Amazon ha anunciado la apertura de ZAZ8, su primer Distribution Center (DC) en España, ubicado en La Muela, provincia de Zaragoza. Se trata de un gran centro logístico que se ocupará de los productos de alta demanda. El objetivo es comenzará a operar en septiembre de este año y alcanzar las 600 personas empleadas en un plazo de tres años.

La inversión de 100 millones de euros servirá para reforzar su compromiso con Aragón, sumando un nuevo centro a la red de centros de operaciones que la compañía tiene en la comunidad autónoma.

El centro, que contará con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados y estará ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela. La instalación ocupará el edificio del frustrado centro de reparto y clasificación de paquetería.

“Estamos muy orgullosos de anunciar la próxima apertura de este centro y así seguir impulsando el talento y el empleo de la región. Gracias a este centro ofreceremos una amplia variedad de empleo de calidad y crearemos oportunidades laborales para todo tipo de personas, con múltiples roles diferentes. Además, reforzamos nuestro compromiso con los clientes al mejorar la velocidad de las entregas mediante un centro especializado en productos de alta demanda”, ha señalado el responsable del centro, Jaime González del Palacio.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha apuntado que “la apertura del nuevo centro de Amazon en La Muela es una noticia magnífica para Aragón por su importantísima creación de empleo y porque consolida, aún más si cabe, la apuesta de la multinacional por nuestra comunidad autónoma”.

“Desde el Gobierno de Aragón siempre hemos apoyado y confiado en este proyecto de Amazon en Centrovía. Es una iniciativa que va a suponer un punto de inflexión para La Muela y su área de influencia, y que se suma a la ola inversora en Aragón, que ya supera los 90.000 millones de euros en poco más de dos años y medio”, ha celebrado Azcón, según han trasladado desde Amazon.

Asimismo, el alcalde del Ayuntamiento de La Muela, Adrián Tello, ha destacado que “una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela”.

Cuarto centro en Zaragoza

Este centro es el cuarto de Amazon en Zaragoza, donde cuenta con un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh y una estación logística. Además, en el área tecnológica, y desde 2022, Aragón posee tres zonas de disponibilidad con centros de datos de Amazon Web Services (AWS).

El nuevo ZAZ8 actuará como hub logístico especializado en productos de alta demanda como los básicos del día a día, entre los que destacan toallitas de bebé, leche en polvo o complementos alimenticios. Está ubicado en el polígono industrial Centrovía, a las afueras de la ciudad de Zaragoza, siendo una localización estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades.

Se centrará en optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de aquellos productos que más se piden, garantizando un flujo constante de inventario hacia el resto de los centros logísticos que la compañía tiene repartidos en el país. Así, se crea una capa intermedia de almacenamiento regional que permite disponer del inventario más cerca del destino final, lo que mejora la velocidad de entrega.

En 2025, Amazon registró el año con las entregas más rápidas de su historia en España. La compañía entregó más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en España, cifra que se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo.

Los clientes Prime en España ahorraron una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas en 2025, más del doble del precio de la suscripción anual. Millones de clientes Prime utilizaron el servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades españolas, que permite recibir pedidos el mismo día en casa, en puntos de recogida o en Amazon Lockers.

Creación de empleo

Con la apertura de ZAZ8, Amazon refuerza su apuesta por la región como hub logístico estratégico, donde cuenta actualmente con más de 1.000 personas empleadas. Ya están disponibles las posiciones abiertas para el centro y los interesados pueden consultar las vacantes en amazon.jobs.

En la región de Aragón, Amazon ofrece un salario de entrada superior a 1.600 euros al mes y beneficios adicionales valorados en 3.500 euros anuales para puestos de operaciones que no requieren experiencia previa.

Entre estos beneficios se encuentran: plan de pensiones, programas de formación, seguro médico, descuentos para compras en Amazon, subvención para las comidas en los centros logísticos y permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido.

Algunos de los roles disponibles se encuentran desde posiciones de ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos. Amazon ofrece a las personas empleadas un lugar de trabajo que se sitúa entre los más avanzados del mundo, con salarios competitivos, y procesos y sistemas que garantizan el bienestar y la seguridad.

Amazon busca fomentar el empleo local de calidad y dar la oportunidad a profesionales de la zona para que desarrollen su trayectoria profesional. El centro logístico de Zaragoza ofrece oportunidades laborales para todo tipo de personas, cubriendo un amplio abanico de edades, niveles educativos y trayectorias profesionales; desde personas que acaban de incorporarse al mundo laboral hasta aquellas con décadas de experiencia.

Compromiso con las pymes

Desde 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en España en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas.

Recientemente, en marzo de 2026, anunció una inversión total de 33.700 millones de euros en España para ampliar su infraestructura de centros de datos en Aragón, consolidando el compromiso de la compañía con la región y el país.

En la actualidad, más del 60% de los artículos vendidos en Amazon proviene de vendedores externos, muchos de ellos pymes que encuentran en Amazon una oportunidad para crecer y llegar a millones de clientes. La compañía cuenta con alrededor de 40 instalaciones en toda España, que incluyen centros de operaciones y oficinas corporativas.

El impacto económico de Amazon no solo beneficia a las grandes áreas urbanas, sino también a municipios más pequeños en diferentes regiones donde las oportunidades de empleo son más limitadas.

En Aragón, más de 400 pymes venden actualmente en Amazon y, en conjunto, comercializaron más de 3 millones de productos en 2024, reflejando el dinamismo y la creciente adopción del canal digital por parte del tejido empresarial de la región.

Estas empresas superaron los 35 millones de euros en exportaciones (situando a Aragón como la octava comunidad autónoma en volumen exportador), lo que supone un crecimiento de más del 50% respecto al año anterior.

Igualmente, más del 75% de estas pymes exportan, evidenciando una fuerte vocación global y la importancia de la digitalización como motor de crecimiento. Este impulso no solo mejora su competitividad, sino que también facilita su acceso a nuevos clientes en todo el mundo y contribuye al desarrollo económico de la región.

La ganadería tradicional mediterránea moldea paisajes, fija población en el medio rural, mantiene vivos oficios centenarios como el pastoreo, y se enfrenta a un momento decisivo. El cambio climático, la falta de relevo generacional y la presión económica están poniendo en jaque a miles de explotaciones. Ante este escenario, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han impulsado la creación de una Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles para buscar soluciones conjuntas.

La iniciativa se gestó en el seminario internacional 'Sistemas ganaderos mediterráneos: retos y estrategias para la sostenibilidad' celebrado en Madrid los días 7 y 8 de abril, en el que participaron expertos de 16 países junto a representantes del sector y de la administración. Más que un encuentro técnico, fue un espacio para compartir preocupaciones y también oportunidades. “Un lugar de encuentro donde pensar juntos cómo debe evolucionar la ganadería en los próximos años”, explicó el director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés. 

La nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles, resultante de este foro, nace como una iniciativa que busca reforzar la cooperación científica y técnica ante los crecientes desafíos del sector de la ganadería en las regiones Mediterráneas, y especialmente en Aragón. 

Trabajar juntos para cambiar el modelo

El futuro de la ganadería mediterránea no es solo una cuestión del sector primario. Tiene implicaciones directas en la alimentación, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Mantener vivos estos sistemas significa también conservar paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida. Pero algo no está funcionando. Por eso, iniciativas como esta buscan algo más que soluciones técnicas: aspiran a abrir un diálogo amplio sobre qué modelo de desarrollo rural quiere la sociedad para su futuro inmediato.

La nueva la Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles nace con la idea de conectar conocimiento, experiencias y soluciones. No se trata solo de mejorar la producción, sino de “repensar el sistema en su conjunto”, teniendo en cuenta el medio ambiente, la economía y la dimensión social.

“Necesitamos enfoques más amplios, que integren distintas disciplinas y realidades”, señalan desde la organización. Aprovechando las oportunidades que brinda la parte positiva de un mundo globalizado, la red servirá para impulsar proyectos de investigación, formación e innovación, así como para reforzar la cooperación entre países que comparten problemas similares. “Buscar soluciones reales a problemas comunes a todos”, aprovechando recursos ya existentes a través de las experiencias compartidas.

