho de acceso a la información solicitada.

El ciudadano tiene el deber de preguntar y tiene el derecho a acceder a la información y cuando no obtenga un resultado que le satisfaga, tiene que reclamar. La Ley de Transparencia de Andalucía le ampara y le da el poder para ayudar a hacer más honestas, más saludables y más robustas las instituciones públicas.

El 25 de mayo de 2018 el tablero de juego en protección de datos cambia radicalmente. A partir de ese momento entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo, quedando derogada la anterior directiva de 1995 e imponiéndose un nuevo marco normativo que otorga un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada.

Esta norma supone un giro de 180 grados e introduce cambios que inciden tanto en el alcance del derecho como en la lógica del sistema de supervisión e, incluso, aporta importantes novedades que pueden tener un notable impacto en las propias instituciones andaluzas (así, por ejemplo, la creación de la figura del delegado de protección de datos en los entes públicos y en muchas empresas privadas).

¿En qué situación afronta Andalucía esta nueva regulación? El Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 20 de marzo de 2007, reconoció explícitamente el “derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas”. Y, en consonancia con la consagración de este derecho, el texto estatutario atribuyó expresamente a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia en la materia. Posteriormente, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía asigna dicha competencia al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Si bien, la vigencia de la Ley en este ámbito se ha pospuesto y el ejercicio efectivo de esta competencia se ha diferido sin fijarse plazo alguno. Por tanto, hasta que se aprueben y ejecuten las disposiciones pertinentes, la competencia continuará siendo ejercida por la Agencia Española de Protección de Datos, y ello de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Decreto 434/2015.

Expectativas

Esta atípica circunstancia ha generado y genera problemas de muy diversa índole. De inicio, ha causado una notable erosión de la imagen institucional del Consejo. Pero más allá de no llevar a efecto una función encomendada al Consejo por el legislador, se han defraudado las expectativas de la ciudadanía andaluza, que en multitud de ocasiones ha acudido a la ente de control en tutela de su derecho a la protección de datos personales y han sido, lamentablemente, derivados a Madrid, a la Agencia Española. Los ciudadanos que demandan la protección y el amparo del Consejo no entienden cómo una institución que se presenta ante la opinión pública como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sencillamente no responda a tal nombre.

De la misma forma, la proyección del Consejo a nivel internacional se ha quedado mermada, pues el Consejo está llamado a ser la única autoridad de control española que sigue el más influyente modelo de aunar en un solo órgano el control de la transparencia y de la protección de datos. A este respecto, han llamado a la puerta sendos comisionados de varios puntos del mundo y desde el Consejo se ha respondido, de forma penosa, que hasta la fecha sólo opera en materia de transparencia.

Pero existen más desventajas ante la falta de asunción de esta competencia. El Consejo andaluz no ha podido formar parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, entre cuyos integrantes se cuenta “un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una agencia de protección de datos en su ámbito territorial”, ausencia especialmente sensible en este momento, toda vez que el nuevo reglamento entrará en vigor en unos meses.

Otro obstáculo en la gestión diaria del Consejo es el referente a la resolución de consultas relativas al alcance de las obligaciones de publicidad activa desde la óptica del derecho a la protección de datos, función que la Ley de Transparencia andaluza atribuye expresamente a la Dirección del órgano de control. Por tanto, en la práctica,  hasta que el Consejo andaluz no asuma materialmente la competencia en materia de protección de datos, a la Agencia Española de Protección de Datos corresponde exclusivamente interpretar los preceptos de la norma andaluza en estos supuestos.

El Reglamento Europeo se vislumbra en un horizonte cada vez más cercano, de modo que Andalucía contabiliza su cuenta atrás en la gestión de la competencia de protección de datos en beneficio de sus ciudadanos, que reclaman que sus asuntos sean tratados en su territorio.

El 25 de mayo de 2018 está ya a la vuelta de la esquina y es preciso iniciar una serie de actuaciones preparatorias para que pueda asumirse la competencia con garantías, por lo que el Gobierno andaluz debe aprobar sin más dilaciones la disposición que permite al Consejo de Transparencia ejercer estas funciones.

De esta manera se dará cumplimiento a un mandato del Estatuto de Autonomía y permitirá que asuntos derivados de la gestión pública de datos personales pueda resolverse por una autoridad independiente andaluza, sin necesidad de acudir a la Administración del Estado.

