El programa de apoyo al comercio local Volveremos arranca este miércoles una nueva edición con dos novedades principales: la incorporación de más actividades autónomas al tramo financiado por el Gobierno de Aragón y una funcionalidad similar a Bizum que permitirá transferir saldo entre usuarios. La iniciativa vuelve días después de las críticas desde algunos comercios incorporados por los problemas fiscales generados, pero el Ejecutivo autonómico ha relativizado estas valoraciones: “Siempre ha sido una subvención”, ha apuntado Carmen Herrarte, directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo.

La primera de las tres campañas previstas para 2026 contará con una bolsa inicial de 1,88 millones de euros en descuentos. De esa cantidad, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta un millón de euros y el Gobierno de Aragón otros 882.000 euros.

Las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos generarán un saldo acumulable del 20%: un 10% financiado por el consistorio y otro 10% por el Ejecutivo autonómico.

Más allá de esta primera campaña, Volveremos movilizará durante 2026 en torno a 8,5 millones de euros en incentivos al consumo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado 4,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón aportará 2,9 millones, una cantidad que podría ampliarse a lo largo del ejercicio. A estas cifras se suman las aportaciones de los otros 71 municipios participantes.

En total, el programa llegará este año a 72 localidades aragonesas, 50 más que hace dos años. El Ejecutivo autonómico estima que la iniciativa alcanzará a cerca de 3.500 comercios y a casi 1,1 millones de potenciales usuarios, el 81% de la población aragonesa. Entre los nuevos municipios incorporados figuran Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

Las ventas generadas por la última edición superaron los 98 millones de euros, 28 millones más que el año anterior.

Para participar, los usuarios deben descargarse la aplicación disponible para Android e iOS, registrarse y presentar el código QR generado por la plataforma. El importe acumulado se incorpora a un monedero electrónico que puede utilizarse posteriormente en cualquiera de los negocios adheridos.

Novedades en 2026: bizum y más autónomos

La principal novedad tecnológica del programa será la posibilidad de transferir saldo entre usuarios registrados. A través de una nueva pestaña denominada “Transferir saldo”, los participantes podrán enviar parte de su monedero electrónico a familiares o amigos utilizando únicamente el correo electrónico asociado a la cuenta.

La directora general de Pymes del Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida busca aportar mayor flexibilidad al sistema y evitar que el saldo acumulado quede sin utilizar. El mecanismo funcionará de forma similar a Bizum, aunque limitado al ecosistema de Volveremos, favoreciendo que el dinero continúe circulando dentro de la red de comercios adheridos.

La otra gran novedad es la ampliación de las actividades que podrán beneficiarse del tramo financiado directamente por el Gobierno de Aragón. Además del comercio, podrán participar profesionales autónomos y negocios de servicios de proximidad como peluquerías, centros de estética, fisioterapeutas y otros pequeños establecimientos.

Esta ampliación es posible por la integración de Comercio, Consumo y Pymes y Autónomos en una misma dirección general. Hasta ahora, las ayudas autonómicas se limitaban a determinados epígrafes comerciales del IAE, mientras que la nueva estructura permite incorporar actividades que anteriormente quedaban fuera.

Malestar de autónomos

A pesar de que Volveremos es un programa de apoyo a pequeños comerciantes, algunos han mostrado su malestar al desatarse un lío fiscal con autónomos que tributan por módulos y que niegan haber recibido subvenciones, pese a que se le obliga a ello. Algunos negocios ya han advertido, tal como publicó este periódico, que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

Carmen Herrarte ha respondido a las quejas recodando que Volveremos es, jurídicamente, una subvención al comercio local y que esta condición figura expresamente en toda la documentación de adhesión. “La convocatoria a la que los establecimientos se adhieren voluntariamente deja claro que se trata de una ayuda al comercio. No es una cuestión opinable, sino la naturaleza legal del programa”, ha señalado.

La responsable autonómica ha insistido en que la obligación de declarar las ayudas públicas no supone ninguna novedad para los autónomos. “Todos los autónomos conocen sus obligaciones tributarias y cuentan con asesores o gestores que saben cómo debe declararse cada ayuda en función de las características de cada negocio”, ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que no existe una única forma de tributación. “Hay autónomos que tributan por estimación directa y otros por módulos. Cada caso tiene su tratamiento fiscal y son los profesionales que les asesoran quienes deben determinar cómo proceder”, ha indicado.

“Un contacto frecuente”

Herrarte ha asegurado además que la mayoría de los comerciantes adheridos al programa no ha trasladado ninguna queja sobre esta cuestión. “Mantenemos un contacto frecuente con ellos y las encuestas que realizamos muestran que no existe un malestar generalizado. La inmensa mayoría está al corriente de sus obligaciones fiscales y conoce perfectamente el funcionamiento del programa”, ha afirmado.

La directora general ha recalcado que las condiciones de Volveremos no han cambiado desde su puesta en marcha. “Siempre ha sido una subvención y siempre se ha declarado como tal. No ha habido modificaciones en las bases de las ayudas ni en los documentos de adhesión que firman los comercios”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la utilidad económica de la iniciativa. Según ha explicado, se trata de una ayuda con un elevado efecto multiplicador sobre el consumo, que contribuye a generar hábitos de compra en el comercio de proximidad y a evitar la fuga de gasto hacia las grandes plataformas digitales.

“Es una herramienta que está al servicio de los municipios y de las asociaciones de comerciantes para atraer compras, fidelizar clientes y reforzar el comercio local. No es una subvención tradicional, sino una herramienta adaptada a los retos actuales del sector”, ha destacado.

Quién da más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han realizado este lunes a primera hora una gran puesta en escena para presentar el inicio del programa de apoyo al pequeño comercio, Volveremos. En el lugar elegido, la librería General, aunque el presidente Azcón la ha confundido con otra, la librería Central, se han dado cita numerosos cargos de ambas instituciones que, por momentos, parecían estar compitiendo en quién daba más.

Natalia Chueca comenzaba ufana la presentación, recordando que tanto comerciantes como ciudadanos que se encuentra cuando recorre barrios, “siempre me preguntan: ¿cuándo vuelve Volveremos?”. La alcaldesa, además, recordaba tres premios nacionales obtenidos como reconocimiento al programa y la mejora de la herramienta desde que lo pusiera en marcha por primera vez Azcón cuando fue alcalde de la ciudad.

Por su parte, el presidente aragonés avanzaba novedades de su gobierno: la incorporación de autónomos en su parte autonómica y el bizum como novedad. Y si Natalia Chueca sacaba pecho de los premios, Azcón llegaba al superlativo asegurando que no haya ciudad o comunidad autónoma en toda España que tenga un programa como Volveremos.

En lo que ambos están completamente de acuerdo es en no admitir preguntas tras sus intervenciones y en aprovechar las mismas para introducir alguna crítica al Gobierno central, como la subida del IVA de la luz y el gas desde hoy al 21%, tras desactivarse gradualmente algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Volveremos en cifras

Volveremos genera un importante retorno económico para el comercio local. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, por cada euro invertido por las administraciones se generan más de diez euros en ventas.

En Zaragoza, las operaciones vinculadas al programa alcanzaron los 81,3 millones de euros en 2025, un 30% más que el año anterior y la cifra más alta desde su puesta en marcha. Más de 2.300 comercios participaron en 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

La facturación media asociada a Volveremos fue de 39.321 euros anuales por establecimiento, unos 3.276 euros mensuales, casi mil euros más al mes que en la campaña precedente.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha culminado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 743 trabajadores en toda España, de los que 406 pertenecen a su centro de Zaragoza. El acuerdo, firmado por los sindicatos USO y CCOO, pone fin a un proceso iniciado esta primavera y que generó una fuerte contestación sindical y política en Aragón.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha cargado este viernes contra el resultado de la negociación y ha denunciado que se trata del octavo ERE ejecutado por el grupo. A juicio del sindicato, el acuerdo consolida un modelo basado en la reducción de empleo en España y la derivación de actividad a otros países.

El despido colectivo se cerró finalmente con indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Según CGT, este límite perjudica especialmente a trabajadores de centros como el de Zaragoza, donde una parte importante de la plantilla acumula una elevada antigüedad tras años vinculada a la empresa.

La organización sindical sostiene que la compañía ha intentado presentar el proceso como una medida de carácter voluntario, aunque asegura que la realidad “ha sido muy distinta”. Según sus datos, únicamente se ha retirado la afectación a dos puestos de jefatura durante toda la negociación, uno de ellos en Zaragoza. Asimismo, critica que la empresa “rechazara la mayoría de solicitudes de adscripción voluntaria” procedentes de otros departamentos pese a haber abierto inicialmente esa posibilidad.

Críticas por la falta de medidas de protección

CGT denuncia además que el acuerdo no contempla medidas específicas para proteger a colectivos vulnerables. Entre ellos cita a personas con reducción de jornada por guarda legal, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o trabajadores mayores de 50 años. En el caso de los empleados de más de 55 años, el sindicato señala que el acuerdo únicamente garantiza el pago del convenio especial con la Seguridad Social hasta los 61 años, una medida que considera insuficiente para asegurar su futuro laboral.

La central sindical también cuestiona que la empresa haya ejecutado el despido colectivo mientras mantenía personal contratado a través de empresas de trabajo temporal. Según indica, la documentación aportada durante la negociación recogía la existencia de 21 trabajadores de ETT en el servicio de Stellantis y de otros empleados temporales en el servicio Porta, puestos que, a su juicio, podrían haberse utilizado para facilitar recolocaciones internas.

“Estamos ante un despido colectivo completamente evitable. La empresa ha rechazado estudiar alternativas reales mientras sigue justificando supuestas causas económicas después de años obteniendo beneficios millonarios gracias al trabajo de la plantilla”, sostienen desde CGT.

El ERE, planteado inicialmente por la empresa cuando todavía operaba bajo la marca Majorel tras su integración en Teleperformance, provocó movilizaciones sindicales y llegó también al ámbito político, con la moción presentada ayer por el PSOE en las Cortes de Aragón de apoyo a la plantilla. Tanto los representantes de los trabajadores como distintas formaciones reclamaron alternativas para evitar el ajuste, especialmente en Zaragoza, donde se concentra la mayor parte de los despidos.

Pese a ello, el proceso ha concluido finalmente con la salida de 406 trabajadores del centro zaragozano, una cifra que convierte a Aragón en uno de los territorios más afectados por la reestructuración de la compañía. CGT ha anunciado que continuará denunciando las deslocalizaciones y la pérdida de empleo en el sector del contact center.

