El Gobierno de Aragón ha rechazado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica aprobada en la reunión y ha lamentado que una reforma de esta trascendencia haya salido adelante sin el consenso político y territorial necesario y sin atender ninguna de las propuestas planteadas por la Comunidad autónoma.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido el voto contrario de Aragón y ha destacado que la propia votación evidencia la falta de acuerdo territorial. El modelo solo ha contado con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de regiones se ha pronunciado en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE.

Bermúdez de Castro ha señalado, además, que buena parte de las comunidades han coincidido en sus objeciones al modelo. Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha comparten problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión que, a juicio del Ejecutivo aragonés, no quedan adecuadamente reflejados en el nuevo sistema.

El consejero ha reiterado que Aragón comparte la necesidad de reformar el actual modelo, pero considera que ello exige un gran acuerdo político y territorial. “Ahora no se dan en España las condiciones políticas para hacer una reforma de esta importancia”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha insistido en que la financiación autonómica debe ser fruto de un acuerdo amplio entre las comunidades y no de acuerdos particulares dirigidos a conseguir los apoyos necesarios.

En este sentido, ha criticado que el nuevo modelo tenga su origen en el acuerdo alcanzado con Cataluña y ha señalado que responde al sistema pactado previamente con Oriol Junqueras. Aragón considera que una reforma que debe aplicarse al conjunto de las comunidades de régimen común no puede llegar prácticamente cerrada después de una negociación bilateral con uno de los territorios. Y Bermúdez de Castro ha lamentado que el Ministerio no haya aceptado ninguna de las propuestas aragonesas.

El Ejecutivo autonómico había reclamado, entre otras cuestiones, un mayor reconocimiento de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la orografía.

La propuesta aprobada mantiene, sin embargo, un peso del 97% para las variables estrictamente poblacionales y deja en el 3% los factores correctores territoriales. Además, reduce del 1,8% al 1,6% el peso de la superficie, pese a que Aragón había defendido que esta variable alcanzase al menos el 2%.

Más recursos para Aragón

Bermúdez de Castro ha rechazado que el incremento de recursos que recibirá Aragón pueda utilizarse como prueba de que el nuevo sistema beneficia a la Comunidad. La reforma incorpora alrededor de 21.000 millones de euros adicionales al conjunto del sistema y Aragón recibiría unos 600 millones más, pero su posición relativa empeora respecto al resto.

“No es una cuestión de pedir más o menos dinero, sino de hacer un reparto justo”, ha señalado el consejero. Aragón reclama que el sistema tenga en cuenta las variables que determinan realmente cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio.

Con los datos de 2023, Aragón pasaría de un índice de financiación por población ajustada a competencias homogéneas de 105,56 a una estimación de 99,3, por lo que dejaría de situarse por encima de la media para quedar por debajo de ella.

El consejero ha advertido de que el nuevo sistema beneficia especialmente a Cataluña y que el reparto de los 21.000 millones de euros adicionales no corrige adecuadamente las dificultades específicas de comunidades como Aragón.

Bermúdez de Castro ha señalado que el resultado puede ser que los ciudadanos dispongan de distintos niveles de servicios públicos en función del territorio en el que residan: “Vivir en Cataluña no puede significar tener mejores servicios públicos que al otro lado de la frontera aragonesa, donde además tenemos más dificultades para prestarlos”, ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la baja densidad de población, la existencia de numerosos municipios pequeños y la dispersión territorial obligan a mantener centros educativos, consultorios, transporte, infraestructuras y plantillas aunque haya pocos usuarios, por lo que el coste por habitante es necesariamente mayor.

“En lugares donde la densidad de población es muy pequeña, donde hay dificultades para vivir y muchos municipios muy pequeños, con el paso del tiempo puede llegar a ser prácticamente imposible prestar los servicios si el sistema no tiene en cuenta esa realidad”, ha advertido.

Bermúdez de Castro ha recordado que garantizar la igualdad exige que una persona que vive en Madrid, Alcorcón o Fuenlabrada pueda disponer de los mismos servicios públicos que otra que reside en Fago, Fanlo o Las Peñas de Riglos.

Desequilibrios

Aragón ha cuestionado asimismo la creación de fondos y mecanismos posteriores para compensar situaciones que, a juicio del Ejecutivo autonómico, deberían resolverse dentro del propio sistema de financiación.

Aragón considera que las necesidades de cada territorio deben incorporarse desde el principio a unas reglas comunes, objetivas y transparentes, y rechaza que las deficiencias del modelo se corrijan posteriormente mediante instrumentos adicionales o negociaciones particulares.

Entre esos mecanismos se encuentra el fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros y que reserva dos tercios de sus recursos a las comunidades del litoral mediterráneo.

Aragón considera injustificado ese reparto y defiende que se tengan en cuenta fundamentalmente la superficie y los riesgos reales a los que está expuesto cada territorio.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que Aragón ha sufrido este verano 26 incendios forestales que han quemado más de 40.000 hectáreas, además de estar expuesto a inundaciones, sequías, desertificación y otros fenómenos extremos.

Aragón considera que los problemas de financiación deben solucionarse dentro del propio modelo y no mediante fondos posteriores destinados a determinadas comunidades, porque ese sistema puede generar nuevas diferencias y romper la necesaria solidaridad entre territorios.

Al Congreso

Bermúdez de Castro ha mostrado también su preocupación por el recorrido parlamentario de la reforma y por la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas concesiones para conseguir en el Congreso de los Diputados los votos de los grupos que necesita para aprobar definitivamente el nuevo sistema.

El consejero ha advertido de que, si los apoyos parlamentarios se consiguen mediante nuevos acuerdos particulares, el resultado puede ser un modelo todavía “más insolidario y más injusto”.

“Lo que más preocupa es que, para intentar sacar esto adelante en el Congreso, haya que ir entregando partes del pastel a unos grupos u otros. Si para conseguir cada voto hay que dar más recursos a un territorio determinado, Aragón acabará todavía más perjudicado”, ha señalado.

El titular de Hacienda ha insistido en que esta no es una discusión abstracta entre gobiernos, sino una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos. “Estamos hablando del dinero que recibe cada comunidad autónoma para poder prestar una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales”, ha recordado.

El consejero ha reconocido que el ambiente ha mejorado respecto a etapas anteriores, pero ha lamentado que esa mayor disposición formal de Arcadi España no se haya traducido en cambios en el contenido del modelo.

“El talante del ministro y del Ministerio es mucho mejor, pero aparte del talante hacen falta ganas de acordar. Hay buenas palabras, pero el Gobierno sigue en la misma baldosa y no se ha movido de ella”, ha afirmado.

El jueves, día 3 de septiembre, ya es una fecha marcada en rojo en el calendario de la ganadería española. La Unión Europea anunciaba la suspensión de la entrada de carne de vacuno procedente de Brasil al considerar que el país sudamericano no ha aportado las garantías necesarias para demostrar que cumple las exigencias comunitarias sobre el uso de determinados medicamentos antimicrobianos.

La decisión, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, ha sido acogida con ganas por el sector en España. Las organizaciones agrarias y cárnicas la interpretan como una primera victoria después de meses —y años— reclamando que los productos importados se sometan a unas condiciones equivalentes a las que soportan los productores europeos.

La organización agraria ASAJA habla directamente de un “paso hacia la reciprocidad real” y exige a Bruselas que mantenga la firmeza y aplique la suspensión sin prórrogas. En el comunicado por la organización, recuerda que los ganaderos europeos están obligados a cumplir unas exigencias cada vez mayores en seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal y, por lo tanto, considera lógico que esas mismas reglas se apliquen a quienes quieran vender carne en el mercado comunitario.

Sin embargo, este sindicato profesional va más allá y advierte que el veto sólo tendrá verdadero efecto si se controla su cumplimiento en frontera. Según ASAJA, el protocolo brasileño de certificación se encuentra todavía en una fase inicial y “ninguna granja ha sido certificada”, por ello reclaman que se refuercen los controles y que las restricciones no se limiten exclusivamente a los antimicrobianos, sino que tengan en cuenta también las demás irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.

Por su parte, la Comisión Europea explica que sus normas forman parte de la estrategia comunitaria contra la resistencia a los antimicrobianos. Entre otras cuestiones, la normativa europea prohíbe utilizar determinados antimicrobianos para promover el crecimiento de los animales y reserva algunos medicamentos para su utilización en seres humanos. En este sentido, Bruselas sostiene que Brasil no ha presentado las garantías necesarias para demostrar que sus sistemas cumplen estas exigencias.

“Las mismas reglas para todos”

Durante años, el malestar del campo español ha ido en aumento y sin frenos por una situación enquistada: mientras las explotaciones europeas acumulan obligaciones sanitarias, ambientales, administrativas y de bienestar animal, los ganaderos llevan tiempo reclamando que la carne importada no pueda competir en el mercado comunitario con unas reglas diferentes.

Desde ARAGA, Federico Lorente, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón, lamenta que esta decisión no se haya tomado antes, y subraya que la suspensión de las importaciones procedente de Brasil “confirma que nuestra oposición al acuerdo Mercosur estaba más que justificada” ya que se trata de “países que no cumplen con las mismas garantías sanitarias con las que estamos cumpliendo los ganaderos europeos y españoles”, asegura Lorente.

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril, de Salamanca, también reclamó en el mes de julio que la suspensión no esperase hasta septiembre. El colectivo denunciaba entonces el “agravio comparativo” y los “dobles estándares” que, a su juicio, sufren los productores locales frente a los de terceros países. También en ese momento puso de manifiesto que los ganaderos españoles afrontan exigencias estrictas en sanidad, medicamentos veterinarios, bienestar animal, medio ambiente, sostenibilidad y trazabilidad.

Un sentimiento que se ha repetido en distintas partes del territorio. En Galicia, el presidente de la Asociación de Gandeiros da Suprema, Santiago Rego, resumía este desacuerdo ante las diferencias entre ambos modelos productivos así: “Aquí levamos tempo con esixencias, alí cabe todo” -“Aquí llevamos tiempo con exigencias; allí cabe todo”-.

Este no es el punto final, es el comienzo

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el vacuno español, que afronta un escenario de precios debilitados, costes elevados y dificultades para colocar la producción en determinados mercados exteriores.