La transparencia, o más bien la falta de la misma, alcanza la esfera judicial. Las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia deben ser (son) acatadas por los poderes públicos y, por tanto, la información llega a la ciudadanía. No obstante, existen casos de discrepancia ante resoluciones dictadas. En estos supuestos, se abre camino la vía procesal y los juzgados contencioso-administrativos son los encargados de confirmar o anular la decisión del Consejo.

Hasta la fecha, y desde la puesta en marcha del Consejo, se han interpuesto cinco recursos, estando resueltos sólo dos, ambos con sentencia favorable al órgano de control, es decir, confirman la decisión del Consejo. Esos cinco recursos representan poco más del 4% de las resoluciones, lo que supone una escasa litigiosidad. Por esta razón, puede decirse que los entes públicos respetan los dictámenes del Consejo.

Repasemos el estado y el contenido de estos cinco recursos.

El primero de ellos tiene como protagonista a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Se solicitó información relacionada con una contratación de personal, documentación que fue denegada al interesado porque “afectaba a datos personales y porque además no se había obtenido consentimiento informado del tercero afectado”.

El Consejo, por contra, admitió la reclamación ciudadana y emitió resolución favorable, al entender que la documentación solicitada constituía inequívocamente información pública a los efectos de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. De la misma forma, consideró que las exigencias de transparencia deben ser escrupulosamente atendidas cuando son relativas a la gestión de recursos humanos en la Administración Pública. Además, en virtud de la norma andaluza, las empresas quedan obligadas a hacer públicos los procesos de selección de su personal. La citada empresa acudió al Contencioso y, en estos momentos, está pendiente de sentencia.

Otro de los recursos a falta de sentencia judicial proviene de la compañía Endesa Distribución Eléctrica. Un ciudadano pidió el acceso a un expediente sancionador abierto por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía a Endesa con motivo de un cambio de potencia a suministros en baja tensión en las ochos provincias de la Comunidad. La Dirección General concedió un acceso parcial a información solicitada, si bien Endesa se opuso a que se proporcionara aludiendo, de una parte, a la necesidad de proteger datos de carácter personal y, de otra, al perjuicio económico y comercial que la difusión de esta información podría suponer.

Una vez recibida la reclamación al Consejo, éste instó a la Dirección General a facilitar a la persona reclamante la documentación requerida, pues a su juicio el interés público prevalecía sobre los datos personales supuestamente afectados. Para el ente de control resultó evidente el interés de la ciudadanía en conocer el grado de diligencia y eficacia de la Administración en la detección y, en su caso, sanción de las posibles irregularidades en el ámbito energético. En lo relacionado a los intereses económicos y comerciales, el Consejo desechó las meras conjeturas e hipotéticos riesgos para la empresa, al no evidenciar ninguna inseguridad real, actual y concreta. Está pendiente también de sentencia judicial.

Un tercer recurso presentado contra una resolución del Consejo hace referencia a una petición de información inadmitida por la condición de cargo público del solicitante. En este caso, el Consejo rechazó esta petición argumentando que los cargos públicos cuentan con sus propios cauces y procedimientos para recabar información pública. Esta resolución ha sido recurrida y está pendiente de sentencia.

Los dos recursos restantes ya cuentan con sentencia judicial, ambos en sentido favorable. El primero de ellos hace mención a una solicitud de inadmisión de petición de información al considerar el Consejo que la documentación ya había sido facilitada, mismo criterio que utilizó el Juzgado para desestimar la demanda.

En último lugar nos encontramos con un recurso relacionado con la desestimación de una reclamación respecto a una documentación de la Universidad de Cádiz que, a juicio del Consejo, sí había sido facilitada a la persona reclamante. El Juzgado se manifestó en este sentido y avaló la resolución, sentencia que ha sido apelada por el reclamante.

Por tanto, en el caso del Consejo andaluz el número de litigios es por ahora testimonial, lo que no impide que el desembarco de la transparencia en la justicia sirva para crear jurisprudencia ante esta nueva cultura que ha venido para quedarse.

Los programas electorales están repletos de referencias a la transparencia. Los políticos y cargos públicos, tras la llegada de la Ley, asumieron el concepto con cierta rapidez y audacia. Los ciudadanos, hastiados de tanta corrupción y opacidad en las administraciones, como principales beneficiarios de esta legislación, encontraron en ella su aliado y las formaciones políticas no tardaron en hacer suya la norma para presentarse como verdaderos abanderados de la transparencia pública ante sus votantes.