La dirección de Iberfoil Aragón ha comunicado este jueves el inicio de un proceso de despido colectivo en Sabiñánigo dentro de un plan de transformación operativa y reorganización industrial con el que la compañía busca “garantizar su continuidad en el largo plazo”. La empresa, que actualmente cuenta con unos 140 trabajadores, no ha concretado por el momento el número de empleos que podrían verse afectados por el ajuste.

La compañía ha trasladado ya la decisión a la plantilla y se abre ahora un periodo de 15 días para constituir la mesa negociadora con la representación de los trabajadores. El anuncio llega aproximadamente un año después de la puesta en marcha del proyecto Iberfoil Integra, la ampliación de la fábrica ubicada en Sabiñánigo, para la que se anunció una inversión de cerca de 48 millones de euros.

En un comunicado, la empresa justifica la medida por el “escenario complejo derivado de la coyuntura internacional” y asegura que en los últimos años se ha visto afectada por “la inestabilidad geopolítica internacional, el incremento de los costes energéticos y de producción, las dificultades en las cadenas de suministro, la incertidumbre de los mercados y la alta presión de precios de productos importados de fuera de Europa”.

La compañía añade además que el retraso acumulado “en la puesta en marcha y en los procesos de homologación del proyecto Iberfoil Integra” ha requerido “importantes esfuerzos financieros y de inversión”, unas circunstancias que, según explica, “han condicionado la evolución operativa y financiera de la compañía especialmente durante los dos últimos ejercicios”.

Ante esta situación, Iberfoil asegura haber definido “un riguroso plan de continuidad y transformación operativa validado por profesionales externos e independientes” con el objetivo de “preservar una estructura viable y sostenible acorde a su capacidad industrial y el arraigo territorial de la compañía”.

El plan contempla avanzar hacia “un modelo industrial plenamente integrado entre sus distintas áreas de actividad” para “maximizar la eficiencia operativa, optimizar recursos y reforzar la competitividad”. En este contexto, la empresa señala que acometerá “una adecuación de su estructura y de su organización a las necesidades operativas del nuevo modelo de negocio”.

La dirección de Iberfoil sostiene que afronta este proceso “con responsabilidad, transparencia y diálogo” y asegura haber trasladado ya la situación tanto a la representación de los trabajadores como a entidades financieras e instituciones. La compañía considera “fundamental” contar con ese apoyo “para culminar con éxito este proceso de transformación” y consolidar “un proyecto industrial estratégico para Aragón y para España”.

Iberfoil Aragón es la única planta en España especializada en la producción de hoja fina de aluminio para sectores como la alimentación y la farmacia. La empresa forma parte del grupo Alibérico.

Ibercaja conmemora este jueves, 28 de mayo, sus 150 años de historia y su papel como “actor clave” en el impulso económico y social de Aragón, siempre manteniendo “a las personas en el centro”, según ha explicado la entidad. Para ello, se ha organizado una jornada de actividades abiertas a la ciudadanía cuyo acto principal es una muestra ubicada en su sede central que repasa su “compromiso” con la sociedad.

La inauguración de la exposición ha contado con la asistencia del presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, el consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias, y el presidente de honor, José Luis Aguirre. Además, han participado representantes de las instituciones y organizaciones empresariales de la ciudad.

Igualmente, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; así como el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el vicepresidente, Honorio Romero, y el director general, José Luis Rodrigo. Por otra parte, Fundación Caja Inmaculada ha estado representada por su presidente, José Ramón Auría.

Desde las organizaciones empresariales han acudido a la apertura institucional de la exposición conmemorativa el presidente de la Cámara de Comercio y Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, el presidente de AEFA, Ramón Alejandro, la presidenta de Cepyme, María Jesús Lorente, y la directora general de CEOE, Ana López.

Durante su intervención, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha aludido a la actualidad como “tiempos convulsos” y “de profundas transformaciones sociales y demográficas”, no obstante, ha señalado la confianza como “palabra clave” para sobrevivir a la “incertidumbre”.

De hecho, se ha referido a los 150 años de Ibercaja como una “historia de confianza”: “Es un gran orgullo haber llegado hasta aquí, gracias a la confianza de nuestros fundadores, accionistas, clientes, plantillas, órganos de gobierno y equipos directivos, también del conjunto de la sociedad”.

“Si los ilustrados levantaran la cabeza, se sentirían orgullosos del legado que han dejado, porque seguimos manteniendo la esencia”, ha opinado Serrano, agregando que tanto Ibercaja Banco como la Fundación “están en el mejor momento de su historia”.

Más de 5.000 empleados

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha recordado: “Hace exactamente 150 años abría sus puertas la primera oficina de la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza” y “siglo y medio después, Ibercaja es una de las grandes entidades bancarias de nuestro país, con presencia en las 50 provincias y con un equipo humano excepcional, formado en este momento por más de 5.000 personas”.

“Somos un banco muy sólido, competitivo y moderno que, a la vez, mantiene su esencia corporativa, con una marcada vocación social y un firme compromiso con los territorios en los que operamos. Contamos con un modelo de negocio resiliente y rentable que practica una banca de relación con un modelo de servicio y asesoramiento experto e integral que consigue un alto nivel de satisfacción y de fidelidad de nuestros clientes, tanto particulares como empresas”, ha destacado.

Iglesias ha reconocido que, a lo largo de este siglo y medio, “ha cambiado casi todo, la economía y las finanzas, las necesidades de nuestros clientes, la arquitectura en nuestras oficinas, nuestro modelo de atención y servicio, los productos y servicios bancarios, la tecnología que utilizamos y el perfil profesional de nuestros empleados”.

Sin embargo, se ha referido a tres rasgos “que mantenemos intactos desde entonces” y se han convertido en “distintivos” de Ibercaja. Así, ha explicado que desde 1876 “las personas continúan estando en el centro” y la entidad “preserva una marcada orientación social, fieles a nuestro origen como caja de ahorros”, a pesar de ser un banco desde el punto de vista societario, además de mantener “un profundo arraigo con Aragón”.

“Nuestro propósito corporativo, ayudar a las personas y a las empresas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia, nos ha guiado siempre y sigue estando plenamente vigente en el contexto digital actual”, ha observado Víctor Iglesias, quien ha incidido en que Ibercaja Banco devuelve el cien por cien de los beneficios económicos de la entidad bancaria a la sociedad a través de la labor social y cultural de sus fundaciones. En definitiva, “Ibercaja ha sido un actor clave en el impulso del progreso económico y social de la ciudad de Zaragoza y del conjunto de Aragón”, ha aplaudido Iglesias.

La evolución en siglo y medio

Fundada en Zaragoza, en 1876, Ibercaja ha evolucionado a lo largo de siglo y medio, pero manteniendo su esencia como banca centrada en las personas y comprometida con la sociedad. Algo que se refleja en su propósito corporativo de “ayudar a las personas a construir la historia de su vida porque será nuestra historia”.

En la actualidad, Ibercaja cuenta con más de 1,7 millones de clientes, cerca de 900 oficinas y una más de 5.200 profesionales en plantilla, con un volumen de negocio superior a los 110.000 millones de euros. Uno de sus rasgos diferenciales es su modelo de propiedad, ya que el cien por cien de su capital pertenece a fundaciones, siendo la Fundación Ibercaja su principal accionista, con un 88% de la propiedad, lo que permite revertir la totalidad de los beneficios a la sociedad a través de iniciativas sociales, culturales y educativas, tal y como ha subrayado Víctor Iglesias.

Bajo el lema '150 años moviéndonos por ti', Ibercaja celebra este aniversario reafirmando su identidad y vocación de futuro: seguir siendo una entidad cercana, sólida y socialmente comprometida.

UNA EXPOSICIÓN CON HISTORIA

La exposición '150 años moviéndonos por ti' constituye el eje central de la conmemoración y ofrece un recorrido inmersivo por siglo y medio de historia de Ibercaja, entendida como reflejo de la evolución económica, social y cultural de su entorno. Concebida como un homenaje a las personas –clientes, empleados y sociedad–, presenta distintos ámbitos temáticos. Partiendo de 'Los orígenes (1876), donde se recrea el nacimiento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, el recorrido continúa con 'El túnel del tiempo', que reúne documentos históricos, objetos originales y herramientas de la práctica bancaria que ilustran la evolución de los procesos financieros desde el trabajo manual hasta la digitalización.

'La expansión y consolidación' es una sección que ahonda en el crecimiento territorial y transformación de la entidad en un banco de dimensión nacional, manteniendo su compromiso con el desarrollo socioeconómico de los territorios; mientras que 'La identidad, el diseño y la comunicación' analiza la evolución de la marca y la publicidad como reflejo de los cambios culturales y tecnológicos.

La contribución histórica en ámbitos como la educación, la cultura, el deporte y la inclusión financiera se plasman en 'El compromiso social y la obra social', y el valor de la conservación del legado histórico-artístico y su integración en la vida social y cultural, en 'El patrimonio y la arquitectura'. Por último, el ámbito 'Las personas, protagonistas' subraya el papel clave de clientes y empleados en la construcción de la historia de Ibercaja y en su evolución hacia un modelo de banca cercano y humano.

Documentos históricos, piezas originales, fotografías de archivo, recursos audiovisuales y elementos experienciales configuran una propuesta divulgativa que conecta pasado, presente y futuro. El proyecto, además, suma una cuidada de piezas artísticas y patrimoniales que dialogan con la arquitectura de la sede, como obras de artistas de referencia como Pablo Serrano o Ángel Orensanz.

Las entidades ecologistas agrupadas en la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón han llevado ante los tribunales el proyecto del telecabina entre Astún y Candanchú al considerar que “incumple” la normativa ambiental y que no se ha evaluado correctamente su impacto sobre espacios protegidos y especies de fauna amenazada, entre ellas el quebrantahuesos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción Aragón, SEO/BirdLife y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos contra el proyecto impulsado por el Gobierno de Aragón y financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation.

Las organizaciones sostienen que el principal incumplimiento radica en la ausencia de una “evaluación ambiental adecuada” sobre la afección del telecabina a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y a zonas protegidas próximas, tanto en Aragón como en el lado francés de los Pirineos. En este sentido, denuncian que “tampoco se ha realizado la obligatoria evaluación ambiental transfronteriza pese a la cercanía con el Parque Nacional de los Pirineos francés”.

El recurso llega apenas unas semanas después del inicio de las obras, que arrancaron a finales de abril, y mientras continúa la tramitación ambiental del proyecto. El propio Documento Ambiental Estratégico del PIGA reconoce que la infraestructura atraviesa zonas catalogadas como suelo no urbanizable especial y áreas incluidas dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos.