El cambio climático en el centro del problema

En los campos del Mediterráneo la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales, depende directamente del clima. Pero el equilibrio se está rompiendo. El cambio climático está haciendo que los pastos sean cada vez más escasos y menos predecibles. Llueve menos o en momentos poco habituales, y los veranos son más largos y secos, lo que dificulta que la hierba crezca con normalidad. Como resultado, hay menos comida disponible en el campo y de peor calidad.

Para los ganaderos, esto se traduce en más incertidumbre y más gastos, ya que muchas veces tienen que comprar pienso para alimentar a los animales —deben hacer frente a mayores costes y a una menor productividad—. Además, los suelos se van degradando y pierden fertilidad, lo que agrava el problema con el tiempo. 

A los problemas ambientales, se suman otros derivados de un sistema que prima el modelo industrializado, un enfoque que ha provocado que muchas pequeñas explotaciones tengan tantas dificultades para competir que ven peligrar su existencia, mientras que el relevo generacional no llega a otras tantas explotaciones, todas ellas ubicadas en zonas rurales. 

El resultado es un paisaje que corre el riesgo de vaciarse, tanto de personas como de actividad económica, empezando por la desaparición del modelo de ganadería familiar y tradicional.

La voz de la ganadería como parte de la solución

Sin embargo, lejos de ser parte del problema, cada vez más voces destacan que la ganadería extensiva puede ser clave para afrontar los grandes retos globales. “El pastoreo no solo produce alimentos, también conserva ecosistemas y culturas”, reivindican desde el sector en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsado por Naciones Unidas.

En esta misma línea, y tal y como han dejado claro en el seminario celebrado en Madrid, los responsables de la FAO insisten en que los pastores y los sistemas tradicionales “forman parte de la respuesta” frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, en la nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles tendrán una posición destacada como colaboradores entidades como Oviaragón y Provacuno, en representación de las principales ganaderías del sector tanto en extensivo como en semiextensivo. 

Desde Oviargon valoran de manera muy positiva la iniciativa. El seminario sentó unas bases sólidas y presentó la fotografía real de la situación del sector en los diferentes territorios, conscientes de que la ganadería es una fuente de ingresos de economía familiar, sabiendo que es una forma de asentamiento de población rural, y pilar fundamental para el mantenimiento del ecosistema, evitar la erosión y conservar la biodiversidad. “Asistir al foro nos ha hecho darnos cuenta de que independientemente del lugar del mapa en el que estés, los problemas son compartidos: la mano de obra y la disminución del consumo en todo el mundo, y en Europa, sobre todo, la PAC”, explica Leticia Riaguas, veterinaria y responsable de coordinación de I+D+i en Oviaragón. 

Aunque no esperan obtener soluciones a corto plazo, desde Oviaragón valoran que esta Red se presenta como “una apuesta firme por la ganadería como solución” y como un altavoz en el que están representados todos los actores con sus singularidades: “Tener una voz más grande, que pueda tener una representación a través de CIHEAM Zaragoza y la FAO en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, es un paso importante para la ganadería”, asegura Leticia Riaguas.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado, en un informe, al Gobierno de Aragón que tome medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026.

La institución ha publicado esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, con informes individuales para cada Comunidad Autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

En el informe de Aragón, la AIReF analiza el cumplimiento de la Comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en Aragón habrá aumentado un 3,6 %, frente al límite vigente del 3,2%.

Considerando este punto de partida, el gasto computable en 2026 en la Comunidad crecerá un 4,2 %, por encima del límite del 3,5%. A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Aragón crecerá en 2026 un 2,7%, inferior al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el conjunto de las Administraciones Públicas.

La AIReF estima que Aragón cerrará 2026 con un superávit de 0,1% del PIB mejorando el saldo en dos décimas respecto al informe de noviembre. Además, considera que la deuda de Aragón se situará en 2026 en torno a un 17,1% del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.

El fabricante automotriz chino Chongqing Changan Automobile Co., que desembarcó en España a inicios de este año, está barajando la posibilidad de abrir una planta de producción de sus coches en el país, siguiendo los pasos de otros fabricantes de automóviles chinos de instalarse en el mercado español.

La planta se ubicaría probablemente en el norte de España, según han indicado fuentes conocedoras a Bloomberg y, de forma más concreta, en Aragón, por lo que podría unirse a su compatriota Leapmotor en la comunidad autónoma.

La llegada de Changan se une a otras propuestas de capital asiático para invertir en España, favoreciéndose de una sólida red de proveedores de automoción, una fuerte historia en este sector, unos costes energéticos relativamente bajos y unos menores costes laborales en comparativa con otros países europeos.

España, como segundo mayor fabricante de Europa, se ha convertido en un lugar cada vez más seductor para los fabricantes de automóviles chinos que buscan establecer plantas en la UE y sortear los aranceles de la Unión Europea a los coches fabricados en China.

De hecho, se ha rumoreado también la llegada de BYD en el futuro para establecer una sede en España, y Chery tiene también en el horizonte desarrollar modelos en suelo español a través de su marca Omoda & Jaecoo –ya lo hace con Ebro– y cuyos planes siguen vigentes, tal y como confirmó el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese en una reciente entrevista con Europa Press.

Por otro lado, el mayor fabricante del mundo, CATL, anunció que a mediados de este mes comenzaría a ensamblar baterías utilizando la factoría del grupo Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) por medio de una inversión de 4.100 millones de euros.

Mientras, la española Santana Motors tiene acuerdos de colaboración con Dongfeng Motor Group Co. y BAIC Motor Corp. para ensamblar coches también en el país en los próximos años.

El mes pasado, la Comisión Europea anunció la denominada Ley del Acelerador Industrial, diseñada para apoyar a las empresas europeas que se han visto perjudicadas por el aumento de las exportaciones procedentes de China desde la pandemia de la Covid-19.

Siete empresas y entidades, Inetum, Wanatop, el Clúster ALIA con Educatrafic, IA Experience, Omnitec, Deveco y Rasmia, han formalizado su interés por instalarse en el edificio de oficinas de DAT Alierta en Zaragoza y ocuparán 3.800 metros cuadrados. Estas nuevas incorporaciones, según avanzado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, “aterrizan en el DAT Alierta, que va a seguir posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa”.

Vaquero ha hecho pública esta información en la apertura de la tercera y última jornada de The Wave, dedicada al público joven. Como ha recordado la vicepresidenta, “el DAT Alierta tendrá más de 80 hectáreas en pleno corazón de Zaragoza y ”definirá un triángulo virtuoso en Aragón, con sus otros vértices en Huesca, con Walqa, y con Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón“.

Las siete nuevas compañías y entidades que se ubicarán en el DAT Alierta compartirán edificio con Siemens, empresa que ya confirmó su presencia en junio del año pasado, y se suman a otras dos presencias ya anunciadas en el DAT Alierta: Circe e Integra. La ubicación de las empresas en el nuevo edificio de oficinas, para el que ya se ha solicitado la correspondiente licencia urbanística municipal, está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028.

Todavía queda espacio disponible en ese futuro edificio de oficinas, a pesar de que su ocupación está avanzando a un ritmo acelerado, dadas las altas expectativas empresariales que genera el DAT Alierta.

Mar Vaquero ha brindado al público joven “una jornada en The Wave pensada en vosotros, con temas que os interesan, ponentes y marcas que forman parte de vuestra vida cotidiana y referentes nacionales que vienen a contaros cómo una idea puede convertirse en una brillante realidad”.

Vaquero ha lamentado que “las generaciones jóvenes son vistas demasiadas veces con recelo, analizadas sesgadamente con el prisma de la experiencia, sin ser conscientes de que ese hecho sólo se supera con el tiempo”. “Debemos confiar en lo mucho que podéis aportar los jóvenes a nuestra sociedad”, ha afirmado: “Tenemos que confiar en vuestra capacidad de entender el mundo y transformar el futuro con vuestro talento”, ha asegurado.