Se ha convertido en ese ansiado objeto de deseo. Es, sin duda, instrumento habitual en los discursos de los líderes políticos, siempre en aras de hacer su partido el más transparente de cara a lograr la confianza ciudadana. Pero, ¿forma parte sólo del discurso teórico o la llevan a la práctica? Las obligaciones de los partidos políticos en la norma quedan perfectamente recogidas y en su cumplimiento reposa su credibilidad ante la sociedad. Entre sus obligaciones, en materia de publicidad activa, destacan la publicación de todos los contratos con importe de licitación y adjudicación, procedimiento, etc; pero también los convenios suscritos y las subvenciones y ayudas públicas recibidas.

No podemos pasar por alto un extremo que se debe tener muy en cuenta: el uso que en algunas ocasiones pretenden hacer de la Ley. La pregunta es muy clara: ¿La utilizan para su propio beneficio político? Analicemos el caso de los cargos públicos. Ellos tienen sus cauces y procedimientos perfectamente estipulados en su propia normativa para canalizar cualquier petición de información pública. En el caso de los diputados, por ejemplo, su norma específica es el Reglamento del Parlamento de Andalucía, que los dota de diferentes mecanismos para recabar datos, informes o documentos del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. Nos referimos a las sesiones de control, a las Comisiones o las proposiciones no de ley. En el caso de los concejales y diputados provinciales, están regidos por la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales.

El problema surge cuando cargos políticos acuden a la Ley de Transparencia para tener acceso a determinada información pública. Aquí es necesario establecer una inequívoca separación. Si actúan en su condición de cargo público, han de acudir a sus instrumentos fijados; por otro lado, si ejercen el derecho de acceso en su condición de ciudadano, sí podrán remitirse a la Ley de Transparencia. Estas dos vías de acceso obedecen a una muy diferente finalidad institucional y conducen, además, a un régimen de configuración de derecho a la información muy diverso, motivo por el cual es necesaria esa estricta división.

El solicitante de la información, por tanto, tiene que evitar cualquier posible confusión o ambigüedad en la utilización de estas dos vías y no sólo por razones de seguridad jurídica, sino porque así lo reclaman consideraciones de índole institucional.

El derecho constituido en la legislación de transparencia responde a una finalidad institucional completamente diferente. Las leyes de esta materia se dirigen a los ciudadanos en general, con el único objetivo de que puedan juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables políticos, dotándolos de mayor poder de decisión. Es un derecho absolutamente ajeno a la función de control político que ejercen los cargos públicos electos. Así lo manifiesta la doctrina que sostiene el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, en cuyas resoluciones y consultas viene señalando.  

Si los cargos públicos, en su condición de representantes del pueblo, acuden a la Ley de Transparencia, no harían más que proyectar, prolongar o extender artificialmente a un ámbito completamente ajeno la función del control político del Gobierno. Por tanto, no se puede distorsionar el completo sistema institucional e instrumentalizar las normas de transparencia para beneficio político.

La información en manos de los poderes públicos tiene que ser accesible para cualquier persona. Ésa es la máxima de la transparencia y el objetivo que las leyes de esta materia se han marcado como una de sus prioridades. La legislación, tanto estatal como autonómica, regula el derecho de acceso a la información pública.

En este contexto, los medios de comunicación, como formadores de opinión, están llamados a desempeñar un papel clave para obtener, interpretar y dar a conocer la información de interés público a la ciudadanía. Los medios son uno de los cauces por los que se difunden los mensajes a los ciudadanos, cada vez más exigentes, preparados y maduros, que reclaman la rendición de cuentas a sus gestores públicos, a sus instituciones.

Esta realidad, en la que conviven las leyes de transparencia, los medios de comunicación y la ciudadanía, sirve de base al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para desarrollar la doctrina en la que se hace eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en torno a esta indisoluble relación. Por eso el derecho de acceso forma parte integrante del derecho fundamental -recogido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derecho Humanos y en España en nuestra Constitución (artículo 20)- a comunicar y recibir información veraz cuando es ejercido por un profesional de los medios de comunicación. Y por eso, ese derecho, cuando se trata de información solicitada por los medios, el TEDH se ha decantado en términos inequívocos por considerar que en estos casos se incide de plano en el derecho a recibir y comunicar información veraz, consagrado como derecho fundamental en las normas citadas. Porque la obtención de la información constituye un paso previo esencial para el ejercicio del periodismo y, por tanto, resulta necesaria en el desempeño de la profesión.