Las entidades ecologistas ponen especialmente el foco en el estudio de avifauna incluido en el expediente ambiental. Consideran “irregular” que se realizara únicamente durante unos meses y no a lo largo de un ciclo anual completo, algo que, según afirman, impide evaluar correctamente los riesgos para las aves y la fauna protegida. “El estudio de avifauna se ha realizado sorprendentemente en un período de unos meses, y no analizando un ciclo anual como indica la lógica, las evidencias científicas y la normativa”, sostienen en la demanda.

También cuestionan que no se haya tenido en cuenta el plan de gestión de la ZEPA Los Valles, que no se haya evaluado correctamente el riesgo de inundaciones o catástrofes naturales y que el proyecto afecte a bienes protegidos como el Camino de Santiago.

El telecabina forma parte del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) impulsado por el Ejecutivo autonómico para conectar las estaciones de Astún y Candanchú mediante una infraestructura de transporte por cable. El Documento Ambiental Estratégico presentado este junio por Turismo de Aragón señala que el objetivo es “potenciar el sector turístico aragonés” y mejorar la conectividad entre estaciones de esquí.

El trazado proyectado contempla dos tramos entre Candanchú y Astún y discurre por los términos municipales de Aísa y Jaca. El documento reconoce además que la actuación se ubica sobre suelos de especial protección paisajística y recreativa y zonas de valor ambiental.

Las organizaciones recuerdan además que el proyecto ha multiplicado su coste previsto —de unos 11 millones iniciales hasta alrededor de 35 millones de euros— y critican que se financie íntegramente con fondos públicos “pese a beneficiar a empresas privadas”. También cuestionan que reciba financiación europea destinada, precisamente, a proyectos de sostenibilidad ambiental.

El recurso judicial coincide además con las dudas sobre los plazos de ejecución. Los fondos Next Generation fijaban como fecha límite para completar la obra el 30 de junio de 2026, un calendario que las entidades consideran ya “difícilmente cumplible”.

Por parte del Gobierno de Aragón, el proyecto continúa su tramitación ambiental. El Documento Ambiental Estratégico reconoce que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sigue abierto y que el INAGA requirió el pasado 19 de mayo nueva documentación dentro del expediente.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha alertado de importantes deficiencias en el sistema de control horario del Servicio Aragonés de Salud (Salud) después de detectar que casi 300 empleados realizaron durante 2024 jornadas complementarias equivalentes a otro año completo de trabajo añadido a su jornada ordinaria. El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma refleja además que, en total, 2.932 trabajadores superaron el límite legal de horas complementarias fijado para el personal estatutario y que el organismo abonó 16,11 millones de euros en complementos por prolongación y exceso de jornada sin contar con mecanismos efectivos para verificar ni la jornada ordinaria ni el derecho a percibir esos pagos.

El informe recuerda que el artículo 48 del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud regula la jornada complementaria y señala que 2.932 trabajadores del Salud superaron en 2024 las 475 horas de atención continuada realizadas fuera de la jornada ordinaria, el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas en su fiscalización. En el Salud, la jornada anual ordinaria oscila entre las 1.370 horas del turno nocturno y las 1.547 del diurno, por lo que superar las 1.500 horas complementarias supone realizar prácticamente otro año laboral completo además de la jornada habitual. Pese a ello, la Cámara concluye que casi el 10,5% de los trabajadores que percibieron nómina del Salud en 2024 superaron el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas para detectar excesos de jornada complementaria

Los datos reflejan además situaciones especialmente llamativas. Más de un millar de empleados realizaron entre 701 y 1.000 horas complementarias; otros 606 superaron las 1.000; y 293 rebasaron incluso las 1.500 horas en un solo año. Dentro de esos casos más extremos, 62 trabajadores llegaron a acumular más de 2.500 horas complementarias y 13 superaron las 3.500.

Entre los casos analizados por los auditores aparecen situaciones todavía más extremas. La Cámara revisó una muestra de los 14 empleados con mayor acumulación de horas complementarias y señala que, a partir de las retribuciones abonadas en nómina, se deducen jornadas equivalentes de entre 13,31 y 20,41 horas diarias durante 335 días al año, descontando el mes de vacaciones.

El informe recoge incluso el caso de un trabajador que acumuló 5.261 horas complementarias en un solo ejercicio. Según los cálculos del órgano fiscalizador, esa cifra equivaldría a unas 20 horas diarias durante prácticamente todo el año. También apunta que dos empleados realizaron guardias localizadas durante 323 y 335 días del año, respectivamente, sin que ninguna de ellas llegara a convertirse en guardia presencial.

La Cámara de Cuentas subraya, no obstante, que esas cifras se obtienen a partir de los importes retribuidos en nómina y vincula precisamente estas situaciones a la “ausencia de un sistema real de control horario”. Según el informe, “la única acreditación” de que se realizó la guardia es la firma del coordinador del servicio, que además “no está presente durante su ejecución”.

El órgano fiscalizador añade que la aplicación utilizada en los hospitales funciona únicamente como un sistema de planificación de turnos, pero no como un mecanismo de control de presencia efectiva. También señala que no existe seguimiento del acumulado anual de horas complementarias por empleado y que los excesos detectados se infieren únicamente de las nóminas abonadas.

La situación se enmarca, además, en un contexto de aumento sostenido del gasto de personal. El informe cifra en 2.989 millones de euros el gasto agregado de personal del sector público autonómico en 2024, un 7,4% más que el año anterior. Solo el Salud destinó más de 16 millones a retribuciones por prolongación y exceso de jornada.

Ante esta situación, la Cámara de Cuentas recomienda implantar sistemas efectivos de control presencial para verificar la realización de guardias y el cumplimiento de la jornada ordinaria antes de abonar los complementos. También insta a establecer un seguimiento individualizado del acumulado anual de horas complementarias para detectar excesos sobre el límite legal.

En las alegaciones presentadas al informe, el Gobierno de Aragón defendió que algunas de las incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas son “muy difíciles de subsanar sino imposibles” debido al funcionamiento del Salud y a la gestión de las guardias y sustituciones de final de año. La Intervención General argumentó que parte de esas retribuciones no pueden imputarse al ejercicio correspondiente porque la información completa se conoce después del cierre de nómina e incluso tras el cierre contable del año. El Ejecutivo autonómico sostuvo además que, aunque existan desajustes entre ejercicios, “las diferencias se compensan de manera natural” y aseguró que esta situación “no compromete la imagen fiel de las cuentas”.

En otra de sus alegaciones, el Gobierno también justificó algunas de las deficiencias contables por la complejidad de gestionar una plantilla de más de 45.000 empleados públicos de perfiles muy distintos, entre ellos sanitarios, docentes y funcionarios de la Administración. La Cámara de Cuentas, sin embargo, rechazó estas alegaciones y mantuvo íntegramente las observaciones incluidas en el informe definitivo.

El malestar crece entre los pequeños comerciantes adheridos al programa Volveremos, la iniciativa estrella del PP para incentivar el consumo en el comercio local, después de que muchos hayan descubierto que Hacienda les obliga a tributar por cantidades que aseguran no haber recibido como ayudas reales. Algunos negocios ya advierten de que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

La polémica ha evidenciado además el desacuerdo sobre la responsabilidad de cada administración en la gestión del programa: mientras numerosos comerciantes sitúan el origen del problema en la entrada del Gobierno de Aragón, Zaragoza en Común señala directamente a la falta de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de las subvenciones.

Todo ello ocurre, además, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, cuya nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas entre comercios y consumidores.

El funcionamiento del programa se articula a través de una aplicación móvil. Los clientes generan un saldo o reembolso al realizar compras en establecimientos adheridos y posteriormente pueden utilizarlo en futuras adquisiciones dentro de la red comercial participante.

Según los comerciantes, el conflicto surge, especialmente entre los que tributan por módulos, tras la incorporación del Gobierno de Aragón al programa en 2025. Según explican, el dinero que adelantaron a los clientes aparece ahora computado automáticamente como subvención en una casilla de la declaración de la renta. “Los autónomos por módulos no nos podemos escapar”, resumen tres comerciantes del barrio de San José. Esto implica que muchos autónomos tienen que tributar por un dinero que, aseguran, nunca ha supuesto un ingreso real para ellos. Las cuantías oscilan entre los 100 y los 500 euros, según los afectados consultados.

“Yo no he recibido ninguna subvención”

L.V., propietario de una charcutería en el barrio de San José, asegura que nunca ha percibido una ayuda directa, sino únicamente el reembolso del dinero adelantado a los clientes mediante la aplicación del programa. Explica que los consumidores generan un saldo que utilizan en distintos comercios y que, hasta ahora, “el Ayuntamiento nos devolvía el dinero adelantado, tramitado a través de la Cámara de Comercio”.

El comerciante critica además la falta de información. Afirma que conoció esta situación a través de la asociación de comerciantes del barrio y denuncia que Hacienda ya refleja el importe como subvención.

“Durante años hemos funcionado muy bien con el Ayuntamiento y no ha pasado nada de esto. El problema ha sido al entrar el Gobierno de Aragón. Esto no tiene ni pies ni cabeza porque yo no he recibido ninguna subvención. He facilitado una gestión y no he recibido más cantidad que la venta de mis productos”, sostiene.

Aunque reconoce que en las bases de la DGA aparece expresamente el término “subvenciones”, considera que “es un sinsentido y está mal hecho”. Además, teme que puedan producirse revisiones fiscales con carácter retroactivo.

“Me siento engañado y estafado”

También C.M, propietario de una tienda de moda y complementos en la avenida San José, expresa su malestar: “Me siento engañado, estafado y, si esto sigue así, no volveré a participar en el programa”, afirma.

Este comerciante coincide en que la situación cambió con la incorporación del Gobierno de Aragón a las últimas campañas. Insiste en que el verdadero beneficiario del programa es el cliente, ya que los descuentos recaen sobre sus compras, mientras que los comerciantes únicamente adelantan el dinero.

“El saldo generado lo paga tarde y mal la Cámara de Comercio y encima ahora nos computa como subvención”, denuncia.

Además, critica las diferencias entre quienes tributan por estimación directa y quienes lo hacen por módulos. Según explica, a los primeros se les han ofrecido indicaciones sobre cómo proceder fiscalmente, mientras que quienes tributan por módulos no tienen margen de actuación porque “la casilla ya aparece”.

“Estoy esperando que alguien me explique qué subvención he recibido. Yo lo que he hecho es el favor de adelantar una gestión, pero no me he beneficiado de ninguna cantidad. El dinero era mío y la venta es de mi producto”, añade.