En Galicia, por ejemplo, el sector ha alertado durante los últimos meses de la caída de los precios en origen y de una rentabilidad cada vez más ajustada. La situación resulta especialmente sensible después del fuerte incremento de precios registrado durante 2025 y comienzos de 2026. Por eso, para los ganaderos, que Brasil deje de tener acceso al mercado comunitario mientras no acredite el cumplimiento de las exigencias europeas supone, sobre todo, una cuestión de igualdad de condiciones.

Las organizaciones representativas de toda la cadena ganadero-cárnica —entre ellas ASAJA, ASOPROVAC, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, ANICE y otras— coinciden en calificar la entrada en vigor de la medida como un “punto de inflexión”. El mensaje común es claro: si Brasil quiere volver a vender carne en Europa, tendrá que demostrar primero que cumple las reglas. Sin embargo, también reclaman que no se convierta en una actuación temporal.

En este sentido, el campo sabe que la celebración de hoy tiene letra pequeña. ASAJA considera que el 3 de septiembre “no es un punto final”, sino el comienzo de una política de reciprocidad que debe poder comprobarse sobre el terreno. La organización reclama controles fronterizos más fuertes y que cualquier eventual reapertura esté respaldada por garantías reales y parámetros que se puedan verificar.

Las organizaciones ganaderas y cárnicas han pedido a Bruselas que se comprometa, y que no se conforme con el papel así como que mantenga los controles hasta que Brasil pueda acreditar de forma “plena, verificable y auditable” que cumple los requisitos comunitarios. Y es que el foco también está puesto sobre el acuerdo UE-Mercosur ya que Brasil es uno de los cuatro países integrantes del bloque junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y ASAJA considera difícil separar completamente la suspensión del debate comercial abierto tras el acuerdo. Un acuerdo que, tal y como recuerda la organización agraria, todavía debe superar el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Brasil, un proveedor más allá del vacuno

Brasil fue en 2025 el segundo mayor proveedor de carne de vacuno de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas al mercado comunitario por un valor superior a 713 millones de euros. Por eso, esta decisión no es menor desde el punto de vista comercial para el sector ganadero español. Pero esta suspensión no afecta solo al vacuno, también lo hace a otras categorías de productos de origen animal procedentes de Brasil, entre ellas équidos, tripas, productos de acuicultura, miel y aves de corral -especialmente al pollo-.

En cuanto al plazo en el que podrían reanudarse las importaciones desde Brasil, el Ejecutivo europeo no ha querido adelantar fechas, aunque se desprende de sus declaraciones que los plazos serán distintos para cada sector afectado. En el caso de las aves de corral y la miel tienen una particularidad, y es que podrían volver a ser autorizadas en las próximas semanas si la auditoría en curso concluye con resultados satisfactorios. Sin embargo, la Comisión Europea apunta a que, en el caso de la carne de vacuno, los plazos se podrían alargar más en el tiempo debido a la duración de los ciclos de producción.

En este sentido, fuentes directas de la Comisión Europea han precisado que “Brasil es un socio importante de la UE” y que por ello: “Estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar que cumpla con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”.

La Agrupación Parlamentaria Aragón-Teruel Existe ha registrado una pregunta al Consejero de Medio Ambiente y Turismo para garantizar que Microsoft no utilice el vertedero de Las Canteras, clausurado desde 2009, para depositar restos de amianto que se han encontrado en las obras del centro de datos proyectado junto a Puerto Venecia, en Zaragoza capital. “Queremos saber qué medidas va a adoptar el gobierno de Aragón para garantizar la salud pública y evitar exponer a los vecinos al amianto”, ha indicado el coordinador local de Aragón Existe en Zaragoza, Pepe Tricas.

Desde Aragón Existe, han señalado que el 15 de diciembre de 2009 se dictó el acuerdo del Gobierno de Aragón en el que se notificó la suspensión del vertedero de “Las Canteras”, decisión refrendada por el Tribunal Supremo en 2015, por lo que ese lugar no reúne las condiciones adecuadas para el tratamiento y depósitos de residuos de amianto.

Por parte de la multinacional, han indicado que los viajes de camiones a Alfajarín provocarían incidencias de tráfico, con un sobrecoste que amenazaría la viabilidad económica del centro de datos.

Pepe Tricas ha apuntado que “el Gobierno PP-VOX ha puesto a una alfombra roja a los centros de datos a través de los PIGA, pero poner en riesgo la salud de los zaragozanos por una inversión es cruzar una línea roja que no se debe permitir que se cruce”.

El Ejecutivo aragonés ha acordado este miércoles, en la reunión del Consejo de Gobierno, declarar como Inversión de Interés Autonómico (DIIA) el proyecto de construcción de tres plantas de gestión de residuos orgánicos para la producción de gas renovable –biometano– en los municipios de Caspe (Zaragoza), La Puebla de Híjar (Teruel) y Fraga (Huesca), promovido por las sociedades BDP Bioenergy VIII, BDP Bioenergy IX y BDP Bioenergy XII, integradas en el grupo empresarial ABEI Energy.

La actuación prevé una inversión global de 58,7 millones de euros y permitirá la puesta en marcha de tres instalaciones destinadas a valorizar residuos, procedentes principalmente de la actividad ganadera y agroalimentaria al transformarlos en biometano, un gas renovable plenamente compatible con las infraestructuras de gas natural existentes.

El conjunto de las tres plantas tendrá capacidad para tratar 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. Una inversión de 58,7 millones en las tres provincias de la comunidadLas tres plantas, ubicadas en las localidades de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, supondrán una inversión conjunta de 58,72 millones de euros -19,99 millones en Caspe, 19,02 millones en La Puebla de Híjar y 19,70 millones en Fraga.

Cerca del 90% de la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028, con la puesta en funcionamiento prevista para junio de 2028 en Caspe, agosto de 2028 en La Puebla de Híjar y octubre de 2028 en Fraga.

El proyecto generará además un importante impacto económico y laboral en el territorio, con la creación de unos 180 empleos directos durante la fase de construcción y 48 puestos de trabajo estables una vez entren en funcionamiento las plantas, a los que se sumarán alrededor de 90 empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados.

En conjunto, los estudios incorporados al expediente estiman que la iniciativa podría alcanzar un impacto total de hasta 462 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y operación.

La declaración de inversión de interés autonómico reconoce la especial relevancia económica, social y territorial del proyecto para Aragón y permitirá agilizar su tramitación administrativa mediante el impulso preferente y urgente de todos los procedimientos vinculados a su desarrollo, sin menoscabo del cumplimiento de todas las autorizaciones y requisitos legales exigibles.

Con esta declaración, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por proyectos vinculados a la transición energética, la economía circular y la valorización de recursos locales, impulsando nuevas inversiones industriales, la creación de empleo y la actividad económica en el medio rural de las tres provincias aragonesas.

El presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha vuelto a situar a Aragón como víctima del Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del decreto que centros de datos que proyecta, y que aún está en fase de alegaciones. El dirigente popular ha sacar el fantasma de un supuesto privilegio a Cataluña con esta cuestión y ha indicado que, de salir adelante la normativa, constituiría “una amenaza muy seria” de perder “miles de millones de euros de inversión”.

Azcón ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de “boicotear” los proyectos empresariales que se instalan en Aragón, en alusión a real decreto sobre granjas de servidores, al que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones.

En declaraciones a los medios tras presentar alegaciones al tramo ferroviario Teruel-Sagunto, Azcón ha apuntado que la mencionada normativa “afecta directamente a Aragón, al trabajo que hemos venido haciendo para atraer no solamente miles de millones de euros de inversión, sino para crear decenas de miles de puestos de trabajo”.

“Si lo que el Gobierno de España quiere, respecto a los centros de datos, se convierte en realidad, existe un riesgo muy serio de que decenas de miles de puestos de trabajo estables, de calidad y bien remunerados no se creen en Aragón”, ha advertido.

“Una vez más, llama la atención que el Gobierno de España esté impulsando un centro de datos y una gigafactoría con empresas en Cataluña, en concreto en Tarragona, y que los proyectos empresariales que vienen a Aragón a invertir trate de boicotearlos”, ha agregado. Hay que recordar que la gigafactoría que se está construyendo en Figueruelas ha contado con 300 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Ejecutivo central y que el conjunto de iniciativas de granjas de servidores que se han anunciado cerca de Zaragoza superan por mucho las que se plantean en el entorno de Barcelona.

“Después del esfuerzo que toda la sociedad aragonesa ha hecho para que esas inversiones vengan a nuestra comunidad autónoma, ahora nos encontramos no con palos en las ruedas, con un bloqueo por parte del Gobierno de España que significa una amenaza muy seria, una amenaza como nunca había tenido la economía de Aragón hasta este momento”, ha sentenciado Azcón.

La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha cargado este jueves contra el proyecto de real decreto que impulsa el Ejecutivo central para regular los requisitos para la instalación de centros de datos. Es “especialmente dañino” y está “especialmente diseñado para hundir” el programa de inversiones del sector en la Comunidad, ha acusado Valle. Según el delegado del Gobierno en Aragón, sin embargo, la iniciativa busca que la proliferación de granjas de servidores no cause “un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”.

La titular de Economía ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar “ocultar su incapacidad para planificar, ejecutar y gestionar la red de transporte”, lo que ha creado “un problema colosal de acceso al sistema eléctrico”.

La propuesta normativa, a la que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 4 de septiembre, exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Asimismo, recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

Alegaciones

La consejera aragonesa ha expresado su “sorpresa” por el escaso margen de maniobra para presentar alegaciones, después de que el Ejecutivo estatal haya estado cinco meses en los que “ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones”.

“Ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores”, ha protestado. En todo caso, el Departamento ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre.

Según el primer análisis realizado, han constatado la “alarmante inseguridad jurídica” que va a provocar este real decreto al afectar a todos los proyectos en tramitación, que “tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.

Un país “sostenible y eficiente”

Para el máximo representante del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, el proyecto de real decreto busca que el país en su conjunto, incluido Aragón, “sea sostenible, eficiente y soberano en todo lo relacionado con los centros de datos”. “Para ello es fundamental conocer cuál va a ser el consumo energético y de recursos de cada uno de los centros y exigirle los máximos estándares europeos de eficiencia en el uso de nuestra agua y energía”, ha apuntado Beltrán, para quien la preocupación debería dirigirse a que las granjas de servidores “no se tramiten con los debidos controles y estándares sobre el uso de nuestros recursos”.