“El futuro tiene vuestros ojos”

“El futuro tiene vuestra cara y vuestros ojos; las generaciones de hoy tenemos la responsabilidad de construir y mejorar Aragón”, ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones.

“Aragón es una tierra de oportunidades, una comunidad que se ha empeñado en liderar y que sabe que este liderazgo solo será posible con el talento de su gente, de vosotros”, les ha trasladado Vaquero, insistiendo en la idea de la 'Generación DAT'.

“En Aragón tenemos un triángulo virtuoso, gracias a la tecnología y la innovación, que ya está marcando el rumbo de nuestro futuro, con tres vértices que laten con fuerza: el DAT Alierta en Zaragoza, Walqa, en Huesca, y Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón”, ha insistido.

“Estos tres espacios no son solo infraestructuras, sino puertas abiertas a cada uno de vosotros, oportunidades reales y el lugar en el que las ideas se convierten en proyectos y en futuro”, ha afirmado Vaquero.

“Creed en Aragón como lugar donde podéis crecer, vivir, desarrollar una carrera profesional, emprender e innovar”, les ha pedido. “Ayudadnos a construir el Aragón del mañana, y confiad en vuestras posibilidades porque sólo así levantaremos el mejor futuro juntos”, ha expuesto.

Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de “histórica victoria tras más de 25 años” la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría “un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este histórico fallo, del que han destacado que “incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad”. Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas.

Los jueces europeos castigan así la “reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes”, exponen desde el sindicato. Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. La sentencia exige sanciones efectivas contra esta situación y señala que si no son económicas, solo pueden basarse en la fijeza de los afectados, ya que la convocatoria de procesos de estabilización no es una medida suficiente.

“Una sentencia que obliga a actuar”

STEPA ha destacado que esta sentencia “después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales”.

Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad “que va a ser elevadísima” porque se compondrá de dos tipos de multa. Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma “por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse”.

Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto “apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu”. STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que “nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados”.

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea “por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese”. 

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, “uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos”. Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según explica el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, “el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular”. De esta manera, se han convocado “ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021”. Así, “no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación”.

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del necesario cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público. “Acabar con el abuso de temporalidad debe ser una cuestión prioritaria esta legislatura autonómica”, asegura.

STEPA ha subrayado que la fijeza del personal en abuso beneficiará a toda la sociedad, “frente al actual desmantelamiento de los servicios públicos, mantiene a los empleados con mejor formación y experiencia de años; y no perjudica a quienes busquen una nueva plaza, dado el volumen de jubilaciones en los próximos diez años”.

“Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que suponer el principio del fin para acabar finalmente con décadas de injusticia; y para garantizarlo, vamos a continuar presionando a los responsables políticos y animando a todas las víctimas del abuso a que reclamen su estabilización en sus Administraciones y en sede judicial”, han concluido desde STEPA.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha resuelto dos iniciativas de hibridación de energías renovables en la comarca de Tarazona y el Moncayo, ambas de empresas bajo el paraguas del grupo Forestalia. Mientras el denominado proyecto Castor ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada y limitada a determinados suelos, la planta fotovoltaica Los Borjas II ha sido declarada “incompatible con la protección del medio ambiente” por su afección a la fauna, el paisaje y la normativa urbanística.

En el caso de Castor, promovido por Habidite Energy SL, se trata de la hibridación fotovoltaica de 17,58 megavatios sobre una superficie de 40 hectáreas en Tarazona, Grisel y Vera de Moncayo, integrada con el parque eólico Castor ya operativo.

El Inaga concluye que la actuación puede ser compatible con el medio ambiente siempre que se ajuste a las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo al suelo. El organismo limita su viabilidad a las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico y excluye aquellas áreas protegidas por interés forestal o de pastos, conforme al planeamiento urbanístico de Tarazona, declarando dichas zonas como “incompatibles con la adecuada conservación de los valores naturales y patrimoniales”.

El informe también impone restricciones para minimizar el impacto ambiental, como la obligación de implantar los seguidores solares exclusivamente “mediante hinca en el terreno” , la prohibición del uso de herbicidas y la gestión de la vegetación mediante métodos como el pastoreo. Asimismo, el proyecto deberá respetar la regeneración de las zonas afectadas por el incendio de Añón de Moncayo de 2022, ya que los desarrollos en ese suelo no pueden obstaculizar la regeneración vegetal por un plazo de diez años.

Lo que se deberá dirimir es el conflicto con la empresa de renovables RWE, impulsora del parque eólico Grisel y que alegó el solapamiento de terrenos, algo en lo que la DIA no entra.

'Los Borjas II': rechazo total

Frente a este escenario, el Inaga ha rechazado de forma íntegra el proyecto Los Borjas II, promovido por Innovación Energética Sostenible SL—empresa también vinculada al grupo Forestalia—, al considerar que resulta “incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable”. Se trata de una planta fotovoltaica de 20,118 MW sobre 41,5 hectáreas también en Tarazona y con línea de evacuación de 15,4 kilómetros hasta la SET Castor.

La resolución se apoya, en primer lugar, en su ubicación sobre suelo no urbanizable protegido por razones de interés forestal o de pastos (SNU-FP) del municipio de Tarazona, donde este tipo de instalación “no es viable urbanísticamente” según el planeamiento urbanístico vigente, de 1985.

A ello se suma que todo el suelo del proyecto se ubica en el monte de utilidad pública denominado Valcardera, de titularidad municipal , sin que el promotor haya “justificado adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento alternativo fuera del monte” ni tramitado la correspondiente concesión de uso privativo.

El expediente señala además un impacto significativo sobre la avifauna, en un entorno de alta sensibilidad ecológica. La planta se proyectaba a solo 245 metros del área crítica Mochales, vinculada a la conservación de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción, y en zonas consideradas clave para aves esteparias. El Inaga advierte de la “presencia muy significativa de especies de avifauna incluidas en los catálogos aragonés y español de especies amenazadas”, como el milano real, el cernícalo primilla o la ganga ibérica, cuya presencia ha sido “constatada en el estudio de avifauna de ciclo anual”.

Alta presión energética y transformación del paisaje

La evaluación ambiental también incorpora el efecto acumulativo de las infraestructuras energéticas en la zona. En un radio de diez kilómetros, el Inaga identifica la presencia de decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento o tramitación, lo que ha provocado una transformación progresiva del paisaje.

Mientras que en el caso de Castor el organismo considera que el impacto global puede ser asumible bajo condiciones estrictas , en Los Borjas II concluye que la actuación supondría una “transformación significativa del entorno” y una pérdida de conectividad ecológica en un área de alta sensibilidad ambiental, próxima a espacios de la Red Natura 2000 como la ZEC Peñadil, Montecillo y Monterrey.

La resolución subraya que, en este caso, ni las medidas correctoras ni los condicionantes propuestos por el promotor serían suficientes para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales del entorno. Así, el principio de cautela se utiliza como criterio determinante para su rechazo.

Aragón destina en 2026 cerca de 4.800 millones de euros al conjunto de sus políticas sociales —sanidad, educación y servicios sociales—, una cifra muy similar a la del año anterior debido a una situación que se repite por tercer año consecutivo: el Gobierno de Jorge Azcón solo ha aprobado unos presupuestos propios desde su llegada en 2023 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.

Según los datos del último informe del Ministerio de Hacienda, actualizado a marzo de 2026, la comunidad ha pasado de registrar una de las mayores caídas del gasto social durante la crisis a situarse entre las que más lo incrementaron en la fase de recuperación, para posteriormente moderar su crecimiento en el periodo más reciente.