C.M. también subraya que negocios como el suyo, dedicados a productos no esenciales, reciben un impacto distinto al de otros sectores como alimentación o electrodomésticos. Explica que muchos clientes terminan gastando los restos del saldo acumulado en comercios más pequeños o especializados y por tanto, tienen menos margen de beneficio. A esto se suma, dice, la atención que deben prestar a los clientes cuando la aplicación falla, pese a no tener ninguna responsabilidad técnica sobre ella.

“Es una labor social. Es bonito ver que los clientes se pueden beneficiar de descuentos y es verdad que el comercio se dinamiza, pero nosotros no ganamos nada”, concluye.

“El beneficiario es el cliente”

S.S., propietaria de una tienda de ropas de hogar también rechaza que las cantidades adelantadas puedan considerarse subvenciones. “Eso sería recibir una cantidad sin contraprestación de servicio o producto y yo estoy ofreciendo un producto. El beneficiario es el cliente”, afirma.

La vendedora insiste en que los negocios han dejado de cobrar temporalmente una parte de sus ingresos, pero sin obtener ningún beneficio adicional.

Sánchez considera igualmente que el problema surge tras la entrada del Ejecutivo aragonés en el programa: “Es un programa maravilloso nacido en la post-pandemia para incentivar el pequeño comercio, que ha tomado unas dimensiones y se les ha ido de las manos”.

Como solución, propone aplicar en la declaración del próximo año una desgravación autonómica equivalente al importe tributado este año en la declaración de la renta. “Este año no nos libramos: nos toca pagar y aguantarnos, pero el siguiente tiene que venir con la solución o no nos sumaremos al programa”, advierte.

S.S. habla de una “total injusticia” y asegura que “los gestores están que trinan”. En su caso, ha tenido que pagar 120 euros adicionales, aunque asegura conocer compañeros que han llegado a abonar más de 500 euros. “Es una pena porque se ha hecho con buena voluntad, pero se ha liado”, lamenta.

Ante la creciente preocupación, la Asociación de Comerciantes convocó una reunión este miércoles en las oficinas de FECOM, en Plaza Roma, con un responsable técnico de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón para resolver dudas sobre la tributación del programa, si bien los afectados no salieron satisfechos por la falta de empatía: “reconocen que algunos tenemos un problema pero te dicen que si no te interesa, que no te apuntes. Sin embargo, la clientela ya está acostumbrada y si ahora les dices que no estás en la aplicación, podríamos perder clientes”, se queja C.M. Igualmente, lamenta que las asociaciones de comerciantes no se hayan implicado a defender a una parte del comercio.

Zaragoza en Común responsabiliza al Ayuntamiento

Frente a la opinión de los comerciantes sobre las responsabilidades administrativas, el grupo municipal Zaragoza en Común (ZEC) considera que el problema deriva de la “opacidad y mala gestión” del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de los datos a la Base Estatal de Subvenciones.

El concejal Suso Domínguez sostiene que el Consistorio solo habría subido información de 752 de los 2.352 comercios adheridos al programa, lo que habría provocado que algunos establecimientos hayan recibido avisos fiscales mientras otros no han obtenido ninguna información clara ni instrucciones por parte del Ayuntamiento o de la Cámara de Comercio. “Mientras el Gobierno de Aragón subía los datos a transparencia, el Ayuntamiento ha seguido sin hacerlo”, compara.

Según Domínguez, ya en la segunda convocatoria del programa en 2021 existían informes de la intervención municipal que calificaban estas ayudas como subvenciones sujetas a la Ley General de Subvenciones. Sin embargo, denuncia que el Gobierno municipal de Natalia Chueca no ha actualizado correctamente los datos en la plataforma estatal y que solo recientemente, tras las quejas de ZEC, se han incorporado algunos registros de 2024.

El edil alerta de que esta situación está generando “incertidumbre y malestar” entre comerciantes que participaron “de buena fe” y que ahora se sienten desamparados ante posibles consecuencias fiscales. Además, teme que Hacienda pueda revisar ejercicios anteriores.

ZEC asegura que en el programa Volveremos de 2024 aparecen computados 4,9 millones de euros gestionados por la Cámara de Comercio, aunque solo constan registrados 2,3 millones en la base nacional de subvenciones. Es decir, “hay 2,5 millones que siguen sin aparecer pese a ser obligatorio y no sabemos a qué han sido destinados”, denuncia el grupo municipal.

Según Zaragoza en Común, muchos comerciantes descubrieron en esta campaña de la renta cantidades que desconocían y que nunca se les había advertido que debían declarar. Solo consta, aseguran, una circular enviada por la Cámara de Comercio en abril de 2026 informando de que algunas cuantías podrían aparecer reflejadas en Hacienda.

Para ZEC, todo ello evidencia “el caos y la falta de control” en el Área de Economía del Ayuntamiento y exige máxima transparencia sobre los 20 millones de euros destinados al impulso del comercio local. A juicio de Suso Domínguez, “son los datos mejor guardados del mundo”, aludiendo a la “opacidad” de las cuentas, por lo que ha vuelto a exigir una auditoría externa e independiente.

Por su parte, el consejero municipal Carlos Gimeno (PP) respondió a las críticas acusando a Zaragoza en Común de mostrar “una clara aversión a todo lo que sea bueno para el pequeño comercio”.

Respecto a la petición de una auditoría externa, Gimeno defendió los mecanismos de control del Ayuntamiento y recordó que las subvenciones están sujetas tanto a la intervención municipal como al control financiero posterior.

El edil explicó además que la publicación de ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) tiene un periodo de visibilidad limitado por ley. Según detalló, el Real Decreto 130/2019 redujo el tiempo de permanencia pública de las ayudas concedidas a personas físicas para evitar la elaboración de perfiles personales.

De este modo, las subvenciones concedidas a personas físicas permanecen visibles durante el año de concesión y el siguiente, mientras que las destinadas a personas jurídicas se mantienen publicadas durante cuatro años.

Gimeno recordó que el programa Volveremos 2024 en la capital contó con un importe final de 4,86 millones de euros y 2.045 beneficiarios únicos, y aseguró que la información sigue conservándose internamente, aunque ya no sea visible públicamente pasado el plazo legal. Asimismo, defendió que los datos correspondientes a 2025 sí pueden consultarse íntegramente en la plataforma estatal.

Volveremos en cifras

El programa Volveremos nació en 2020 impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y en 2024 se incorporó el Gobierno de Aragón. Su objetivo es fomentar las compras en pequeños comercios y dinamizar la actividad comercial en zonas urbanas y rurales de Aragón.

Según el informe de la Cámara de Comercio publicado este año, para los establecimientos adheridos “la aceptación de este saldo Volveremos como medio de pago se traduce en la percepción de una subvención a fondo perdido que cubre el 100% del importe del saldo admitido”.

El documento añade que la ayuda se clasifica como subvención a la explotación destinada a compensar parte del precio de venta de las operaciones comerciales, conforme a la Orden EEI/691/2024.

En 2025, el programa generó compras por valor de 98 millones de euros en el comercio de proximidad aragonés. El Gobierno de Aragón aportó 5 millones de euros, cantidad similar a la invertida por 62 ayuntamientos. A través de Volveremos se realizaron más de 1,15 millones de transacciones en 3.412 comercios y actualmente la plataforma cuenta con 136.400 usuarios.

El programa ha pasado de contar con 22 municipios participantes en 2024 a 72 en 2026 y, según los datos oficiales, por cada euro invertido se generaron más de diez euros en actividad comercial.

Además, las compras realizadas permiten pagar hasta el 50% del importe del ticket utilizando el saldo acumulado, tanto autonómico como municipal.

Mientras se desarrolla este momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, la nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas, especialmente entre los consumidores.

La escalada del precio de los fertilizantes químicos, provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está reconfigurando el modelo agrario europeo. En este contexto, el sector ganadero español —y especialmente el aragonés— emerge como un proveedor estratégico de fertilizantes orgánicos, a través del aprovechamiento de purines y estiércoles generados en sus explotaciones.

En apenas tres meses, el precio de la urea ha pasado de 430 a 750 dólares por tonelada, un incremento del 75% que ha elevado significativamente los costes de producción agrícola. España, que importa cerca del 60% de los fertilizantes que consume, afronta un sobrecoste anual superior a los 1.000 millones de euros, con especial impacto en cultivos intensivos como el maíz, el trigo o las hortalizas.

Frente a esta dependencia exterior, los nutrientes orgánicos producidos por la ganadería se presentan como una solución inmediata, local y competitiva. Según datos del propio sector, una explotación porcina media —con unos 4.000 animales— puede generar hasta 7.000 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a más de 63.000 kilos de urea, con un valor agronómico que puede alcanzar los 49.000 euros anuales y un margen neto superior a los 30.000 euros.

Aragón: potencia ganadera y reserva de nutrientes

Aragón se sitúa entre las comunidades con mayor peso ganadero del país, especialmente en porcino, con una cabaña que supera los 9,6 millones de cabezas y más de 4.000 explotaciones intensivas. Estas cifras la convierten en una pieza clave en este nuevo escenario. 

La comunidad genera anualmente más de 20 millones de metros cúbicos de purines, a los que se suman importantes volúmenes de estiércol procedente de explotaciones de vacuno, ovino y avícola, una cifra que refleja tanto el potencial agronómico como el reto de gestión de estos recursos.

Lejos de ser un residuo, estos subproductos contienen nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones que los hacen comparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los fertilizantes sintéticos. Mientras el purín destaca por su efecto inmediato como sustituto de la urea, el estiércol aporta materia orgánica y mejora la estructura del suelo a medio y largo plazo.

Este potencial está favoreciendo la aparición de un mercado emergente en torno a los nutrientes orgánicos. En regiones como Aragón ya se están consolidando prácticas como el transporte de purines entre comarcas, acuerdos directos entre ganaderos y agricultores o inversiones en tecnologías de valorización como la digestión anaerobia para la producción de biogás.

Precios que están soportando los agricultores

España, el impacto es doble: compramos en el exterior el 60% de los fertilizantes que consumimos. Los sindicatos también alertan de que muchos agricultores están reduciendo entre un 40% y un 60% el uso de fertilizantes por su elevado coste. El maíz, el trigo, el arroz y las hortalizas, algunos de los cultivos más intensivos en nitrógeno, “están encajando subidas de entre 80 y 250 euros por hectárea en el coste de fertilización”, aseguran desde UAGA-COAG.