El TEDH destaca que tiene una particular importancia la circunstancia de que el solicitante actúe en su condición de periodista para determinar si la denegación del acceso implica la afectación del derecho del art. 10 del Convenio. Pues de lo contrario, de no extenderse la protección del derecho a la fase de obtención de datos, no podría desempeñar correctamente su tarea de informar sobre los asuntos de interés público y, por tanto, cumplir con la función esencial que desempeña la prensa en una sociedad democrática.

Tan es así, que la negativa a proporcionar información a un profesional de los medios por parte de los poderes públicos puede constituir una interferencia lesiva del derecho a recibir y comunicar información consagrado en los artículo indicados del Convenio Europeo y de la Constitución.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía confirma esa tesis en la Resolución citada y comparte, pues, la necesidad de conceder ese privilegio a los profesionales de los medios a la hora de obtener información.

Luego, ¿juegan, por tanto, las leyes de transparencia a favor de los periodistas?

Indudablemente sí.

La transparencia es un deber de las instituciones y un derecho para la ciudadanía. Pero tiene que haber un organismo que vele por que el deber se cumpla y el derecho se pueda ejercer. En esa necesidad, se ubica el Consejo de Transparencia de Andalucía. El Consejo arrancó motores en enero de 2016, creado por la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, como autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma.

 Es la primera vez en la historia de la democracia que existe un órgano que otorga tanto poder al ciudadano, como una auténtica revolución en las relaciones con la Administración para que las personas se conviertan en las propietarias de la información que generan los servicios administrativos. La principal meta del Consejo y su razón de ser es lograr una Administración mejor, más abierta y, sobre todo, más democrática, donde sus señas de identidad sean la transparencia y el gobierno abierto.

Tiene personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia para ejercer sus funciones, que no son otras que es velar por el cumplimiento de esta normativa en lo referido a publicidad activa, es decir, a la obligación del sector público de difundir en sedes electrónicas determinada información, y también hacer cumplir el derecho de acceso a la información pública, que no es sino el derecho de los ciudadanos a preguntar y a ser respondidos. También está encargado de vigilar que se cumpla la legislación de protección de datos en el ámbito de sus competencias.

¿Cuándo se puede acudir al Consejo?

El ciudadano ha solicitado información a cualquier entidad pública pero no ha recibido respuesta, o bien la considera insuficiente. Ese es el momento de pedir ayuda al Consejo presentando una reclamación. El Consejo de Transparencia la estudiará y dictará una resolución en sentido estimatorio o desestimatorio. Si la información requerida es pública, el ciudadano tendrá acceso a ella y, por tanto, la institución (ayuntamiento, diputación, Junta) está obligada a facilitarla, acatando así el ‘fallo’(orden) de la autoridad de control que es el Consejo.

Hay ocasiones en las que el Consejo puede actuar de oficio examinando los portales de transparencia de las entidades ámbito de esta Ley y detectar los posibles incumplimientos; es lo que se conoce como control de publicidad activa, es decir, la obligación de hacer accesible la información a la ciudadanía.

Pero, además, también admite denuncias por parte de ciudadanos que echan de menos cierta información que debe ser de obligada publicación y que no está disponible en las webs. En este caso, tras la denuncia presentada, el Consejo emite una resolución en sentido favorable o desfavorable al reclamante. En el primer caso, se obliga a publicar esa información en el portal.

El Consejo desempeña su labor prácticamente como un tribunal de justicia, dictando ‘sentencias’ ante conflictos entre dos partes. Su instrumento es una ley, la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, así como, la Ley estatal, en la parte que es de aplicación general en todo el territorio nacional.

El propio Consejo también está obligado al cumplimiento de esa misma normativa, por lo que publica en su portal la información requerida (información institucional, de recursos humanos, económica, financiera y presupuestaria, etc).

Otras tareas

Junto a las funciones ya descritas, el órgano de control cuenta con otras tareas asignadas:

¿Quiénes están sometidos al control del Consejo?

Tan importante es conocer las herramientas con las que cuenta el ciudadano para ejercer sus derechos, cómo ante qué entidades puede ejercerlos. Las entidades que están sujetas a este control del Consejo de Transparencia son:

De la misma forma, abarca a las Corporaciones de Derecho Público andaluzas, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho Administrativo (Colegios profesionales, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Federaciones deportivas, etc.) y a los sujetos privados que prestan servicios públicos o que ejercen funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas (conciertos sanitarios, por ejemplo).