La llegada de Jorge Azcón al Pignatelli ha traído consigo un escenario cambiante. Si bien el ejercicio 2024 arrancó con un fuerte impulso presupuestario —un aumento del 9,49% en políticas sociales—, la parálisis legislativa posterior ha pasado factura. Debido a la ausencia de nuevos Presupuestos para 2025 y 2026, la comunidad funciona con cuentas prorrogadas. Esto ha provocado que, en el balance acumulado hasta 2026, Aragón se sitúe como la quinta región con menor incremento relativo (9,27%), quedándose 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

En áreas como Sanidad, el crecimiento bajo la actual administración (8,47%) es inferior a la media de las comunidades autónomas (12,11%). El informe ministerial destaca que, tras el aumento inicial de 2024, la dotación para el área sanitaria ha permanecido prácticamente inamovible, registrando incluso ligeros retrocesos técnicos en la actualización de 2025.

Aragón no es la única comunidad en situación de prórroga. Junto a ella, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han aprobado presupuestos propios para 2026. Sin embargo, entre las comunidades que sí han presentado proyecto presupuestario, el crecimiento medio en gasto social supera el 11%, por encima de lo que refleja Aragón.

El Ministerio de Hacienda incorpora en sus cálculos los importes prorrogados de esas ocho comunidades para elaborar el total agregado, advirtiendo que el dato global puede no reflejar el comportamiento real de las que sí han aprobado nuevas cuentas.

De la 'tijera' de Rudi al incremento de Lambán

Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, se produjo el mayor ajuste presupuestario en Aragón. En esos años, la comunidad fue la tercera que más redujo el gasto en el conjunto de políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), con un descenso del 11,88%.

La 'tijera' fue especialmente incisiva en Sanidad, donde el presupuesto de 2015 terminó siendo un 13,43% inferior al de la etapa anterior y situó a la comunidad como la segunda que más recortó en salud de todo el país. El año 2013 marcó el punto de inflexión negativo, con una caída de 391 millones de euros en un solo ejercicio que, según Hacienda, no se recuperó en los años posteriores.

Bajo la Administración de Lambán, el presupuesto sanitario solo registró un descenso anual en 2022, año en el que se redujo el gasto extraordinario derivado de la fase más crítica de la pandemia. Esta bajada se produjo tras un aumento del 13,78% en 2021. Pese a dicha reducción, la partida de 2022 se mantuvo un 8,19% por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria (2020). Posteriormente, en 2023, la dotación volvió a subir un 13,64%, situándose como el mayor incremento anual registrado entre todas las comunidades autónomas ese año.

Educación y servicios sociales

La educación aragonesa sigue un patrón similar. Tras la fuerte recuperación en la era Lambán (+55,07%), el crecimiento actual se sitúa en el 10,44%, lo que coloca a Aragón como la sexta comunidad por la cola en este apartado.

Donde Aragón sale peor parada históricamente es en Servicios Sociales. Aunque entre 2015 y 2023 se produjo un aumento del 49,2%, fue el área donde la comunidad mostró un perfil más discreto en comparación con el resto de España, donde la media de incremento superó el 76%. Actualmente, con un aumento del 10,1% frente al 15,7% de la media nacional, la región sigue sin lograr posicionarse en la vanguardia de la protección social.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este jueves el acuerdo que formaliza la expansión de Amazon anunciada días atrás: la declaración de interés general del Plan para la consolidación de la Región AWS en Aragón, que contempla 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares repartidos en tres nuevos campus. Es el tercer proyecto de expansión de la compañía en la comunidad desde que en 2019 instalara sus primeros centros de datos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro. La segunda fase, aprobada en 2024, extendió esa presencia a Zaragoza y La Sotonera, también en Huesca, y sus obras de urbanización todavía están en marcha en tres de los cuatro emplazamientos previstos.

El nuevo plan contempla tres campus —en la capital altoaragonesa, en La Puebla de Híjar y en Azaila (Teruel) y San Mateo de Gállego (Zaragoza)— que ocuparán 459 hectáreas. Sumados los tres proyectos, la huella de AWS en Aragón rozará las 800 hectáreas, según la documentación hecha pública. El plan incluye 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares, con toda la infraestructura eléctrica, hídrica y de fibra óptica que eso requiere. La inversión prevista es de 33.700 millones de euros para 2026-2035 en toda España, con una generación estimada de 13.400 empleos anuales en Aragón, según la compañía, entre la construcción y la fase operativa. AWS, eso sí, rehúsa dar a conocer cuántos puestos de trabajo generan las instalaciones que ya tiene en marcha en la comunidad.

La declaración de interés autonómico tiene además consecuencias jurídicas: el acuerdo reconoce la utilidad pública implícita de los terrenos y declara la urgente ocupación de los bienes incluidos en la relación de expropiaciones, publicada como anexo en el propio BOA. Los titulares tienen veinte días hábiles para presentar alegaciones.

En San Mateo de Gállego, el proyecto ocupa terrenos calificados como ecosistema natural en el PGOU de 2004, una protección que se acordó como compensación de la fallida urbanización de Martinsa-Fadesa, que nunca llegó a ejecutarse. En La Puebla de Híjar, el ámbito incluye suelos con protección vinculada a la futura autovía A-68.

En cuanto a la energía requerida, la Dirección General de Energía y Minas respaldó el proyecto, pero con matices: el informe favorable se limita a las fases iniciales de San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, y queda condicionado a que haya capacidad eléctrica suficiente para las segundas fases. Una incertidumbre nada menor sobre la ejecución completa del plan.

Y respecto del agua necesaria para refrigerar los centros de datos, el documento no ofrece cifras de consumo previsto. Sí obliga a Amazon a alinear la expansión con la Planificación Especial Sequía 2023 y a confirmar la disponibilidad del recurso antes de iniciar cada implantación. Los compromisos específicos por emplazamiento incluyen restaurar el barranco de San Mateo de Gállego, mantener la acequia de riego de Fodaleza en La Puebla de Híjar —dominio público hidráulico— y preservar el embalse de Pebredo en Huesca.

El calendario previsto: adquisición de suelo en 2026, construcción entre 2027 y 2031, y finalización de edificios entre 2031 y 2036.

La incidencia del fuego bacteriano (Erwynia Amilovora) en las plantaciones de peral, de las variedades conferencia, blanquilla y ercolini, en las comarcas de Comunidad de Calatayud y Valdejalón está provocando la alarmante desaparición de este cultivo tradicional en la zona, ha alertado este martes la organización agraria UAGA.

En los últimos diez años se han perdido un total de 700 hectáreas de perales en esas dos comarcas, así lo certifican los datos del Gobierno de Aragón de superficie productiva declarada en la PAC.

La superficie destinada a la producción de pera se ha reducido un 42% en diez años, y de este porcentaje casi el 50% de las hectáreas corresponden a las Comarcas de Calatayud y Valdejalón.

Pese al trabajo continuo de los fruticultores de esas dos comarcas para frenar el juego bacteriano, la enfermedad sigue avanzando y puede acabar, no solo con el cultivo del peral, sino también con muchas explotaciones familiares. Ante esta situación, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, solicitará al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que contemple indemnizaciones por lucro cesante e, incluso, por cese de actividad en el caso de que una explotación agraria se viera obligada a cerrar por la magnitud de los daños.

La Orden de subvenciones publicada el 29 de agosto de 2025 ha resultado, según UAGA-COAG, “totalmente insuficiente” porque únicamente contemplaba ayudas por arranque y replantación, llegando solo al 50% del gasto total, y dejaba sin cubrir la pérdida de renta que sufren las agricultoras y agricultores que se han visto obligados a arrancar sus perales. Un frutal tarda unos 4 años en empezar a producir y, aproximadamente, unos 7 años en llegar a plena producción, de ahí que haya explotaciones que vean totalmente comprometida su viabilidad por falta de ingresos.

Además, viendo el repunte, en los dos últimos años, de esta enfermedad, la organización agraria pide también a la consejería que delimite con precisión la afección del fuego bacteriano en el territorio de Aragón y que cuantifique su impacto en el sector transformador.