“Es una cuestión que preocupa a los aragoneses y a la que quiere dar respuesta el Gobierno de España. Entre otras cuestiones, por ejemplo, esta norma busca que el gran consumo de electricidad de los centros de datos no cause un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”, ha indicado el delegado del Gobierno, quien ha indicado que una vez que el proyecto ha salido a audiencia pública “todas las partes interesadas pueden remitir sus aportaciones al proyecto”.

En su respuesta a Beltrán, sus palabras suponen “crear una alarma sobre la base de una falsedad” y ha responsabilizado al Gobierno de España de haber creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad e incluso a la vivienda.

“Esto no tiene nada que ver con los precios y sí con dañar el futuro de nuestra comunidad y con destruir una credibilidad que no solo afectará a los centros de datos sino a todas las inversiones que puedan querer llegar”, ha concluido.

El Gobierno de Aragón y el sector del taxi de Zaragoza crearán una mesa de trabajo para revisar la regulación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) interurbanas y preparar una nueva resolución interpretativa que aporte mayor claridad y seguridad jurídica a la aplicación de la normativa. El objetivo es mejorar la convivencia entre el taxi y las VTC y reforzar la capacidad de los agentes para actuar ante posibles incumplimientos.

Así lo ha anunciado este jueves, 27 de agosto, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón Octavio López, tras reunirse con representantes de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza. En el encuentro también han participado la consejera de Movilidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, y el presidente de la asociación provincial del taxi, Miguel Izaguerri.

López ha explicado que el Ejecutivo autonómico dictó en marzo de 2025 una resolución para regular la movilidad entre los distintos sectores del transporte y que transcurridos 18 meses, el encuentro ha servido para analizar cómo se ha desarrollado y aplicado esa norma. A partir de esta evaluación, ha avanzado que la comisión de trabajo se constituirá “de manera inminente” y permitirá preparar durante septiembre una nueva resolución.

El consejero ha señalado que la previsión es que esta nueva orden, “más aclaratoria” y “más eficiente en la gestión”, pueda publicarse en el Boletín Oficial de Aragón antes de que termine septiembre. La intención, ha añadido, es establecer con mayor precisión las reglas de convivencia entre el taxi y las VTC en Zaragoza, de manera que se respeten los derechos de ambos colectivos y se pueda actuar de forma contundente cuando se produzcan infracciones.

“Unas reglas del juego claras”

López ha insistido en que la cuestión no pasa por perseguir a las VTC por el hecho de serlo, sino por garantizar que cualquier operador cumpla las obligaciones establecidas. Ha indicado que las nuevas disposiciones deberán precisar las consecuencias de determinados incumplimientos y proporcionar a los agentes que intervienen en el control herramientas jurídicas suficientemente claras para imponer sanciones o adoptar, cuando corresponda, medidas como la inmovilización de vehículos.

El responsable autonómico ha subrayado que el sistema jurídico español es garantista y que quien recibe una sanción tiene derecho a defenderse, pero ha defendido igualmente que los agentes deben disponer de un marco normativo sólido para que sus actuaciones tengan seguridad jurídica. “Hay que darle carta de naturaleza a algunas normas para que se sepa cuáles son las sanciones que llevan acarreadas comportamientos que no están dentro del marco de la legalidad”, ha manifestado.

El presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izagueri, ha agradecido la disposición del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para continuar trabajando con el sector, pero ha advertido de que el taxi no da “un cheque en blanco” al Ejecutivo. “Hay que seguir trabajando en este tema”, ha recalcado, después de precisar que en la reunión no se ha firmado ningún acuerdo, sino que se ha acordado mantener una mesa de trabajo.

Izaguerri ha defendido que la reivindicación del taxi no consiste en perseguir a las empresas o conductores de VTC por pertenecer a este sector, sino en exigir que se cumpla la legislación. “Nosotros no pedimos perseguir a las VTC por ser VTC, lo que perseguimos es que se cumpla la ley, nada más”, ha señalado. A su juicio, el taxi cumple diariamente sus obligaciones y las plataformas que realizan transporte de viajeros en la ciudad deben hacer lo mismo.

El representante del sector ha considerado que la regulación aprobada en 2025 “se nos ha quedado un poco coja” porque su aplicación durante estos meses no ha funcionado como se esperaba. Por ello, ha reclamado que la futura resolución permita a los agentes disponer de “más armas” para actuar con seguridad jurídica.

Por su parte, la consejera de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha calificado el encuentro como un ejemplo de “trabajo y lealtad institucional” entre las dos administraciones y de escucha a un sector que considera fundamental para la dinamización económica de la ciudad. Ha señalado que el Ayuntamiento mantiene abierta la colaboración con el taxi para abordar sus distintas reivindicaciones.

Las demandas del taxi

Gaudes ha explicado que los asuntos relacionados con la movilidad y el taxi se están tratando a través de una mesa de trabajo municipal en la que se abordan cuestiones diversas, entre ellas el taxi adaptado y las afecciones derivadas de las obras que se están ejecutando en Zaragoza. La consejera ha defendido que este mecanismo permite estudiar las demandas del sector “una a una” y buscar soluciones para cada una de ellas.

La responsable municipal ha situado parte del origen de las dificultades actuales en el marco normativo estatal y europeo que afecta al transporte con conductor. En concreto, ha aludido a la denominada 'ley Ábalos', que, según ha señalado, fue tumbada por contravenir el derecho europeo, una situación que, a su juicio, ha dejado en ocasiones a ayuntamientos y comunidades autónomas “huérfanas” a la hora de afrontar determinados problemas de movilidad.

En este contexto, el Gobierno de Aragón considera necesario dotar a la Comunidad de una legislación propia que permita ordenar de manera más completa los diferentes escenarios del transporte. López ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pretende iniciar durante esta legislatura la tramitación de una nueva ley de transporte de Aragón.

López ha defendido que esta futura legislación permitirá ofrecer un marco normativo más claro ante situaciones que actualmente generan dificultades de interpretación y conflictos entre operadores. La intención es que durante la presente legislatura Aragón pueda disponer de una nueva ley que regule estos escenarios y contribuya a mejorar la movilidad de los ciudadanos.

La futura norma abordará, según ha detallado, cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y con el conjunto del transporte en la comunidad, más allá de la problemática concreta de las VTC. El consejero ha vinculado su impulso a la necesidad de aportar seguridad jurídica a las administraciones, a los agentes que aplican las normas y a los propios colectivos profesionales.

Más seguridad jurídica

Gaudes ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá acompañando al sector del taxi y ha destacado la importancia de la coordinación entre las dos administraciones. A su juicio, la reunión celebrada con el Gobierno de Aragón demuestra que existe voluntad de diálogo y de buscar soluciones mediante la colaboración institucional.

El encuentro deja así dos vías de trabajo diferenciadas. Por un lado, la comisión que Gobierno de Aragón y taxistas constituirán de forma inmediata permitirá revisar la regulación de las VTC y preparar la nueva resolución que se pretende aprobar antes de finalizar septiembre. Por otro, el Ejecutivo autonómico iniciará en septiembre la tramitación de una nueva ley de transporte que aspira a establecer un marco general para Aragón.

De esta forma, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y sector del taxi afrontan los próximos meses con una agenda centrada en mejorar la regulación de las VTC, reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una legislación autonómica de transporte. El objetivo común es aportar mayor seguridad jurídica y ordenar la convivencia entre los diferentes servicios de transporte de viajeros que operan en la capital aragonesa.

Los agricultores que durante los incendios forestales de este verano han puesto sus tractores y maquinaria a disposición de las labores de extinción esperan ahora recuperar el dinero que gastaron para hacerlo. Entre los principales costes asumidos por los profesionales del campo está el combustible utilizado durante las horas de trabajo y los desplazamientos.

El Gobierno de Aragón asegura que estos agricultores serán compensados y que el procedimiento para solicitar el abono se concretará una vez que las emergencias hayan pasado a la fase de recuperación. Así lo trasladan desde Presidencia del Gobierno de Aragón, que sitúa estas compensaciones en el Decreto-ley 6/2025, de 2 de octubre, aprobado como marco general para atender los daños y pérdidas provocados por situaciones de emergencia de protección civil.

“Este es el Decreto Marco que establece las ayudas ante cualquier emergencia de protección civil”, explica el Ejecutivo autonómico. En concreto, el artículo 5 establece la compensación a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestaciones personales o de bienes durante una emergencia. El departamento competente en materia de emergencias debe sufragar los gastos ocasionados cuando esas prestaciones se hayan realizado en las condiciones previstas por la norma. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que este artículo “incluye a los agricultores voluntarios” y que “siempre, en todas y cada una de las emergencias, se pagan esos daños”.

“Cada vez que hay una emergencia de protección civil anunciamos las correspondientes ayudas que, aunque vienen recogidas en este decreto marco, se especifican en cada emergencia”, explican desde Presidencia. También explican que el sistema se activa una vez superada la fase de emergencia. “Lo habitual es que cuando la emergencia pasa a fase recuperación, es decir, cuando el incendio está ya apagado, se abre el plazo para solicitar las compensaciones. Siempre se hace así”, señalan.

Sin embargo, desde finales del mes de junio, cuando se declaró el primer incendio en el que intervinieron agricultores de la comunidad, la Administración todavía no ha abonado estos gastos, tal y como denuncian los afectados. Y, hasta la fecha, tampoco se ha explicado a los interesados cuál es el procedimiento concreto para realizar la petición de las compensaciones. El Gobierno asegura que “en su momento se explicará” y que será cuando los incendios estén extinguidos cuando se concrete cómo deberán realizarse estos trámites, algo que sucederá previsiblemente “en las próximas semanas”, tal y como han adelantado fuentes del ejecutivo a este medio.

No han cobrado todavía

Mientras la Administración, sigue sin fijar una fecha concreta y continúa preparando este procedimiento, quienes están colaborando con sus propios medios necesitan saber cuanto antes quién asumirá el coste de una ayuda que, en muchos casos, están prestando a costa de su propio combustible, del desgaste de su maquinaria y de sus horas de trabajo.

Es el caso de Fernando Luna, agricultor de Robres y uno de los profesionales que acudieron con su maquinaria al incendio declarado en Leciñena para abrir franjas de seguridad y colaborar en la contención de las llamas. Preguntado por si ya les han abonado los gastos de gasóleo derivados de su participación, su respuesta es clara: “No”. Tampoco, según explica, les han comunicado cuándo se realizará el pago.

