La crisis de acceso a la vivienda llegará a los centros de trabajo aragoneses el próximo 11 de noviembre. Los sindicatos OSTA, CGT y CNT, junto al Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, han anunciado este miércoles el registro de una convocatoria de huelga de ámbito autonómico con la que pretenden trasladar al terreno laboral las reivindicaciones por una vivienda asequible y denunciar el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de CUT, Intersindical y SOA, además de la Asamblea de Inquilinas de Teruel y el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón, con presencia en el Pirineo. Las organizaciones promotoras aspiran a ampliar los apoyos durante las próximas semanas y subrayan que la convocatoria está abierta al conjunto de trabajadores, movimientos sociales y colectivos que quieran sumarse.

El acceso a la vivienda constituye el principal eje de una movilización que, sin embargo, incorpora otras reivindicaciones laborales y sociales, como la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral y la defensa de los servicios públicos.

Los convocantes hacen un llamamiento a la clase trabajadora aragonesa para secundar el paro y expresar su rechazo al actual modelo inmobiliario. “Queremos acabar con el negocio de la vivienda”, señalan las organizaciones, que consideran incompatible garantizar este derecho con mantener su utilización como instrumento de inversión y obtención de beneficios.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza sostienen que “la vivienda no podrá ser un derecho universal mientras siga tratándose como un bien de mercado”. A su juicio, su función debería ser exclusivamente residencial y no lucrativa, por lo que defienden la expropiación de inmuebles en manos de quienes obtienen beneficios privados de un bien que consideran esencial.

La convocatoria se articula en torno a una tabla reivindicativa común que incluye la expropiación de viviendas propiedad de fondos de inversión y grandes tenedores, una reducción drástica de los precios de la vivienda y el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos.

Las organizaciones también exigen el fin de todos los desahucios, incrementos salariales y una reducción de la jornada laboral. A estas demandas añaden el cese de lo que consideran represión contra los movimientos sociales y la derogación de la denominada ley mordaza.

Los sindicatos vinculan el encarecimiento de la vivienda con una pérdida generalizada de poder adquisitivo. Denuncian que el aumento del coste de la vida, el estancamiento de los salarios y las pensiones y el deterioro de los servicios públicos están agravando las dificultades económicas de numerosos hogares.

En este sentido, insisten en que la huelga no se limita a las personas que viven de alquiler, sino que pretende implicar al conjunto de la población trabajadora, al entender que los problemas de acceso a la vivienda forman parte de un deterioro más amplio de sus condiciones materiales de vida.

Las organizaciones convocantes dirigen sus críticas tanto a los gobiernos autonómicos de PP y Vox como al Ejecutivo central de PSOE y Sumar, a los que responsabilizan de mantener políticas que, a su juicio, favorecen los intereses de propietarios, grandes tenedores y empresarios.

En particular, reprochan al Gobierno central que durante los últimos siete años se hayan producido más de 250.000 desahucios, una cifra aportada por los convocantes, y que los precios de la vivienda hayan alcanzado máximos históricos.

Los promotores de la huelga consideran que “no se puede confiar la solución al problema de la vivienda a los partidos políticos existentes” y defienden que cualquier avance en materia de vivienda y derechos laborales dependerá de la movilización social y la organización colectiva.

Los secretarios generales de CCOO y UGT Aragón, Manuel Pina y José Juan Arceiz, han vinculado la huelga con el bloqueo de la negociación colectiva y el encarecimiento de la vivienda, que está absorbiendo buena parte de las subidas salariales. Pina ha denunciado la falta de avances en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y ha advertido de que la dificultad para acceder a una vivienda está llevando incluso a rechazar ofertas de trabajo. También ha recordado el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida tras su desahucio, para reclamar respuestas coordinadas de todas las administraciones.

Arceiz ha señalado que el precio de la vivienda en Aragón ha aumentado cerca de un 14 % en el último año, muy por encima de las subidas salariales, y ha exigido medidas para contener los alquileres y ampliar la oferta asequible. Además, ha reclamado el desbloqueo de la negociación colectiva y la actualización de la legislación de prevención de riesgos laborales. “Esta huelga va dirigida contra las organizaciones patronales que no quieren sentarse a negociar y contra todas las administraciones que tienen algo que hacer y no han hecho en el tema de vivienda”, ha subrayado.

Asambleas en Zaragoza, Sabiñánigo y Teruel

La preparación de la huelga se está extendiendo a distintos barrios y municipios de Aragón mediante la creación de comités unitarios, concebidos como espacios abiertos de organización y participación.

En Zaragoza, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado para este miércoles, a las 19.00 horas, asambleas simultáneas de los cinco comités barriales constituidos en la ciudad. El objetivo es incorporar a nuevos participantes, coordinar las actividades previas al 11 de noviembre y extender la convocatoria a los centros de trabajo y de estudio.

La movilización también se organiza fuera de la capital aragonesa. En Sabiñánigo, el comité de huelga impulsado por Vivienda Digna Viello Aragón celebrará este miércoles una reunión a las 19.00 horas en el CSA A Melonera.

Por su parte, la Asamblea de Inquilinas de Teruel ha convocado una asamblea abierta para el jueves 22 de octubre, a las 18.30 horas, en el CSA A Ixena.

Las organizaciones insisten en que el éxito de la convocatoria dependerá de la implicación de trabajadores y colectivos sociales más allá de los sindicatos promotores. Para facilitar la participación han habilitado la plataforma Toka, desde la que se puede acceder a información sobre los comités de huelga y las actividades preparatorias.

Con esta convocatoria, los sindicatos y movimientos por la vivienda buscan convertir una reivindicación que ha ganado presencia en las calles en un conflicto también laboral, mediante una jornada de huelga que pretende implicar a trabajadores de distintos sectores de toda la comunidad autónoma.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles, 21 de octubre, que el presupuesto sanitario autonómico alcanzará aproximadamente los 3.100 millones de euros en 2027, frente a los 2.500 millones de 2023, lo que supone un incremento de 600 millones y del 24%. El jefe del Ejecutivo ha avanzado esta previsión durante su visita al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en Zaragoza, con motivo del vigésimo aniversario de la institución, acompañado por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, y la directora del centro, Rosa Plantagenet-Whyte.

Azcón ha defendido que la evolución presupuestaria refleja la apuesta de su Ejecutivo por reforzar la sanidad pública y ha vinculado el aumento de los recursos con los proyectos hospitalarios y asistenciales impulsados en la comunidad. “Invertir en Sanidad es invertir en bienestar, en igualdad de oportunidades y en calidad de vida”, ha afirmado durante su intervención en las instalaciones de la calle Ramón Salanova.

El presidente autonómico ha precisado que la cifra de 2027 se encuentra todavía pendiente de cerrar los últimos flecos entre los departamentos de Sanidad y Hacienda, aunque ha asegurado que las cuentas supondrán un “máximo histórico de recursos” para el sistema sanitario aragonés. El presupuesto previsto para 2024 se situó en torno a los 2.762 millones, de modo que la cantidad anunciada para 2027 sería unos 332 millones superior a aquella referencia, aproximadamente un 12 por ciento más.

“El presupuesto de Sanidad de cara al año que viene significará un incremento hasta los 3.100 millones de euros”, ha indicado, antes de subrayar que el proyecto presupuestario también priorizará otras materias como la educación, la vivienda, las carreteras y las políticas de prevención y extinción de incendios. Sobre su presentación, ha apuntado que el Ejecutivo trabaja para cerrar las cuentas en los próximos días, sin concretar una fecha.

Alcañiz, Teruel y el nuevo Royo Villanova

Entre las actuaciones que ha puesto como ejemplo de la inversión sanitaria, Azcón ha citado el nuevo Hospital de Alcañiz, que permitirá dar respuesta a las necesidades asistenciales de unos 73.000 aragoneses con mayor capacidad, tecnología y prestaciones. También ha destacado el nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, una infraestructura que ha calificado de realidad tras año de espera y que incorpora avances destinados a mejorar la atención en la provincia.

En este último centro, Jorge Azcón ha resaltado la llegada de un acelerador lineal de radioterapia, cuyo funcionamiento está previsto para el primer semestre de 2027. Su puesta en marcha permitirá que pacientes oncológicos reciban tratamiento en Teruel sin tener que desplazarse a Zaragoza. Asimismo, ha mencionado el inicio previsto del primer grado universitarios vinculado al ámbito sanitario de la ciudad.

Otro de los proyectos destacados ha sido el futuro Hospital Universitario Royo Villanova, que Azcón ha definido como el primer hospital público que se construirá en Zaragoza desde la creación de la comunidad autónoma. El centro está llamado a atender especialmente a los más de 200.000 habitantes de la margen izquierda y, según el presidente, tendrá un perfil tecnológico y prestaciones adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

La ubicación del nuevo equipamiento se decidirá este jueves en el Consejo de Salud, según ha avanzado Azcón. Una vez seleccionada la parcela, comenzará la redacción del proyecto, un proceso que requerirá la participación de los distintos servicios sanitarios para definir sus necesidades. El presidente ha indicado que habrá una partida presupuestaria para esta infraestructura y ha recalcado que la prioridad es elegir el emplazamiento más adecuado tanto para los profesionales como para los pacientes.

A estas inversiones se suman los nuevos centros de salud previstos en Cuarte de Huerva, Utebo, Caspe, Zuera, Azuara y Arcosur. “La mejor sanidad es la que está cerca de las personas y responde a las necesidades allá donde vivan”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo aragonés.

Veinte años de actividad del banco de sangre

La visita ha servido también para repasar la evolución del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, inaugurado en septiembre de 2006 y convertido en una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales de la comunidad. El centro desarrolla además tareas de procesamiento y custodia de tejidos humanos y leche materna.

Actualmente, la institución cuenta con 85 profesionales y una red de 28.000 donantes de sangre. A lo largo de sus dos décadas de actividad, más de 90.000 personas han donado sangre en Aragón, según los datos expuestos por Azcón, que ha destacado la dimensión solidaria de esta actividad. En 2025, el Banco gestionó cerca de 45.000 donaciones y coordina la obtención de unas 200 unidades de sangre al día, con capacidad para organizar hasta seis colectas diarias.

La modernización tecnológica ha permitido mejorar la separación y el procesamiento de los componentes, reforzar la trazabilidad y la seguridad y optimizar la logística. Entre los avances figura la donación por aféresis, una técnica que permite obtener selectivamente plasma y plaquetas: de unas 300 donaciones de este tipo en 2006 se pasó a cerca de 3.000 en 2025.

El centro dispone, además, de la primera unidad móvil de donación de plasma de Aragón, un recurso destinado a acercar esta práctica a las comarcas y los municipios e incrementar la capacidad de producción de un componente esencial para determinados tratamientos.

Azcón ha considerado que los veinte años de trayectoria reflejan la evolución de la sanidad aragonesa y la colaboración entre profesionales y ciudadanía. “La sangre no se puede fabricar. La sangre solamente la podemos obtener con la generosidad, con la solidaridad de aquellos hombres y mujeres, de aquellas personas que quieren donarla”, ha señalado.