Esta reducción del consumo, prevén las organizaciones agrarias, que puede llegar a traducirse en caídas importantes de producción en cultivos como el cereal y el olivar. Según UAGA-COAG y la UPA —Unión de Pequeños agricultores y ganaderos—, esto pone en riesgo la “soberanía alimentaria” europea y podría acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

La situación es tal que las organizaciones agrarias españolas han vuelto a movilizarse esta semana para denunciar el fuerte encarecimiento de los fertilizantes y reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. Las protestas se han desarrollado en Valladolid y también frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, hasta donde se han trasladado profesionales del campo aragonés convocados por los sindicatos ASAJA, UPA y COAG.

En la otra cara de la moneda, el valor agronómico del purín porcino puede alcanzar los 5 o 7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión en torno a 2,5 euros —datos del CITA de Aragón, Porcinova—. “Lo que antes era una partida de gasto se ha convertido en un activo económico con margen positivo”.

Una oportunidad estratégica

Desde el sector agrario se insiste en que esta situación representa una oportunidad histórica. “El ganadero español está siendo reconocido por lo que siempre ha sido: un productor de alimentos y, ahora también, un proveedor esencial de nutrientes para la agricultura”, Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos en COAG.

No obstante, las organizaciones agrarias reclaman cambios normativos que permitan aprovechar plenamente este potencial. Entre las principales demandas destacan el reconocimiento del purín y el estiércol como recursos y no como residuos, la flexibilización de los límites de aplicación de nitrógeno y el impulso a infraestructuras que faciliten su gestión y transporte.

Algunos países europeos ya han avanzado en esta línea, permitiendo superar los límites actuales de 170 kg de nitrógeno por hectárea bajo condiciones controladas. El sector considera que España no puede quedarse atrás si quiere reducir su dependencia exterior y avanzar hacia un modelo agrario más sostenible y autosuficiente.

En un contexto de incertidumbre global, Aragón y el conjunto del sector ganadero español se posicionan así como actores clave en la transición hacia una agricultura más resiliente, basada en la economía circular y el aprovechamiento de recursos propios.

La Comisión de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves la declaración de especial interés o utilidad municipal para tres proyectos empresariales que podrán acogerse al Plan Fiscal de Atracción de Inversiones impulsado por el Gobierno municipal. Las empresas beneficiarias son Enjoy Wellness Promoción Deportiva SL, Alier SA y Nook Ventures SL, cuyos proyectos suman una inversión global de más de 35,9 millones de euros y la creación de 149 puestos de trabajo.

Gracias a esta declaración –que deberá ser ratificada en pleno– las compañías podrán beneficiarse de las bonificaciones contempladas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de acuerdo con los criterios fijados en el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que tiene en cuenta tanto el volumen de inversión como la generación de empleo estable en la ciudad.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha destacado el carácter positivo de esta iniciativa, alineada con la “apuesta decidida del Ayuntamiento para que Zaragoza sea una ciudad en la que se invierte en proyectos de calidad”. Ha recordado que las bonificaciones son graduales, ya que las ordenanzas fiscales modulan el porcentaje de bonificación de acuerdo al retorno social que tienen los proyectos empresariales en términos de inversión y de empleo.

En concreto, Enjoy Wellness Promoción Deportiva SL podrá acogerse a una bonificación del 59% en el ICIO tras acreditar una inversión de 7.914.790 euros y la contratación de entre 28 y 30 trabajadores. Esta empresa es la adjudicataria para la construcción y explotación del nuevo Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, en el barrio de Valdespartera.

Alier S.A. podrá beneficiarse de una bonificación del 94% en el ICIO gracias a una inversión de 22.037.638,46 euros en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano de Zaragoza, donde pondrá en marcha una planta de recuperación y fabricación de placas de yeso, que creará 114 puestos de trabajo.

Nook Ventures SL, que construirá una residencia de estudiantes de 401 plazas con aparcamiento en la Ronda Hispanidad nº 10, contará con una bonificación del 39%, vinculada a una inversión de 5.975.942,14 euros y la creación de 5 empleos.

En fases posteriores, una vez avanzada la implantación de sus respectivos proyectos estas empresas podrán solicitar también la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones es impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2022 como una iniciativa pionera entre las grandes ciudades españolas para favorecer la implantación de empresas y el crecimiento de proyectos generadores de riqueza y empleo. El plan contempla bonificaciones en impuestos municipales para empresas de nueva implantación o para ampliaciones de actividad que supongan un incremento del empleo indefinido en Zaragoza.

Las bonificaciones se establecen por tramos en función del empleo generado y pueden incrementarse en función del volumen de inversión acreditado, hasta alcanzar un máximo del 95%.

La llegada de la compañía china Leapmotor a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) se traduce ya en más empleo. La firma ha lanzado una gran oferta de entre 450 y 500 puestos de trabajo con una duración de entre seis meses y un año, periodo ampliable en función de la acogida en el mercado del nuevo modelo B10.

Así lo ha dado a conocer el sindicato UGT, que ha comunicado la oferta para los departamentos de producción. El salario y las condiciones serán según convenio, informa la central. Los turnos de mañana (de 6:00 a 14:00 horas) y de tarde (de 14:00 a 22:00 horas) serán rotativos, una semana cada uno, y el de noche (de 22:00 a 6:00 horas) será fijo.

“Nuestra factoría va a ser pionera una vez más, trabajará junto con Leapmotor en un nuevo modelo de Opel que se implantará en el año 2028”, explica UGT en una nota enviada a los afiliados.

Precisamente Stellantis presenta este jueves su nuevo plan estratégico en el marco de su Investor Day, que tendrá lugar en la ciudad de Auburn, en Michigan (Estados Unidos), y en el que el consejero delegado de la compañía, Antonio Filosa, desvelará el plan de acción del grupo para los próximos años con el fin de dar rentabilidad a las 14 marcas que lo componen.

Respecto a España, la compañía ya adelantó hace un par de semanas cuáles eran algunos de sus planes. Se trata de uno de sus principales mercados y centros de producción en el continente.

En concreto, el grupo anunció una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con Leapmotor, en la planta de Figueruelas de cara a 2028.

Esta decisión garantiza el futuro de la planta de Stellantis en Madrid ya que, una vez se concluya la producción del Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada.

“Este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor apoyará la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles para satisfacer las necesidades reales de los clientes”, apuntó el consejero delegado del grupo Stellantis, Antonio Filosa.

Por su parte, Opel contará en su oferta de producto con un nuevo SUV eléctrico del segmento C, que se producirá en Zaragoza a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en configuración conjunta entre Stellantis y la firma asiática.

Así, este nuevo ejemplar compartirá líneas de producción junto al modelo C-SUV B10 de Leapmotor que iniciará su fabricación en la sede aragonesa del grupo franco-italiano a partir del segundo semestre. La planta zaragozana ya monta las versiones de combustión, híbridas y eléctricas de Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho, a raíz del recurso planteado por el Gobierno de Jorge Azcón en Aragón, el real decreto de 2024 con el que el Ejecutivo central establecía el régimen jurídico aplicable a la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias. La sentencia, fechada el 29 de abril de 2026, estima íntegramente el contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad autónoma y condena al Estado al pago de las costas.

La norma anulada pretendía regular las concesiones administrativas para la puesta en servicio de instalaciones solares flotantes en embalses gestionados por la Administración General del Estado, para lo que modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986.

El Supremo funda la nulidad exclusivamente en un vicio formal de procedimiento: la omisión del trámite de consulta pública previa exigido por la normativa en el momento de la tramitación. El Estado intentó justificar esa supresión alegando la existencia de graves razones de interés público, concretadas en la memoria del análisis de impacto normativo como una situación extraordinaria de encarecimiento del suministro energético. Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza ese argumento y aplica su propia doctrina consolidada, según la cual esta omisión solo es admisible cuando concurren acumulativamente dos condiciones: que la norma tenga carácter presupuestario u organizativo y que, además, se acrediten razones graves de interés público. El decreto de plantas flotantes no cumple el primero de esos requisitos, lo que hace imposible justificar la supresión del trámite.

La Abogacía del Estado intentó también ampararse en la tramitación urgente prevista en la Ley del Gobierno, que permite prescindir de la consulta previa. El Supremo descarta igualmente esa vía: no existió ningún acuerdo formal del Consejo de Ministros que declarase la urgencia, ni el procedimiento se desarrolló sobre esa base jurídica, pues el proyecto de la norma data de marzo de 2022 sin mención alguna a razones de urgencia.

Legitimación de Aragón

La cuestión de la legitimación activa de Aragón, que el Estado había impugnado, también quedó resuelta a favor de la comunidad. El tribunal recuerda que la ejecución de la norma afectaba a competencias autonómicas en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, turismo, deporte, pesca en aguas continentales y aprovechamientos hidroeléctricos, lo que otorga a Aragón un interés legítimo que transciende la mera defensa de la legalidad.

El Alto Tribunal rechaza, en cambio, el resto de motivos del recurso. Considera que el decreto no vulneraba los principios de buena regulación ni suprimía los mecanismos de participación autonómica previstos en la normativa general, y que la remisión a otras normas sectoriales no constituye per se una infracción de la seguridad jurídica.

La sentencia deja sin efecto toda la regulación contenida en el decreto, incluida la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que introducía un nuevo artículo 139 ter sobre el régimen concesional de estas instalaciones. El sector fotovoltaico flotante sobre embalses de cuencas intercomunitarias queda así sin el marco reglamentario específico que el Gobierno había aprobado hace menos de dos años, en una materia que, según el propio Consejo de Estado ya advirtió durante la tramitación, precisará a medio plazo de una norma más completa y sistemática.

Zaragoza contará desde el próximo 15 de septiembre con una nueva conexión aérea directa con el aeropuerto de Milán-Malpensa, operada por Wizz Air. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, quien ha detallado que la ruta tendrá tres frecuencias semanales —martes, jueves y sábados— y estará operativa, al menos, hasta finales de marzo de 2027.

La nueva línea conectará Zaragoza con uno de los principales aeropuertos internacionales del norte de Italia y convivirá con los vuelos ya existentes a Bérgamo, operados por Ryanair, que operan lunes, miércoles y viernes. Según ha defendido López, ambas conexiones son “complementarias” y permitirán que Zaragoza mantenga conexión prácticamente diaria con el norte de Italia.