La incertidumbre se extiende también a la documentación que tendrán que aportar para justificar los gastos. “En Robres hemos presentado un listado de horas al Ayuntamiento”, explica Luna, que señala así uno de los mecanismos utilizados por los agricultores para dejar constancia del trabajo realizado durante la emergencia.

Los que salieron a hacer frente al incendio de Orés explican una situación similar: “Nos dijeron lo que había que hacer para cobrarlo, presentar ticket o declaración responsable”, confirma Diego Pemán, ganadero de Uncastillo, localidad afectada por este incendio. “Al Ayuntamiento se presentaron todos gastos que en teoría hubo y que se calcularon desde el grupo de voluntarios teniendo en cuenta donaciones de comida, aguas y demás, y los gastos de gasoil”, recuerda Pemán.

En Uncastillo se estima que colaboraron 58 tractores y 30 todorerrenos del pueblo, además de los de los vecinos de localidades próximas a esta villa. Los gastos derivados del combustible en la localidad rondaron los 11.000 euros, a los que se sumaron los cerca de 3.000 euros de los todoterrenos y más de 15.000 euros de tractoristas voluntarios de pueblos próximos a la zona. Desde que llevaron estos documentos a sus respectivos ayuntamientos, ninguno de estos agricultores y ganaderos han tenido noticia de la evolución de estos trámites por parte de las autoridades competentes.

Ahora, la cuestión más importante para ellos es saber cómo se traducirá en la práctica la compensación anunciada por el Gobierno de Aragón: qué documentación definitiva tendrán que presentar, cómo se calculará el importe y, lo más acuciante de todo, cuándo recibirán “un dinero necesario para nosotros”, recuerdan los afectados, que en muchos casos están soportando pérdidas en sus explotaciones debido a los temporales de viento, lluvia y granizo de extrema violencia registrados desde el fin de semana en distintos puntos de la comunidad.

Movilización vecinal para sufragar gastos

La incertidumbre sobre cuándo y cómo se compensará a los agricultores ha llevado a algunos vecinos a organizar iniciativas propias para intentar ayudar a quienes están participando activamente en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. La Asociación Vivir en la Canal de Berdún ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos destinada a sufragar los gastos de los agricultores que han aportado en maquinaria, combustible y tiempo en la emergencia.

Su presidente, Peter Rich, explica que la iniciativa surge ante la falta de información clara por parte del ejecutivo aragonés. Además, ha subrayado en distintas declaraciones que “Cada tractor puede consumir hasta 500 litros de gasoil al día”, un gasto al que hay que sumar el desgaste de los aperos y otras averías que pueden derivar del desgaste general debido al trabajo de unas “máquinas cuyo valor puede ascender hasta 300.000 euros”.

Cuando se hizo pública esta iniciativa vecinal, el Gobierno de Aragón emitió un comunicado calificándola de “bulo” y aseguró por varios canales de comunicación que era el Ejecutivo el que se iba a hacer cargo de esos gastos.

Sin embargo, en el incendio de las Peñas de Riglos, no el Gobierno de Aragón pero sí otra institución pública, en este caso la Comarca de la Jacetania, ha aprobado 40.000 euros específicamente para cubrir el combustible de agricultores y ganaderos voluntarios que utilizaron su propia maquinaria en las labores de extinción del fuego. El acuerdo se aprobó por unanimidad en el pleno comarcal del 20 de agosto y la información publicada el día 21 señala que la cuantía de 55.000 euros aprobada de urgencia -40.000 € para combustible y otros 15.000 € para diferentes gastos- tienen como finalidad realizar un “pago rápido” a quienes colaboraron en el incendio. Por el momento no se ha confirmado que las transferencias ya se hayan efectuado a los interesados.

Incendios ya extinguidos y sin compensación para los agricultores

Durante el verano de 2026, Aragón ha sufrido varios incendios forestales de especial relevancia. El incendio de Tamarite de Litera -Huesca- se declaró el 25 de junio y afectó a unas 4.525 hectáreas, aunque la mayor parte correspondió a superficie agrícola. El 30 de junio se declaró el incendio de Leciñena, Robres y Alcubierre -Zaragoza-, en la Sierra de Alcubierre, que afectó a más de 3.000 hectáreas, con aproximadamente un 80 % de masa forestal. Además de los incendios en Loporzano, Castillonroy y Plan -Huesca-, Almonacid de la Sierra -Zaragoza- y de Ejulve -Teruel-, uno de los episodios más graves comenzó el 15 de julio en Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), donde el fuego llegó a afectar a unas 15.700 hectáreas.

Hasta la fecha el incendio declarado el 10 de agosto ya denominado como gran incendio de Las Peñas de Riglos -Huesca-, con unas 14.500 hectáreas calcinadas y más de 1.000 personas desalojadas de 19 municipios, se encuentra desde el día 21 de agosto controlado, aunque todavía no se considera oficialmente extinguido.

Quitando este, el resto de los incendios en los que ha habido colaboración por parte de los agricultores en las labores de extinción se han dado ya por extinguidos, algunos desde hace semanas, es decir, la emergencia ha pasado a fase recuperación, por lo que tal y como explican desde Presidencia se debería “abrir el plazo para solicitar las compensaciones”. Sin embargo, los agricultores aseguran no haber recibido información a este respecto.

El gasóleo, entre los gastos que se quieren compensar

La base jurídica de estas ayudas se encuentra en el Decreto-ley 6/2025, cuyo artículo 5 establece que el Gobierno de Aragón compensará los gastos, daños o perjuicios derivados de la prestación de bienes o servicios durante una emergencia, incluidos los realizados por agricultores voluntarios, según la interpretación de Presidencia. Aprobado en octubre de 2025 y convalidado posteriormente por las Cortes de Aragón, el decreto permite además extender estas ayudas a otros acontecimientos catastróficos cuando se solicite su declaración como emergencia de interés nacional o como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

La principal preocupación de los agricultores es el coste del combustible consumido durante las horas de colaboración. El Gobierno de Aragón asegura que estos gastos están incluidos dentro de las compensaciones.

La Administración deberá concretar ahora cómo se acredita ese consumo y qué sistema se utilizará para calcular el importe que corresponde a cada agricultor. Desde Presidencia insisten en que el procedimiento se explicará cuando las emergencias pasen a la fase de recuperación. Será entonces cuando se conozcan los plazos para solicitar las compensaciones, los requisitos y la forma en la que se determinará el importe que recibirá cada agricultor.

Hasta entonces, quienes se subieron al tractor para ayudar a frenar las llamas, quienes han puesto horas de trabajo, maquinaria y combustible para colaborar en la extinción, tendrán que esperar a que esos gastos, tal y como asegura el Gobierno de Aragón, sean finalmente resarcidos y que los costes derivados de esa participación no terminen saliendo de sus bolsillos.

El programa de incentivos al consumo Volveremos ha puesto en marcha este miércoles, 26 de agosto, en Zaragoza su campaña de 'La Vuelta al Cole', con un presupuesto de 2.976.608 euros, el mayor destinado hasta la fecha a esta iniciativa en la capital aragonesa.

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón aportan 1.488.302 euros cada uno, lo que supone un incremento superior al 10% respecto al presupuesto de la campaña del año pasado. El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado la campaña en la librería 'Tu tienda de al lado', en Rosales del Canal, uno de los establecimientos que concentra una elevada actividad durante estas fechas.

Desde este miércoles, los usuarios de Volveremos pueden acumular un 20% del importe de sus compras realizadas todos los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos, hasta que se agote el saldo disponible. La cantidad generada se incorpora al monedero virtual de la aplicación y puede utilizarse posteriormente cualquier día de la semana y en cualquiera de los negocios participantes, hasta el 31 de diciembre de 2026. En Zaragoza, más de 2.300 comercios y más de 100.000 usuarios regirstrados forman parte de la red del programa.

Para beneficiarse de los incentivos es necesario descargar la aplicación móvil Volveremos, disponible para Android e iOS, registrarse y presentar en el establecimiento el código QR generado por la propia aplicación.

Tras realizar la compra, el usuario recibe en su monedero el 20% correspondiente, que podrá emplear en posteriores adquisiciones. La campaña busca así apoyar al comercio de proximidad y, al mismo tiempo, aliviar el incremento de gastos que afrontan las familias durante el inicio del curso escolar, especialmente en la compra de libros, material, ropa, calzado o equipamiento.

Gimeno ha destacado durante la presentación que el objetivo de la campaña es que “no haya ningún sector que se pueda quedar fuera de esta vuelta al cole”, más allá de las librerías y papelerías.

El consejero ha señalado que las familias afrontan después del verano una época de especial esfuerzo económico, ya que a los gastos propios del inicio del curso se suman las compras necesarias para reponer los productos básicos del hogar después de las vacaciones.

“Volveremos es la medida pública más eficaz que existe para estos momentos”, ha asegurado, al considerar que el saldo supone “un verdadero alivio para miles de zaragozanos” y, a la vez, un respaldo para los establecimientos comerciales después del mes de agosto.

El consejero ha subrayado también que la campaña pretende servir como primer impulso para los comercios durante una época del año tradicionalmente complicada, especialmente en los meses de julio y agosto. Aunque Gimeno ha señalado que el turismo ha permitido este año una mayor actividad en el comercio y la hostelería de los barrios de Zaragoza, ha defendido que el programa puede ayudar a los establecimientos a afrontar con una mejor posición el tramo final del ejercicio.

En este sentido, ha recordado que Volveremos ha superado ya los 300 millones de euros en ventas en Zaragoza desde su implantación en 2020 y que en 2025 volvió a batir su récord anual, con más de 81,3 millones de euros en ventas.

15,6 millones de euros en ventas

La nueva campaña llega después de la primera oleada de Volveremos de 2026, desarrollada en junio con un presupuesto de 1,882 millones de euros.

Desde la reactivación del programa este año se han generado ya más de 15,6 millones de euros en ventas, mientras que los usuarios mantienen actualmente alrededor de 900.000 euros de saldo sin gastar en sus monederos virtuales. Gimeno ha pedido a las familias que utilicen progresivamente estas cantidades y no esperen hasta final de año, ya que existen límites de utilización mensuales y por establecimiento.