El presidente ha concluido que disponer de una red sólida de donación y de un sistema capaz de garantizar el suministro sanguíneo constituye una garantía de seguridad y cohesión social, y ha defendido que la inversión sanitaria debe traducirse en mejores servicios para los aragoneses.

Leapmotor Internacional, la 'joint venture' constituida por la china Leapmotor y Stellantis, ha dado el pistoletazo de salida para el inicio de la producción de su primer vehículo en España, el Leapmotor B10.

Al acto de han asistido el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y el embajador de China en España, Yao Jing; mientras que, por parte de las empresas han acudido la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti; la consejera delegada de Stellantis en España y Portugal, Zineb Ghout; el consejero delegado de Leapmotor International, Danilo Annese; y el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu.

El B10 es el primer vehículo de una serie de modelos que la Leapmotor espera fabricar en España en los próximos años, y el modelo más vendido por la marca en lo que va de 2026, con 2.790 matriculaciones al cierre de los nueve primeros meses del año, muy por encima de otros modelos que comercializa en España, como el C10 o el T03 (con 1.381 y 1.233 unidades, respectivamente, en segundo y tercer lugar).

Stellantis tiene previsto introducir nuevos modelos en la fábrica aragonesa. El siguiente en la lista será el Leapmotor B05, un modelo tipo compacto (hatchback) cuya producción a gran escala está programada para 2027.

El Leapmotor B10 es un SUV eléctrico dentro del segmento C (4,5 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 metros de alto). En términos de prestaciones, el B10 dispone de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros, permitiendo una autonomía superior a los 430 kilómetros.

Además del B10, el Opel Corsa, el Lancia Ypsilon y el Peugeot 208 también salen de las líneas de producción de la fábrica. A partir de 2028, Stellantis prepara la fabricación de un nuevo SUV-C eléctrico de Opel desarrollado junto a Leapmotor en la planta aragonesa.

Esta misma semana, el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar la colaboración con Leapmotor para producir vehículos del grupo “en otras plantas”. Para Filosa, estas alianzas, como la que tiene en Francia con Dongfeng, permiten mejorar la accesibilidad y la calidad de los productos, ya que se combina el conocimiento en tecnología y electrificación de las marcas chinas con el posicionamiento y el saber hacer en producción de Europa.

“Pese a que se ha reducido la capacidad de producción en Europa, nosotros no queremos cerrar plantas, sino que estamos buscando buenos socios con los que hacer alianzas y crecer, con los que compartir nuestra capacidad logística y conocimiento, como en Zaragoza con Leapmotor, y quizás en otras plantas”, ha afirmado.

Una alianza “histórica”

Las distintas autoridades que han participado en el acto han destacado el papel que juega la planta de Stellantis no solo en el impulso de la economía aragonesa sino dentro del conjunto de la industria automovilística de Europa.

“Estamos orgullosos del inicio oficial de la producción del B10 en Zaragoza. Este es un gran paso para Leapmotor en el mercado global. Es el primer vehículo chino realizado en España, ya que no se trata únicamente de un proceso de ensamblaje sino que supone aunar la tecnología y la innovación de Leapmotor a los estándares de calidad y producción de Stellantis”, ha resaltado Annese.

Por su parte, el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu, ha señalado que esta colaboración es el ejemplo de que una empresa china puede cooperar con una empresa “internacional” como Stellantis.

Del lado de Stellantis, la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti, ha destacado que esta colaboración es “beneficiosa” para ambas partes, al tiempo que permite “optimizar” la presencia industrial de Stellantis en Europa, “arraigada siempre” al territorio.

“No competimos entre nosotros, sino que trabajamos juntos. Este proyecto envia una clara señal de confianza en la industria, en la innovación y en las personas que trabajan en los equipos de fabricación cada día”, ha afirmado.

“Hoy es un día histórico. Le damos la bienvenida a un nuevo vehículo que va a permitir que Aragón siga liderando un sector tan importante como el de la automoción”, ha subrayado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha celebrado la buena noticia “para todo el país”. Además, el presidente se ha mostrado “convencido” de que el modelo de Leapmotor “lo va a petar en el mercado” y va a seguir contribuyendo a que se estén registrando cifras récord de producción de vehículos en España.

De su lado, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha puesto de ejemplo la alianza entre Stellantis y Leapmotor como un caso de “inversiones bien hechas”. “Ambas empresas son referencia. Hoy, tanto Europa como China están mirando esta planta de Zaragoza, en la que se ofrece un nuevo modelo electrificado, económico y 'Made in Europe'”, ha resaltado.

San Mateo de Gállego, cerca de Zaragoza, puede ser destino de hasta dos centros de datos. Al campus que Amazon Web Services tramita en los terrenos de la frustrada urbanización de Martinsa-Fadesa, se une el que promueve Copiapo Renovables, que ya analiza el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Prevé alcanzar 570 megavatios en diez años, pero por ahora solo tiene asegurados 90, y ni sumando las peticiones pendientes ante Red Eléctrica llegaría a esa cifra. Tampoco concreta cuánta agua consumirá: el documento de inicio sometido a consultas previas plantea una captación en el río Gállego, pero solo cuantifica la demanda de la primera fase y deja la tecnología de refrigeración en manos de “los futuros clientes”.

El proyecto no es nuevo. Es el campus de centro de datos que Vantage Data Centers y un socio local, Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja, planeaban en Villanueva de Gállego, junto a la Universidad San Jorge. El Gobierno de Aragón lo declaró de interés autonómico en septiembre de 2025 y lo presentó como una inversión de 3.200 millones de euros. En julio, los promotores renunciaron a aquellos suelos y empezaron a buscar un nuevo emplazamiento.

Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja nació de la alianza de los grupos Atalaya, Posidonia y Aptimus. El Registro Mercantil sitúa a Atalaya Generación Eólica y Posidonia Inversiones en su consejo de administración, junto a los empresarios Pedro Machín y Emilio Garcés. El documento de San Mateo presenta a Copiapo como fruto de la alianza de Atalaya y Posidonia.

La energía también coincide. Villanueva iba a arrancar con 90 MW de la red de Endesa y dependía de otros 300 MW en las subestaciones de alta tensión de Villanueva y Peñaflor. San Mateo parte exactamente de los mismos 90 MW y las mismas peticiones a Red Eléctrica.

Siete edificios hasta 2035

El plan ocupa 122,1 hectáreas al sur del polígono industrial Río Gállego, junto a la carretera que une San Mateo con Zaragoza, a 1,7 kilómetros del casco urbano. Prevé siete edificios de una planta en cuatro fases. La primera, con un edificio de 90 MW, se completaría en 2029; la segunda llevaría el campus a 240 MW, la tercera a 420 y la cuarta a 570 ya en el año 2035. Según el documento, el campus está diseñado para “centros de datos de hiperescala y de IA de alta densidad”.

Lo único asegurado son dos permisos de acceso a la red de distribución de Endesa: 80 MW en la subestación de Peñaflor, en Villamayor de Gállego –que caduca si en 2029 no se ha formalizado el acceso a la red–, y 10 MW en la de Villanueva de Gállego. Mientras, las dos peticiones de 150 MW a Red Eléctrica dependen de que el Ministerio para la Transición Ecológica convoque los concursos de capacidad en los nudos saturados del entorno de Zaragoza. Amazon Web Services, Microsoft o Azora, entre otros promotores, compiten por esa misma capacidad.

Aunque Red Eléctrica atendiera todo lo pedido, el campus sumaría 390 MW, con lo que faltarían 180 para el objetivo, y el documento no dice de dónde saldrían. Solo apunta que, “en función de la disponibilidad de capacidad derivada de la planificación de la red de transporte”, se “podrán solicitar nuevos permisos”. El calendario de las tres últimas fases se apoya así en una potencia que hoy no figura en ninguna tramitación. El propio promotor admite que ese calendario “dependerá de numerosos factores, entre ellos de la futura asignación de potencia y de la demanda de los clientes finales”.

Cada edificio contará además con generadores de emergencia para soportar toda su carga crítica, con entre 60 y 95 MW de generación de reserva por edificio. Por ese volumen de combustión, el documento reconoce que el campus necesitará Autorización Ambiental Integrada y una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Agua: una cifra para la primera fase

El agua de refrigeración se tomará del río Gállego. Se almacenará en una balsa de 2,3 hectáreas en San Mateo y se bombeará hasta el campus por una conducción de unos 900 metros. El documento solo da un consumo: 225 metros cúbicos diarios para los 90 MW de la primera fase, con una ratio de 2,5 metros cúbicos por megavatio y día. No ofrece ninguna cifra para el campus completo ni concreta el volumen anual que se pretende derivar del río.

Con la misma ratio, los 570 MW consumirían unos 1.425 metros cúbicos diarios, cerca de 520.000 al año, según un cálculo de este medio que no figura en el expediente. Es el equivalente al consumo doméstico de unas 11.400 personas, más del triple de la población actual de San Mateo de Gállego.

La cifra final dependerá de una decisión que el promotor aún no ha tomado. Según el documento, la disipación de calor “podrá realizarse mediante tecnologías de refrigeración seca, híbrida o evaporativa, en función de los requisitos operativos de los futuros clientes”, y el consumo “podría ser considerablemente menor” si se opta por la refrigeración seca.

“Area crítica de cernícalo primilla”

De las 122,1 hectáreas, 34,4 son del Ayuntamiento de San Mateo y 84,3 pertenecen a Nivalia Hispania, una sociedad administrada por la gestora zaragozana LMT Asset Management, según el Registro Mercantil. Las líneas eléctricas soterradas hasta Peñaflor y Villanueva, de 11,5 y 13,3 kilómetros, y los trazados de fibra óptica atraviesan también los términos de Villanueva, Zaragoza, Zuera y Villamayor de Gállego. Una de las zanjas cruza la Zona de Especial Conservación del Bajo Gállego, y el documento reconoce que el recinto queda “íntegramente dentro de un área crítica de cernícalo primilla”.

El análisis de alternativas compara el emplazamiento elegido con dos parcelas en Zuera. No menciona el de Villanueva, donde el proyecto llegó a someter su evaluación ambiental a información pública.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) prevé que la red de transporte eléctrico atienda en Aragón una demanda adicional de 8 gigavatios (GW) con el horizonte 2030, la mayor de todas las comunidades autónomas. Así lo recoge la nueva propuesta de planificación que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha expuesto este jueves en Madrid a la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. La dirigente autonómica, sin embargo, ha cuestionado que se trate de capacidad nueva y ha pedido celeridad ante el “cuello de botella” que se genera en la comunidad actualmente en la red.

El documento, revisado tras analizar las 2.566 alegaciones presentadas en la fase de audiencia, contempla para la comunidad diez nuevos parques de subestaciones y 2.146 kilómetros de líneas, entre nuevas y repotenciadas.