También quedan bajo su vigilancia los beneficiarios de subvenciones públicas y contratistas públicos, así como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones, confesiones religiosas y otras entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas de más de 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Diferencias con la ley estatal

La Ley de Transparencia Pública de Andalucía nace como el eje central del imprescindible proceso de regeneración democrática en la Comunidad Autónoma. Si bien camina en la líde de la ley nacional, merece la pena explicar que la ley andaluza va más allá que la normatival estatal en tres aspectos fundamentales convirtiéndose en una ley más exigente.

 Amplía el ámbito subjetivo de aplicación, es decir, afecta a más actores incluyendo, como ya se ha mencionado, a “adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales”, cosa que no hace la normativa nacional.

Amplía el ámbito objetivo, es decir, incrementa las obligaciones de publicidad respecto a la norma estatal: se exige dar publicidad a las subcontrataciones en los contratos, a las cesiones de contratos o a las revisiones de precios, o exige publicar específicamente los gastos en publicidad institucional, entre otras obligaciones.

Reduce el  plazo de respuesta que se impone a la Administración de la Junta de Andalucía para facilitar la información solicitada. La lay estatal obliga a contestar en un mes mientras que la Administración andaluza tiene la obligación de dar la informacón en 20 días en Andalucía.

Otro aspecto que distingue a la normativa andaluza es su regulación del procedimiento sancionador, un total de 9 artículos que estructuran un sistema que hace posible la sanción a las entidades que incumplen las obligaciones derivadas de la Ley, aspecto que, sin embargo, no queda recogido en la Ley básica estatal.

Otro de los puntos novedosos es la posibilidad que la Ley otorga al ciudadano para interponer denuncias de publicidad activa, concediéndole un papel protagonista en la vigilancia de ese cumplimiento.

Las administraciones deben dar información sobre sus presupuestos, cuentas anuales, la financiación de la comunidad, la deuda pública, el gasto en campañas de publicidad institucional, los contratos formalizados, los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, así como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y retribuciones anuales, la Oferta Pública de Empleo, los procesos de selección de todo el personal, los convenios colectivos, la identificación de miembros de órganos de representación o el número de liberados sindicales.

La norma también exige a la Administración autonómica la publicación de las delegaciones de competencias vigentes, las sedes físicas y los horarios de atención al público, el inventario de entes, el de bienes, los planes y programas anuales y plurianuales, la información de toda la normativa vigente y actualizada, y las leyes y normativas en tramitación.

En cuanto a las administraciones locales, la Ley obliga a que se dé difusión de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y exige se publique no sólo la versión final de ordenanzas y reglamentos, también la inicial. Los ayuntamientos están obligados a publicar las actas de los plenos municipales, retransmitiendo, siempre que sea posible, los plenos por Internet, por televisión local o facilitar el acceso a un archivo grabado una vez celebrada la sesión. Del mismo modo, en todo caso, los asistentes podrán realizar grabación de las sesiones por sus propios medios.

A diferencia del proyecto legislativo estatal, la ley andaluza adelanta el momento en que se hacen públicos los textos normativos. Así, los anteproyectos de ley se publicarán una vez sean conocidos por el Consejo de Gobierno, previamente a su aprobación como proyectos. También se marcan diferencias en relación con la información económica, financiera y presupuestaria, con la obligatoriedad de publicar datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional.

Las administraciones, los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales tienen la obligación de ser transparentes. La ciudadanía se hace preguntas que, hasta hace solo unos años, tenían difícil respuesta por parte del sector público o simplemente nunca llegaban, pero ahora debe estar al alcance de todos. ¿Cuál es el sueldo del equipo de Gobierno de mi Ayuntamiento? ¿Qué procesos de selección de personal se están llevando a cabo en mi Diputación? ¿Qué indemnizaciones perciben los altos cargos de mi comunidad autónoma cuando cesan en el cargo público? ¿Qué procedimiento se utiliza en los contratos públicos? ¿Qué personas han resultado beneficiarias de ayudas públicas? ¿Cuánto dinero público se gasta en campañas de publicidad institucionales?

Toda esa información debe estar publicada obligatoriamente en los portales: (la denominada publicidad activa) y, en cualquier caso, los ciudadanos pueden solicitarla. Las leyes que regulan esta materia parten de la premisa de que el dueño de la información pública no es ningún gobierno, sino el pueblo que elige a sus representantes. Pero el camino hasta llegar a esa realidad no ha sido fácil. Abrir las puertas de inmensas bases de datos fue una tarea de difícil digestión, pero ya no tiene vuelta atrás: el acceso a la información pública es un derecho fundamental y una herramienta que lucha contra la desigualdad.