El consejero ha explicado que esos 900.000 euros pendientes de consumir pueden generar todavía varios millones de euros de ventas en los comercios adheridos. “Que no lo dejen para el final”, ha reclamado, al recordar que el saldo acumulado durante las campañas puede utilizarse hasta el 31 de diciembre, pero que los usuarios deben tener en cuenta los límites existentes. La intención del Ayuntamiento, ha añadido, es que “ni un solo euro se devuelva a las arcas municipales” por no haber sido utilizado, sino que todo el saldo termine repercutiendo en el comercio local.

Una de las principales novedades incorporadas este año es el denominado 'Bizum de Volveremos', que permite transferir saldo entre usuarios de la propia aplicación. De esta forma, familiares y amigos pueden compartir las cantidades acumuladas y facilitar su utilización antes de que termine el año.

La medida pretende evitar que parte del saldo generado quede sin consumir, algo que en anteriores campañas suponía que entre un 10% y un 15% de las cantidades disponibles no llegaran a utilizarse por falta de tiempo, despistes o por alcanzar los límites establecidos.

La campaña incorpora además mejoras dirigidas directamente a los establecimientos. Los comercios cuentan con un nuevo espacio dentro de la plataforma desde el que pueden consultar en tiempo real sus transacciones, tickets y facturación, así como realizar un seguimiento de las liquidaciones.

Gimeno ha indicado que Volveremos debe continuar evolucionando para facilitar el trabajo de los comerciantes: “Cualquier segundo que consigamos reducir la venta es tiempo, y es un tiempo de oro para los comerciantes”, ha señalado ante las colas que ya se registraban este miércoles en el establecimiento de Rosales del Canal.

Comercio de calles en obras

La evolución del programa se completa con campañas específicas desarrolladas durante el año para determinados sectores o zonas comerciales. Entre ellas se encuentran las iniciativas vinculadas al comercio de calles en obras, que en su última edición generó más de 600 transacciones y 132.000 euros en ventas. Para Gimeno, el éxito de Volveremos se explica también por la planificación conjunta entre las instituciones y las organizaciones de comerciantes, que permite situar las campañas en momentos estratégicos para estimular el consumo.

En cuanto a los hábitos de compra, el consejero ha explicado que los sectores con mayor volumen de ventas no siempre coinciden con aquellos en los que más se utiliza posteriormente el saldo. Las compras de mayor importe, como las relacionadas con muebles o electrodomésticos, pueden generar cantidades elevadas en el monedero, mientras que posteriormente el saldo se utiliza principalmente en alimentación y productos de primera necesidad, que representan más de un tercio del consumo, además de textil, calzado y otros gastos cotidianos.

La campaña de 'La Vuelta al Cole' de Volveremos se mantendrá activa los miércoles y viernes hasta que se agote el presupuesto disponible. Después de esta segunda oleada de 2026, el Ayuntamiento de Zaragoza prevé todavía una nueva campaña en otoño, con otros dos millones de euros municipales pendientes de activar. El programa encara así el tramo final del año con el objetivo de seguir movilizando el consumo y reforzando la actividad de los pequeños comercios de los barrios zaragozanos.

La compañía Shenghe, a través de su filial Veranova Technology, invertirá 25 millones de euros y creará cien empleos en la puesta en marcha de una planta de economía circular en Pedrola (Zaragoza). El proyecto estará instalado en una parcela de hasta 20.000 metros cuadrados dentro del polígono El Pradillo de esta localidad.

Las obras comenzarán en los próximos meses para estar en funcionamiento en 2028. El objetivo de la compañía es reciclar N-metil-2-pirrolidona (NMP), un disolvente clave en la fabricación de baterías.

A través de un innovador proceso, en la planta se recuperará, purificará y reintroducirá en el proceso productivo este residuo industrial, cerrando el ciclo del material para volver a los ciclos productivos de cualquier fábrica de baterías, favoreciendo de esta manera el desarrollo del ecosistema del sector de las baterías en todo Aragón.

En total, está prevista el tratamiento de hasta 100.000 toneladas de NMP al año. El sistema integra recuperación de gases, destilación de alta pureza (>99,92%) y reutilización industrial, reduciendo emisiones, consumo de recursos y costes operativos. De esta manera, no sólo se reducen emisiones y residuos, sino que disminuye la dependencia de materias primas vírgenes, mejora la eficiencia energética (recuperación de calor superior al 80%) y reduce costes operativos.

Este enfoque permite transformar un residuo en recurso estratégico, alineándose con las políticas europeas de sostenibilidad y posicionando a Aragón como referencia en tecnologías limpias vinculadas a baterías.

Aragón Exterior

La compra del terreno se produce tras la realización de más de 40 gestiones entre mayo de 2025 y abril de 2026 desde la empresa Aragón Exterior (Arex) en coordinación con la propia empresa.

Los contactos se han realizado con múltiples actores como Invest in Spain, diferentes ayuntamientos de la zona, ingenierías o consultoras. Desde Arex se ha trabajado dando soporte integral en diversas materias, con una intermediación institucional que ha resultado clave y con el acompañamiento continuo durante la captación, el aterrizaje y la ejecución del proyecto.

La empresa Shenghe Energy Technology Co, fue fundada en 2009 y ha emergido como una referencia en la industria de reciclaje de disolventes y en la investigación de nuevos materiales vinculados con la sostenibilidad.

La compañía en la actualidad tiene doce filiales en países como Hungría, España Singapur, Indonesia, Malasia y Hong Kong, entre otras.

Además de estas filiales, la compañía fabrica en tres centros de producción en China, un centro de producción en Indonesia –que ya ha entrado en funcionamiento este año– al que se une el futuro centro en Pedrola, que se convertirá en una parte importante de la expansión global de la compañía.

El comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza ha interpuesto una denuncia ante Inspección de Trabajo por la “negativa” de la empresa a proporcionar la información laboral sobre las materias que establece la legislación vigente, solicitada de “forma reiterada” por dicho órgano representante de los trabajadores.

La denuncia se ha presentado ante la Inspección de Trabajo el pasado 17 de agosto al entender la representación legal de los trabajadores en la empresa FCC Parques y Jardines “incumplidas” las peticiones de información solicitadas.

Estas peticiones versan sobre el registro retributivo, la previsión anual de los contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, las copias básicas de los contratos que deben contener todos los datos que exige el estatuto de los trabajadores, las prorrogas y denuncias de los contratos o las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas.

Desde el Comité de empresa de FCC Parques y Jardines han subrayado que los tribunales han venido reconociendo que esta práctica “quebranta la tutela de libertad sindical” al “impedir” el desarrollo de la acción sindical, en particular en lo relativo a la transmisión de información al comité de empresa, un elemento que la jurisprudencia considera “idóneo, necesario, proporcionado y legítimo” para la defensa de los intereses sindicales.

El TSJA ya encuadró en su momento que estos hechos suponen la vulneración del artículo 28 de la Constitución española, relativo a la libertad sindical, en su vertiente del derecho a la información, así como del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, obligó a la empresa a cesar en la conducta y a facilitar la documentación requerida, han indicado los trabajadores.

El Comité de empresa ha recordado que la empresa ya ha sido condenada hasta en cuatro ocasiones por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical.

Las distintas sentencias “consideran probado” que la empresa no ha entregado a las personas delegadas sindicales la información a la que tienen derecho según el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. Además, el hecho de no entregar la información en tiempo y forma, tras reiteradas y numerosas solicitudes, “lesiona de manera muy grave” el derecho a la libertad sindical.

Asimismo los trabajadores han informado de que se ha dado traslado de esta nueva demanda al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que podría suponer un “nuevo incumplimiento” de los pliegos de condiciones.

Teruel y Zaragoza se situaron entre las provincias con mayor repunte del gasto turístico extranjero durante la semana del eclipse solar, según el análisis de BBVA Research sobre compras con tarjetas de entidades extranjeras en terminales punto de venta (TPV) de esta entidad bancaria. Entre el 10 y el 16 de agosto, el gasto presencial de visitantes extranjeros aumentó un 79,0% interanual en Teruel y un 77,6% en Zaragoza, dos de los siete mayores incrementos provinciales del país, solo por detrás de Soria (+220,1%), La Rioja (+106,2%), Asturias (+88,7%) y Segovia (+83,1%), y por delante de León (+78,3%).

El repunte turolense y zaragozano no fue solo intenso en términos absolutos, sino también en su aceleración respecto a la semana previa: Teruel sumó 64,9 puntos porcentuales de crecimiento frente al periodo anterior y Zaragoza 62,8 puntos, cifras que las colocan entre los cinco territorios con mayor cambio de tendencia, únicamente por detrás de Soria (+186 pp), La Rioja (+82 pp) y Guadalajara (+66,2 pp).

Ambas provincias aragonesas se beneficiaron de su posición entre los territorios con cobertura total o cercana al 100% del eclipse, el grupo que registró el mayor dinamismo del gasto extranjero a nivel nacional: un 25,7% interanual de media, 13,6 puntos más que la semana anterior y 18,5 puntos más que dos semanas antes. Esta cifra contrasta con el crecimiento del 13,8% registrado en el conjunto de España durante el mismo periodo, unos tres puntos por encima de las dos semanas previas.

El patrón se repite al desagregar por nivel de cobertura: mientras las provincias con visibilidad total del fenómeno crecieron un 25,7%, las que tuvieron entre el 99% y el 100% subieron un 18,5%, las de entre el 95% y el 98% un 11,9%, las de entre el 80% y el 94% un 5,7%, y las de menor cobertura (por debajo del 80%) un 7,3%, en línea con las semanas anteriores. Los datos sugieren así un efecto sustitución: los viajeros extranjeros concentraron su gasto en los destinos de mejor observación del eclipse, entre los que Teruel y Zaragoza ocuparon un lugar destacado, en detrimento de otras zonas del país.

El turismo nacional no siguió la misma pauta

El comportamiento de los viajeros nacionales fue distinto. El gasto presencial de clientes de BBVA fuera de su provincia de residencia habitual —usado como aproximación al turismo nacional— no mostró un impulso diferencial durante la semana del eclipse. De hecho, descendió en casi todos los grupos de provincias respecto al mismo periodo de 2025, una evolución que podría estar condicionada por el efecto calendario del 15 de agosto, que este año no generó puente.

En conjunto, los datos apuntan a que el eclipse actuó como un factor de atracción específicamente para el turismo internacional, con Teruel y Zaragoza entre las provincias españolas donde ese efecto se notó con más fuerza.