Por último, UAGA-COAG ha destacado “la necesidad de que las fruticultoras y fruticultores afectados reciban el mismo rigor, compromiso y solidaridad institucional que otros sectores productivos, y que se contemple, de forma expresa, el lucro cesante en el caso de las explotaciones en las que la cosecha de pera supone su principal fuente de ingresos o en aquellas zonas donde existen pocas alternativas agrícolas rentables”.

“La población extranjera ha venido para quedarse y debe ser parte activa de la sociedad”. El secretario general de UGT en Aragón, José Juan Arcéiz, ha resumido así el papel de la inmigración en el mercado laboral autonómico, que el año pasado fue la base del crecimiento registrado en la comunidad. Basta un dato: frente al aumento de 13.600 ocupados extranjeros en 2025, se produjo una caída de 8.800 nacionales. Hay sectores en los que la preponderancia del empleo foráneo es muy elevada, como en el caso de los trabajadores del hogar, en el que alcanza un 78,12% de los afiliados a la Seguridad Social.

Estos son algunas de las cifras expuestas por la central con motivo de su ya tradicional informe sobre el mercado laboral en Aragón respecto al ejercicio pasado. Un documento que destaca la importancia creciente de la población inmigrante, que ha favorecido el crecimiento y explica el aumento de la población activa y de la ocupación. Un fenómeno ante el que UGT pide que se le facilite el aprendizaje del idioma y se promueva su participación laboral y social, por ejemplo con acciones educativas y deportivas.

En conjunto, 2025 se cerró con un incremento del 2,29% en cuanto a los afiliados a la Seguridad Social en Aragón. Arcéiz ha llamado la atención sobre el hecho de que desde el sindicato observan una “renovación en la mano de obra” del mercado laboral, con un crecimiento en el número de menores de 35 años, que suponen “el grueso de la afiliación” a la Tesorería.

La presencia de trabajadores extranjeros en Aragón continuó creciendo el año pasado: llegaron a 109.300 en diciembre, frente a 95.700 un año antes. Estos 13.600 ocupados más entre el colectivo inmigrante sirvió para compensar la caída de la ocupación en nacionales en 8.800 personas, hasta 559.100. “La evolución positiva de la economía produce un efecto arrastre en la ocupación”, ha recordado Arcéiz. A su vez, “el incremento de ocupados en personas extranjeras” ha llevado a un nivel de desempleo en “mínimos históricos”.

Hoy por hoy, uno de cada seis afiliados a la Seguridad Social en Aragón es ya de origen extranjero: ha pasado en solo un año de tener un peso del 16% al 16,63%, seis décimas más. Por actividades, tanto en el Régimen General como en el de los autónomos, los inmigrantes están principalmente ocupados en la industria manufacturera y en la hostelería, por delante del comercio o las actividades administrativas.

Brecha de género

Otro de los puntos sobre los que UGT pone el foco es la brecha de género, que sigue siendo profunda. Más del 60% de los trabajadores en paro, ha recordado Arcéiz, son mujeres: “Desde luego, eso no es admisible”.

Arcéiz ha llamado la atención sobre “una inmovilidad geográfica de las personas que buscan empleo”, apuntando que el 81% de los desempleados que buscan trabajo lo hacen en su entorno familiar. La provincia de Zaragoza acumula el 63% de todos los parados de la comunidad autónoma, aunque también aglutina “un porcentaje similar” en cuanto a productividad, en términos de PIB, lo que “no genera problema en el resto de la Comunidad”.

“El paro encuestado se ha reducido en mil trabajadores y se produce principalmente en agricultura y servicios, y también entre el colectivo que busca un primer empleo. Sube, sin embargo, en la construcción y en la industria”. Sin embargo, el sector servicios aglutina el 69% del desempleo y la industria el 11%.

El dirigente de UGT Aragón ha apostado por implementar políticas activas de empleo y de inserción laboral destinadas a la mujer, políticas que les permitan una mayor empleabilidad tanto a las mujeres como a los mayores de 45 años, así como a los migrantes que están llegando a Aragón, con medidas para facilitar que aprendan el español, ya que su desconocimiento les dificulta acceder a la formación laboral.

“Lo que nos ha sorprendido es que la presencia en el desempleo, la media está en tres meses y sin embargo luego el siguiente dato de población que está en el desempleo es a más de dos años, lo que quiere decir que hay gente que está buscando un empleo y lo encuentra con cierta rapidez, sin embargo, el que se cronifica en el desempleo tarda mucho en poder salir de él”.

Empleo tecnológico

Hay nuevas demandas de empleo en los sectores tecnológicos, pero “desde luego las TIC no van a ser la exclusividad”, sino que también hay demanda de empleo en sectores más tradicionales, como los empleos relacionados con la electricidad, la mecánica y otros.

Arcéiz ha recomendado intensificar la coordinación entre el asesor laboral y el asesor escolar a edades tempranas para que los jóvenes tengan claro cuáles van a ser las ofertas de empleo en el futuro. Ha propuesto asimismo crear una Mesa para la Transición Digital.

El reciente cambio de rumbo tras la 'jibarización' del proyecto energético de Enel-Endesa, adjudicataria del concurso del Nudo Mudéjar para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020, y que ha pasado de solicitar 1.844 MW a dejarlo en 406, ha obligado a los alcaldes de las localidades afectadas y a los gobiernos central y autonómico a mover ficha y buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para las comarcas turolenses afectadas por el cierre de la central.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos venían precisamente del Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso pegas, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico.

Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones de euros.

En la reunión de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, con diez alcaldes de las comarcas afectadas, ya se avanzó la petición de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Asimismo, se expresó el rechazo al tiempo irrecuperable perdido por la tardanza de la DIA ministerial.

Por su parte, Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, justificó la tardanza en la emisión de la DIA, en febrero de 2026, que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Entre dichos condicionantes, señaló que “muchos de ellos vienen también marcados por las comunidades autónomas, ya que las DIA son un ejercicio que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, pero que cuenta con informes técnicos, como en este caso los del Inaga”, justificó Carreras tras su reunión con el alcalde de Andorra, Rafael Guía.

Larga serie de reparos

De hecho, el Inaga formuló una larga serie de reparos a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Nudo Mudéjar. Estos afectaban a la ZEPA «Desfiladeros del Río Martín», a la fauna y la avifauna (tanto en informes de información pública como en consultas posteriores), así como a distintos proyectos: el Parque Eólico (PE) Empeltre, el PE Ítaca, el PE La Torica, el PE La Plana, el PE El Castillo y el PE Pitarra. También se refirieron a las plantas solares fotovoltaicas (PSFV), a los efectos acumulativos y sinérgicos y a las medidas de seguimiento.

El Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio trabaje ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. En cuanto a posibles compensaciones o a un plan de acompañamiento desde el Ejecutivo autonómico para facilitar inversiones en el territorio, Vaquero se remitió al Ministerio, señalando que “la prioridad es garantizar alternativas reales a la inversión, el empleo y el desarrollo”, sin descartar pedir responsabilidades en el futuro.

El Ejecutivo autonómico ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que establecer los plazos y plantear las alternativas”.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

El Gobierno del PP en Aragón ha tratado de enmendar este martes su error y ha corregido la exclusión en las ayudas por la dermatosis nodular contagiosa de la principal raza de vaca que hay en la zona afectada, la parda. Sin embargo, la modificación se queda a medias: aparece en los anexos pero no en el cuerpo de la orden. Esta nueva “chapuza”, como la denominó el sector ganadero la semana pasada, ha vuelto a motivar un alud de críticas al Departamento de Agricultura. La semana pasada se pronunciaron los ganaderos a través de Arapad, tanto por lo que calificaron de “falta de profesionalidad”, como por el “desprecio” percibido por parte de la Consejería, con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, a la cabeza.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una corrección de errores de la orden de 23 de marzo que estableció los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la mencionada enfermedad. Los brotes detectados en dos explotaciones pirenaicas han obligado en las últimas semanas a sacrificar 160 reses. La mayor parte eran de raza parda, cuando la mencionada orden solo incluía originalmente la raza limusina, de origen francés, y la pirenaica; ahora, el Departamento se ha limitado a decir en los anexos que sustituye esta última por la parda, que suponía tres cuartas partes de los animales sacrificados. “Es una chapuza detrás de otra”, ha asegurado el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, que asegura no entender este “despropósito”.