En la reunión del 22 de septiembre de 2025 con la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero, el Miteco habló de un aumento de capacidad para proyectos de demanda de “más del 250%” sobre el pico de consumo de 2024, que fue de 1,6 GW. Sumado a los 5,1 GW de accesos ya concedidos desde 2020, eso permitiría a la comunidad multiplicar por siete su consumo en 2030. Ahora, Transición Ecológica eleva ese múltiplo a ocho. En notas previas, el Ministerio anunció una asignación a Cataluña de 3,8 GW de demanda adicional y a Galicia, de 1,6 GW.

Aquella propuesta inicial solo hablaba para Aragón de actuaciones en “más de 180 posiciones” de la red, sin concretar kilómetros. La nueva sí lo hace: 957 kilómetros de líneas nuevas y la repotenciación de otros 1.189 kilómetros de tendidos para aumentar su capacidad. Son el 14,3% de los 6.706 kilómetros de líneas nuevas previstos en toda España y el 14,6% de los 8.164 kilómetros que se repotenciarán. A ello se suman actuaciones en la mayoría de las subestaciones existentes.

Prioridad al Anillo de Zaragoza

El Miteco da además la consideración de proyectos preferentes, que serán atendidos de forma prioritaria, a las actuaciones que vertebran la red de transporte en la comunidad, como el Anillo de Zaragoza y el eje Aragón-Navarra. También a las que buscan maximizar la interfaz entre las redes de transporte y de distribución.

Los centros de datos siguen acaparando la mayor parte de la nueva capacidad. Tras la fase de audiencia, sin embargo, el Miteco ha incrementado la destinada a la producción de hidrógeno y a otros desarrollos industriales, a la electrificación del transporte y al refuerzo de las infraestructuras ferroviarias. La propuesta prevé también 5,8 GW de capacidad de acceso para generación renovable, la mayoría eólica, y 1,4 GW para almacenamiento, incluidas nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

En el conjunto de España, la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen anunció el 16 de septiembre en el Congreso que la inversión superará los 17.000 millones de euros. La propuesta sometida a audiencia preveía 13.600 millones, y la planificación vigente, 6.964 millones.

Dudas sobre los plazos

La consejera Valle ha explicado a los medios tras la reunión que la información recibida había sido “de carácter oral”, sin “ningún documento escrito”, y que el Gobierno de Aragón tendrá que analizarla en detalle. La consejera ha valorado que lo expuesto “parece positivo” y ha señalado que “algunos de los elementos que aparecen ahora en la planificación son nuevos con respecto a lo que había en la versión inicial de octubre del 25” porque el Ministerio ha atendido parte de las alegaciones aragonesas.

La consejera ha calificado de “muy importante” el incremento de la inversión, pero ha advertido de que la planificación acumula “más de un año de retraso”. Ha recordado que en Aragón los “cuellos de botella” en la red de transporte “están operando realmente como restricciones para la inversión, para la actividad, para la construcción de viviendas”. El Gobierno de Aragón ha pedido al Ministerio que priorice y acelere las actuaciones.

En cuanto a su aprobación con unas Cortes disueltas por la convocatoria electoral, Valle se ha mostrado escéptica de que pueda cumplirse, porque la Diputación Permanente “no es hábil para conocer este tipo de actuaciones de carácter más rutinario”. Según la consejera, el Ministerio estudia la fórmula y no lo ha descartado. Quedan pendientes, además, la declaración ambiental y un trámite ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Valle no cree que la planificación esté aprobada antes de primavera, lo que a su juicio supone “un gran problema”.

En la reunión también se ha abordado el proyecto de Real Decreto de centros de datos. El Gobierno de Aragón ha pedido formalmente al Ministerio que congele su aprobación por el periodo preelectoral, para negociarlo con el próximo Gobierno y llegar a “una versión que sea mucho más equilibrada” que la conocida hasta ahora.

La huelga de las brigadas forestales de Sarga continuará suspendida hasta el próximo 15 de noviembre después de que el Gobierno de Aragón haya mantenido este jueves una nueva reunión con el Comité de Huelga en la que se ha informado sobre la situación de las medidas previstas en el principio de acuerdo alcanzado el pasado 7 de septiembre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Durante el encuentro, el Gobierno ha informado de que se está tramitando el incremento salarial del 10% acordado, al que se añadirá la subida del 5% correspondiente al personal del sector público para 2026-2027.

Asimismo, se ha trasladado que se está trabajando en la contratación al cien por cien de la jornada de las brigadas dobles y de los puestos fijos de vigilancia.

Además, se ha informado sobre la previsión de aplicar, una vez se produzca la desconvocatoria de la huelga, el reconocimiento económico de 500 euros previsto por la excepcionalidad de la campaña a los trabajadores del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, del Parque Natural de los Valles Occidentales y al personal de las emisoras que participaron activamente en las labores de extinción de los incendios forestales durante este verano.

Por último, ambas partes han acordado mantener una nueva reunión cuando el Gobierno de Aragón pueda trasladar nueva información sobre la organización del operativo de incendios forestales para 2027.

Durante el encuentro se ha señalado que se está trabajando en la planificación del próximo dispositivo y que su concreción estará vinculada a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027.

Aragón pone el suelo, el agua y la electricidad para los centros de datos de Amazon. Sin embargo, los municipios que los acogen tienen que reclamar que el impuesto sobre su actividad llegue a sus arcas. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han anunciado un frente común para reclamar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que la multinacional abonaba mediante una cuota nacional. Y en Huesca, el Ayuntamiento asegura que ha realizado gestiones ante la compañía y que esta ha anunciado un compromiso de pago de apenas 5.000 euros anuales por la instalación de Plhus, con efecto retroactivo desde 2023.

Esta batalla pone el foco en el retorno fiscal de las grandes infraestructuras tecnologías que se extienden por Aragón. Los municipios cuestionan que el impuesto que grava su actividad no llegue directamente al lugar donde se encuentran los centros. Mientras, las obras de expansión tampoco generan los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que reclaman los consistorios.

El Burgo y Villanueva han expresado su voluntad de actuar conjuntamente pare exigir ese cobro, según adelantó Heraldo de Aragón. Su reivindicación reside en que el IAE se ingrese donde se desarrolle la actividad económica. El alcalde de El Burgo, el socialista Vicente Royo, ha llevado esa presión a la negociación de las ampliaciones, anunciando que no firmará el convenio previsto en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) hasta que no se alcance un acuerdo económico sobre el IAE y la compensación por el ICIO.

La respuesta de Huesca introduce un elemento distinto en esta batalla. El Ayuntamiento que dirige la popular Lorena Orduna sostiene que AWS se ha dado de alta en el epígrafe 845 del IAE y que “tributará este impuesto en Huesca desde 2027”. Añaden fuentes municipales que la empresa ha confirmado que abonará “con carácter retroactivo desde 2023 el IAE correspondiente al centro de datos de Plhus”. La cuantía, según el Ayuntamiento, será de aproximadamente 5.000 euros por año.

El Ayuntamiento de Huesca no concreta cuándo se ingresarán las cantidades retroactivas ni qué recaudación prevé por el nuevo centro de datos en construcción en Walqa, a unos 400 metros del centro de datos de Plhus, al otro lado de la autovía A-23. Tampoco describe lo ocurrido hasta ahora como un incumplimiento fiscal. Según el consistorio, la compañía había pagado el IAE mediante la cuota nacional, “tal y como indicaba la normativa estatal para la actividad en la que estaba inscrita”.

Esta distinción afecta a la reclamación de la formación política Aragón Existe, que este miércoles pidió a Orduna exigir a AWS unos 91.000 euros y sumarse a los otros dos ayuntamientos. “El Ayuntamiento de Huesca debe ser valiente y reclamar a Amazon 91.000 euros que le deben a todos los oscenses, un dinero que ayudaría a nuestra ciudad y mejoraría los servicios municipales”, sostiene su portavoz, Daniel Ferraz.

Según la memoria económica del PIGA de expansión de AWS, estima que el centro de datos de Walqa generará para Huesca 90.817,74 euros anuales por el IAE y otros 35.599,82 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esa previsión corresponde a una instalación distinta del centro de Plhus, para el que el Ayuntamiento ha anunciado aproximadamente 5.000 euros anuales de IAE y pagos retroactivos desde 2023. La respuesta municipal no concreta cuánto tributará el complejo de Walqa ni cómo se materializará la recaudación prevista.

El ICIO, otro frente en la batalla

El ICIO abre otro frente en la batalla por los impuestos. Aragón Existe denuncia el trato que recibe AWS frente a empresas que sí pagan el impuesto por construir en Plhus. El Ayuntamiento de Huesca responde que las exenciones de las obras en curso están recogidas en el PIGA, “sistema de legislación y tramitación autonómica por que el se ha desarrollado el proyecto”. Respecto al IBI asegura que Amazon “está al día” con Huesca.

La tramitación autonómica también limita los ingresos municipales derivados de las obras de Walqa. Según la memoria económica del PIGA, la tasa por licencia urbanística “no se devengaría” y el ICIO “no resultaría de aplicación”, porque considera que “no se cumple el hecho imponible porque las obras no requieren un título habilitante urbanístico”. El acuerdo del Gobierno de Aragón, que aprobó los proyectos de edificación en mayo de este año, confirma que son “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”.

Aragón Existe también reprocha al consistorio oscense una “información insuficiente” sobre el empleo, el consumo de agua y electricidad y los impuestos de las instalaciones. El Ayuntamiento remite a los correspondientes PIGA y señala que las estimaciones de empleo y recursos son públicas.

Así, la documentación ambiental del proyecto permite concretar algunas previsiones. Según la autorización del Inaga, el complejo de Walqa “empleará un total de 150 trabajadores”, distribuidos entre sus cinco edificios de almacenamiento de datos que ocupan un emplazamiento con una superficie total de 57 hectáreas. Además, fija “el consumo anual de electricidad para el desarrollo de la actividad” en “2.270.600 MWh/año”.

En materia de agua, la autorización ambiental del Inaga recoge una “necesidad de abastecimiento de agua de 152.892 metros cúbicos al año”, con un reparto de “143.402 metros cúbicos al año para refrigeración y 9.490 metros cúbicos al año para uso sanitario y protección contra incendios”. Además, indica que el promotor prevé emplear para refrigeración “94.157 metros cúbicos al año de agua de lluvia acumulada en los reservorios que se construirán en los centros de datos”. Estas cifras son previsiones, no consumos medios, y dependerán de situaciones como olas de calor o periodos de sequía. El abastecimiento de agua se realizará desde dos fuentes: la red de agua potable del Parque Tecnológico Walqa para uso sanitario, limpieza, y sistema contraincendios, y la red municipal del Ayuntamiento de Huesca que suministrará el agua bruta a los reservorios junto a las pluviales recogidas en la parcela.

Oposición vecinal

El debate sobre cuánto influirán los centros de datos de AWS en el territorio se cruza con la oposición vecinal. En Cuarte, barrio rural de Huesca muy próximo a Walqa, el 99,1 % de los participantes en una consulta organizada por la asociación de vecinos rechazó el centro de datos previsto en el parque tecnológico.