Un megaproyecto urbanístico que llevaba décadas en el tintero empieza a ver la luz en el valle de Benasque. Y lo hace aprovechando la millonaria inversión que impulsa el Gobierno de Aragón con un telecabina hasta Cerler, una infraestructura que precisamente se sitúa junto a la mencionada zona, donde promotores privados prevén desarrollar hasta 1.162 viviendas sobre 33,5 hectáreas. El Ayuntamiento, sin embargo, desvincula ambas operaciones y asegura que se trata del crecimiento urbano natural del municipio.

La propuesta residencial requerirá una inversión estimada de 15 millones de euros para desarrollar viales y nuevos suministros. Además, los promotores calculan que todavía deberán pasar al menos dos años antes de que pueda materializarse. Los pisos se levantarían progresivamente durante dos décadas, al ritmo que marque el mercado.

El Ayuntamiento de Benasque defiende como la evolución natural de un suelo previsto para el crecimiento urbano que, además, mejoraría la conexión de esta zona con Benasque mediante nuevos accesos de entrada al municipio y descongestionaría la llegada a la telecabina. Sin embargo, su alcalde, Manuel Mora, desvincula ambos proyectos y sostiene que dicho desarrollo residencial responde a un enfoque más antiguo.

“Es un planeamiento urbanístico que lleva desde los años setenta”, explica Mora a elDiario.es, quien señala que, de momento, el paso administrativo que se ha dado consiste en delimitar qué área podrá ser urbanizable. Para el alcalde no tiene nada que ver con la puesta en marcha de la telecabina, sino de la continuación de un proyecto previsto desde el siglo pasado. “No es ninguna noticia, es el proceso normal que llevan las áreas de ampliación de los cascos urbanos”, añade el regidor.

Desde el consistorio defienden además que este desarrollo generará nuevos viales, solares, zonas verdes y dotaciones de servicios. Asegura Mora que, siempre que se realice de manera sostenible, el crecimiento urbanístico “seguramente será un beneficio para todos los futuros vecinos de Benasque y todos aquellos que quieran venir a vivir” porque “al campo tampoco se le pueden poner puertas”.

Sin embargo, la crisis de vivienda que afecta al valle de Benasque y la cuestión sobre quién podrá realmente acceder a las futuras viviendas son dudas que plantea la plataforma Vivienda Digna Benasque. Lidia Fernández es integrante de la organización y vecina del valle y considera que el problema no es únicamente cuánto suelo residencial se pone al mercado, sino el tipo de vivienda que se genera.

“Para los trabajadores y la gente de aquí no hay vivienda. Hay quien tiene que bajarse a 50 minutos de aquí porque no hay ni siquiera oferta. Si salen pisos están a 1.000 euros de alquiler”, explica. Fernández considera que este proyecto urbanístico no está vinculado a una necesidad residencial concreta, sino que acabará destinado fundamentalmente a segundas residencias.

Por tanto, la plataforma cuestiona que la construcción de nuevas viviendas permita aliviar los precios y señalan que, en un territorio como el valle de Benasque sometido a una fuerte presión turística, la vivienda adicional no va a acabar destinada a residencia habitual.

29 viviendas de protección oficial

Frente a estas críticas, Mora se escuda en la construcción de 29 viviendas de protección oficial sobre suelo municipal. El alcalde explica que el Gobierno de Aragón ha sacado a licitación el proyecto para que las empresas interesadas puedan presentarse, cuyo plazo vence a finales de septiembre, y destaca que el suelo es municipal cedido para facilitar la actuación. Mora cree que las plataformas de vivienda también estarán en contra de esta oferta pública y afirma que “en Benasque, hoy en día, hay viviendas”.

Para la plataforma Vivienda Digna Benasque, estas 29 viviendas no solucionan el problema de la vivienda en el valle. Fernández cuestiona que una promoción de este tamaño pueda compensar la presión del mercado inmobiliario y reclama un parque público permanente y mucho más amplio.

“Saldrán a un precio elevado. Teniendo en cuenta el salario que tenemos y la zona en la que vivimos, muy temporalista, no creemos que vayan a ser muy accesibles. Además, se hacen a las afueras de Benasque. Segregar viviendas sociales genera problemas porque no están cerca de los servicios y lo que se busca es que estén integradas con la vivienda nueva”, explica.

Fernández cree que los responsables de vivienda del consistorio deberían reunirse con la población para plantear un debate y poner soluciones a los problemas. “Estas 29 viviendas son un porcentaje ínfimo del parque de vivienda, no van a resolver nada, está demostrado y está visto que cuando se promueven este tipo de macroproyectos aumenta la presión sobre el precio de la vivienda”, defiende.

Un crecimiento a veinte años vista

Las 1.162 viviendas proyectadas junto a la telecabina no se levantarán al mismo tiempo, sino que los promotores plantean desarrollarlas durante veinte años. Precisamente, será la capacidad del mercado la que absorba la nueva oferta. Para Vivienda Digna Benasque, este ‘timing’ refuerza la visión de que el desarrollo no responde a una necesidad habitacional concreta.

“No quieren que aumente la vivienda de los de aquí. Quieren que aumente la segunda residencia porque hace un proyecto, lo venden, ganan dinero, vienen aquí en verano o invierno y luego se van”, asegura Fernández. Esta vecina del valle de Benasque reclama medidas dirigidas a limitar la conversión de viviendas en segundas residencias y usos turísticos.

Sostiene que, sin mecanismos que garanticen el acceso a los residentes, el mercado terminará determinando el destino de dichas viviendas y teme que las consecuencias ya son visibles en otras zonas turísticas de España, donde el aumento de la presión inmobiliaria expulsa a la población que vive y trabaja en el territorio.

Además, la plataforma vincula esta situación con la falta de servicios y la capacidad de asumir un crecimiento de esta magnitud. En ese sentido, advierten problemas relacionados con el saneamiento, el agua, la gestión de residuos, el transporte o los servicios públicos.

Y es que, aunque el Ayuntamiento rechace una vinculación entre esta promoción urbanística y la telecabina Benasque-Cerler, la plataforma mantiene que ambas actuaciones forman parte de una estrategia de crecimiento turístico e inmobiliario.

De hecho, sitúa este debate en una discusión más amplia sobre el destino de los fondos públicos y el modelo económico del valle “No todo tiene que ser el turismo y si es así, que sea un turismo sostenible y adaptado a la capacidad que puede tener un territorio. No explotarlo ilimitadamente, poniendo en riesgo la supervivencia de la población y la expulsión de las personas con menos recursos que están precarizadas”, insiste Fernández.

En el fondo de la controversia existen dos visiones distintas de cómo debe crecer Benasque. Una defendida por la posibilidad de desarrollar un suelo que lleva décadas previsto y la otra reclama que, antes de ampliar el parque inmobiliario, se determine en primer lugar las necesidades de la población residente y la capacidad del territorio.

El debate, por tanto, no se limita a las 1.162 viviendas previstas ni cuándo comenzarán a construirse. Sino a una cuestión más profunda sobre si el crecimiento inmobiliario permite mantener población y garantizar vivienda para quienes trabajan en el valle.

La gigafactoría de baterías que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de la 'joint venture' Contemporary Star Energy (CSE) tiene luz verde para generar el mayor volumen autorizado de residuos peligrosos de Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha fijado en hasta 111.067 toneladas anuales la cantidad de estos residuos que podrá generar la planta. La cifra supera el máximo histórico registrado en el conjunto de la comunidad en un solo año: 106.132 toneladas, en 2021.

La resolución del INAGA del 22 de julio permite la instalación de Contemporary Star Energy (CSE), la empresa que levanta la fábrica de celdas y módulos de baterías en el polígono Entrerríos, y modifica al mismo tiempo la autorización ambiental de la vecina planta de vehículos de Stellantis. El documento detalla, residuo por residuo, qué producirá la fábrica y en qué cantidades. El grueso de esas 111.067 toneladas corresponde a un único compuesto: el NMP (N-metil-2-pirrolidona), un disolvente que se emplea en la fabricación de electrodos de baterías de litio. Su volumen autorizado, 60.560 toneladas al año, equivale por sí solo a más de la mitad de todo lo que generará la planta y supera el 60% de lo que produjo el conjunto de Aragón en 2022, último año con datos publicados por el IAEST (97.762,6 toneladas).

A ese residuo le siguen en volumen los cartuchos colectores de polvo (15.600 toneladas anuales), los restos de pilas y celdas desechadas en el proceso de fabricación (12.901 toneladas) y los aceites minerales y grasas (6.480 toneladas). En conjunto, nueve categorías de residuos concentran el 97% del total autorizado para la instalación. La diferencia con la fábrica de vehículos que Stellantis opera en el mismo polígono es considerable: su autorización contempla 3.727 toneladas de residuos peligrosos al año, casi treinta veces menos que las 111.067 toneladas previstas para la nueva planta de baterías.

Crece la gestión de residuos peligrosos en Aragón

Los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) muestran que el número de empresas registradas como productoras de residuos peligrosos en Aragón ha crecido de forma sostenida en la última década: de las 225 que había en 2012 se ha pasado a 340 en 2022, un incremento del 51%. Los pequeños productores —los que generan menos de 10.000 kilogramos al año— casi se han duplicado, de 8.511 a 14.443.

El volumen total de residuos peligrosos gestionados en la comunidad, que incluye tanto los generados en Aragón como los que llegan desde fuera para ser tratados, ha pasado de 102.719 toneladas en 2012 a 202.086 en 2022, prácticamente el doble. Buena parte de ese crecimiento se explica por el aumento de residuos importados de otras regiones y del extranjero para su tratamiento, no solo por la producción local.

La cifra de la gigafactoría es la cantidad máxima que la resolución autoriza a producir, no una medición de la actividad real: la planta todavía no opera a su capacidad final, que se alcanzará por fases hasta llegar a los 50 GWh/año de producción de celdas previstos para dentro de varios años. Los datos del IAEST, en cambio, reflejan producción efectiva, año a año.

La resolución autoriza además a Contemporary Star Energy a operar su propia instalación de tratamiento de residuos peligrosos. La empresa podrá tratar hasta 27,72 toneladas al año de restos de ánodo procedentes de baterías desmontadas, mediante un proceso de oxidación térmica que busca neutralizar un material considerado potencialmente reactivo antes de enviarlo a valorización, reduciendo así el riesgo de incendio.