Los datos que recoge el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación son, además, significativos, ya que como raza, en 2025 se registraron 619 animales de raza Limusina frente a los 19.200 ejemplares de raza parda aragonesa en el árbol genealógico.

Además, Maraculla ha puesto en evidencia “el copia y pega” de la orden de Cataluña, que se demuestra al usar terminología propia de la comunidad vecina, pero no de Aragón, como es el tratamiento de “bravas”a las hembras preñadas, “lo que también podían haber corregido ya”, apunta Maraculla.

Los ganaderos también muestran su enfado por la actitud “rastrera” del Departamento a la hora de indemnizar, ya que en vez de hacerlo con animales a partir de seis meses, lo han limitado a animales hasta cinco meses. La diferencia son 200 euros pero es la mayoritaria, ya que en Aragón comienzan a venderse las reses a partir de los 6-8 meses. Por otro lado, animan al Ejecutivo de Aragón a igualar el pago de las ayudas de la PAC, que se van a prolongar durante dos años, en vez de uno que recoge el punto 4 de la orden aragonesa, tiempo insuficiente para poder aumentar la ganadería en los mismos niveles.

Llegados a este punto de desavenencias, los ganaderos cuestionan que el Ejecutivo hable de “gestionar” tres millones de euros en ayudas, cuando la mitad proceden de la Unión Europea y el Ministerio, por lo que consideran las explicaciones del Departamento de Agricultura de “medias verdades”.

Junto a las discrepancias en materia de ayudas, el sector también reprocha el trato recibido y comparan “el tono colaborativo y voluntad de diálogo y entendimiento” en la reunión mantenida el lunes con los responsables de los festejos taurinos. “Ya nos hubiera gustado obtener el mismo tono que con el sector del ganado de lidia”, afea Maraculla.

Los municipios afectados por el Nudo Mudéjar han cerrado filas con el Gobierno de Aragón para exigir una respuesta inmediata tras la reducción del proyecto energético de 1.844 a 406 MW. La decisión, conocida tras casi seis años desde el cierre de la térmica de Andorra, genera “incertidumbre” y obliga a buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para la provincia de Teruel.

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se plantó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. La situación del proyecto de Enel (Endesa) ha dado un vuelco drástico un mes después debido a limitaciones ambientales que han reducido la potencia solicitada, provocando que la inversión caiga de 1.600 a 350 millones de euros.

Este lunes, los alcaldes de diez municipios afectados por la resolución del Nudo Mudéjar han trasladado al Gobierno de Aragón su preocupación por el impacto del recorte del proyecto energético y han acordado mantener una posición común para exigir soluciones, tanto a la empresa adjudicataria como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión han participado Miguel Iranzo (Alcorisa, PP), Pedro Bello (La Puebla de Híjar, IU), Víctor Manuel de la Sierra (Lécera, PP), Rafael Guía (Andorra, PSOE), Alfonso Pérez (Samper de Calanda, PSOE), Celia Trullón (Albalate del Arzobispo, PSOE), Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, PP), Jesús Antonio Puyol (Híjar, PP), Carlos Ros Monfort (Ariño, PSOE) y Luis Javier Gómez (Jatiel, PSOE), junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general técnica, Cristina Asensio; y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Tras el encuentro, los ediles han coincidido en subrayar la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad ante una decisión que, aunque tiene distinto grado de afección en cada municipio, impacta en todo el territorio.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía —que ha actuado como portavoz de los regidores municipales—, ha adoptado una postura de máxima exigencia frente a los plazos, denunciando que el territorio lleva casi seis años en una “espera insoportable” desde el cierre de la central térmica. Para el edil, el tiempo de las promesas y las prórrogas ha terminado, y considera inaceptable que la burocracia o los cambios en el proyecto sigan dilatando la llegada de la reindustrialización. Guía sostiene que la comarca ha cumplido con su parte de responsabilidad y paciencia, por lo que ahora urge al Ministerio y a Enel a pasar de los anuncios a las realidades materiales sobre el terreno sin más demoras.

Respecto a las alternativas de Enel (Endesa), el alcalde rechaza tajantemente que el recorte en la potencia instalada de los parques renovables sirva como pretexto para reducir el plan de acompañamiento industrial. Su posición es firme: el compromiso de creación de empleo y las fábricas proyectadas deben mantenerse íntegros, ya que fueron la base por la que la empresa ganó el concurso del Nudo Mudéjar. Guía defiende que, si Endesa no puede ejecutar toda la potencia prevista por las restricciones ambientales, esa capacidad sobrante debe liberarse de inmediato para que otros proyectos y empresas puedan aprovecharla, garantizando así que no se pierda ni un solo puesto de trabajo de los prometidos originalmente.

Además, el mandatario andorrano ve en la resolución de las declaraciones de impacto ambiental un punto de inflexión que elimina cualquier “excusa” técnica que tuviera la compañía. Al ser ahora un proyecto con plenas garantías legales y ambientales, Guía exige que se inicien las obras de las alternativas industriales de forma inminente. Su mensaje es claro: la prioridad absoluta es blindar el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados, asegurando que la transición energética sea justa y que la pérdida de megavatios de Enel se compense con una diversificación industrial que no dependa exclusivamente de las decisiones de una sola eléctrica.

Respecto al Miteco, el alcalde —que este martes tiene una entrevista en agenda—  mantiene una postura de exigencia directa, recordando que el Ministerio es el garante último de que la Transición Justa no sea un eslogan vacío. Guía considera que el “varapalo ambiental” emitido por el Ministerio no debe ser el final del camino, sino el inicio de una renegociación urgente. Su mensaje hacia Madrid es que, si el Gobierno ha limitado la potencia a Endesa por razones ecológicas, tiene ahora la responsabilidad política de buscar mecanismos legales para que esos megavatios sobrantes se queden en el territorio y no se pierdan en la red general.

El Gobierno de Aragón abandera

El diagnóstico es compartido con el Gobierno de Aragón porque no se trata solo de un problema local, sino de un golpe a un proyecto estratégico para toda la comunidad. “No estamos hablando solo de unos municipios, sino del conjunto de la provincia de Teruel y de Aragón”, ha señalado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reindustrialización de una zona marcada durante décadas por la dependencia del carbón. La reducción de la capacidad prevista —de 1.200 a 400 megavatios— supone, según ha advertido la vicepresidenta, un freno a las expectativas generadas durante años: “Lo que se consigue es frustrar unas expectativas que tenían que servir para compensar el esfuerzo de tantas décadas del territorio”.

El Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de articular una respuesta conjunta y ha señalado directamente a dos interlocutores: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y Enel Green Power, adjudicataria del concurso.

Al Ministerio ya se le ha remitido un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechaza la nueva situación y se solicita que la capacidad de acceso a la red que no se utilice pueda destinarse a nuevos proyectos industriales o tecnológicos. “Es necesario que se ofrezcan alternativas”, ha insistido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico solicitará una reunión con el Miteco —sin confirmar aún— y aspira a que en ella participen tanto el Gobierno como una representación de los alcaldes. “El Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los municipios porque este es un proyecto estratégico para toda la comunidad”, ha afirmado.

En paralelo, se pedirá un encuentro con Enel para que explique las razones de la reducción del proyecto, que la empresa vincula a su viabilidad económica. “A Enel hay que exigirle que cumpla con las condiciones del concurso”, ha añadido.

El calendario sitúa en junio la resolución sobre la autorización administrativa previa, un plazo que el Ejecutivo considera clave para intentar influir en el desarrollo del proyecto. No obstante, ha advertido de que el retraso acumulado es ya irrecuperable: “El retraso de seis años es irrecuperable. Lo que no podemos permitir es seguir acumulando retrasos”.

Por ello, el Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio esté trabajando ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. “Hay zonas que no pueden esperar para su reindustrialización”, ha subrayado Vaquero.