Participaron 117 de las 144 personas que podrían votar. El 95 % consideró que la declaración como PIGA no estaba justificada términos de balance entre beneficios y costes ambientales, energéticos y sociales. Carlos Oliván, representante vecinal, describió un clima de “incertidumbre” y “miedo”. La asociación avanzó que trasladaría los resultados al Ayuntamiento y Gobierno de Aragón y que impulsaría nuevas acciones contra un centro de datos que ya está en construcción.

El Gobierno de Aragón no ha aclarado qué ocurrirá a partir del próximo 1 de enero con cinco contratos de asistencia sanitaria adjudicados a Ribera Salud que finalizan el 31 de diciembre. En conjunto, estas adjudicaciones suman 1.265.300,18 euros y permiten cubrir consultas externas, guardias, urgencias y procedimientos quirúrgicos en los hospitales de Teruel, Alcañiz, Calatayud y Barbastro.

El Departamento de Sanidad asegura que por el momento no dispone de información sobre cuáles de estos servicios continuarán en 2027 ni sobre si la actividad que ahora se presta mediante estas adjudicaciones se recuperará con medios propios del sistema público. Tampoco ha concretado si se recurrirá a nuevas contrataciones una vez finalicen los expedientes actuales.

La cuestión fue planteada esta semana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón por la diputada socialista María Rodrigo, que reclamó al Gobierno información sobre el futuro de estos servicios. El director general de Planificación Sanitaria no respondió durante la comisión a qué contratos se prorrogarán y cuáles finalizarán: “No sabemos qué contratos se van a prorrogar de nuevo con empresas privadas, no sabemos qué contratos van a finalizar directamente, no sabemos qué actividad piensan recuperar con medios propios y no conocemos tampoco ningún calendario para hacerlo”, señaló la diputada.

Cinco contratos que vencen en diciembre

Los cinco expedientes que tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre suman 1.265.300,18 euros. El de mayor importe corresponde al Hospital de Calatayud, donde Ribera presta consultas externas de Traumatología, atiende urgencias no ingresadas y realiza procedimientos quirúrgicos con hospitalización. La adjudicación asciende a 356.675,65 euros.

Le siguen el servicio contratado en Barbastro, por 288.250 euros, que cubre consultas de Otorrinolaringología y Urología y guardias de Urología, y el de Alcañiz, de 222.374,53 euros, destinado a consultas, urgencias y procedimientos quirúrgicos de Traumatología. Estos dos últimos expedientes contemplan una posible prórroga: de seis meses en el caso de Barbastro y de doce meses en el de Alcañiz.

En Teruel hay dos adjudicaciones diferentes para cubrir guardias de Ginecología, Anestesia, Urología y otros servicios que resulten necesarios, ambas por 199.000 euros. Una comenzó en febrero y la otra en junio, por lo que durante varios meses coincidieron para cubrir esta actividad en el Hospital Obispo Polanco. La documentación consultada no recoge una prórroga para ninguno de los dos expedientes.

Los cinco contratos están adjudicados formalmente a Ribera Medical, una de las sociedades del grupo Ribera Salud. En expedientes anteriores aparece Torrevieja Salud, que figura como denominación anterior. Para este artículo se utiliza Ribera Salud para referirse al grupo empresarial.

La posibilidad de continuidad no es igual en todos los casos. Dos de los cinco contratos —los de Alcañiz y Barbastro— contemplan expresamente una prórroga, mientras que en los otros tres no figura esta opción en la documentación consultada. El Gobierno de Aragón no ha aclarado si hará uso de esas prórrogas ni qué fórmula aplicará para mantener, modificar o recuperar el resto de la actividad.

Más de dos millones de euros adjudicados desde 2025

Los cinco contratos que vencen a final de año forman parte de una sucesión de adjudicaciones a Ribera Medical y a Torrevieja Salud, su anterior denominación, para cubrir actividad sanitaria en distintos hospitales aragoneses. Según la relación de contratación consultada, desde abril de 2025 estas adjudicaciones suman 2.359.264 euros.

Entre ellas figuran servicios de Rehabilitación y Otorrinolaringología en Huesca, consultas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología en Barbastro y consultas de Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología en Teruel. También se adjudicaron servicios de Traumatología en Calatayud y distintas guardias médicas en Teruel.

Durante 2026 se han sucedido nuevas contrataciones para cubrir actividad asistencial en los cuatro hospitales que ahora concentran los cinco expedientes con vencimiento a 31 de diciembre. La cuestión pendiente es qué ocurrirá con esos servicios cuando termine el año.

Rodrigo sostiene que una eventual prórroga podría servir al Ejecutivo autonómico para disponer de tiempo para incorporar profesionales al sistema público. “Si durante esos seis o doce meses el Gobierno no trabaja en captar profesionales, esto está ocultando una cuestión más de fondo: ese cambio de modelo a un modelo totalmente privatizador que tiene el Gobierno de Azcón”, afirmó la diputada. Esta última consideración corresponde a la valoración política del PSOE sobre la estrategia del Ejecutivo autonómico.

Ribera Salud tampoco confirma por ahora si continuará prestando estos servicios en 2027. Consultada por este medio sobre la previsión para los contratos que finalizan a finales de año, la compañía señala que está “a disposición del Gobierno de Aragón y de todos los gobiernos que necesiten colaboración para mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de los ciudadanos, especialmente en especialidades y áreas de difícil cobertura”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 170 personas en septiembre en Aragón en relación al mes anterior (+0,3%), hasta los 50.344 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Aragón (20 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022. En el último año el desempleo acumula un aumento de 2.520 parados lo que supone un 5,3% más.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 188 menos (-0.55%); Industria, 91 menos (-1.7%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 205 más (+3.19%); Agricultura, 182 más (+10.11%); Construcción, 62 más (+2.42%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33829), Sin empleo anterior (6635), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1983), Construcción (2625), Industria (5272).

En cuanto a sexos, de los 50.344 desempleados registrados en septiembre, 30.446 fueron mujeres, 78 menos (-0,3%) y 19.898, hombres, lo que supone un aumento de 248 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,3%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 410 parados más que a cierre del pasado mes (+8,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 240 desempleados (-0,53%). Por provincias, el paro bajó en Zaragoza(-283) mientras que subió en Huesca(+299), Teruel(+154).

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias CEUTA y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

En septiembre se registraron 53.240 contratos en Aragón, un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.590 fueron contratos indefinidos, cifra un 7,9% superior a la de septiembre del año anterior y 33.650, contratos temporales (un 4,6% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 63,2% fue temporal (frente a un 66,13% del mes anterior) y un 36,8%, indefinidos (el mes precedente fue un 33,87%).

Lieder Automotive apuesta por la localidad zaragozana de Borja para impulsar nueva actividad industrial en la zona con un proyecto de alto valor añadido ligado a la transformación del sector de la automoción. La compañía ha puesto este martes oficialmente en marcha una planta preparada para fabricar componentes estructurales para vehículos eléctricos y que supone la creación de más de 170 empleos locales.

El proyecto nace de la alianza entre el grupo chino Duoli Technology y la cooperativa vasca Fagor Ederlan, unidos en 'joint venture', y conecta directamente la nueva implantación de Borja con uno de los principales polos de automoción de Aragón. Así, los componentes fabricados en la planta se destinarán a los modelos Leapmotor B10 y B05, los cuales serán suministrados a Stellantis en Figueruelas. La puesta en marcha de Lieder Automotive abre así una nueva etapa en el municipio.

La planta cuenta con más de 15.000 metros cuadrados y ha sido preparada en apenas ocho meses para albergar los nuevos procesos de fabricación. Las instalaciones disponen de 14 líneas de producción y más de 138 robots, con procesos avanzados de ensamblaje y sistemas orientados a garantizar los estándares de calidad, eficiencia y seguridad requeridos por la industria de la automoción. La capacidad de la planta podrá alcanzar los 40.000 chasis anuales. El proyecto contempla además posibilidades de crecimiento, ampliación de capacidades y desarrollo de nuevos componentes para acompañar las necesidades de futuros clientes.

El CEO de Fagor Ederlan Group, Jon Zuazo, ha subrayado la dimensión estratégica de la nueva planta. “La decisión de impulsar esta planta responde a una convicción clara: creemos en la industria, en la capacidad de transformación de nuestro sector y en la importancia de seguir invirtiendo para construir un futuro competitivo y sostenible. En este sentido, ha añadido que ”Lieder nace con un importante programa de producción y con una clara vocación de crecimiento. Es una planta preparada para evolucionar, incorporar nuevos productos, atender a nuevos clientes y seguir ampliando sus capacidades en los próximos años“.

Alianza empresarial

La alianza entre ambas compañías combina capacidades industriales y tecnológicas y persigue reforzar su posicionamiento en un mercado de la automoción en plena transformación. El CEO de Duoli Technology, Jiang Jianquian, ha situado el proyecto dentro de la estrategia internacional de la compañía: “Para Duoli Technology esta implantación conjunta en España es una pieza clave de su estrategia de globalización”. En este sentido, ha señalado que “con producción, cumplimiento y servicio locales construiremos una cadena de suministro estable y eficiente, y ampliaremos de forma sostenida nuestra cuota de mercado en Europa”.

Jianqiang se ha comprometido a asumir activamente la responsabilidad social, impulsar el empleo local y el desarrollo de la cadena industrial para “convertir este proyecto en un referente de la cooperación conjunta chino-española en la industria del automóvil”.

El proyecto refuerza el ecosistema industrial aragonés ligado a la automoción y se integra en la cadena de suministro vinculada a Stellantis en Figueruelas, a cuya planta se destinarán los componentes estructurales fabricados en Borja.

La cooperación empresarial como vía para ganar competitividad en un sector en plena transformación ha sido el eje de la intervención del vicepresidente de Automoción de Grupo Mondragón, Iñigo Laskurain. “Lieder Automotive es un excelente ejercicio de cooperación: trabajar juntos, sufrir juntos y celebrar el éxito juntos. En este contexto geopolítico incierto y de profunda transición del sector, el futuro pasa por colaborar, sumar capacidades y afrontar juntos los desafíos”.

El “gran futuro” de Borja

El impacto del proyecto en el municipio ha centrado la intervención del alcalde de Borja, Eduardo Arilla quien ha destacado que “Borja tiene un gran futuro por delante, un futuro que hoy ya es una realidad con la inauguración de la planta de Lieder Automotive en nuestra ciudad”.

El Gobierno de Aragón ha subrayado el buen momento de la automoción en la comunidad. El director general de Internacionalización, Comercio e Inversión Exterior, Javier Camo, ha recalcado que esta realidad “se demuestra con la llegada da inversiones como Lieder que son estratégicas para la comunidad autónoma. Refuerza nuestra industria en el territorio lo que es doblemente importante para el Ejecutivo”.

La clausura institucional ha corrido a cargo del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha agradecido a “Fagor Ederlan y Duoli Technology su apuesta por el territorio, por vincular el medio rural con la innovación y el desarrollo tecnológico de la Comunidad”.

Beltrán ha añadido que “la historia reciente de Aragón, en lo que economía e industria se refiere, está unida de forma irrefutable con el sector de la automoción. Su evolución y crecimiento han ido de la mano, y nosotros ahora estamos asistiendo a un nuevo punto de inflexión, protagonizado por el vehículo eléctrico. Es el futuro de la movilidad y ese futuro se construirá aquí”.