Respaldo municipal y una alegación descartada

Los ayuntamientos de Figueruelas y de Pedrola, los dos municipios sobre los que se asienta el complejo industrial, se pronunciaron a favor del proyecto durante su tramitación, subrayando el impulso económico y la creación de empleo que supondrá para la comarca. La gigafactoría prevé emplear a 3.000 trabajadores de forma directa una vez esté a pleno rendimiento, trabajando en turnos que cubrirán las 24 horas del día durante prácticamente todo el año.

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón presentó un escrito de alegaciones sobre las infraestructuras energéticas asociadas al proyecto, pero llegó fuera del plazo de información pública y el INAGA lo dejó fuera del expediente por no considerarlo objeto de esta autorización concreta.

El proyecto, conocido internamente como “Proyecto Toro”, fue declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón a finales de 2024 y fue aprobado como Proyecto de Interés General de la comunidad en noviembre de 2025.

El Gobierno de Aragón quiere eliminar la distancia mínima de 500 metros que actualmente impide instalar alojamientos turísticos al aire libre y alojamientos turísticos singulares junto a actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. La medida forma parte de la modificación del Decreto 35/2023, actualmente en fase de información pública, y la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) ha presentado alegaciones al considerar que este cambio “reduce la seguridad jurídica” y “deja un mayor margen de discrecionalidad a la Administración”.

La organización sostiene que el principal problema no es únicamente la desaparición de esa distancia mínima, sino que la nueva regulación “no incorpora ningún parámetro alternativo que permita garantizar decisiones homogéneas, transparentes y previsibles”. A su juicio, la reforma elimina “el único criterio objetivo que actualmente permite determinar de forma clara la compatibilidad” entre los alojamientos turísticos y las actividades que pueden generar molestias o riesgos para las personas usuarias.

La memoria que acompaña al proyecto justifica la modificación porque la distancia mínima vigente está dificultando la implantación de determinados proyectos turísticos considerados estratégicos. Sin embargo, UCARAGÓN replica que esa afirmación “carece de una motivación suficiente”, ya que en la documentación sometida a información pública “no figuran estudios técnicos, informes de impacto, análisis estadísticos, expedientes afectados ni evaluaciones comparativas” que acrediten la necesidad real de la medida.

La asociación considera que la consecuencia más preocupante de la reforma es que “sustituye una regla objetiva por decisiones administrativas basadas en valoraciones individuales sin criterios previamente definidos”. En su opinión, esa situación “podría provocar que situaciones similares recibieran respuestas distintas según el órgano competente, el territorio o la interpretación aplicada en cada expediente”, lo que afectaría tanto a consumidores como a empresarios, que perderían capacidad para conocer de antemano cuáles son los requisitos efectivos para implantar un establecimiento turístico.

Frente a la supresión de la distancia mínima, UCARAGÓN plantea que, si el Gobierno de Aragón considera desproporcionado mantener un límite uniforme de 500 metros, lo sustituya por criterios técnicos verificables. Entre ellos propone fijar niveles máximos de ruido, emisiones contaminantes, generación de olores, intensidad del tráfico asociado, riesgos para la salud y la seguridad u otros indicadores ambientales medibles. A su juicio, este modelo permitiría adaptar las decisiones a las características de cada proyecto “sin generar incertidumbre ni riesgos de arbitrariedad”.

Además de pedir que se mantenga la distancia mínima prevista en la normativa vigente o que se sustituya por parámetros objetivos, la organización reclama reforzar la participación de las asociaciones de consumidores durante la tramitación del decreto. También asegura que no fue consultada durante la elaboración del proyecto y afirma que tampoco le consta que lo fuera el Consejo de Consumidores de Aragón, por lo que solicita al Ejecutivo autonómico que haga públicas las entidades que participaron en ese proceso, las observaciones presentadas y la forma en que estas fueron tenidas en cuenta en la redacción del texto.

La asociación concluye que “la Administración no puede sustituir una garantía objetiva por decisiones discrecionales sin explicar cómo se tomarán esas decisiones” y sostiene que eliminar reglas claras “sin aportar criterios alternativos supone aumentar la incertidumbre y reducir la protección tanto de los consumidores como de los propios empresarios turísticos”. El proyecto de modificación del Decreto 35/2023 fue sometido a información pública mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 8 de julio, abriéndose un plazo de un mes para la presentación de alegaciones.

Hace dos años, una llamada de Microsoft abrió una negociación que la familia Garza nunca imaginó que acabaría en una expropiación. Los propietarios de una de las parcelas sobre las que se levantará el futuro campus de centros de datos de la multinacional estadounidense en Zaragoza rechazaron vender sus terrenos junto a Puerto Venecia por entre 25 y 30 euros el metro cuadrado y hoy denuncian que el procedimiento impulsado por el Gobierno de Aragón fija una valoración de alrededor de dos euros por metro.

“Nos llamaron por primera vez hace dos años y pidieron confidencialidad”, relata Ana Garza, una de las afectadas. Según explica, la familia rechazó entonces la oferta porque consideraba que el precio no se correspondía con el valor de unos terrenos situados junto a Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Zaragoza, y colindantes con Parque Venecia, uno de los barrios con mayor crecimiento urbanístico de la ciudad.. “Nos hablan de un proyecto prioritario para Aragón, pero al final la prioridad ha sido una empresa extranjera”, sostiene, en referencia al proyecto impulsado por Microsoft.

La negociación volvió a reabrirse en la primavera de 2025. “Nos hicieron una oferta similar y nos dijeron que, si no aceptábamos vender, acabarían expropiándonos”, asegura Garza. La familia volvió a negarse. Pocos meses después, en septiembre de 2025, el Gobierno de Aragón declaró de interés general el proyecto del campus de centros de datos de Microsoft e inició la tramitación del procedimiento expropiatorio. En enero de este año, los propietarios recibieron la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

El Gobierno de Aragón considera el campus de centros de datos de Microsoft uno de los proyectos estratégicos de la legislatura. La multinacional prevé invertir 2.900 millones de euros en Aragón para desarrollar tres campus, uno de ellos junto a Puerto Venecia.

En total, el procedimiento expropiatorio afecta a unas 16,5 hectáreas de suelo destinadas al futuro campus tecnológico. Según la documentación del expediente, el justiprecio —la indemnización económica fijada por la Administración al expropiar un bien— varía en función del tipo de terreno y de las construcciones existentes, situándose entre los dos y los cinco euros por metro cuadrado en las parcelas afectadas. Una cifra que los afectados comparan con los 57 euros por metro cuadrado que Microsoft abonó en La Muela, donde el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo para vender a la multinacional los terrenos necesarios para completar la ampliación del polígono Centrovía.

“Todo fue muy rápido hasta llegar al precio”

La familia explica que, en el marco del procedimiento expropiatorio, se incorporó al expediente una valoración pericial encargada por Microsoft que sitúa el precio de los terrenos en torno a dos euros por metro cuadrado. Los propietarios presentaron posteriormente su hoja de aprecio, paso previo a la fijación del justiprecio en caso de desacuerdo entre las partes. Sin embargo, aseguran que desde abril no han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de Aragón sobre el estado del expediente. “Todo era prioritario, todo iba muy rápido, pero cuando llegó el momento de fijar el precio llevamos meses sin saber nada”, lamenta Garza.

El Gobierno de Aragón explica que el expediente se encuentra todavía en la fase de intercambio de hojas de aprecio. Según detalla, los propietarios presentaron sus valoraciones entre abril y junio y estas han sido trasladadas a Microsoft, como beneficiaria de la expropiación, para que formule su propia hoja de aprecio. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo, el expediente se remitirá al Jurado Provincial de Expropiación para fijar el justiprecio.

Más allá del precio, los afectados cuestionan también el alcance del procedimiento. Según sostienen, la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) prevé que los edificios del campus ocupen alrededor de 68.000 metros cuadrados, mientras que la expropiación afecta a unas 16,5 hectáreas. “Nos preguntamos qué ocurre con el resto del suelo y por qué se expropia toda esa superficie cuando el proyecto ocupa bastante menos”, afirma.

La familia critica además que no pudo participar en la tramitación del proyecto y considera que este se impulsó sin un grado de definición suficiente. En este sentido, recuerda que el propio Plan de Etapas incorporado al PIGA señala que las obras comenzarán “una vez se reciba la aprobación definitiva del PIGA” y fija un plazo estimado de cuatro años para completar y poner en marcha la primera fase del campus, además de prever que los tres campus proyectados se desarrollen de forma paralela. Los propietarios han presentado diversos escritos ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza en los que denuncian presuntas irregularidades en la tramitación administrativa y en las actuaciones que, según sostienen, ya se están desarrollando sobre los terrenos.

Los afectados cuestionan igualmente el impacto económico que tendrá el proyecto una vez concluya la construcción. A su juicio, la documentación presentada para justificar la declaración de interés general no concreta el empleo estable que generará el campus ni las repercusiones económicas para Aragón. “Se habla de un proyecto estratégico para Aragón, pero aquí quien sale ganando es Microsoft, que consigue suelo urbano por dos euros el metro cuadrado”, concluye Garza.

Microsoft sostiene que la valoración de los terrenos fue realizada por un técnico independiente conforme a los criterios establecidos en la Ley del Suelo y el Reglamento de Valoraciones, teniendo en cuenta la clasificación y el uso actual de las parcelas. La compañía evita pronunciarse sobre las negociaciones mantenidas con los propietarios o sobre las ofertas económicas planteadas antes del inicio de la expropiación y asegura que los únicos trabajos autorizados actualmente son labores de limpieza de la parcela, al no haberse aprobado todavía el PIGA.

Respecto a la valoración de los terrenos, el Ejecutivo autonómico señala que corresponde a la empresa beneficiaria de la expropiación y sostiene que los importes incluidos en la documentación remitida por Microsoft se consideraron “adecuados” a la normativa sobre valoración del suelo y “similares a otros procesos expropiatorios en municipios colindantes a Zaragoza”. El Gobierno añade que las negociaciones privadas mantenidas con anterioridad entre la multinacional y los propietarios “quedan al margen del procedimiento administrativo expropiatorio”.

Los vecinos cuestionan la tramitación ambiental

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha criticado la tramitación ambiental del proyecto del campus de centros de datos de Microsoft tras la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del documento ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). El colectivo considera que el periodo de información pública, abierto en pleno mes de agosto, dificulta la participación ciudadana y ha animado a vecinos y entidades a presentar alegaciones.