En cuanto a posibles compensaciones también desde el Ejecutivo autonómico, Vaquero ha señalado que, por el momento, la prioridad es garantizar alternativas reales. “Las compensaciones que pedimos son alternativas que garanticen inversión, empleo y desarrollo”, ha explicado, sin descartar futuras acciones: “Llegado el caso, se estudiará la necesidad de pedir responsabilidades”.

El Gobierno de Aragón ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que dar los plazos y plantear las alternativas”.

Desbloquear la situación

Pese a la urgente necesidad de no dilatar más procesos en el teimpo, lo que a muchos no se les escapa es que el calendario de la transición justa para el Nudo Mudéjar no será tan rápido, si se tiene que rehacer, invalidando los hitos temporales pactados. Tras seis años de espera desde el cierre de la térmica, el recorte del 75% de la potencia de Endesa y la necesidad de tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental para cualquier alternativa obligan a reiniciar el cronómetro administrativo. Esta situación sitúa al territorio en una nueva fase, ya que la fabricación de electrolizadores o plantas de reciclaje genera incertidumbre ante la caída de la potencia renovable que debía alimentarlos, así como por los contratiempos en proyectos de hidrógeno verde como Catalina.

Ante este escenario, la posible readjudicación de los 796 MW liberados por Endesa a nuevos actores industriales abre un proceso de licitación que puede añadir años de burocracia adicional. Mientras el alcalde de Andorra y los municipios afectados exigen concreción inmediata para frenar la sangría económica, la realidad técnica dirá si el plan de reindustrialización ha vuelto a la casilla de salida. Lo único seguro es que el vuelco de marzo de 2026 confirma que los plazos originales son ya físicamente imposibles de cumplir, forzando al Ministerio y a las empresas a diseñar un nuevo cronograma que encaje en las actuales exigencias ambientales.

La pérdida de actividad en el matadero de Mercazaragoza tras la marcha de la empresa JG Global ha colocado en una situación de incertidumbre a más de 80 trabajadores y ha reabierto el debate sobre el futuro de la principal plataforma agroalimentaria del valle del Ebro. Este lunes, la portavoz socialista Lola Ranera ha presentado una moción en la que pide al Gobierno de la ciudad que impulse las medidas necesarias para recuperar la actividad del matadero de Mercazaragoza y garantizar el empleo a los trabajadores. Desde el Consistorio aseguran que se está trabajando en una solución.

El comité de empresa ha mostrado su “preocupación” e “inquietud” ante un escenario que consideran crítico para la continuidad del servicio. “¿Cómo se ha llegado a esta grave situación? ¿Por qué decisiones adoptadas han desembocado en un escenario en el que clientes, especialmente el más importante, están abandonando Mercazaragoza?”, se preguntan los representantes sindicales en un comunicado, que alertan de que la situación “está poniendo en riesgo 82 puestos de trabajo”.

Denuncian además falta de información suficiente sobre la evolución de la sociedad y reclaman explicaciones “claras, completas y transparentes” sobre la gestión de los últimos meses. Insisten en que la prioridad debe ser proteger el empleo y garantizar la estabilidad de la plantilla, sin trasladar a los trabajadores las consecuencias de la situación económica del matadero. La salida de JG Global en octubre de 2025 ha sido el principal golpe para la actividad del servicio. La empresa concentraba cerca del 40% de la producción del matadero.

Moción del PSOE

En el texto de la moción presentada por el PSOE se pide llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar la actividad del matadero de Mercazaragoza y reforzar la confianza del sector y los abastecedores ante la “incapacidad” de la presidenta de este gran mercado de abastos que el la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado Ranera. La socialista ha argumentado esta iniciativa al indicar que en los últimos años se producido un “progresivo abandono” en términos de atención, inversión y seguimiento de su funcionamiento, que han atribuido a la “ausencia de una estrategia clara, de inversión suficiente y de una supervisión constante ha debilitado” una infraestructura que durante mucho tiempo ha sido una referencia del sistema productivo local.

Esta situación, ha relatado Ranera, está teniendo un “impacto directo” en la plantilla, aumentando la “incertidumbre” sobre su futuro laboral, “agravada por la falta” de inversión en las instalaciones y por la “amenaza, explícita o implícita, de cierre o privatización”. Para la portavoz del PSOE resulta “imprescindible” garantizar condiciones laborales estables y dignas, y dejar claro que, “en ningún caso”, los problemas económicos del servicio deben trasladarse a los trabajadores ni afectar a su convenio, ni puede responsabilizarse a la plantilla de la situación generada.

En este contexto, Ranera ha considerado que “debe reconocerse y respaldarse” la labor del comité de empresa y el compromiso de la plantilla, que sigue sosteniendo la actividad en un escenario cada vez más inestable e incierto. A este contexto se suma el resultado “insuficiente” de apuestas estratégicas vinculadas al impulso logístico en Mercazaragoza, como la terminal marítima de Zaragoza y la “fallida llegada” de la naviera Maersk, cuya evolución “ha quedado por debajo de lo esperado”, generando dudas sobre la dirección estratégica del complejo y sumándose a las dificultades del matadero.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha pedido en el Consejo de Mercazaragoza que el Ayuntamiento “realice una apuesta firme” porque los servicios de esta entidad dependiente municipal no acaben en manos privadas, en externalizaciones que empeoren la calidad del servicio y apueste por inversiones desde lo público que permitan recuperar unos resultados que “vayan más allá de unas buenas cuentas económicas”. En febrero, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, y consejera de Mercazaragoza criticó la “deriva” del PP hacia algunas áreas de funcionamiento, y ha pedido “escuchar a los trabajadores”. En ese momento, la portavoz de ZeC dijo que había mantenido varias reuniones con los trabajadores del servicio del matadero, que han alertado de la “mala gestión, externalización, cambios de tarifas, ninguneos del convenio y problemas con las nóminas”, por lo que reclaman “un plan de inversiones y viabilidad”.

Respuesta de Ángel Lorén

Ángel Lorén ha defendido que la situación de Mercazaragoza es conocida por todos los miembros del consejo de administración y ha reprochado a la portavoz socialista Lola Ranera haber realizado declaraciones públicas pese a contar, según ha señalado, con información “privilegiada” por su participación en los órganos de gestión de la sociedad. Ha recordado que ya se han celebrado distintas reuniones en las que se ha tratado la situación del complejo, en concreto “el día 16 se convocó un consejo”, posteriormente otro comité con el comité de empresa “el día 17” y una comisión ejecutiva “el 23 de febrero”.

El consejero municipal ha reconocido que el principal problema actual es la pérdida de uno de los clientes más importantes del matadero, JG Global, lo que, sumado a la crisis del porcino en 2025, ha agravado la situación de la sociedad. Según ha explicado, “la situación de Mercazaragoza se ve afectada por esa situación de la pérdida de un cliente del matadero”, y ha añadido que “tanto Gobierno de España como Ayuntamiento de Zaragoza, como socios de Mercazaragoza están trabajando en una solución”.

Lorén ha insistido en que el trabajo para resolver la situación se está desarrollando en el ámbito de la comisión ejecutiva, donde el próximo día 9 de abril se estudiarán medidas para el matadero, y ha defendido la necesidad de “hacer más eficiente” esta línea de actividad. Ha pedido además “colaboración” en lugar de lo que considera “deslealtad”, asegurando que el objetivo es “establecer un camino de viabilidad clara a la situación de Mercazaragoza”, y ha reivindicado que “el apoyo a los trabajadores ha sido siempre un sello de la casa de Mercazaragoza”.

Aragón acoge esta semana una misión inversa de compradores internacionales del sector agroalimentario que visitan la Comunidad tras su participación en la Feria Alimentaria 2026 de Barcelona. Esta acción está organizada por Aragón Exterior (AREX), en colaboración con Aragón Alimentos “Aragón, Sabor de verdad” e ICEX España Exportación e Inversiones.