La jornada ha comenzado con las visitas a la fábrica, organizadas en diferentes grupos para conocer las nuevas instalaciones y líneas de producción. A las 12.00 horas ha tenido lugar la visita de autoridades y, posteriormente, a las 12.30 horas, ha comenzado el acto institucional. La inauguración ha finalizado con una foto de familia junto a los trabajadores de Lieder Automotive.

Bajar impuestos se ha convertido en uno de los principales argumentos económicos del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero la fotografía que ofrece la Cuenta General de 2025 incorpora otra realidad: mientras se reducen determinados impuestos y se mantienen bonificaciones fiscales, crece el dinero que entra en las arcas municipales a través de tasas y precios públicos, los que pagan todos los ciudadanos independientemente de su renta, por servicios como el agua, la recogida de residuos, las piscinas, los teatros o la Universidad Popular.

Los datos puestos sobre la mesa con motivo de la presentación de las cuentas municipales muestran que la recaudación por estos conceptos no solo ha aumentado respecto al ejercicio anterior, sino que en el caso de las tasas ha superado las propias previsiones del Ayuntamiento. PSOE, Vox y Zaragoza en Común han llegado a esta cuestión desde posiciones diferentes, pero las tres formaciones han llamado la atención sobre el crecimiento de los ingresos municipales.

Según los datos expuestos por la portavoz socialista de Hacienda, Marta Aparicio, la recaudación neta del capítulo 3 —que engloba tasas, precios públicos y otros ingresos— ha crecido un 10% respecto a 2024, hasta situarse cerca de los 128 millones de euros.

Dentro de ese capítulo, Aparicio destacó que la recaudación por las tasas vinculadas a la prestación de servicios públicos básicos ha aumentado más de un 12%. Todavía mayor ha sido, según los datos que aportó, el incremento de los ingresos por precios públicos: más de un 40% en conceptos que incluyen servicios como teatros, piscinas o Universidad Popular.

La evolución permite al PSOE cuestionar el alcance real de la política de rebajas fiscales que reivindica el Gobierno municipal. Su argumento es que el Ayuntamiento reduce impuestos, pero recupera ingresos por otras vías que afectan al conjunto de los usuarios de los servicios municipales. A su juicio, las bonificaciones fiscales aplicadas por el PP benefician “a los que menos necesitan que se les bonifique”, mientras crece el peso de tasas y precios públicos, que “todos pagamos por igual tengamos la renta que tengamos”.

La comparación con el presupuesto inicial aporta otra perspectiva. Los datos destacados por Vox muestran que el Ayuntamiento terminó 2025 recaudando por tasas por encima de lo que había calculado cuando elaboró sus cuentas.

Los impuestos directos alcanzaron un grado de ejecución del 100,61%, mientras las tasas llegaron al 105,09%. Es decir, estas últimas proporcionaron aproximadamente un 5% más de los ingresos presupuestados. La portavoz de Vox, Eva Torres, resumió el resultado de manera directa: “Lo recaudado por el Ayuntamiento a los zaragozanos ha superado lo previsto”.

Vox introduce así un matiz diferente al argumento socialista. No centra su crítica en quién se beneficia de las rebajas fiscales, pero sí constata que los ingresos corrientes han sido superiores a los inicialmente calculados. Y sitúa este comportamiento entre los “claroscuros” de unas cuentas que, al mismo tiempo, considera saneadas en aspectos como el pago a proveedores —poco más de 22 días— o la amortización de la deuda.

Más ingresos y menos gasto por habitante

Zaragoza en Común pone el foco en otra aparente paradoja de las cuentas: el Ayuntamiento dispone de más recursos, pero ese crecimiento no se estaría traduciendo, según la formación, en un mayor gasto efectivo por ciudadano.

“Las tasas han recaudado más de lo previsto, los precios públicos también”, señaló su portavoz, Elena Tomás, que añadió a esa evolución el incremento de las transferencias procedentes del Estado.

Su conclusión es que Zaragoza se encuentra en una situación financiera sustancialmente distinta a la de etapas anteriores. “No será porque les falten ingresos”, resumió Tomás, después de recordar que el Ayuntamiento dispone de más presupuesto y mayores transferencias y ya no está sometido a las restricciones financieras que condicionaron ejercicios como el de 2015.

Frente a esa mayor disponibilidad de recursos, ZeC contrapone un dato de la Cuenta General que considera especialmente significativo: el gasto por habitante habría pasado de 1.620 a 1.433 euros, lo que supone una caída cercana al 12%.

La formación cuestiona así otro de los argumentos recurrentes del Gobierno municipal: presentar cada año “el presupuesto más alto de la historia”. Para Tomás, disponer de más dinero no significa necesariamente que ese crecimiento llegue al ciudadano en forma de mayor gasto efectivo, mejores servicios o nuevas inversiones.

Además, dentro de los ingresos se computan las mayores transferencias procedentes del Estado, pese a las críticas que permanentemente vierte el equipo de Gobierno municipal hacia el gobierno de la nación.

El coste creciente de los servicios

El Gobierno municipal hace una lectura muy diferente de la situación económica. La consejera de Hacienda, Blanca Solans, defiende que el Ayuntamiento presenta unas cuentas “muy saneadas” y una situación económico-patrimonial “muy saludable”, después de haber recuperado además su “libertad financiera” y dejar de estar tutelado por otras Administraciones.

Solans sitúa buena parte del crecimiento del gasto municipal en el incremento general de los costes. Según explicó, algunos gastos operativos vinculados a concesiones y servicios estructurales se han encarecido entre un 40% y un 60%, en un escenario marcado por la inflación y por la subida de materias primas, energía y otros suministros.

Desde esta perspectiva, el aumento del gasto corriente no respondería a un descontrol de las cuentas, sino al mayor coste que supone prestar los mismos servicios. La responsable de Hacienda reivindica además la reducción de la deuda impulsada por el PP como una forma de ganar capacidad presupuestaria y reducir los costes financieros del Ayuntamiento.

La Asociación para la Promoción del Arroz de Aragón está desarrollando un proyecto para la obtención de una figura de calidad diferenciada que ayudará a la protección del cultivo en el territorio aragonés. Esta propuesta se está llevando a cabo en el marco del Grupo Operativo para la Innovación y fomento de prácticas sostenibles en la producción y comercialización del arroz de Aragón GOP2025000200, que está cofinanciado al 80% por la Unión Europea y al 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Este grupo operativo se fundamenta en la aplicación de prácticas sostenibles en el cultivo de arroz en Aragón a través de nuevas técnicas innovadoras, permitiendo optimizar los recursos naturales, aumentar la rentabilidad de la explotación arrocera y apoyar la transición a una economía baja en carbono. Dentro de las actuaciones diseñadas para llevar a cabo el proyecto, destacan un estudio de mercado que buscaba conocer el reconocimiento del arroz de Aragón entre los consumidores, el análisis de valores nutricionales del arroz elaborado, y la creación de un entorno digital destinado a la difusión de los resultados del proyecto, que verá la luz en los próximos meses. Este entorno digital servirá como escaparate de figura de calidad, y supondrá un apoyo a consumidores, tanto profesionales como clientes finales, para conocer con mayor profundidad el cultivo de arroz en Aragón. 

La Asociación para la Promoción del Arroz de Aragón celebró una reunión informativa en la sede de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, cuya invitación se extendió a todos los operadores de arroz de Aragón y en la que se presentaron los avances del proyecto. El fin de esta reunión no era otro que invitar a participar en el proyecto para todos aquellos productores y comercializadores de arroz de Aragón que puedan aportar su historia, producto y conocimientos a la consecución de la figura de calidad diferenciada. 

El proyecto, enmarcado en el Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, responde a la necesidad de dar visibilidad a la grave reducción de más del 50% de la superficie de cultivo de arroz en Aragón en la última década, y cuyas principales causas son la baja productividad del cultivo, los elevados costes de producción, la falta de productos fitosanitarios registrados para el control de plagas, malas hierbas y enfermedades; así como la disponibilidad de agua. 

El mercado del arroz está cada vez más globalizado, los hábitos de consumo cambian y el consumidor final demanda mayor seguridad y calidad alimentaria. En este contexto, es necesario conseguir un incremento del valor añadido del arroz que repercuta en los precios agrarios, un modelo de producción y alimentación más sostenible a través de la innovación en las tres fases que componen la cadena alimentaria: producción agrícola proceso industrial agroalimentario y comercialización. Para ello, se considera importante la creación de una figura de calidad diferenciada, que suponga un apoyo y un refuerzo para la defensa del cultivo de arroz en Aragón. Este cereal se cultiva en suelos salinos no aptos para otras explotaciones, por lo que las superficies arroceras que se abandonan pasan a ser zonas de no cultivo, favoreciendo la desertización de estas zonas y afectando negativamente a la rica biodiversidad y ecosistema de estos terrenos. 

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, 24 de septiembre, el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2027, que se eleva a 8.398 millones de euros, el total del gasto no financiero, que se recogerá en el proyecto de ley de presupuestos que tramitará la cámara en las próximas semanas. PP y Vox han votado a favor, CHA e IU lo han hecho en contra y PSOE y A-TE se han abstenido.

Ha presentado el techo de gasto el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha recordado que asciende a 8.398 millones de euros, un 11,6% más respecto al último techo de gasto aprobado, de 2024, con 7.523 millones de euros: “No es una subida tan desmesurada” al haber pasado tres años.

Esta cifra no sale “de la generosidad de nadie”, sino “en su gran mayoría del bolsillo de los aragoneses”, apuntando que (transcriptor), y 303 millones de liquidaciones de entregas a cuenta de 2025, “fruto de la mejor trayectoria de la economía aragonesa”.

De los 8.398 millones de euros, 2.714 millones corresponden al IRPF, 1.675 son del IVA, 100 millones son por la recaudación de hidrocarburos y otro conjunto de impuestos especiales, ha expuesto Bermúdez de Castro. También hay 303 millones de liquidaciones positivas de las entregas a cuenta de 2025, más 700 millones de tributos propios y cedidos, 58 millones del 0,1% de déficit autorizado a la Comunidad Autónoma y unos 300 millones de ajustes de la Contabilidad Nacional.

“Hoy votar este techo de gasto no significa votar los presupuestos, sino iniciar el trámite para poder debatirlos”, ha aclarado Bermúdez de Castro, añadiendo que “no sería muy diferente” si gobernara otro partido. “Hoy no estamos debatiendo los presupuestos de la Comunidad Autónoma”, ha insistido.

“Más adelante ya debatiremos cuáles son las partidas de educación, de sanidad, cuántas viviendas hacemos, cómo pagamos el Plan Goya: Eso viene después”, ha dicho el consejero, solicitando a todos el voto favorable.

En tiempo y forma

La diputada del PP Lorena Tabanera ha defendido el techo de gasto y “el buen hacer” del Ejecutivo PP-Vox, haciendo notar que se está debatiendo en tiempo y forma y que supone un incremento del 11,6% respecto al presupuesto de 2024, el último aprobado.