El consejero ha destacado además el papel de Milán-Malpensa como gran aeropuerto de conexiones internacionales y ha asegurado que esta nueva ruta facilitará los enlaces con vuelos transoceánicos y destinos internacionales sin necesidad de desplazarse previamente a Madrid o Barcelona. “Cuando tú sabes que vas directamente a tu aeropuerto y de ahí vas al aeropuerto en el cual ya vas destinado al lugar final al que quieres desplazarte, pues yo creo que eso es algo que aportamos también a los zaragozanos y a los aragoneses”, ha señalado.

Los billetes para esta nueva conexión saldrán a la venta la próxima semana y la operación contempla inicialmente 40.000 asientos. Además, López ha dejado clara la intención del Ejecutivo autonómico de mantener el vuelo más allá de marzo de 2027, cuando concluye el periodo inicialmente anunciado.

Durante la comparecencia, el consejero ha avanzado además que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan en un plan más amplio para reforzar las conexiones internacionales del aeropuerto zaragozano, cuyos detalles se darán a conocer “antes de que acabe el verano”. Aunque no ha concretado destinos por “razones de confidencialidad”, sí ha citado aeropuertos como Frankfurt, Londres o Milán como ejemplos de grandes hubs internacionales desde los que conectar con cualquier parte del mundo.

“Lo que pretendemos es ayudar a que Zaragoza y Aragón, que tienen un posicionamiento estratégico y global en estos momentos, también lo tengan sus aeropuertos”, ha afirmado López, que ha insistido en que el objetivo es que Zaragoza “deje de ser un aeropuerto menor de edad”.

El consejero ha relacionado este impulso aeroportuario con el crecimiento económico y logístico de Aragón y la llegada de grandes inversiones tecnológicas y centros de datos. Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico mantiene conversaciones con multinacionales implantadas en Aragón para conocer qué rutas consideran prioritarias para sus trabajadores y directivos. En este sentido, ha recordado que la comunidad prevé recibir inversiones por valor de 90.000 millones de euros en la próxima década y necesitará atraer a unos 35.000 trabajadores externos.

López también ha apuntado que el futuro mapa de conexiones no responderá únicamente a criterios empresariales, sino también a la demanda turística y a los movimientos habituales de población. Así, ha mencionado la posibilidad de reforzar conexiones con países que cuentan con importantes comunidades residentes en Aragón, como Rumanía, además de otros destinos turísticos con buena acogida entre los aragoneses.

Durante su intervención, el consejero ha cargado además contra AENA, a la que ha acusado de no facilitar suficientemente el desarrollo del aeropuerto de Zaragoza. “El aeropuerto de Zaragoza nos está dando un tratamiento diferencial”, ha lamentado, criticando que el gestor aeroportuario priorice los aeropuertos más rentables.

Preguntado por la situación de Ryanair, López ha atribuido las tensiones actuales al conflicto entre la aerolínea y AENA por las tasas aeroportuarias. Aun así, ha insistido en que el Gobierno de Aragón quiere ampliar la oferta de compañías y rutas y que las ayudas públicas se articularán a través de acuerdos de promoción turística abiertos a distintas aerolíneas. “No vamos a hacer un traje a medida exactamente para Ryanair”, ha señalado.

La sección sindical de UGT en la empresa Majorel ha exigido este miércoles la retirada del ERE y la búsqueda de “alternativas reales” al despido de 422 trabajadores en Zaragoza.

Tras la tercera reunión celebrada con la dirección de la compañía en Madrid, sobre el despido colectivo que también afecta a la plantilla de Barcelona, el sindicato lamenta la pasividad de la empresa para aportar soluciones.

Majorel, que ha sido comprada por la multinacional Teleperformance (TP), alega pérdidas económicas y la finalización de los servicios para Vodafone Perfect Star y Lowi. “Sin embargo, estos clientes no se van, sino que cambian a otra plataforma del mismo grupo mercantil y la empresa decide su traslado a territorios fuera de España (Colombia), creando escenarios de pérdidas para justificar las medidas”, han afirmado desde UGT.

Para la central sindical, “este despido colectivo va a crear un impacto social muy difícil de gestionar y asumir”. Un total de 422 familias en Zaragoza –769 en total con el centro de Barcelona– se quedan sin empleo, “algunas con situaciones muy complejas”. Una de cada cuatro personas de la plantilla tiene más de 50 años y del total, el 80% son mujeres. El sindicato rechaza este modelo de negocio “donde el despido es la principal solución y no se buscan alternativas como la recolocación, la formación o reubicación”.

Ante la gravedad de la situación, los días 14, 20 y 26 de mayo los sindicatos han convocado paros de dos horas, en Zaragoza, en el edificio del Centro empresarial Trovador. Mañana, jueves, también se ha convocado una concentración a las 14.00 horas a las puertas del mismo el mismo lugar.

Mientras el Gobierno de Aragón mantiene su apuesta por atraer grandes centros de datos al territorio, la caída del proyecto de Box2Bit en Cariñena ha acabado generando una oportunidad para la industria ya asentada en el municipio. La empresa HMY Yudigar ampliará sus instalaciones sobre tres de las parcelas que iban a destinarse al macrocampus tecnológico, después de que la compañía promotora renunciara a ejecutar la compra de los terrenos por falta de suministro eléctrico, tal y como adelantó eldiario.es.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este martes la exclusión de cuatro parcelas del ámbito inicialmente reservado para el centro de datos proyectado por Box2Bit en el polígono Entreviñas. La iniciativa, anunciada con una inversión de más de 3.400 millones de euros y declarada de interés autonómico por el Ejecutivo aragonés, quedó prácticamente descartada tras quedar fuera de la planificación energética estatal.

La falta de capacidad eléctrica frustró el desarrollo del complejo y dejó libres varios terrenos del polígono industrial. Tres de ellos han sido adquiridos por Yudigar, empresa dedicada a la fabricación de mobiliario comercial y con más de tres décadas de implantación en Cariñena, que aprovechará ahora el desbloqueo de suelo para seguir creciendo.

Tras la renuncia de Box2Bit, Yudigar ha procedido a hacer la opción de compra, tras alcanzar acuerdos con Ibercaja y Caja Rural de Aragón para adquirir dos de los suelos y con un propietario privado para hacerse con el tercero. La compañía sumará más de 17.000 metros cuadrados a sus actuales instalaciones logísticas, que ya ocupan cerca de 37.000 metros cuadrados en el municipio. La operación permitirá prácticamente duplicar su capacidad y supondrá una nueva ampliación apenas tres años después de la última inversión anunciada por el grupo en la localidad.

Además de Yudigar, una cuarta parcela de unos 20.000 metros cuadrados será ocupada por otra empresa de transporte que, previsiblemente, creará 15 puestos de trabajo. Igualmente, hay otra compañía más ha iniciado estudios de viabilidad para instalarse en Cariñena, aunque se encuentra en una fase menos avanzada.

Pese a ello, el Gobierno de Aragón mantiene vigente la declaración de inversión de interés autonómico y de interés general del proyecto de Box2Bit en Cariñena. La compañía ha trasladado su apuesta a Épila, donde sí dispone de acceso garantizado a la red eléctrica y donde proyecta una nueva inversión de 3.900 millones de euros para levantar otro complejo de centros de datos.

La familia propietaria del Grupo Thimm, proveedor líder de soluciones sostenibles de embalaje y expositores de cartón ondulado, ha decidido vender su empresa al Grupo Saica. Fundada en 1949 por Walter Felix Thimm, la empresa ha crecido hasta convertirse en una organización de ámbito europeo. En 2024, Thimm obtuvo unos ingresos de unos 539 millones de euros con una plantilla de alrededor de 2.500 empleados.

Con sede en Zaragoza, el Grupo Saica es uno de los principales fabricantes europeos de papel y embalajes. Fundada en 1943, esta empresa familiar generó unos ingresos de alrededor de 3.962 millones de euros en 2025 con más de 12 000 empleados.

Mathias Schliep, presidente del Consejo de Administración del Grupo Thimm, ha comentado que llevan unos “meses” reflexionando sobre “cómo posicionar” su empresa “a largo plazo”. “Estamos convencidos de que, en un mercado altamente competitivo, solo un pequeño número de grandes actores podrá ganar cuota de mercado en el futuro. Por ello, hemos decidido vender la empresa a la mayor empresa familiar del sector en Europa, con el fin de asegurar las perspectivas de crecimiento y el futuro a largo plazo de Thimm bajo el sólido paraguas de Saica”, ha explicado. “Para nuestros empleados, incorporarse a un sólido grupo familiar ofrece estabilidad y seguridad a largo plazo. Las sedes de ambas empresas se complementan a la perfección; juntas cubrimos toda Europa”, ha añadido.

Saica opera a nivel mundial con 112 centros en Europa Occidental, Polonia y Estados Unidos. El Grupo Thimm cuenta con centros en Alemania y Europa del Este. Saica tiene la intención de seguir operando dentro de las estructuras existentes. Esto garantiza la máxima continuidad y seguridad tanto para los clientes como para los empleados.

Estrecha colaboración

Las dos empresas familiares mantienen una estrecha y fructífera colaboración desde finales de la década de 1990, que incluye una alianza estratégica de ventas y una empresa conjunta en Polonia. “Ambas familias se conocen desde hace generaciones”, ha destacado Mathias Schliep. “Nuestras culturas y los valores de ambas empresas encajan a la perfección”.

Susana Alejandro, presidenta y directora ejecutiva del Grupo Saica, ha apuntado por su parte que están “deseando dar la bienvenida” a sus “nuevos compañeros en Alemania, Polonia, la República Checa y Rumanía”. Aspiran, ha continuado, a “seguir desarrollando juntos” su cultura y valores: “Cuidar el futuro, valorar a las personas y afrontar los retos que nos esperan”. “Thimm aporta una sólida presencia regional y un enfoque centrado en el cliente en mercados en los que Saica no había operado anteriormente. Junto con Thimm, vemos un potencial significativo para reforzar aún más nuestra posición de liderazgo en el altamente competitivo mercado europeo”, ha argumentado.

Como parte de la operación, la familia Thimm se retirará por completo de la empresa. Schliep añade: “Aunque este paso no ha sido fácil para las familias, se da con la convicción de que ofrece a Thimm las mejores perspectivas posibles para desarrollar un futuro sostenible. La operación crea un sólido grupo familiar en Europa con una perspectiva a largo plazo”.

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia pertinentes. Las partes han acordado mantener en secreto el precio de compra.

La organización agraria UAGA-COAG ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón en Aragón “que abandone la propaganda y recupere una política real de apoyo a la creación de regadíos, porque defender el regadío es defender el futuro del campo aragonés y la supervivencia de las explotaciones familiares”. El sindicato ha recalcado que ha sido históricamente un firme defensor de la creación de regadíos como herramienta estructural de apoyo a las explotaciones familiares agrarias.