En total, diez importadores procedentes de Corea del Sur, Kazajistán, Tailandia, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Chile, Reino Unido, Polonia y Croacia participan en esta misión. Todos ellos han sido seleccionados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y representan perfiles diversos: desde grandes grupos de distribución con supermercados y tiendas propias, hasta importadores especializados que abastecen a cadenas hoteleras, restaurantes de alto nivel y servicios de catering, así como operadores gourmet con establecimientos propios.

La misión se enmarca en el convenio de colaboración entre AREX e ICEX para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción internacional en el sector agroalimentario. En este contexto, los compradores internacionales invitados por ICEX a la feria Alimentaria se desplazan a Aragón tras la feria para realizar una agenda de tres días en la comunidad, donde pueden conocer de primera mano la calidad, el origen y los procesos productivos de los alimentos aragoneses.

Para la visita, AREX ha preparado un completo programa de actividades: “Realizarán visitas a fincas, plantas productivas, viñedos e instalaciones de empresas aragonesas del sector alimentario y conocerán los productos más representativos de la despensa aragonesa, como nuestras tres DOP aceite de oliva virgen extra, el Jamón de Teruel DOP y la carne de cerdo de Teruel IGP, la trufa negra, nuestros vinos, así como snacks, repostería y dulces”, explica Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria.

Promoción alimentaria

En concreto, el programa contempla la visita a diversas empresas representativas del sector agroalimentario aragonés, como Tostados de Calidad, Bodegas CARE (DOP Cariñena), Pastelerías Manuel Segura, MyTruff, Jamones Airesano (Grupo Naturuel) y Mr. Brownie. Estas visitas permiten a los compradores conocer de primera mano tanto los procesos productivos como la apuesta por la calidad y la innovación de las empresas aragonesas, además de facilitar el contacto directo con los productores.

También tendrán la oportunidad de catar los productos de otras empresas aragonesas como Aceites Alía, Genuine Coconut y catar vinos aragoneses como los de Venta d'Aubert (IGP Vino Bajo Aragón).

“Las misiones inversas constituyen una herramienta clave para la internacionalización del sector agroalimentario, al permitir que los compradores conozcan in situ el origen de los productos, los estándares de calidad y los procesos de producción. Es un sector donde la trazabilidad, la seguridad alimentaria y la excelencia son factores determinantes”, ha destacado el director gerente de AREX, Javier Camo. “Este tipo de acciones refuerza la confianza y facilita el establecimiento de relaciones comerciales sólidas”.

Conocimiento del territorio

Además del componente empresarial, la misión ofrece a los participantes una experiencia integral del territorio. Los importadores tendrán la oportunidad de conocer Aragón a través de su paisaje, su cultura y su gastronomía, con propuestas como cenas maridadas en restaurantes como Montal o Mestisso (Zaragoza) o Yaín en Teruel, y visitas guiadas que complementan la agenda profesional y contribuyen a reforzar el posicionamiento internacional de los alimentos aragoneses.

En línea con este objetivo, AREX, Aragón Alimentos e ICEX, junto con otras instituciones, desarrollan de forma coordinada acciones de promoción internacional para posicionar la oferta agroalimentaria aragonesa en mercados estratégicos. Entre estas iniciativas destacan la participación en ferias internacionales de referencia como la participación agrupada en Anuga 2025 en Colonia. Asimismo, se impulsan misiones inversas de alto impacto, como el programa Meet the Buyer o la celebrada tras Barcelona Wine Week el pasado mes de febrero, facilitando el contacto directo entre empresas aragonesas y compradores internacionales.

También acciones de promoción en destino, como es Taste Spain London, misiones comerciales directas y otras actividades complementarias con expertos o webinars especializados. Competitividad internacional.

Estas acciones contribuyen a mejorar la preparación y competitividad internacional de las empresas. En los próximos meses están previstas nuevas iniciativas como Taste Spain Budapest, Spain Fusion Zurich o como SIAL París 2026, reforzando la presencia de Aragón en escenarios internacionales de alto valor añadido.

Competitividad

El sector agroalimentario continúa consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la economía aragonesa, situándose en 2025 como el principal sector exportador, con un volumen de 3.676,15 millones de euros. A pesar del contexto complejo derivado de la crisis de la peste porcina africana, el sector ha demostrado una notable resiliencia, manteniendo su fortaleza y estabilidad en los mercados internacionales.

En este contexto, las instituciones como AREX se convierten en herramientas clave para facilitar que las empresas aragonesas accedan y se consoliden en los mercados internacionales, apoyando su proyección exterior y generando nuevas oportunidades de negocio.

CIRCE-Centro Tecnológico ha alcanzado un hito histórico en su trayectoria organizacional al obtener la tercera posición en el prestigioso ranking Best Workplaces España 2026. Este reconocimiento, otorgado por la consultora Great Place To Work®, sitúa al centro zaragozano en el podio de las mejores empresas para trabajar en España (categoría 251-500 empleados), mejorando significativamente la 7ª posición obtenida el pasado año.

Para acceder a este distintivo, se requiere un nivel de confianza (Trust Index©) mínimo del 70%. En esta edición, CIRCE ha mejorado sus propios registros alcanzando un 96%, lo que supone un crecimiento de cuatro puntos respecto a 2025 y de seis puntos respecto a 2024.

El diagnóstico de este año, que refleja la opinión directa de sus cerca de 300 profesionales, arroja datos sobresalientes en la gestión del talento. Un 99% de los colaboradores destaca la excelente acogida al incorporarse a la organización, mientras que el 98% asegura recibir un trato justo independientemente de su posición jerárquica. Asimismo, la flexibilidad es uno de los pilares más valorados, con un 98% de la plantilla confirmando que puede atender asuntos personales cuando lo necesita, sumado a un 95% que avala la honestidad y ética de la dirección.

“En CIRCE tenemos claro que nuestro valor más importante son las personas; este reconocimiento demuestra que la alta competitividad tecnológica y el bienestar emocional caminan de la mano. Ser la primera organización de nuestra categoría en Aragón nos impulsa a seguir trabajando para ser el socio tecnológico de referencia para las empresas”, señala Sara Olivera, directora de Personas y Finanzas de CIRCE.

Innovación con sello aragonés

Desde su sede central en Zaragoza y sus delegaciones en Madrid y Bruselas, CIRCE continúa liderando la transferencia tecnológica en energía, sostenibilidad y transformación digital. Más allá de su éxito como empleador, la entidad se ha consolidado en 2025 como el segundo centro tecnológico con mayor éxito de España y ha logrado entrar en el Top 10 nacional por retorno en el programa Horizonte Europa. Este liderazgo se traduce en un impacto directo en su entorno, reafirmándose como la primera entidad de Aragón en captación de fondos europeos.

La solidez de este modelo se refleja en un balance económico superior a los 20 millones de euros en el último ejercicio, trabajando con más de 450 clientes y reforzando su patrimonio tecnológico con el registro de 27 nuevos secretos empresariales. Proyectos de vanguardia como la coordinación de los consorcios europeos SUNVIBE y ODYSSEV, o el liderazgo en IA aplicada a la industria, demuestran que la alta competitividad tecnológica es totalmente compatible con el bienestar emocional de su equipo.

Iniciativas como la V edición de CIRCE Academy, que sigue integrando talento joven STEAM, el Plan Reincorpora, y programas consolidados como CIRCE Saludable o sus renovados Sellos RSA+, son los pilares que han permitido este ascenso al “Top 3” nacional en gestión de personas.

Fundado en 1993, CIRCE es un centro tecnológico de referencia internacional que desarrolla soluciones tecnológicas a medida para mejorar la competitividad empresarial en un mercado cada vez más exigente. Su trabajo se centra en tres ámbitos estratégicos: energía, sostenibilidad y digitalización. Es experto en descarbonización industrial, redes eléctricas, optimización de generación renovable, inteligencia artificial y economía circular, ayudando a las empresas a adaptarse a los cambios y diferenciarse de su competencia a través de la I+D+i orientada al mercado.