Tabanera ha urgido a reformar el sistema de financiación tratando “igual” a todas las comunidades autónomas, sin “privilegios” para “tratar por igual a todos los españoles”, emplazando al PSOE a “cambiar de rumbo” y a ponerse “del lado de los aragoneses y no de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Ha observado que la mayor parte del déficit se reserva a la Administración General del Estado, aunque las comunidades autónomas tienen que pagar la mayor parte de los servicios públicos. “Aragón puede bajar impuestos, mejorar la estabilidad financiera” y pagar los servicios públicos, ha realzado Tabanera.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha asegurado que “este Gobierno cumple sus compromisos políticos” plasmados en el acuerdo de gobierno: “Vamos a hablar mucho de prioridad nacional y de impuestos”, recalcando que el proyecto de ley “cumple a rajatabla” el principio de rigor presupuestario y el acuerdo de gobierno, bajo el principio de “estabilidad económica”.

Ha llamado la atención sobre “la parálisis del Gobierno de la Nación” y ha dejado claro que el Gobierno regional no permitirá que las familias y las empresas “paguen la parálisis” del Ejecutivo central de Pedro Sánchez. La cifra del techo de gasto es “realista” y contiene “un firme compromiso” con la reducción del déficit, ha continuado Morón, anunciando una primera rebaja de impuestos a partir de 2027.

“Cada euro que sale del bolsillo de los aragoneses es sagrado” por lo que no se mantendrán “chiringuitos”, ha advertido el portavoz de Vox, quien ha rechazado “el gasto politico superfluo” y ha criticado “la nefasta gestión presupuestaria de la izquierda”, que ha opuesto al principio de prioridad nacional para “proteger a las familias de nuestra tierra” por “justicia social” y que “se debe aplicar con firmeza”, tras lo que ha defendido la desregulación y la supresión de “trabas burocráticas”.

Mejorar los servicios públicos

En representación del PSOE, el diputado Óscar Galeano ha dejado claro que su grupo “no va a obstaculizar” la tramitación del techo de gasto y ha exigido “un debate responsable” sobre los presupuestos de 2027. Ha criticado que PP y Vox se oponen al techo de gasto en las comunidades que gobierna la izquierda. Galeano se ha dirigido a Morón para decir que en Castilla-La Mancha el déficit será del cero por ciento y en Aragón se elevará al 0,1%, más de 50 millones de euros.

El techo de gasto de Aragón es “histórico”, ha reconocido el diputado del PSOE, quien ha preguntado si los 8.398 millones “van a servir para mejorar” los servicios públicos y ayudar a quienes más lo necesitan, manifestando sus “serias dudas” de que sea así.

Óscar Galeano ha indicado que esta mayor capacidad de gasto se produce “con un Gobierno socialista” en La Moncloa y, por otra parte, ha exigido a Vox que “cumplan la ley siempre”, también cuando la Comunidad Autónoma tiene que acoger a menores migrantes no acompañados, no solo para llevar a las Cortes los presupuestos en tiempo y forma.

Desde CHA, la parlamentaria Verónica Villagrasa ha preguntado “cuál es ese Aragón que quieren construir”, indicando que el margen presupuestario es mayor que hace años, pero eso “no equivale a gobernar mejor”. “¿Qué Aragón quieren construir?”.

“De nada sirve anunciar grandes cifras si las inversiones no llegan a quien las necesitan y los servicios públicos siguen deteriorándose”, ha continuado Villagrasa, para quien “siguen sin dejar claro cuál es su proyecto de país como Gobierno”, añadiendo que el ritmo “no lo marca Azcón”. A su juicio, el Gobierno PP-Vox “sigue permitiendo que seamos un territorio de sacrificio”.

El portavoz de Aragón-Teruel, Tomás Guitarte, ha emplazado a “blindar” los servicios públicocs y proteger el territorio, no a “financiar sus batallas culturales”, manifestando su preocupación por “la externalización sistemática” de servicios públicos, en alusión a la sanidad. Ha propuesto realizar una ronda previa de contactos con todos los grupos parlamentarios antes de que el Gobierno presente el proyecto de ley de presupuestos.

Ha preguntado si el Gobierno regional ha calculado la merma económica derivada de las previsibles desgravaciones fiscales y también qué conversaciones han mantenido con el Gobierno de España, rechazando “el atrincheramiento” de PP y Vox, que no aporta “un solo euro” a las arcas autonómicas.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha anunciado el voto en contra, no porque el techo de gasto sean “habas contadas”, sino porque las reglas fiscales son ineficaces e injustas y “buscan el objetivo político de desmantelar lo público y blindar el capital financiero”, considerando que “suspendiendo las reglas fiscales es como la gente ha salido mejor parada”, por lo que ha propuesto debatir “un suelo de gastos” para cubrir la educación y la sanidad.

Cerca de 140 representantes de empresas, operadores e instituciones han analizado en CEOE Aragón los principales retos y oportunidades del sector logístico español en una jornada organizada por UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España.

La excelencia operativa, la digitalización de procesos, la electrificación del transporte pesado y las infraestructuras estratégicas han sido algunos de los focos del encuentro, en el que ha tenido gran protagonismo el posicionamiento de Zaragoza y Aragón como uno de los principales nodos logísticos del país y del sur de Europa.

“Mientras muchos territorios hablan todavía de la logística como una oportunidad de futuro, en Aragón es ya una realidad consolidada, que genera más de 1.800 millones de euros de valor añadido bruto y 39.000 empleos en nuestra Comunidad”, ha señalado Benito Tesier, al agradecer al presidente de UNO, Francisco Aranda, haber elegido CEOE Aragón para celebrar esta sesión. Aranda ha recogido el guante explicando que “Aragón ha demostrado que dispone de los activos, el talento y el posicionamiento necesarios para seguir liderando el desarrollo logístico en España. Necesitamos convertir esa ventaja competitiva en una nueva etapa de crecimiento, acelerando la ejecución de los proyectos capaces de generar más inversión, más actividad económica y más puestos de trabajo”.

Pero el liderazgo nunca está garantizado, han señalado ambos, poniendo especial énfasis en el inexcusable desarrollo de infraestructuras fundamentales para el futuro competitivo del sector logístico aragonés y nacional. “Para seguir creciendo, necesitamos que se impulsen decididamente infraestructuras estratégicas, especialmente el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, evitando que el planteamiento del tramo Teruel-Sagunto genere nuevos cuellos de botella, así como la reapertura del Canfranc atendiendo también a su dimensión económica y logística, y, a más largo plazo, la conexión ferroviaria de gran capacidad por el Pirineo central, que sería un espaldarazo definitivo no ya para Aragón, sino para España y la economía europea”, ha explicado Tesier.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de UNO. “Para nosotros es enormemente importante que, cuanto antes, se promueva esa doble vía electrificada Sagunto-Teruel electrificada y que, además, el Gobierno central también trabaje un poquito más para promover la famosa TCP (travesía central pirenaica). No hacerlo sería un problema para la logística aragonesa, pero también para la logística española”, ha recalcado Aranda.

“Tirar a la papelera” el informe

Muy gráfico ha sido al referirse al plan presentado por el Gobierno central para el tramo ferroviario Teruel-Sagunto, refrendando las alegaciones que CEOE Aragón y CEV han presentado conjuntamente para su retirada. “Se está desechando esta opción (la doble vía electrificada) porque nos estamos basando en un informe del año 2017, pero Aragón y el ecosistema económico no tienen absolutamente nada que ver hoy con lo que pasaba entonces. Por lo tanto, ese informe, lo mejor que podrían hacer es tirarlo a la papelera y ponerse a trabajar inmediatamente”, ha señalado.

En la jornada también se ha reclamado acelerar la puesta en marcha del positivo Plan de Logística de Aragón 2025-2040 del Gobierno autonómico y la colaboración público-privada para que Zaragoza continúe ejerciendo como gran nodo logístico y polo de atracción empresarial; Huesca refuerce la proyección internacional de la comunidad aprovechando su conexión con Francia, su especialización agroalimentaria y su posición en los corredores europeos de mercancías; mientras que Teruel consolide su papel como plataforma logística en el eje Zaragoza-Valencia, apoyándose en la disponibilidad de suelo y el potencial de su aeropuerto.

Para ello, se ha defendido impulsar la sincromodalidad, la conectividad ferroviaria y los corredores estratégicos de mercancías; reforzar la capacidad energética necesaria para responder al incremento de la demanda asociado a la automatización del sector; ampliar la oferta de suelo logístico e industrial; y establecer mecanismos de seguimiento que garanticen la ejecución efectiva de las actuaciones previstas.

El Ayuntamiento de Huesca ha tenido que devolver más de cuatro millones de euros de fondos europeos que ya habían sido concedidos para distintos proyectos de la ciudad. Las cuatro partidas suman 4.009.256 euros y corresponden a la rehabilitación del Casino, actuaciones de movilidad sostenible, mejora de los itinerarios escolares y la instalación de placas solares en las naves municipales. El PSOE calcula que el coste para los oscenses supera los 4,5 millones de euros al añadir los intereses y otros gastos asociados y ha cargado contra la gestión de la concejala de Fondos Europeos, María José Cuello: “Se ha convertido en la más cara de la historia de Huesca: su gestión nos ha costado 4,5 millones de euros”, ha señalado la portavoz socialista, Silvia Salazar.

Según la alcaldesa, Lorena Orduna, el Ayuntamiento ha ejecutado 16,8 millones de euros, el 91% de los fondos europeos, y las cantidades reintegradas responden a las condiciones de las convocatorias y a las circunstancias particulares de los proyectos. La respuesta municipal ha ido acompañada del anuncio de una auditoría pública de la gestión realizada durante el anterior mandato socialista, cuyo resultado, según Orduna, se dará a conocer a la ciudadanía. Las actuaciones cuyos fondos han sido devueltos ya no figuran en la página web municipal dedicada a los fondos europeos. Según explica el Ayuntamiento, en ese apartado únicamente aparecen actualmente los proyectos que permanecen activos.

El expediente que más dinero concentra es el del Casino de Huesca. Los 2,63 millones de euros concedidos para su rehabilitación no pudieron ejecutarse dentro del plazo disponible. El Ayuntamiento asegura que solicitó una ampliación al Ministerio, pero que no la obtuvo. Cuello ha señalado que otras ciudades sí dispusieron de más margen para actuaciones similares: “Resulta incoherente que el PSOE responsabilice ahora al equipo de Gobierno municipal cuando el Ministerio no concedió a Huesca la misma flexibilidad que sí ofreció a otras ciudades”.

Los 883.124 euros de movilidad forman parte de una convocatoria de 4,1 millones con la que se financiaron actuaciones en vías ciclables y aparcamientos. El Consistorio sostiene que esa cantidad no responde a una obra que se haya quedado sin hacer, sino a la diferencia entre lo presupuestado inicialmente y el coste final de las actuaciones. El concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, apunta a las bajas producidas en las adjudicaciones y a las certificaciones finales de las obras. También sostiene que parte del material previsto dejó de ser necesario al encontrarse algunos tramos en mejores condiciones de las previstas.