La plataforma sostiene además que el proyecto tendrá un impacto sobre el entorno de los Pinares de Venecia y cuestiona la justificación ambiental y urbanística del desarrollo previsto. Entre otras cuestiones, reclama una mayor transparencia en la tramitación y pide que se revisen los efectos que el campus podría tener sobre el espacio natural y su biodiversidad.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

Un piso de vivienda protegida de 90 metros cuadrados útiles podrá venderse por un máximo de 189.393 euros en Aragón, más de 23.000 euros por encima del límite vigente hasta ahora, después de que el Gobierno autonómico haya aprobado este martes la actualización del módulo de este tipo de inmuebles. El Ejecutivo justifica la medida por el aumento de los costes de construcción y sostiene que servirá para incentivar nuevas promociones y ampliar la oferta disponible.

El Consejo de Gobierno ha acordado elevar el módulo de la vivienda protegida de 1.845,94 a 2.104,37 euros por metro cuadrado útil, un incremento del 14% que, según ha explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, busca garantizar la viabilidad económica de las promociones impulsadas por el sector privado.

López, acompañado por la directora general de Vivienda, Pía Canals, ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es que cada año se construyan cerca de un millar de viviendas protegidas promovidas por empresas privadas, que se sumarán a las otras 1.000 viviendas públicas anuales previstas dentro del Plan Aragón Más Vivienda. “Una vivienda protegida que no se construye no ayuda absolutamente a nadie”, ha afirmado.

El consejero ha defendido que mantener un módulo “artificialmente bajo” desincentiva la promoción de este tipo de inmuebles y reduce aún más la oferta. Por ello, el Ejecutivo apuesta por actualizar el precio máximo para hacer viables las promociones sin renunciar, sostiene, al carácter asequible de la vivienda protegida.

Como contrapartida, el Gobierno de Aragón incrementará el presupuesto del programa Compra tu Vivienda, que pasará de 1,5 a 4 millones de euros. Además, las ayudas se extenderán a todos los compradores de vivienda protegida, cubrirán los gastos de formalización de la compraventa —como notaría, registro y gestoría— y contemplarán subvenciones de entre 5.000 y 18.000 euros en función de la renta, además de un aval complementario del 15% sobre el 80% que conceden las entidades financieras.

López ha defendido que se trata de una política de apoyo al incremento del parque de vivienda protegida y ha asegurado que, pese a la actualización, Aragón seguirá situándose por debajo de la media nacional en el precio del módulo, ocupando el noveno lugar entre las comunidades autónomas.

Durante su comparecencia, el titular de Vivienda ha insistido en que la alternativa no es “subir o no subir el módulo”, sino elegir entre “mantener un precio artificialmente bajo, aunque apenas se construya vivienda protegida, o actualizarlo para multiplicar la oferta y ofrecer más oportunidades a los jóvenes, las familias y los trabajadores”.

También ha señalado que las asociaciones de promotores reclamaban un incremento del 20% debido al aumento de los costes de personal y de materiales, mientras que el Ejecutivo ha optado finalmente por una subida del 14%, apelando al “equilibrio, la mesura y la ponderación”.

La gigafactoría que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de una 'joint venture', a la que han denominado Contemporary Star Energy (CSE), ha recibido este lunes el visto bueno definitivo del Gobierno de Aragón. El anuncio ha servido para conocer más detalles sobre las obras en la planta: el más destacado, que la firma asiática ha optado al final por alojar dentro del recinto a los trabajadores chinos que vengan para levantar el complejo, y que alcanzarán una punta de 1.700 personas.

Esto es lo que ha trasladado el presidente autonómico, Jorge Azcón, en el acto por la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), en el que ha estado acompañado por Andy Wu, director general de CSE. Los números aportados de la gigafactoría son los conocidos: una inversión de 4.100 millones de euros, una superficie de 89 hectáreas que se amplía en la actual planta, una capacidad de producción de 50 GWh y en torno a 4.000 puestos de trabajo directos. Pero lo que no se sabía, y cuya trascendencia aún está por determinar, son las condiciones residenciales con que contarán los empleados del país asiático que lleguen a Zaragoza para impulsar el complejo.

En la actualidad ya son 172 los empleados chinos, todos ellos a sueldo de CATL, los que están llevando a cabo los primeros trabajos, dentro de un contingente inicial que está ya trabajando ahí –el resto, de contratas españolas–. Pero con el paso de los meses el incremento será muy significativo. Así, según ha precisado Azcón de media habrá unos 1.000 empleados chinos en la factoría, y el “pico máximo” será de 1.700 personas. “Eso va a ser solo en la fase de construcción y debido al conocimiento especializado que tienen en este tipo de instalaciones –ha querido matizar el jefe del Ejecutivo autonómico–. Cuando esté en plena producción, serán 4.000 los trabajadores de nuestra comunidad autónoma los que habrá de manera continua”.

Azcón ha resuelto la incógnita del alojamiento, que había generado inquietud en los municipios del entorno dada las dificultades que podría suponer un fuerte aumento poblacional para por ejemplo los servicios sanitarios. En la zona, la localidad próxima más poblada es Pedrola con 3.800 vecinos. Sin embargo, los empleados chinos residirán en el mismo complejo de automoción: “La solución que se plantea es dentro de la fábrica, dentro de la gigafactoría. Se trata de un complejo de viviendas temporales, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y en el que el Gobierno ayudará”, ha explicado el dirigente popular.

Ante las dudas planteadas, Azcón ha querido precisar que el recinto contará con “todos los permisos”. “Estamos teniendo un cuidado especial, tanto con los permisos administrativos y como con la construcción. Un proyecto de estas características trasciende las fronteras de Aragón y de España, no podemos permitirnos equivocarnos en una cuestión como esta”, ha incidido. También ha hecho alusión al Ministerio de Trabajo, del que depende la concesión de los permisos y los visados.

La “sólida tradición industrial” en Aragón

Sobre el proyecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que “sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción”. “El calendario previsto permitirá que las primeras fases de producción comiencen durante los primeros meses de 2027, un hito que supondrá el inicio de una nueva etapa para la industria europea de la automoción”, ha explicado el presidente.

Por su parte, el CEO de Contemporary Star Energy ha manifestado que la aprobación del PIGA supone “un reconocimiento a la importancia estratégica” de la futura gigafactoría y a la “visión compartida” que han “construido con las instituciones de Aragón desde el inicio de este proyecto”. Andy Wu ha querido agradecer al Ejecutivo autonómico su “confianza, compromiso y su apoyo continuo” y ha precisado que eligieron Aragón “por su sólida tradición industrial, por el talento de sus personas, por su ubicación estratégica y por su firme apuesta por la innovación y el progreso”. “Cada paso que damos confirma que fue la decisión correcta”, ha añadido.

“Este proyecto representa más que una inversión industrial: se trata de oportunidades, de crear empleo cualificado y generar crecimiento económico a largo plazo. Se trata de contribuir a creación un ecosistema que fomentará nuevas inversiones en Aragón, nuevas capacidades y nuevos socios en Aragón. Y sobre todo generar un impacto positivo y duradero para las futuras generaciones”, ha desgranado el empresario chino.

CEOE Aragón y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) presentarán alegaciones conjuntas al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo para reclamar que esta infraestructura se ejecute con doble vía electrificada.

Así lo han acordado este miércoles el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y el presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, durante una reunión celebrada en la sede de la CEV, en Valencia, una semana después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el estudio informativo del trazado.

Las organizaciones empresariales rechazan que el documento plantee una única vía para todo el tramo entre Teruel y Sagunto, una solución que contrasta con la prevista para el recorrido Zaragoza-Teruel, actualmente también en información pública, y con el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Tesier ha advertido de que renunciar a la doble vía electrificada supondría crear “deliberadamente un cuello de botella” en un corredor que conecta a 17 millones de personas y a un territorio que genera el 29% del PIB nacional. A su juicio, carece de sentido reforzar la conexión hacia Zaragoza y el Cantábrico para limitar después su capacidad precisamente en el enlace con los puertos de Valencia, Sagunto y Castellón.

El presidente de CEOE Aragón ha defendido que, en un momento en el que la comunidad se ha consolidado como uno de los principales polos de atracción empresarial del norte de España, no se pueden “cercenar” las capacidades logísticas ni la competitividad de sus empresas. Por ello, ha anunciado que la organización implicará a administraciones, instituciones, agentes sociales y organizaciones empresariales para intentar revertir esta decisión.

En la misma línea, Vicente Lafuente ha asegurado que la defensa de la doble vía electrificada “no es una reivindicación localista”, sino una apuesta por una infraestructura estratégica para la economía española y europea. Según ha señalado, este eje resulta fundamental para el transporte de mercancías, la competitividad de los puertos, la industria y el desarrollo de un modelo logístico más sostenible.

El presidente de la CEV ha advertido de que reducir la capacidad del corredor supondrá generar un cuello de botella que terminará traduciéndose en mayores costes logísticos y una pérdida de competitividad para las empresas.

Reivindicación desde 2022

La colaboración entre ambas organizaciones empresariales en defensa del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se remonta a 2022, cuando suscribieron una declaración conjunta reclamando la ejecución completa de la infraestructura y el incremento de la capacidad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto tanto para mercancías como para viajeros.

Posteriormente impulsaron, junto con las organizaciones empresariales de Castilla y León, Cantabria y La Rioja, un foro para reclamar la incorporación del corredor a la Red Transeuropea de Transporte antes de 2030 como infraestructura de altas prestaciones.

Según recuerdan ambas patronales, los estudios sobre el potencial del corredor estiman que podría canalizar entre 48 y 54 trenes semanales de mercancías por sentido, aunque las limitaciones actuales del trazado impiden alcanzar esa capacidad y obligan a numerosas empresas a utilizar itinerarios alternativos, con mayores costes, tiempos de transporte y emisiones.

Por ello, CEOE Aragón y la CEV sostienen que la modernización integral del Corredor Cantábrico-Mediterráneo constituye una inversión estratégica para reforzar la competitividad de Aragón, la Comunitat Valenciana y el resto de territorios conectados por este eje, mejorar las conexiones ferroviarias con Europa e impulsar tanto el transporte de mercancías como la movilidad de los ciudadanos.