UAGA-COAG ha destacado también que proyectos como los Pebea, Monegros II o los distintos Riegos Sociales han necesitado durante décadas de un fuerte respaldo sindical frente a la incomprensión de administración —que en muchos casos no los considera necesarios— y, a veces incluso, de una parte de la sociedad y del propio sector, que los paraliza por distintos motivos.

Asimismo, ha recordado que siempre han defendido que los regadíos “no deben responder a modelos faraónicos pensados únicamente para sumar hectáreas”, sino que lo que hay que regar son las explotaciones familiares, garantizar la viabilidad de los cultivos, fijar población en el territorio y asegurar el suministro de agua a pueblos y explotaciones ganaderas: “Está demostrado que donde hay regadío —'manchas verdes'— hay desarrollo económico”.

UAGA se ha dirigido también a quienes “se presentan como grandes defensores del regadío” que utilizar políticamente estas infraestructuras o jugar con las expectativas de los territorios solo es posible “desde el desconocimiento de la complejidad financiera, ambiental y social que supone una nueva puesta en riego”.

Una fase “preocupante”

Tras una etapa positiva en el impulso de proyectos de nuevos regadíos durante los últimos diez años, Aragón ha entrado en una fase preocupante marcada por la falta de financiación y la ausencia de una orientación política clara, han asegurado en la organización agraria. A ello han sumado que, aunque el acuerdo de investidura entre PP y Vox hace referencia a 20.000 nuevas hectáreas de regadío, la realidad presupuestaria apenas contempla 5 millones de euros para 2026, cuando el coste medio de creación supera los 15.000 euros por hectárea.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón está “muy lejos” de los 90 millones de euros anuales que ha anunciado la Generalitat de Catalunya para las políticas de regadío, así que UAGA-COAG ha indicado que sería “deseable”, al menos, recuperar un modelo de financiación propio como el que regulaba la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar, que ofreció buenos resultados.

En ese sentido, la organización agraria ha señalado que, al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo autonómico ese apartado de la Ley sin haber diseñado antes otro modelo de financiación, dejando abandonados a profesionales del campo que esperan convertir sus parcelas de secano en tierra de regadío para tener mejores expectativas de cosecha ante el cambio climático y los periodos de sequía que, cada vez, serán más recurrentes.

Por esta razón, UAGA-COAG ha alertado de que territorios como la margen derecha del Ebro, Litera alta o el Sector 7 de Monegros no podrán avanzar mientras no se restablezca una política “seria, estable y comprometida con el regadío”.

Amper ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones de euros, según ha indicado la firma en un comunicado este jueves.

Este movimiento para comprar esta compañía con sede en Zaragoza (Aragón), líder en el ámbito de las comunicaciones para Defensa y Seguridad, cuenta con un precio de compraventa fijo de 155 millones.

Esto implica un valor de la empresa inferior a nueve veces el Ebitda del ejercicio 2025, que fue superior a los 20 millones de euros, y de un importe contingente máximo de 45 millones de euros (earn-out), sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de transacciones.

Asimismo, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic. Por tanto, el volumen total de la operación podría alcanzar los 225 millones de euros.

Pago en efectivo

El pago del importe fijo se realizará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para lo que se contempla la entrada de uno o varios inversores, y, el resto, 44 millones de euros, se ejecutaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción.

El precio contingente adicional, en su caso, se abonaría en efectivo. La operación se enmarca por un lado dentro de la estrategia de Amper y Nazca como “actores relevantes” del ecosistema de la industria española de defensa y seguridad que deben contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad de España y a su autonomía estratégica, y por otro dentro de la búsqueda de una “colaboración estable y sostenida” entre ambas compañías, como demuestra la participación relevante que Nazca tendrá en el accionariado de Amper.

Nazca, a través de su fondo especializado en Defensa, adquirió Teltronic, compañía de origen español y base industrial en Zaragoza que, hasta entonces, era propiedad de una corporación China. “Uno de los objetivos de esta operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas”, ha explicado la empresa.

Defensa y seguridad

Una vez completado este proceso, y dentro de la citada Estrategia Nacional, el acuerdo con Amper permite la integración de las capacidades de Teltronic dentro de una firma española que tiene una posición “relevante” como 'Tier 1' en Defensa y Seguridad Nacional con tecnologías propias de uso dual. “Esta operación permitirá a Amper constituirse como líder en España en comunicaciones para la Defensa y Seguridad y un actor relevante en Europa”, han destacado, subrayando que la operación representa para Amper una “adquisición transformacional y altamente complementaria desde el punto de vista tecnológico, industrial y geográfico”. De hecho, se espera que genere sinergias comerciales, tecnológicas y operativas, además de “consolidar el posicionamiento” en mercados como Brasil y México y permitir el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá.

Ante esto, el consejero delegado de Amper, Enrique López Pérez, ha comentado que la incorporación de Teltronic es una operación que refuerza la ambición de la multinacional de ser “el líder español 'mid-cap' de tecnologías de uso dual, a la vez que fortalece su relación estratégica con Nazca'.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Nazca, Carlos Carbó, ha agregado que la venta de Teltronic, que incluye una toma de participación “significativa en Amper, forma parte del objetivo de contribución a la salvaguarda y desarrollo de capacidades estratégicas para la Defensa Nacional y el fortalecimiento de su Industria de Defensa y Seguridad desde su posición de inversor especializado en dicho mercado”.

Está previsto que el contrato de compraventa se firme antes del 16 de junio, quedando sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas de carácter regulatorio en distintas jurisdicciones, así como a la aprobación por parte de la junta general de Amper. Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y Cuatrecasas como asesor legal, mientras que Nazca Capital ha contado con Banco Sabadell como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal.

Ibercaja ha obtenido un beneficio neto de 86 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,8% más que entre enero y marzo del año anterior. El ROTE ('return on tangible equity') de la entidad bancaria se sitúa en el 11,8%, hasta 180 puntos básicos por encima del objetivo establecido en el Plan Estratégico 'Ahora Ibercaja', cuya vigencia finaliza este ejercicio 2026.

La entidad ha mantenido en este inicio de año el vigor de su actividad, aumentando su volumen de negocio un 5,2% respecto al mismo trimestre de 2025, hasta los 110.834 millones de euros. Este avance se fundamenta, en gran medida, en el comportamiento del crédito sano, que presenta el mayor ritmo de expansión de los últimos años con un avance del 4,9% interanual. Esto es consecuencia del impulso que el banco viene dando en sus planes estratégicos al segmento de empresas, pymes y autónomos, así como su destacada especialización y diferencial acompañamiento a las familias en la financiación para la compra de vivienda.

Al mismo tiempo, los ratios de calidad de activo y solvencia han continuado mejorando en el periodo, situándose el CET1 Fully Loaded en un 14,2%, un capital total Fully Loaded del 18,5% y una tasa de mora del 1,2%, muy por debajo del 2,7% de media del sistema. Con todo ello, el banco presenta uno de los balances más sólidos del sector, así como una holgada posición de liquidez y un fuerte perfil de financiación, con un ratio LCR del 233,1%, un ratio de créditos sobre depósitos del 81,8% y un ratio NSFR del 143,0%.

El impulso de la actividad comercial, unido al positivo comportamiento de la cuenta de resultados y la continuada mejora en la solvencia y calidad de activo, consolidan la evolución positiva de la entidad en el primer trimestre del año.

Fondos de inversión, financiación empresarial e hipotecaria impulsan la actividad

El banco ha aumentado los recursos de clientes en un 5,3% respecto al mismo trimestre del año pasado, hasta los 80.236 millones de euros. Este avance se ha visto impactado negativamente, en torno a 80 puntos básicos, por la elevada volatilidad de los mercados en los tres primeros meses del año como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio.

La especialización histórica de Ibercaja en el ámbito de las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones ha permitido aumentar el saldo de gestión de activos y seguros de vida un 7,2% interanual, alcanzando los 45.183 millones de euros y suponiendo el 56% en la totalidad de los recursos de clientes de la entidad. Este saldo ha crecido principalmente por el comportamiento de los fondos de inversión, que han registrado un crecimiento del 9,2% desde cierre de marzo del año pasado, alcanzando los 30.200 millones de euros, gracias a la captación de 414 millones de euros de entradas netas, cifra que representa el 7,8% de las nuevas aportaciones al sistema.

Los depósitos de los clientes crecen un 2,9% interanual., hasta los 35.052 millones de euros debido íntegramente a un aumento del 6,7% interanual de los depósitos a la vista.

En relación con la actividad crediticia, la formalización de préstamos y créditos presenta una destacada evolución, resultando un 14,8% superior a la del primer trimestre del 2025, que supone 2.037 millones de euros. Este desempeño contribuye a incrementar hasta los 30.598 millones de euros la cartera de crédito, un 4,9% más que a cierre de marzo de 2025.  

Las formalizaciones de crédito a empresas no inmobiliarias, que crecen un 33,6% interanual., y el volumen de circulante negociado, que aumenta el 7,8% interanual., impulsan el saldo de este segmento hasta los 8.169 millones de euros, un 7,4% superior al del primer trimestre del año anterior, configurándose como el principal vector de expansión del crédito en el periodo.

Por su parte, el saldo de crédito hipotecario avanza un 4,0% interanual como consecuencia del dinamismo en la financiación para la adquisición de vivienda entre enero y marzo. En este periodo se ha impulsado la firma de hipotecas un 8,7% respecto al mismo periodo del periodo comparable, superando el comportamiento del sistema, que avanza un 6,4% en febrero. Cabe reseñar que el 59% del nuevo crédito a vivienda formalizado en el trimestre se ha concentrado en las áreas de Madrid y Arco Mediterráneo, ya que la entidad continúa con el foco en las zonas de expansión.

Las operaciones de crédito al consumo y renting han continuado su senda de crecimiento en el marco de la apuesta estratégica del banco por este segmento, registrando un aumento del 22,3% interanual. El saldo de crédito al consumo y otros avanza con ello un 5,4% en estos tres meses.

La actividad de seguros ha mostrado un desempeño positivo entre enero y marzo, con un crecimiento de la nueva producción del 6,6% interanual hasta los 16 millones de euros. Destaca tanto la nueva producción de seguros de vida riesgo, con un crecimiento del 17,0% interanual gracias al dinamismo de hipotecas; así como la nueva producción de los productos no vida de Caser con un avance del 3,6% interanual. En este último sentido, presentan una fuerte evolución interanual las carteras de negocios (+31%), autos (+6%) y hogar (+4%). Así, la cartera de seguros de riesgo aumenta un 5,2% hasta los 105 millones de euros, destacando el comportamiento de los productos no vida de Caser, que aumentan un 5,9% interanual.