Para el PSOE, esos 883.000 euros tenían otro posible destino. Salazar los ha vinculado con algunas de las actuaciones de movilidad que siguen pendientes en la ciudad: “No puede decirse que no hay dinero para mejorar la movilidad mientras se devuelven 883.000 euros que podrían haberse invertido en los aparcamientos que no se han hecho, en poner en funcionamiento los aparcabicis seguros que permanecen cerrados, en adecuar los puntos de recarga de vehículos eléctricos con la potencia necesaria o en ampliar la red de caminos”.

Los 387.000 euros de los itinerarios escolares estaban ligados a una planificación más amplia de movilidad y a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Según el Ayuntamiento, para ejecutar la actuación era necesario contar antes con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la propia ZBE y distintos estudios técnicos, lo que terminó haciendo imposible cumplir los plazos.

El último de los proyectos afectados son las placas solares de las naves municipales, con una ayuda de 105.020 euros. Durante la ejecución de las obras apareció amianto en las cubiertas y fue necesario paralizar los trabajos y modificar el contrato para retirarlo. “La manipulación inadecuada del amianto podía poner en riesgo la salud de los trabajadores de la obra, de los empleados de las naves y de los vecinos. Ningún plazo administrativo ni ningún titular político pueden situarse por encima de la seguridad de las personas”, ha defendido Orduna.

El PSOE reclama responsabilidades a la concejala de Fondos Europeos y también a la alcaldesa por mantenerla al frente del área. Orduna, mientras tanto, pretende trasladar el debate a la gestión con la que llegaron a Huesca estas ayudas y a las condiciones en las que se diseñaron los proyectos.

Aragón ha conseguido atraer una inversión anunciada cercana a los 70.000 millones de euros en centros de datos, pero alojar estas grandes infraestructuras no garantiza por sí mismo que la riqueza que generan permanezca en la comunidad. Con esa premisa, la Fundación Basilio Paraíso –perteneciente a la Cámara de Comercio de Zaragoza– propone crear un fondo autonómico que canalice parte del retorno fiscal de los proyectos hacia la transformación digital, el tejido empresarial, los ciudadanos y la cohesión territorial.

Es una de las principales propuestas del informe 'Centros de datos: de la magnitud al valor. Guía para que generen beneficios colectivos en Aragón', elaborado por la Fundación con la colaboración de Microsoft y presentado este miércoles. El estudio da continuidad al publicado hace un año, aunque cambia sustancialmente el foco: ya no se pregunta cuánto dinero llegará a Aragón, sino cuánto conseguirá quedarse y cómo puede aprovecharse para generar actividad económica, empleo, conocimiento y beneficios duraderos para el territorio.

La propuesta del fondo forma parte de las quince actuaciones que la Fundación agrupa en cinco grandes ejes: estrategia, tejido empresarial, talento, transferencia de datos y conocimiento y retorno al territorio. En concreto, plantea un fondo de ámbito autonómico “dotado en función del retorno fiscal que genera la operación”, cuyos recursos se dirigirían a la transformación digital de la comunidad y sus empresas, a los propios aragoneses y a la cohesión territorial. También contempla una línea específica para impulsar empresas tecnológicas mediante la coinversión con organismos de investigación, compañías y capital riesgo.

El documento no establece, sin embargo, qué cuantía tendría ese fondo, qué porcentaje de los ingresos fiscales se destinaría a él ni mediante qué mecanismo se financiaría.

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es precisamente que la llegada de las inversiones no significa que todo el negocio generado permanezca en Aragón. La Fundación estima que las empresas y trabajadores de la comunidad podrían capturar el 54,5% del gasto durante la construcción, porcentaje que descendería hasta el 33% cuando los centros de datos estén en funcionamiento.

La diferencia obedece a la composición del gasto de ambas fases. En la etapa de funcionamiento, el informe identifica especialmente el mantenimiento y los servicios técnicos como una oportunidad para aumentar el retorno local, con una demanda regional estimada conjuntamente en 174,3 millones de euros anuales. La Fundación considera que buena parte de la capacidad de Aragón para retener actividad a largo plazo se decidirá antes incluso de que comiencen a adjudicarse esos contratos.

De hecho, el estudio detecta 17.234 establecimientos empresariales potencialmente relacionados con los distintos eslabones de la cadena de suministro, aunque advierte de que tener empresas capaces de prestar determinados servicios no significa que estén preparadas para acceder a los contratos de los grandes operadores. Entre las dificultades aparecen las homologaciones, certificaciones, dimensión de las compañías o las propias condiciones de contratación.

La dimensión económica sigue siendo enorme. Aunque las inversiones anunciadas rondan los 70.000 millones de euros, la Fundación utiliza para sus cálculos un escenario más prudente: 33.417,5 millones respaldados por expedientes y fuentes públicas y, dentro de ellos, una base homogénea de 23.997,5 millones correspondiente a obra comparable. La potencia asociada a esos proyectos asciende a 1.694,8 MW IT.

Sobre ese escenario, calcula que la construcción de los centros de datos entre 2024 y 2033 generará 8.065,9 millones de euros de valor añadido bruto directo e indirecto y 143.536 empleos-año acumulados. Esta última cifra no equivale a otros tantos puestos de trabajo permanentes: cada empleo-año representa el trabajo de una persona a jornada completa durante un año.

El momento de máxima actividad llegará en 2028, cuando el impacto de las obras equivaldrá al 4,3% del PIB aragonés actual y al 5,9% del empleo regional. Una vez construidos los complejos, el impacto será menor en empleo, pero permanente durante décadas. El funcionamiento de los centros generaría anualmente 1.149,6 millones de euros de valor añadido directo e indirecto y 3.217 empleos equivalentes.

Un pico de empleo difícil de cubrir

Precisamente, la concentración de las obras puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella. Más del 80% del esfuerzo constructor se concentrará entre 2026 y 2029 y el año de máxima actividad movilizará 26.778 empleos equivalentes directos.

La magnitud contrasta con la capacidad actual del sistema formativo. Aragón incorpora alrededor de 2.940 titulados técnicos al año entre FP, grados y másteres, pero su distribución no coincide necesariamente con las necesidades de los centros de datos. Informática concentra cuatro de cada diez titulados, mientras edificación y obra civil apenas representa el 3%.

El propio informe admite que ninguna política de nuevas plazas formativas podría cubrir por sí sola semejante demanda en tan poco tiempo. La respuesta tendrá que combinar trabajadores que ya están en el mercado, movilidad geográfica y recualificación acelerada, especialmente en electricidad, climatización y refrigeración, mantenimiento, operación y puesta en marcha de instalaciones.

Los empleos especializados presentan, además, remuneraciones superiores a la media. En la muestra de ofertas analizada por la Fundación, el salario medio se sitúa alrededor de 42.000 euros brutos anuales, un 54% por encima de la media de las vacantes publicadas en España en 2025, aunque el informe precisa que la comparación es orientativa y no significa que exista esa prima salarial en todas las ocupaciones.

El informe detecta una paradoja especialmente significativa. Aragón se ha convertido en uno de los grandes polos españoles de infraestructuras digitales justo cuando sus empresas han perdido posiciones en la utilización de inteligencia artificial.

Solo el 13,9% de las empresas aragonesas de diez o más trabajadores utiliza IA, frente al 21,1% del conjunto de España. La situación entre los ciudadanos es distinta: el uso diario de inteligencia artificial generativa ha pasado en un año del 14% al 19,2%.

Aunque ambos indicadores corresponden a poblaciones y usos diferentes y no pueden compararse directamente, la Fundación considera que dibujan un escenario en el que “las personas van por delante de sus empresas”. Para el informe, conseguir que sectores como la automoción, el agroalimentario, la logística, la energía o los servicios aprovechen la proximidad de la capacidad de computación constituye una parte esencial del retorno económico de estas inversiones.

Agua, energía, suelo y vivienda, la otra cara de la implantación

El estudio también introduce en su análisis los costes y tensiones asociados a la concentración de estas infraestructuras. La propia Fundación advierte de que sus estimaciones económicas miden el beneficio potencial y no el balance completo, ya que la implantación obliga a gestionar simultáneamente las necesidades de red eléctrica, agua, suelo, vivienda y convivencia municipal.

El documento reconoce expresamente que acoger los centros de datos conlleva “costes reales” en energía, agua y suelo, cuya huella debe medirse, hacerse pública y gestionarse. También señala que el desarrollo de las infraestructuras eléctricas y de conectividad necesarias para los campus puede beneficiar a otros usos productivos y a la electrificación del territorio o, por el contrario, competir con ellos por la capacidad disponible, en función de las decisiones que se adopten.

Esas tensiones se concentran especialmente en los municipios anfitriones, que reciben ingresos fiscales, empleo y contratación local, pero también deben afrontar los efectos sobre carreteras, agua, suelo, vivienda, servicios públicos y su propia capacidad administrativa. Por ello, la Fundación reclama apoyo urbanístico, jurídico y financiero sistemático para los ayuntamientos afectados.

El fondo territorial no es la única propuesta para conseguir que los beneficios lleguen a las localidades donde se instalan los proyectos. La Fundación plantea trasladar a Aragón una fórmula inspirada en los 'Community Benefit Agreements' utilizados en Estados Unidos mediante un marco de compromiso comunitario, de adhesión voluntaria, con el que los operadores asumirían compromisos públicos, medibles y verificables con los territorios donde se implantan.

Estos acuerdos podrían abarcar empleo y formación local, inversión comunitaria, compromisos ligados al proyecto de futuro de cada municipio y transparencia. La intención es que la relación de las compañías con el territorio no se limite a la construcción de las instalaciones, sino que se mantenga durante toda la vida de los campus, estimada entre 20 y 30 años.

La Fundación resume finalmente sus recomendaciones en quince actuaciones que incluyen una estrategia aragonesa de IA y computación, una unidad de gestión integral y un observatorio de seguimiento; un mapa de capacidades empresariales; un plan de choque para afrontar el pico laboral de 2026-2029; especialización de la FP; atracción de talento; espacios de datos sectoriales; una plataforma de innovación abierta y, en materia territorial, asistencia a los municipios, compromisos comunitarios, el fondo autonómico y una agenda social compartida.

El planteamiento que atraviesa las 156 páginas del estudio supone, en definitiva, un cambio de pregunta porque Aragón ya ha conseguido atraer los centros de datos; ahora tiene que decidir cuánto de la actividad, el empleo, la tecnología y la riqueza que generen consigue que permanezca en el territorio.

El barrio del AVE de Zaragoza sigue completando los grandes vacíos que todavía permanecen alrededor de la estación de Delicias. Uno de los principales solares residenciales pendientes de desarrollo tiene ya propietario definitivo y un proyecto que incorporará otra construcción en altura al paisaje de esta zona de la ciudad: una torre de 20 plantas y 60 metros acompañada de otros tres bloques, con un total de 234 viviendas libres.