La Administración no tiene que tener ningún secreto en lo público, salvo en lo especialmente protegido como la seguridad nacional, la defensa, el secreto profesional o la propiedad intelectual. Hasta ahora, hemos sido espectadores de cómo el sector público guardaba sus datos como si fueran exclusivamente suyos, pero eso ha cambiado: la información pública es de todos y la cultura de la transparencia es un hecho.

La ciudadanía exigía un cambio de actitud en los políticos, en la forma de gestionar los asuntos públicos y pedía más transparencia. Las instituciones adolecían de falta de confianza ciudadana pero ahora ser transparente es una obligación de la que no puede librarse nadie. Ya no existen pretextos o excusas para no cumplirla y la administración ya no puede continuar en las tinieblas.

Una reclamación cívica

La transparencia es una reclamación cívica, que ha permitido que la información pública sea de libre acceso. Primero, porque es de todos, porque es propiedad de la ciudadanía que la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma o el Consistorio sólo custodia. Y segundo, porque cualquier ciudadano tiene derecho a saber en qué y cómo se gastan sus impuestos o lo que una administración guarda sobre él y sus bienes.

El ciudadano puede pedir todo tipo de información pública, sin necesidad de motivar su petición. Las normas en esta materia aspiran a una máxima: recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la acción del Gobierno, que tome las riendas de lo público, que sea el que controle.

El factor determinante

¿Cómo se fraguó la nueva normativa sobre esta materia? La ley estatal y las de las comunidades autónomas se redactaron en medio de un ambiente de corrupción y desconfianza inusitados hasta esa fecha, y a los políticos y responsables de las administraciones se les exigió mostrar transparencia en su gestión. Se redoblaron las exigencias de integridad ante un país en el que todo lo llenaba la financiación ilegal de los partidos políticos, la prevaricación, la desviación de caudales públicos, los sobresueldos, las cajas B... El ambiente se dibujaba irrespirable. Vivíamos, y vivimos, en un tiempo de desafección ciudadana, de excepcionalidad política, en el que es imprescindible reparar esa confianza.

Por tanto, la transparencia se hizo y sigue siendo necesaria y absolutamente fundamental para tener un buen gobierno, unas instituciones eficaces y una democracia de calidad. La transparencia mejora el escrutinio, permite rendir cuentas y previene las prácticas corruptas. Es una herramienta que, bien usada, ha conseguido logros que antes parecían imposibles, pero también debemos entender que no es, sin embargo, una varita mágica que cambie radicalmente la democracia haciéndola más eficaz y responsable.

Eso sí, se configura como un instrumento de prevención del despilfarro y de las decisiones imprudentes. Es un instrumento real de aumento de la participación ciudadana. Las instituciones no pueden ocultarse detrás de códigos cifrados; justo al contrario, deben estar expectantes a la interacción con la ciudadanía. En una democracia adulta, los ciudadanos pueden y deben participar de la construcción de lo público y para ello el primer paso es contar con canales de acceso a toda la información de la acción pública.

La transparencia constituye una pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad avanzada. Es inherente a la democracia. Es un instrumento que permite que la democracia sea más real y efectiva.

La transparencia en las instituciones y el acceso a la información pública debe ser una política transversal que rija la acción de un Gobierno y las relaciones con la ciudadanía. Y ello sólo se consigue imprimiendo en las instituciones una nueva cultura política. El dueño de la información pública ya no es el Gobierno, sino los ciudadanos.

Corresponsabilidad ciudadana

Se buscan administraciones abiertas, accesibles y permeables. Cuanto más transparente sea su actividad y mayores sean los mecanismos de control de los ciudadanos sobre ellas, y mejor valorada estará en su ejercicio de función pública. El control en manos de los ciudadanos es un poder extraordinario, pero también una responsabilidad. La sociedad debe tomar conciencia de su papel de corresponsabilidad, asumiendo ese nuevo rol de examen e inspección.

La transparencia ha de ser entendida como elemento esencial de la vida política que debe impregnar cada una de las acciones que se realizan en la actividad pública, como instrumento generador de confianza y de afianzamiento de nuestras instituciones. La transparencia ha llegado para quedarse.