Tendencia ascendente del margen de intereses

Los ingresos recurrentes aumentan un 5,3% respecto al primer trimestre del 2025 y alcanzan los 329 millones de euros. Este avance se explica por la vuelta al crecimiento del margen de intereses, gracias a la aportación positiva de la actividad mayorista en el periodo y al cambio de tendencia en el margen de clientes, así como por el positivo desempeño de las comisiones, principalmente derivado del mayor volumen de la gestión de activos y seguros.

El margen de intereses suma 165 millones de euros, un 5,8% superior al contabilizado el mismo trimestre del año anterior. Es destacable que, en términos intertrimestrales, este margen crece, por tercer trimestre consecutivo, un 2,2%, de manera que se consolida el cambio de tendencia. El margen de clientes, diferencia entre los ingresos del crédito y el coste de los depósitos, vuelve a la senda de crecimiento y aumenta 5 puntos básicos en el trimestre, situándose en el 2,2%, gracias a la estabilidad del rendimiento del crédito y al ajuste del coste de acreedores.

Por su parte, los ingresos netos por comisiones aumentan un 8,6% hasta los 134 millones de euros. Este crecimiento se produce, en gran parte, gracias a las comisiones no bancarias, que se incrementan un 11,4% en el trimestre por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos. Las comisiones derivadas de la actividad bancaria avanzan un 2,1% interanual por el excelente dinamismo en el segmento empresas y la mayor actividad de medios de pago.

El margen bruto avanza un 2,0% hasta los 335 millones de euros, reflejando la mejora de los ingresos recurrentes.

Los gastos de explotación han aumentado un 7,3% interanual, principalmente por el incremento de los costes de personal, un 8,7% interanual. Este mayor coste de personal incluye un gasto adicional de 7,0 millones de euros por un pago que se realizará a la plantilla con motivo del 150 aniversario de la entidad, el próximo 28 de mayo. Excluyendo este coste, los gastos de personal se incrementan un 2,1% interanual y el total de gastos de explotación avanzan un 3,2% interanual.

El ratio de eficiencia se sitúa de esta manera en el 55,9% que, excluyendo el gasto extraordinario mencionado, se establece en el 53,8%. Así, el resultado antes de provisiones alcanza los 148 millones de euros, un 3,7% inferior que el año anterior.

Las provisiones de riesgo de crédito y adjudicados totalizan 17 millones de euros frente a los 14 millones de euros del mismo trimestre de 2025. El coste del riesgo se sitúa en 22 puntos básicos. La entidad continúa mejorando su calidad de activo con una disminución del saldo de activos problemáticos de un 21,4% interanual y el ratio de cobertura de NPAs mejora hasta el 95,7%. Ibercaja mantiene unas provisiones totales (PMA) para riesgos macroeconómicos y geopolíticos de 60 millones de euros.

El beneficio después de impuestos crece hasta los 86 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Con todo ello, la rentabilidad (ROTE) del banco se sitúa en el 11,8%, 180 puntos básicos por encima del objetivo marcado dentro del Plan Estratégico “Ahora Ibercaja” (>10%).   

Refuerzo continuado de la solvencia, calidad de activo y liquidez

Ibercaja ha continuado reforzando sus destacados niveles de solvencia, calidad de activo y liquidez, presentando uno de los balances más sólidos del sistema financiero español.

Los dudosos se reducen un 13,8% interanual y el ratio de mora disminuye hasta el 1,2%, frente al 2,7% del sistema. El grado de cobertura de los dudosos se eleva hasta el 106%, lo que supone un aumento de 7 puntos porcentuales en el trimestre. Los activos adjudicados se reducen un 34,4% interanual gracias al dinamismo en sus ventas. De este modo, el conjunto de la exposición problemática (dudosos y activos adjudicados) disminuye un 21,0% en el periodo. El ratio de la exposición problemática mejora 50 puntos básicos hasta el 1,8% y la tasa de cobertura asciende hasta el 95,7%. El saldo de los activos problemáticos netos es de 23 millones de euros y representa un 0,05% del total del activo, presentando uno de los porcentajes más bajos del sistema financiero español.

La elevada rentabilidad, junto con un pay-out contenido del 40%, traen consigo unos elevados niveles de solvencia del banco, con un ratio de capital CET1 Fully Loaded del 14,2%, alcanzando la parte alta del rango objetivo del Plan Estratégico “Ahora Ibercaja”, y un ratio de Capital Total Fully Loaded del 18,5%. La distancia MDA Phased-In, que mide el exceso de capital frente a los requerimientos del BCE, se sitúa en el 5,9%, disponiendo de margen más que suficiente para absorber el requerimiento del colchón anticíclico establecido para las exposiciones en España, a partir del 1 de octubre de 2026, que asciende al 0,5%.

Asimismo, Ibercaja mantiene una fuerte posición de liquidez, con un ratio LCR del 233,1%. La entidad muestra un sólido perfil de financiación con una estructura de depósitos altamente granular. Los depósitos de clientes suponen el 81,8% de la financiación ajena, el ratio de crédito sobre depósitos se sitúa en el 87,2% y el NSFR en el 143,0%.

Los sindicatos CCOO y UGT saldrán a las calles de Aragón este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', puesto que “todas esas cosas están en riesgo” en la actualidad.

La manifestación en Zaragoza comenzará a las 11.30 horas, con salida desde la plaza de Sas, hasta llegar a la plaza Paraíso, frente al Paraninfo de la Universidad; mientras que en Huesca partirá a las 11.00 horas desde la plaza Santo Domingo para llegar a los porches de la calle Galicia. En cuanto a las concentraciones, la de Teruel saldrá a las 12.00 horas de la plaza de la Catedral. Asimismo, a las 13.00 horas, en Pozos de Caudé, habrá un homenaje a fusilados de la Guerra Civil.

La concentración prevista en Andorra empezará a las 12.00 horas, en la plaza del Regallo; previamente, a las 11.00 horas, habrá un homenaje a los Maquis en el cementerio. En el caso de Tarazona, será a las 12.00 horas, en la plaza de San Francisco.

“Un día sobre todo de lucha”

Los sindicatos mayoritarios han definido el Primero de Mayo como “un día sobre todo de lucha” en el que tratarán de hacer llegar sus mensajes a la sociedad. Entre ellos el rechazo a las guerras y al impacto directo que están teniendo en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente a través del encarecimiento de productos básicos y la alteración de rutas comerciales.

Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, mermado tras las “constantes subidas” del IPC y en un momento en el que las empresas “siguen batiendo récords de beneficios” sin que se trasladen de forma suficiente a los salarios son otras de las principales reclamaciones, que pasarán también por incluir “una línea roja frente a la criminalización del absentismo”, con el rechazo a discursos que cuestionan las bajas médicas y alertan de posibles recortes en complementos por incapacidad temporal.

Todo ello en un contexto en el que la patronal “se cierra en banda” a negociar la reducción de la jornada laboral, en la que van a “seguir insistiendo” hasta que las 37 horas y media sean una realidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Garantizar el acceso a una vivienda asequible, cuestionando su tratamiento principal “como un bien de mercado orientado al beneficio”, tal y como recoge la Constitución, es otra de las reivindicaciones, al igual que el apoyo a la regularización extraordinaria de inmigrantes y poner el foco sobre la calidad democrática en Europa, que “se está poniendo en riesgo” con el auge de los extremismos.

Siniestralidad laboral

CCOO y UGT defienden también el “valioso instrumento” que es el diálogo social, que ha permitido encauzar conflictos y generar consensos a través de organismos como el Consejo de Seguridad y Salud Laboral, el SAMA o el CESA“, a pesar de que no se haya remarcado en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

Subrayan que se trata de un elemento diferencial de Aragón, también valorado por empresas que deciden invertir en la comunidad autónoma por la posibilidad de coordinarse con administraciones y agentes sociales en aspectos como empleo y formación.

La siniestralidad laboral también estará en el centro de las reivindicaciones del Primero de Mayo, puesto que los accidentes laborales siguen creciendo y alcanzaron la cifra de 600.000 en España en 2025 –más de 700 mortales en el conjunto nacional y 35 de ellos en Aragón–.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 422 trabajadores en Zaragoza, dentro de un ajuste global de 769 despidos que también incluye 347 salidas en Barcelona. Según la información trasladada en la constitución de la mesa negociadora, el recorte en la capital aragonesa impactará tanto en personal de estructura como en agentes vinculados a los servicios de Lowi y Vodafone Perfect Star. Actualmente, la plantilla en Zaragoza ronda los 750 empleados.

La empresa ha justificado el expediente por causas económicas y organizativas, aludiendo a pérdidas desde 2024 y a la reducción de clientes. Desde CGT rechazan frontalmente este argumento y consideran que el ajuste responde a “una política continuada de recortes”: “No es un ERE, es una ejecución”, han señalado, al tiempo que advierten de que “cuando una empresa encadena siete EREs, ya no estamos ante medidas excepcionales: estamos ante un modelo de negocio construido sobre destruir empleo”.

Este ERE es el cuarto en Majorel y el séptimo dentro del grupo Teleperformance en apenas dos años, en los que se han superado los 1.000 despidos.

Durante la primera jornada de negociación, la representación legal de los trabajadores criticó la visión presentada por la empresa, que calificaron como una “fotografía apocalíptica” de los centros de Zaragoza y Barcelona para justificar el expediente.

Asimismo, los sindicatos solicitaron que la negociación se trasladara a Zaragoza, al ser el centro más afectado, aunque la dirección rechazó esta propuesta. Desde el sindicato SOA consideran que esta decisión busca “centralizar la negociación en Madrid y alejar el conflicto del foco de donde se genera”. La parte social también ha reclamado más información a la empresa, como el desglose de las “supuestas pérdidas” por centros y el número de trabajadores que han salido de la compañía en lo que va de 2026, en un contexto en el que denuncian un proceso sostenido de deslocalización.

“La comunicación de este ERE supone un durísimo golpe”, advierten desde el sindicato, que subraya el impacto sobre Zaragoza y su entorno. La plataforma, que opera desde hace 16 años en la capital aragonesa —antes como Qualytel—, llegó a superar los 2.000 trabajadores y ha sido un importante motor de empleo, especialmente femenino.

La mesa negociadora volverá a reunirse a partir del 11 de mayo, en un calendario que se extenderá durante varias sesiones. Los sindicatos no descartan movilizaciones.