La promotora Naiz Homes ha formalizado este mes de septiembre la compra de la parcela que le fue adjudicada el pasado junio por Zaragoza Alta Velocidad. La operación asciende a 25,9 millones de euros y supone el desembarco de la compañía vasca  en el mercado residencial zaragozano.

Se trata de la parcela M5, ubicada junto al Centro de Especialidades Inocencio Jiménez, en las proximidades de la estación y con salida hacia la avenida de Navarra. El suelo cuenta con más de 31.800 metros cuadrados de edificabilidad, que se distribuirán entre cuatro edificios.

La pieza más singular será la torre residencial de 20 plantas, que alcanzará los 60 metros de altura. Junto a ella se levantarán otros tres bloques hasta completar las 234 viviendas previstas, todas ellas de promoción libre.

La operación había quedado encarrilada a comienzos del verano, cuando Naiz Homes ganó el procedimiento de venta de este suelo. La novedad ahora es la formalización de la adquisición, que convierte definitivamente a la promotora en propietaria de la parcela y permite avanzar hacia el desarrollo de la promoción.

El proyecto se incorpora a un entorno que ha ido modificando progresivamente su perfil urbano con nuevas promociones residenciales de considerable altura. Entre ellas se encuentra Adarve Residencial, con 258 viviendas y también una torre de 20 plantas, cuya construcción está prevista que finalice en 2027.

La compra del solar zaragozano no supone, sin embargo, que las obras vayan a comenzar de forma inmediata. Una vez formalizada la adquisición, la promotora deberá abordar los trámites urbanísticos necesarios para poner en marcha la construcción y, por el momento, no existe una fecha fijada para el inicio de los trabajos.

De hecho, Naiz Homes todavía incluye Zaragoza en su página web dentro del apartado de “próximas promociones” y ofrece a los interesados la posibilidad de registrarse para recibir información cuando se produzca su lanzamiento.

La promoción será la primera de Naiz Homes en la capital aragonesa. La compañía, constituida en septiembre de 2024 y presente hasta ahora en País Vasco, Madrid y Andalucía, ha protagonizado durante los últimos meses operaciones de considerable volumen. Entre ellas figura la adquisición de dos parcelas en La Térmica, en Málaga, donde proyecta alrededor de 500 viviendas.

La futura torre se sumará así a las construcciones que durante los últimos años han ido ocupando los terrenos próximos a Delicias y reforzará el carácter residencial de un barrio surgido de la profunda transformación urbanística vinculada a la llegada de la alta velocidad a Zaragoza.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, el límite máximo de gasto no financiero para 2027, que asciende a 8.398,1 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la Comunidad Autónoma y un 11,6% superior al límite vigente, fijado en 2024 y prorrogado durante los ejercicios 2025 y 2026.

El incremento alcanza los 874,6 millones de euros, lo que permitirá afrontar la elaboración de las próximas cuentas autonómicas con una mayor capacidad de gasto para atender las prioridades de la Comunidad Autónoma. El límite de gasto se ha calculado a partir de una previsión de ingresos no financieros de 8.039,9 millones de euros. De ellos, 6.016,8 millones proceden del sistema de financiación autonómica y 715,9 millones corresponden a tributos propios y cedidos de la Comunidad Autónoma. El resto procede de fondos finalistas, enajenaciones reales, tasas y otros ingresos.

A esa previsión de ingresos se añaden 57,9 millones de euros asociados a la tasa de referencia de déficit del 0,1 % del PIB y 300,4 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional, hasta situar el límite máximo de gasto no financiero en los 8.398,1 millones de euros.

El acuerdo se adopta en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución económica internacional, el sistema de financiación autonómica y la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que las cuentas se elaborarán bajo criterios de prudencia y responsabilidad fiscal.

La aprobación del techo de gasto constituye el primer paso formal en el proceso de elaboración de las cuentas. Ahora el Ejecutivo deberá remitirlo a las Cortes de Aragón, el órgano que debe aprobarlo conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Siguientes pasos

Una vez validado ese límite, la Dirección General de Presupuestos del Gobierno autonómico elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2027, un trabajo técnico que traducirá el techo global en partidas concretas por departamentos y políticas: la aprobación de este lunes no determina todavía cuánto recibirá cada Departamento ni qué inversiones concretas se incluirán en los presupuestos.

Con el anteproyecto cerrado, el Gobierno deberá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos y remitirlo formalmente a la Cámara legislativa autonómica para su debate y tramitación parlamentaria, que constituye un nuevo paso en el proceso de elaboración de las cuentas y precede a la remisión a las Cortes del mencionado proyecto de ley.

Según ha avanzado la vicepresidenta Mar Vaquero, se prevé que se apruebe en la Cámara a finales de este mes, lo que marca el calendario inmediato antes de que arranque la negociación y tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos propiamente dicho.

Entidades vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones en defensa del territorio, al igual que distintos investigadores del ámbito académico, advierte desde Aragón en sus alegaciones al proyecto de real decreto sobre centros de datos de que, si no se refuerza el control sobre lo que ocurre dentro de estas infraestructuras, “España podría convertirse en una suerte de colonia digital que ceda sus competencias legales, financieras y económicas, así como sus recursos energéticos, hídricos y de suelos, a proyectos determinados por corporaciones privadas”.

A esa advertencia se suma un frente amplio. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otras decenas de plataformas ciudadanas –como 'No es sequía, es saqueo'–, han presentado alegaciones conjuntas al mismo trámite. Consideran el proyecto “insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía”. “Mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, advierten, y reclaman tres cambios: límites ambientales máximos evaluados de forma acumulada por territorio, una planificación que exija cobertura 100% renovable, y garantías democráticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las alegaciones censuran el propio proceso de consulta. La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncia que “no es de recibo ni el momento en el que se abrió la consulta, durante el mes de agosto, ni la duración de la misma” –que finalmente fue ampliada–, mientras el documento colectivo recuerda que el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus exige plazos razonables para una participación efectiva.

En materia hídrica, las alegaciones coinciden en que el decreto delega la sostenibilidad del agua en una etiqueta europea (WUE) autodeclarada por las propias empresas, sin inspección independiente. Para la FNCA, ese enfoque es “un error mayúsculo”: es, advierte, un indicador de eficiencia relativa que no informa sobre el consumo total ni sobre su compatibilidad con los recursos de cada cuenca.

El documento colectivo propone limitar el uso a 5.000 metros cúbicos anuales por centro en demarcaciones con estrés hídrico alto o severo, un umbral que en Aragón dejaría fuera solo a los proyectos de Amazon Web Services. Como referencia, los ecologistas citan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), de 248 megavatios, que contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Una moratoria

En energía, las entidades reclaman suficiencia y una moratoria frente al crecimiento del sector, después de que Red Eléctrica haya concedido ya más de 12 gigavatios de acceso, muy por encima de los 4 gigavatios previstos para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, citada por los ecologistas, calcula que un centro de datos de IA de 100 MW consume al año tanta electricidad como 100.000 hogares.

El documento colectivo pide además elevar del 80% al 100% la cobertura renovable exigida y del 80% al 90% la correlación horaria, y obligar a instalar baterías de respaldo –cuatro horas de autonomía– en centros de más de 5 MW. Denuncia también un “agujero legal” en el régimen sancionador: una empresa podría incumplir cuatro años seguidos, corregirlo puntualmente en el quinto y reiniciar el ciclo, por lo que propone reducir a dos años el margen tolerado y elevar el recargo hasta 20 veces el precio de mercado por cada MWh excedido.

Las alegaciones colectivas alertan asimismo de que la legislación aragonesa permite conexiones 'off-grid' –sin pasar por la red eléctrica general– a parques renovables que eludirían los límites del propio decreto.

Las alegaciones también ponen el foco en el suelo: piden limitar al 20% la ocupación no urbanizable por proyecto y fijar una distancia mínima de 1.500 metros entre centros de más de 50 megavatios y los núcleos de población, ante los efectos acumulativos –isla de calor, ruido o pérdida de hábitat– ya detectados en el área metropolitana de Zaragoza.

El documento señala por otro lado que el decreto carece de mecanismos de auditoría externa: no especifica qué administración debe verificar que los datos reportados por las empresas son ciertos, ni prevé sanción alguna si no lo son. Solo contempla, critican las entidades, la retirada del acceso a la red por no presentar documentación, no porque esta sea falsa.

Falta de información

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua, pide en su informe de 2025 que los Estados promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” mientras no haya información clara sobre su consumo de agua y energía. Otro informe citado en las alegaciones, el de la investigadora Aurora Gómez sobre Aragón, sostiene que la opacidad es una estrategia deliberada del sector, hasta el punto de que son “las propias resistencias quienes tengan que buscar la información”, en lugar de que las instituciones la publiquen de forma agregada.

Las entidades sociales, ambientales y vecinales aragonesas coinciden en que el proyecto de real decreto delega en las propias empresas promotoras el control sobre sus requisitos, sin techos absolutos de consumo ni evaluación de los efectos acumulativos de instalar varios centros de datos en un mismo territorio.

Por su parte, 'No es sequía, es saqueo' ha difundido además un comunicado propio que rebate directamente las críticas del Gobierno de Aragón al decreto, al que acusa de perjudicar la economía autonómica. “Lo imposible no es cumplir el real decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”, señala el texto, que cita un estudio de la Universidad de Zaragoza según el cual 8.000 megavatios de centros de datos multiplicarían entre cinco y quince veces la demanda eléctrica de la comunidad.

El propio documento colectivo maneja otra proyección distinta y más alta: si se instalasen los 11.237 MW proyectados en Aragón, el consumo –73.827 GWh al año– equivaldría al 87% del consumo eléctrico regional actual y al 22% del nacional.

El acuerdo contempla la suspensión, de mutuo acuerdo, de la demanda interpuesta por la impugnación del convenio provincial de espectáculos y deportes

Un club de golf que va a la huelga: los trabajadores de La Peñaza, en Zaragoza, paran por las condiciones laborales

El sindicato CCOO y la dirección del Club de Golf La Peñaza (Zaragoza) han alcanzado hoy un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que permite desconvocar la huelga de 48 horas prevista para los días 12 y 13 de septiembre.

El acuerdo contempla la suspensión, de mutuo acuerdo, de la demanda interpuesta por la impugnación del convenio provincial de espectáculos y deportes. Asimismo, empresa y representación de los trabajadores se han comprometido a negociar un pacto de empresa que permita actualizar las condiciones laborales de la plantilla.

Como primer acuerdo, se establece una actualización retributiva del 3% para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Además, se ha establecido un calendario de negociación para abordar diferentes materias que afectan a las condiciones laborales de la plantilla, entre ellas el mantenimiento de las cuatro pagas extraordinarias, la actualización del complemento de antigüedad, la mejora del complemento de incapacidad temporal (IT), el premio de jubilación, la jubilación parcial y anticipada, así como otros pluses y complementos.

CCOO ha calificado de “positivo” el acuerdo alcanzado en el SAMA, que permite desbloquear el conflicto y abre una vía de negociación para mejorar las condiciones laborales y retributivas de la plantilla del Club de Golf La Peñaza.